STC10766-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC10766-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02602-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad y el procurador delegado ante el precitado estrado. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 como terceros con inter\u00e9s a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2017-00326. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas al interior de la referida causa. <\/p>\n
2. En apoyo de su petici\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Pereira se adelanta el compulsivo referido, promovido por la Defensor\u00eda del Pueblo en su contra. <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 que el estrado judicial -en prove\u00eddo del 26 de febrero de 2019- desestim\u00f3 las excepciones propuestas y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. Inconforme con lo decidido, inco\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n el cual fue desatado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, quien -con providencia del 14 de mayo de 20211- confirm\u00f3 el fallo de primera instancia. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, censur\u00f3 que el ad quem natural resolvi\u00f3 la alzada a pesar de estar vencido el t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. Asimismo, apuntal\u00f3 que el proceso es nulo debido a que no se aportaron los autos mediante los cuales se fijaron y liquidaron costas en cada acci\u00f3n popular en la que fue condenado. Por \u00faltimo, enrostr\u00f3 que el procurador delegado para acciones constitucionales no actu\u00f3 en el referido pleito, incumpliendo de esta forma la Ley 734 de 2002. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se les ordene a los accionados que decreten la nulidad del litigio ejecutivo y, en su lugar, le entreguen los dineros retenidos. De igual forma, pidi\u00f3 que se le comparta el link contentivo del expediente digital de la mentada causa y se le remitan los autos donde se fijan y liquidan costas en su contra. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira2 se\u00f1al\u00f3 que se atiene a los argumentos esgrimidos en la decisi\u00f3n del 14 de mayo de 2021, mediante la cual confirm\u00f3 el fallo de primera instancia. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales aducidas por el actor, con ocasi\u00f3n del compulsivo radicado 2017-00326. Ello pues, manifest\u00f3 que la alzada fue desatada por fuera del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 121 del C.G.P. Asimismo, indic\u00f3 que todo el proceso es nulo porque no se aportaron los autos que fijaron y liquidaron costas dentro de las acciones populares en donde fue condenado. <\/p>\n
2. Escrutado el tr\u00e1mite procesal, se evidencia que no se cumple con el presupuesto general de la inmediatez exigido para la procedencia de la salvaguarda impetrada. Esto, debido a que entre el momento en que se emiti\u00f3 la providencia confutada -14 de mayo de 20213- y la fecha de interposici\u00f3n de la presente tutela -1\u00ba de agosto de 2022-, transcurrieron m\u00e1s de los 6 meses definidos como razonables por la jurisprudencia para acudir a la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2.1. Sobre el particular, esta Colegiatura ha rese\u00f1ado que: <\/p>\n
(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020- 00030-01). <\/p>\n
2.2. Este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad de los interesados para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras. Sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb (CC T-410\/2013 y T-206\/2014). Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes de este requisito. <\/p>\n
3. Asimismo, tampoco se cumple con el requisito de la subsidiariedad, ya que el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga puede promover ante los jueces de instancia el incidente de nulidad que aqu\u00ed intenta, siempre y cuando la presunta falta est\u00e9 enlistada en los casos delimitados en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, y record\u00e1ndole que lo deber\u00e1 proponer a trav\u00e9s de apoderado judicial. En cuanto al car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela, esta Sala ha determinado que: <\/p>\n
Este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas. (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
De no ser as\u00ed, se convertir\u00eda en un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo con el riesgo de vaciar las competencias de los distintos estrados judiciales y de permitir la concentraci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n constitucional de todas ellas, capaz de rebozar el cumplimiento de las funciones de esta. <\/p>\n
4. Ahora bien, de cara al petitorio relacionado con que se le remita copia del expediente digital del proceso compulsivo, resulta menester ilustrar que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira -mediante correos electr\u00f3nicos del 1\u00ba de septiembre de 20214 y 1\u00ba de febrero de 20225- le envi\u00f3 lo solicitado, por tanto, deber\u00e1 remitirse a los referidos e-mails. <\/p>\n
6. Finalmente, trat\u00e1ndose de la solicitud tendiente a que se le env\u00eden los autos donde se fijaron y liquidaron costas en cada una de las acciones populares en las que fue condenado en costas, deviene imperioso se\u00f1alar que es ante cada uno de los juzgados donde tiene que elevar dicha s\u00faplica. <\/p>\n
7. Con base en estas consideraciones, la Sala declarar\u00e1 improcedente la salvaguarda rogada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, Declara improcedente el amparo reclamado. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-10, archivo \u201c25Sentencia\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c11001020300020220260200-0013Memorial (1)\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-10, archivo \u201c25Sentencia\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-4, archivo \u201c06SolicitudYtrazabilidadExpedienteDigital\u201d del expediente digital <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-4, archivo \u201c14TrazaEnvioLinkExpedienteAurora\u201d del expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
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