STC10768-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10768-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02502-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Alianza Fiduciaria S.A., como vocera y administradora del Fideicomiso Megavivienda Sucre, contra la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Magangu\u00e9, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, mediante apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que dice vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se ordene al estrado convocado \u00abse libren los respectivos oficios de desembargo del lote\u2026 para radicarlos en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Magangu\u00e9, y as\u00ed poder inscribir los actos jur\u00eddicos de transferencia de dominio requeridos\u00bb; se disponga que el Tribunal criticado \u00abrespete los t\u00e9rminos procesales en la atenci\u00f3n y el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n\u2026\u00bb; que se tomen \u00ablas medidas que permitan\u2026 realizar la transferencia de dominio del inmueble a los beneficiarios del proyecto\u2026 y lograr la atenci\u00f3n de las familias beneficiarias conforme a las condiciones acreditadas\u2026 para no hacer m\u00e1s gravosa y siga incurriendo en revictimizaci\u00f3n de los hogares que est\u00e1n a la espera del t\u00edtulo de su propiedad\u00bb; y que se proceda a la \u00abcancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n No. 003 del certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Aingeniarse SAS promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra el Consorcio Megavivienda Sucre y Oscar Quintana Santos, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo, el que en auto de 21 de octubre de 2019 decret\u00f3 medida de embargo del inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria No. 064-28950. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el Municipio de Hatillo de Loba present\u00f3 solicitud de desembargo, aduciendo ser tercero interesado como propietario del bien sobre el que se constituy\u00f3 un fideicomiso a favor de Alianza Fiduciaria como vocera del patrimonio autonomo Fideicomiso Megavivienda Sucre; y con auto de 3 de agosto de 2021 se orden\u00f3 el levantamiento de la cautela, decisi\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que el inmueble fue aportado por el Municipio de Hatillo para que una vez loteado se le transfiriera a los beneficiarios del proyecto urbano Nuevo Amanecer del Fondo de Adaptaci\u00f3n dirigido a mitigar los impactos de la ola invernal 2010-2011. <\/p>\n
2.4. Adujo que adem\u00e1s de entregarselo a una Fiducia para su protecci\u00f3n, el antecedente registral dejaba claro que era un bien p\u00fablico destinado a satisfacer los derechos de personas en vulnerabilidad; y que las 260 viviendas de inter\u00e9s prioritario no hab\u00edan podido acceder a la titulaci\u00f3n de los inmuebles, pese a que los recibieron en 2019. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que acudieron al estrado criticado alegando la ilegalidad del embargo efectuado, por lo que el fallador reconoci\u00f3 el error judicial y dispuso su levantamiento; que el lote no era de propiedad de los demandados; que la parte demandante apel\u00f3 dicha decisi\u00f3n, pero ya transcurrieron mas de 10 meses y el Tribunal no hab\u00eda resuelto el asunto, causando un detrimento patrimonial a los entes implicados y vulneraci\u00f3n de los que est\u00e1n esperando su propiedad. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que hab\u00eda solicitado el impulso procesal, pero no obten\u00eda pronunciamiento alguno; que no hab\u00eda sido posible obtener los oficios de desembargo; que se concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n en efecto devolutivo; y que se presentaba una mora judicial injustificada, desencadenando con ello consecuencias jur\u00eddicas y financieras. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo indic\u00f3 que hab\u00eda actuado en derecho, dando aplicaci\u00f3n a las normas procesales y sustanciales; y que la tutela no era el medio id\u00f3neo para impulsar el proceso por mora sino la vigilancia judicial del Consejo Superior de Disciplina Judicial. Remiti\u00f3 el expediente criticado. <\/p>\n
2. Gustavo Cerchar Quintero, quien funge en el proceso censurado como apoderado de Aingeniarse SAS, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dicha sociedad vinculada. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas y examinados los fundamentos de la presente queja supralegal, esto es, que a la fecha no se ha emitido decisi\u00f3n alguna con relaci\u00f3n a la apelaci\u00f3n impetrada frente al auto de 3 de agosto de 2021, pertinente es recordar que con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se critican situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
3. Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, ya que la Magistratura censurada ha desatendido los deberes que le son exigibles en procura de resolver la apelaci\u00f3n elevada por el extremo ejecutante. <\/p>\n
Por ese rumbo, en lo tocante a las situaciones excepcionales que permiten excusar esa demora, en pret\u00e9ritas ocasiones esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (subrayas fuera de texto – CSJ STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep., rad. 2014-2009-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que la autoridad acusada ha transgredido las garant\u00edas de la accionante, habida cuenta de que ha superado, sin justificaci\u00f3n, los t\u00e9rminos previstos para pronunciarse sobre la alzada impetrada frente al auto de 3 de agosto de 2021, con el que el estrado del circuito convocado accedi\u00f3 al levantamiento del embargo decretado. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se conceder\u00e1 el amparo rogado, ordenando a la Corporaci\u00f3n encausada que proceda a emitir la decisi\u00f3n que corresponda, conforme con las consideraciones consignadas en esta providencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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