STC10772-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10772-2022. <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02648-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Fernell Payares Romero contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso verbal de radicado 2017-00214-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s apoderado judicial, reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y trabajo, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. Arlealdo Jos\u00e9 Payares Baza y el accionante demandaron a la sociedad Promigas S.A. E.S.P. en proceso de responsabilidad civil extracontractual, con el fin de que se declare la \u00abresponsabilidad [de la demandada] por los perjuicios materiales y extrapatrimoniales ocasionados por ocupaci\u00f3n de hecho del \u00e1rea afectada en predio de propiedad de los [demandantes]\u00bb1. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga \u2013Atl\u00e1ntico-, con sentencia del 11 de diciembre de 2020 resolvi\u00f3 \u00abnegar todas las pretensiones de la demanda de responsabilidad civil extracontractual presentada [\u2026]\u00bb2. Inconformes con esa determinaci\u00f3n, el extremo activo impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El expediente fue remitido a la Sala Civil-Familia del Tribunal de Barranquilla y repartido para su tr\u00e1mite por la respectiva Secretar\u00eda el 16 de diciembre de 20213. El estrado enjuiciado, con auto del 18 de enero de 2022 \u2013y reiterada el 21 de febrero siguiente4-, solicit\u00f3 al Juzgado de primer grado que le remitiera: <\/p>\n
1. \u00cdndice electr\u00f3nico, conforme a lo preceptuado en el numeral 7.4.2 del \u201cProtocolo para la gesti\u00f3n de documentos electr\u00f3nicos, digitalizaci\u00f3n y conformaci\u00f3n del expediente\u201d, el cual permite la \u201cidentificaci\u00f3n de la totalidad de documentos que componen el expediente electr\u00f3nico, debidamente ordenados en orden cronol\u00f3gico, para reflejar la disposici\u00f3n secuencial de los documentos, con el fin de preservar la integridad y disponibilidad en el tiempo de la informaci\u00f3n, de manera que los documentos y expedientes no se modifiquen, eliminen o reemplacen indebidamente\u201d. <\/p>\n
2. Auto del 28 de noviembre de 2017, mediante el cual se declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
3. Archivos escritos, o de audio y\/o video contentivos de las audiencias inicial y de instrucci\u00f3n y juzgamiento. <\/p>\n
4. Los archivos de las piezas procesales contentivas de la sentencia y el recurso promovido contra la misma5. <\/p>\n
Frente a ello, el Despacho requerido, el 28 de febrero de los corrientes pidi\u00f3 \u00abuna espera a efectos de dar cumplimiento [\u2026] dado el cumulo de procesos por tramitar por tratarse de un juzgado promiscuo\u00bb6. As\u00ed las cosas, el 23 de marzo de esta anualidad, el juez envi\u00f3 el \u00abexpediente conforme al protocolo de digitalizaci\u00f3n\u00bb7. <\/p>\n
2.3. Seguidamente, el Tribunal \u2013con prove\u00eddo del 6 de abril del presente a\u00f1o-, por echarse de menos, volvi\u00f3 a solicitar al a quo \u00abarchivos escritos, o de audio y\/o video contentivos de la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento\u00bb y \u00ablos archivos de las piezas procesales contentivas de la sentencia y el recurso promovido contra la misma\u00bb, ello, \u00abcon el objeto de realizar el examen preliminar del que trata el art\u00edculo 325 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Y, advirti\u00f3 que \u00abhasta tanto no se recepcione el expediente completo no podr\u00e1 contabilizarse el t\u00e9rmino del que trata el art\u00edculo 121 del C.G.P.\u00bb8. Sin embargo, por no haberse enviado la foliatura respectiva, el juzgador colegiado \u2013con auto del 21 de junio de 2022-, pidi\u00f3 las piezas procesales faltantes \u00abpor tercera vez con t\u00e9rmino perentorio [\u2026]\u00bb. Adem\u00e1s, orden\u00f3 \u00ababrir incidente en contra del [juez referido] con fundamento en lo estipulado en el numeral 3\u00b0 y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 44 del C.G.P. y el cual se regir\u00e1 por lo dispuesto en el art\u00edculo 59 de la Ley 270 de 1996\u00bb. Asimismo, dispuso frente al funcionario, que \u00abrinda las explicaciones a que hubiere lugar respecto al incumplimiento [\u2026]\u00bb9. <\/p>\n
Al respecto el juez Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga \u2013por correo electr\u00f3nico del 28 de junio de 2022- remiti\u00f3 a la Sala Civil-Familia del Tribunal de Barranquilla el expediente correspondiente y su contestaci\u00f3n frente a lo dispuesto disciplinariamente10. <\/p>\n
2.4. No obstante, el fallador colegiado, con providencia del 11 de julio de 2022, nuevamente solicit\u00f3 al juzgado de primera instancia, por estar ausente, la \u00abconstancia de recepci\u00f3n del memorial mediante el cual el extremo activo de la litis inco\u00f3 la alzada contra la sentencia del 11 de noviembre de 2020\u00bb11. Frente a ello, el Juzgado citado, el 13 de julio de los corrientes, atendi\u00f3 dicho requerimiento12. <\/p>\n
2.5. En la misma fecha, el apoderado judicial del actor, indic\u00f3 a la Magistrada Sustanciadora que \u00abdesde la fecha en que se interpuso el recurso de apelaci\u00f3n han pasado 2 a\u00f1os, pero [han] estado atentos y esperando el pronunciamiento del Tribunal Superior de Barranquilla, como cuerpo colegiado de cierre, de igual forma [han] observado los diferentes autos que [el] Despacho ha emitido requiriendo al juez Tercero, con el fin que le enviara algunas piezas procesales, seg\u00fan el contenido de sus autos emitido [\u2026]\u00bb13. <\/p>\n
2.6. El Tribunal accionado, con auto del 18 de julio de 2022, admiti\u00f3 el remedio vertical impetrado. Asimismo \u00abdeneg[\u00f3] la solicitud de dictar sentencia elevada por el apoderado de los demandantes\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abcerr[\u00f3] el incidente iniciado contra el [juez] Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga\u00bb. Y, \u00abcompuls[\u00f3] copias contra el [juez Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga] a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Atl\u00e1ntico, por la tardanza en la remisi\u00f3n oportuna del expediente contentivo del presente proceso\u00bb14. <\/p>\n
2.7. As\u00ed las cosas, por v\u00eda de tutela, el gestor considera la vulneraci\u00f3n de la prerrogativa fundamental a una \u00abjusticia pronta y efectiva\u00bb, por cuanto anota que \u00abdesde que se profiri\u00f3 la sentencia por parte del juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, el d\u00eda 11 de diciembre del 2020, hasta el d\u00eda 3 agosto del 2022, han pasado 2 a\u00f1os y 8 meses, sin que el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Civil, haya proferido la sentencia\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se ordene a la Sala cuestionada \u00abque, en un t\u00e9rmino de 10 d\u00edas, dicte sentencia\u00bb. Y, se \u00abofici[e] y ordene sancionar disciplinaria y penal a quienes incurrieron en estos delitos\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal querellado manifest\u00f3 que el 15 de diciembre de 2021 se asign\u00f3 por reparto el recurso el asunto objeto de cuestionamiento. Asimismo, mencion\u00f3 que luego de ello, se hicieron diferentes requerimientos al Juzgado de primera instancia con el fin de que remitiera el expediente de la causa completo. Agreg\u00f3 que el \u00abtutelante no ha elevado solicitud de perdida de competencia al interior del tr\u00e1mite tutelado, por lo que resulta improcedente el uso del presente mecanismo excepcional y residual para obtener un pronunciamiento en torno a ello\u00bb15. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga inform\u00f3 sobre lo acontecido en esa instancia frente al proceso de marras16. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del promotor, con ocasi\u00f3n del presunto retardo en dictar la sentencia de segunda instancia. Ello pues, estima que han transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os desde que se profiri\u00f3 el fallo de primera instancia sin que exista pronunciamiento de fondo por el ad quem. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que al Tribunal querellado le fue repartida la causa el 16 de diciembre de 2021, luego de ello, en distintas oportunidades -18 de enero, 21 de febrero, 6 de abril, 21 de junio y 11 de julio de 2022-, requiri\u00f3 al Despacho de primer grado para que arrimara las piezas faltantes del legajo. Seguidamente, y una vez cumplido lo pedido, la Sala accionada admiti\u00f3 la alzada el 18 de julio de la presente anualidad. <\/p>\n
3. Ahora bien, de cara a la presunta mora en que ha incurrido la autoridad judicial por no proferir la sentencia de segunda instancia, se advierte que, en el informe rendido en este escenario, la Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil-Familia del Tribunal de Barranquilla inform\u00f3 que <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se informa que la asignaci\u00f3n por reparto del recurso de alzada fue notificada mediante la plataforma JUSTICIA XXI WEB \u2013 TYBA el 15 de diciembre de 2021, como se desprende del acta correspondiente [\u2026]. <\/p>\n
Ante ello se procedi\u00f3 a efectuar el estudio preliminar que impone el art\u00edculo 325 del C\u00f3digo General del Proceso, ech\u00e1ndose de menos varias piezas procesales que se relacionaron y requirieron al A quo en auto del 18 de enero de 2022, entre ellas, algunas principales como los archivos contentivos de las audiencias inicial y de instrucci\u00f3n y juzgamiento, sin las que no pod\u00eda determinarse la fecha ni el contenido de la providencia apelada, as\u00ed como la parte que inco\u00f3 el recurso y si ello fue tempestivo. <\/p>\n
Sin embargo, dicho requerimiento no fue atendido por el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, por lo que se procedi\u00f3 a reiterarlo mediante correo electr\u00f3nico del 21 de febrero de 2022, que aqu\u00e9l contest\u00f3 el 28 de febrero posterior, solicitando un t\u00e9rmino prudencial para el env\u00edo del legajo completo, habida cuenta el c\u00famulo de procesos por tramitar que ten\u00eda pendientes, todo lo cual obra en el cuaderno de la segunda instancia del expediente. <\/p>\n
S\u00f3lo hasta el 23 de marzo de 2022 el A quo procedi\u00f3 a contestar de fondo el requerimiento, remitiendo nuevamente el expediente, sin embargo, al estudiarlo se continuaron echando de menos los \u201cArchivos escritos, o de audio y\/o video contentivos de la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento\u201d y \u201cLos archivos de las piezas procesales contentivas de la sentencia y el recurso promovido contra la misma\u201d, lo que se solicit\u00f3 a trav\u00e9s de auto fechado 6 de abril de 2022. No obstante, al no ser \u00e9ste atendido, en auto del 21 de junio de 2022 se efectu\u00f3 un tercer requerimiento con t\u00e9rmino perentorio [\u2026]. <\/p>\n
Valga acotar que, en este punto, se continuaba sin tener acceso al archivo contentivo de la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, as\u00ed como de la sentencia que fue proferida de forma escrita y del recurso promovido contra la misma, sin lo cual se hac\u00eda imposible proceder a la admisi\u00f3n de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, el 29 de junio de 2022, el Funcionario rindi\u00f3 el informe solicitado y procedi\u00f3 a remitir nuevamente el link contentivo del expediente digital, indicando que en \u00e9l se hab\u00edan cargado las piezas procesales faltantes y enunciadas en los antedichos autos. Empero, de su revisi\u00f3n se advirti\u00f3 se persist\u00eda en el incumplimiento, habida consideraci\u00f3n no se aport\u00f3 la constancia de recepci\u00f3n en el buz\u00f3n electr\u00f3nico del Juzgado, del memorial mediante el cual los demandantes incoaron el recurso de apelaci\u00f3n, en aras de verificar si lo fue tempestivamente, lo cual se requiri\u00f3 nuevamente en auto del 11 de julio de 2022. <\/p>\n
[\u2026] el Juez incidentado remiti\u00f3 lo solicitado el 13 de julio de 2022, por lo que, en auto del 18 de julio de 2022, y estim\u00e1ndose que se contaban con las piezas procesales pertinentes, y que el recurso superaba el estudio de admisibilidad, se procedi\u00f3 a ello. En dicho pronunciamiento se deneg\u00f3 la solicitud de emitir sentencia, por no ser la etapa procesal para ello [\u2026]. <\/p>\n
Es oportuno resaltar, que en el numeral 5\u00b0 del ac\u00e1pite resolutivo del auto del 18 de julio de 2022, se dispuso tener en cuenta la fecha de recepci\u00f3n del expediente completo, esto es, el 13 de julio de 2022, a efectos de contabilizar el t\u00e9rmino del que trata el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, decisi\u00f3n que obedeci\u00f3 a que el retardo en el env\u00edo del expediente no era imputable a la suscrita, y ante lo cual el apoderado de los demandantes no inco\u00f3 recurso alguno [\u2026]. <\/p>\n
Adem\u00e1s, ante los cuestionamientos de lo sucedido con el legajo entre la fecha de concesi\u00f3n del recurso por el Juzgado de origen, en auto del 24 de marzo de 2021, y su env\u00edo efectivo al Tribunal Superior de Barranquilla, se desconocen las razones por las que no se procedi\u00f3 de forma inmediata y sin dilaciones; pero que una vez el mismo fue recibido, era necesario revisar que el expediente estuviera completo para proceder luego al tr\u00e1mite y estudio de fondo de la alzada [\u2026]. <\/p>\n
4. Corolario de lo anterior, es preciso indicar que no todo retraso en la resoluci\u00f3n de una causa judicial es vulneradora de derechos fundamentales. Por tanto, la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del juez o la autoridad de conocimiento17. <\/p>\n
En ese orden, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb o \u00abmora administrativa\u00bb que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya) (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, sept. 17 2013, rad. 00168-02 y en CSJ STC6772-2019, mayo 30 de 2019, rad. 2019-01579-00, STC5633-2021 rad. 2021-00299-01, CSJ STP6648-2022 mayo 19 de 2022, rad. 2022-00330-01). <\/p>\n
Por supuesto, en el caso en concreto, esta Sala encuentra que la autoridad atacada no ha incurrido en comportamiento negligente, ni mucho menos ha actuado con desidia. Por el contrario, la presunta mora obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
5. Finalmente, de cara al cuestionamiento con el fin de que se ordene sanci\u00f3n disciplinaria y penal en contra de las autoridades judiciales, la Corte advierte que la tutela no es la herramienta id\u00f3nea para efectuar ello, toda vez que resulta una gesti\u00f3n que puede ser iniciada por el gestor, ya que no ha demostrado impedimento o inhabilidad para realizarla. Lo anterior, en virtud de que la acci\u00f3n de amparo es un mecanismo eminentemente subsidiario y residual, el cual no puede ser invocado cuando a su alcance el actor puede lograr, por los medios ordinarios, lo que pretende en esta senda. <\/p>\n
6. Por lo considerado, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo PDF \u00ab01-Demanda verbal de responsabilidad civil extracontractual 1-2-13\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab32. Sentencia del Juzgado <\/p>\n
3\u0002 Archivo Word \u00ab01. Car\u00e1tula 43.809\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00ab02.2. Corre reitera requerimiento\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Archivo PDF \u00ab02. 43.809 Arlealdo Payares vs Promigas-Requiere piezas\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Archivo PDF \u00ab03. Juzgado solicita t\u00e9rmino de espera para remitir piezas procesales\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Archivo PDF \u00ab04. Auto Requiere por segunda vez\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Archivo PDF \u00ab06. Auto requiere por tercera vez y abre incidente\u00bb. <\/p>\n
10\u0002 Archivo PDF \u00abContestaci\u00f3n incidente y remite piezas procesales faltantes\u00bb. <\/p>\n
11\u0002 Archivo PDF \u00ab20. 43.809 Arlealdo Payares vs Promigas-Auto requiere\u00bb. <\/p>\n
12\u0002 Archivo PDF \u00ab25. Correo remite pieza requerida\u00bb. <\/p>\n
13\u0002 Archivo PDF \u00ab23. Correo remite solicitud de dictar sentencia\u00bb. <\/p>\n
14\u0002 Archivo PDF \u00ab28. Auto admisorio\u00bb. <\/p>\n
15\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 11 de agosto de 2022. <\/p>\n
16\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 12 de agosto de 2022. <\/p>\n
17\u0002 Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala, en reiteradas oportunidades ha expresado que: (\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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