STC10774-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10774-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Javier Medina Pulgar\u00edn en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2019-00147. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, por conducto de mandataria judicial, exige la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y la informaci\u00f3n allegada, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Gonzalo Adolfo Garc\u00eda Ghigua demand\u00f3 a los se\u00f1ores Cristian Castrill\u00f3n Pulgar\u00edn y Luis Javier Medina Pulgar\u00edn, a fin de que se corrigieran los porcentajes fijados en las respectivas escrituras p\u00fablicas, \u00aben el sentido que el porcentaje proinvidiso es del 1.8% para cada uno y no como se hab\u00eda establecido del 5% en ambos\u00bb y, en el evento de que los demandados insistieran en conservar ese porcentaje, se declarare que \u00abadeuda[ban] cada uno la suma de ochenta y ocho millones de pesos ($88.000.000), por concepto del mayor metraje pretendido (\u2026) equivalentes a 800 metros cuadrados\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 25 de febrero de 2021, surtido el tr\u00e1mite pertinente, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medell\u00edn dict\u00f3 sentencia, aceptando las pretensiones propuestas contra Cristian Castrill\u00f3n Pulgar\u00edn y desestimando las invocadas frente al tutelante. <\/p>\n
2.3. El 6 de diciembre siguiente, Tribunal accionado revoc\u00f3 parcialmente el fallo del a quo, determinando que las s\u00faplicas reclamadas en relaci\u00f3n con el se\u00f1or Luis Javier Medina Pulgar\u00edn, aqu\u00ed censor, tambi\u00e9n se abr\u00edan paso. <\/p>\n
3. Frente a esa decisi\u00f3n, el actor cuestiona que el Colegiado atacado incurri\u00f3 en diversos yerros, ya que: (i) se extralimit\u00f3 al conceder m\u00e1s all\u00e1 de lo pedido en la demanda e interpretarla err\u00f3neamente; (ii) valor\u00f3 inadecuadamente las pruebas, al deducir indicios que no exist\u00edan ni fueron tenidos en cuenta por el juzgador de primer nivel y por tergiversar lo declarado por su prohijado; y (iii) porque las s\u00faplicas debatidas carec\u00edan de respaldo f\u00e1ctico y de sustento jur\u00eddico. <\/p>\n
4. Con apoyo en lo relatado, exige que se revoque el pronunciamiento dictado por la Corporaci\u00f3n querellada y, en su lugar, se confirme en su totalidad el fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medell\u00edn. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Tribunal convocado defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n, remiti\u00e9ndose al contenido de la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n
2. Gonzalo Adolfo Garc\u00eda Ghigua acot\u00f3 que las decisiones censuradas se ci\u00f1eron a lo dispuesto en el orden jur\u00eddico aplicable y con apoyo en las pruebas allegadas a la tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la parte actora pretende que se deje sin efectos la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
2. Frente a lo planteado, advierte esta Corporaci\u00f3n que el ruego propuesto no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en vista de que no satisface el requisito de la tempestividad, toda vez que, entre la fecha de emisi\u00f3n del prove\u00eddo criticado -6 de diciembre de 20211- y la de interposici\u00f3n del amparo -5 de agosto de 2022- han transcurrido m\u00e1s de los seis meses que la jurisprudencia ha estimado razonables para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. Sobre el citado presupuesto ha de precisarse que, aunque no exista un t\u00e9rmino de caducidad para invocar el amparo, s\u00ed se impone promoverlo en un plazo razonable, a fin de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona. Al respecto, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en CSJ STC2414-2021, resalta la Sala. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb2. <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de inmediatez, pues, aunque el promotor adujo que deb\u00edan tenerse en cuenta las fechas de las decisiones de 16 de febrero y de 8 de marzo de 2022, por las cuales el fallador de primer nivel dict\u00f3 la orden de obed\u00e9zcase y c\u00famplase lo resuelto por el superior y aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de las costas, dicho argumento no es justificante de la tardanza evidenciada, dado que la resoluci\u00f3n censurada, como se indic\u00f3, fue proferida el 6 de diciembre de 2021 y para la presentaci\u00f3n del amparo constitucional no era indispensable esperar a que el Juzgado emitiera los autos aludidos, pues la sentencia cuestionada ya hab\u00eda adquirido fuerza ejecutoria. <\/p>\n
3. Colof\u00f3n de lo razonado, se desestimar\u00e1 el amparo solicitado, por improcedente. <\/p>\n
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IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el auxilio implorado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n