STC10781-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10781-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01254-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de julio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Henry Presley Albino Hern\u00e1ndez le instaur\u00f3 al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, a los juzgados Promiscuo Municipal de Puerto Rico, Penal del Circuito de Granada y a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Municipal de Puerto Rico, todos del departamento de Meta, extensiva a Jorge Enrique Albino, Luis Humberto Bol\u00edvar y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2010-00012. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En sustento adujo que en la denuncia por invasi\u00f3n de tierras que present\u00f3 Luis Humberto Bol\u00edvar contra Jorge Enrique Albino, el 31 de agosto de 2015 se emiti\u00f3 \u00aborden de entrega\u00bb del inmueble objeto de la misma, decisi\u00f3n que el Tribunal Superior de Villavicencio confirm\u00f3; para llevar a cabo tal diligencia, el Juzgado Promiscuo de Puerto Rico comision\u00f3 a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de ese municipio, que el 1\u00ba de septiembre acudi\u00f3 al lugar para el efecto, sin poder llevarla a cabo, ante la oposici\u00f3n que formul\u00f3, la cual fue remitida al despacho de origen para su resoluci\u00f3n, dependencia que la rechaz\u00f3 de plano \u00abargumentando que como la orden de entrega reca\u00eda sobre el se\u00f1or Jorge Enrique Albino, quien es mi progenitor, entonces que yo no puedo ser poseedor y que no tengo derecho a oponerme\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, pese a interponer los recursos de ley, los mismos fueron declarados improcedentes por extempor\u00e1neos, por lo que propuso el de queja que, sin haber sido estudiado, fue tachado de \u00abimprocedente\u00bb por el Juzgado Penal del Circuito de Granada, quien, a su juicio, desconoci\u00f3 el contenido del art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. El Tribunal Superior de Villavicencio inform\u00f3 que conoci\u00f3 la apelaci\u00f3n instada contra la sentencia de 31 de agosto de 2015, mediante la cual se conden\u00f3 a Jorge Enrique Albino a prisi\u00f3n y pago de multa como responsable del delito de \u00abinvasi\u00f3n de tierras\u00bb respecto del predio \u201cLa Ceiba\u201d, cuya orden de entrega convalid\u00f3, de ah\u00ed que, como el \u00abaccionante cuestiona el rechazo de plano de la oposici\u00f3n que hizo frente a la restituci\u00f3n del inmueble \u201cLa Ceiba\u201d que tramita el Juzgado Promiscuo Municipal y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Puerto Rico, Meta (\u2026) no ha vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Penal del Circuito de Granada indic\u00f3 que \u00abmediante providencia del treinta y uno (31) de mayo del a\u00f1o en curso, (\u2026) resolvi\u00f3 negar por improcedente el recurso de queja (\u2026) y orden\u00f3 devolver las diligencias al a quo para que procediera con la entrega del referido inmueble, al considerar que el tr\u00e1mite impartido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rico, Meta, respecto a la entrega del predio en cita, fue totalmente inadecuado frente a los postulados de que trata la Ley 906 de 2004 (CPP) y raya con lo ordenado en la Sentencia Condenatoria de Primera Instancia del treinta y uno (31) de agosto de 2015 emitida por esa sede judicial, confirmada por la Honorable Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que fue enf\u00e1tico en manifestarle al inconforme que, si lo pretendido era alegar la posesi\u00f3n que dice ostentar frente al bien, no era ese el escenario dispuesto legalmente para ello. <\/p>\n
El Municipio de Puerto Rico (Meta) se opuso al amparo, al estimar \u00abque la actuaci\u00f3n desplegada por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda local obedece al desarrollo de las atribuciones previstas en el art\u00edculo 206 de la Ley 1801 de 2016, que concede las facultades para cumplir la comisi\u00f3n otorgada por el juez\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego por incumplimiento del requisito de la inmediatez, toda vez que la \u00faltima determinaci\u00f3n expedida data del 16 de marzo de 2021; y, porque el quejoso no agot\u00f3 los mecanismos ordinarios con los que cuenta para discutir la calidad de \u00abposeedor\u00bb que ahora reclama. <\/p>\n
4.- El accionante replic\u00f3 al encontrar que el a quo omiti\u00f3 el examen de las documentales adosadas, las cuales dan cuenta, contrario a lo predicado, que la \u00faltima actuaci\u00f3n tiene fecha del 31 de mayo de 2022, lo que deja sin respaldo el argumento que descarta el auxilio por \u00abinmediatez\u00bb. Asimismo, destac\u00f3 que no pueden negarse sus pedimentos bajo el supuesto de la subsidiariedad, habida cuenta que lo perseguido es que se le resuelva la \u00aboposici\u00f3n planteada en el asunto penal y se le permita defender su \u00abposesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aunque asiste raz\u00f3n al gestor cuando asegura que no falt\u00f3 al presupuesto temporal, pues las providencias dictadas en el proceso por \u00abinvasi\u00f3n de tierras, tra\u00eddas a este tr\u00e1mite, revelan que, el \u00faltimo pronunciamiento data de mayo del a\u00f1o en curso y, por tanto, fue razonable el t\u00e9rmino en el que acudi\u00f3 a este especial sendero, ello no constituye raz\u00f3n suficiente para respaldar sus rogativas. <\/p>\n
2. No, porque como lo sostuvieron los juzgadores convocados, el actor ten\u00eda a su alcance la v\u00eda ordinaria concebida especialmente para hacer valer los actos posesorios que ahora aspira le sean reconocidos en este escenario, cuyo prop\u00f3sito es completamente ajeno al que persigue, sin que hubiese arrimado prueba que acredite haber hecho uso del mismo, circunstancia que, sumada a la proposici\u00f3n tard\u00eda de los instrumentos de \u00abdefensa\u00bb en contra del auto que aqu\u00ed cuestiona, conlleva indefectiblemente a predicar su incuria, cuyo remedio no puede buscar con la interposici\u00f3n de esta herramienta, la cual, como es sabido, no ha sido dispuesta como una instancia adicional para que las partes corrijan las equivocaciones cometidas en la \u00f3rbita natural. <\/p>\n
3. Tampoco porque, atendiendo el contenido de la postulaci\u00f3n tuitiva, se extrae que, su finalidad al acudir a esta v\u00eda supralegal no es otra que evitar la diligencia de entrega del inmueble objeto del litigio de \u00abinvasi\u00f3n de tierras\u00bb seguido contra su progenitor Jorge Enrique Albino, a trav\u00e9s de la oposici\u00f3n cuyo examen suplic\u00f3, diligencia que, seg\u00fan revela el acta de fecha 15 de junio de 2022, ya tuvo lugar, configur\u00e1ndose as\u00ed un hecho consumado que frustra la posibilidad de pronunciarse sobre el particular. <\/p>\n
Ello, en raz\u00f3n al car\u00e1cter preventivo para el que fue establecida la salvaguarda, el cual hace imperioso para su viabilidad, que la violaci\u00f3n o la amenaza de los atributos b\u00e1sicos cuya guarda se requiere, sea actual, esto es, se encuentre vigente para el momento en que la petici\u00f3n sea atendida por el iudex habilitado para ello; de lo contrario, como ocurre en este evento, el impulsor estar\u00eda incurso en la causal prevista en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, que torna \u00abimprocedente la tutela\u00bb. <\/p>\n
En igual sentido ha esbozado esta Sala, que en casos como el rese\u00f1ado, deviene \u00abimprocedente el resguardo \u00ab(\u2026) por cuanto la finalidad de este mecanismo radica en evitar precisamente los da\u00f1os que la vulneraci\u00f3n pueda ocasionar y no otorgar una protecci\u00f3n posterior, ya que, una vez generado un perjuicio, puede eventualmente procurarse su resarcimiento por medio de una acci\u00f3n indemnizatoria\u00bb (Sent. 28 ag. 2013, exp. 1100122030002013-01223-01; reiterada en STC5292-2019, STC5290-2021 y 16420-2021). <\/p>\n
4.- En ese orden de ideas, no hay raz\u00f3n para dictar alg\u00fan mandato en el sentido anhelado, en virtud de la consumaci\u00f3n del hecho que se adujo como motivo de la acci\u00f3n, de ah\u00ed que, se avalar\u00e1 el prove\u00eddo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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