STC10793-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10793-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 47001-22-13-000-2022-00189-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de julio de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la tutela que Guillermo L\u00f3pez Zambrano le instaur\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, extensiva a la Pagadur\u00eda del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Magdalena y a Juli\u00e1n Esteban Henr\u00edquez Navarro. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al m\u00ednimo vital y vida en condiciones dignas, para que se declarara \u00abla nulidad del numeral TERCERO del mandamiento de pago, proferido el 2 de mayo de 2022 por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA (relativo al embargo del 100% de mis honorarios) dentro del tr\u00e1mite de la demanda ejecutiva distinguida con el radicado 47001-3153-003-2020-000147-00 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En compendio sostuvo que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, en el juicio ejecutivo que le inco\u00f3 Juan Esteban Enr\u00edquez, decret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n de los dineros que recibe como contratista del ICBF (2 may. 2022). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, ante la falta de informaci\u00f3n, el pagador de dicha entidad solicit\u00f3 al despacho aclarar el porcentaje espec\u00edfico a descontar de sus honorarios y \u00e9ste el 21 de junio respondi\u00f3 que \u00ab(\u2026) la medida recae respecto los dineros que reciba GUILLERMO LOPEZ ZAMBRANO como contratista, en ning\u00fan momento se indica porcentaje, motivo por el cual se entiende a la totalidad de lo percibido\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que dicha medida lo afect\u00f3, puesto que debe cubrir sus necesidades b\u00e1sicas; adem\u00e1s, actualmente ese es su \u00fanico ingreso, del cual depende su padre de 72 a\u00f1os y su hijo menor, a quien le suministra cuota de alimentos de medio salario m\u00ednimo por \u00aborden legal\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta defendi\u00f3 su proceder, porque \u00absi bien es cierto se dispuso la cautela sobre sus ingresos en la forma como all\u00ed se plantea, lo cierto es que no se puede se\u00f1alar que se haya incurrido en irregularidad alguna teniendo en cuenta que lo cautelado no fue salario sino honorarios percibidos como contratista de una entidad p\u00fablica, respecto de los cuales la normatividad vigente no prev\u00e9 ninguna limitaci\u00f3n a la hora de decretar la cautela\u00bb. <\/p>\n
Juli\u00e1n Esteban Henr\u00edquez Navarro se opuso al resguardo, debido a que el actor \u00abtiene varios contratos de prestaci\u00f3n de servicios en varias entidades\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta desestim\u00f3 el ruego, comoquiera que no se cumpli\u00f3 con el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
2.- El promotor replic\u00f3 sin exponer los argumentos de su disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, se anuncia el decaimiento del auxilio y, por ende, la convalidaci\u00f3n del fallo de primer grado, por observase una conducta negligente y desidiosa en el precursor, que desperdici\u00f3 las herramientas con que contaba en la Litis confutada para ventilar el descontento que trae a este escenario especial. <\/p>\n
En efecto, de la consulta en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial y las pruebas adosadas al expediente, se observa que el 2 de mayo de 2022, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta decret\u00f3 \u00abel embargo y la retenci\u00f3n de los dineros que reciba GUILLERMO L\u00d3PEZ ZAMBRANO como contratista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el departamento del Magdalena, o el salario en la proporci\u00f3n legalmente permitida como contratista del ICBF Santa Marta\u00bb, pronunciamiento que se notific\u00f3 en estado electr\u00f3nico n.\u00ba 25 y qued\u00f3 en firme en raz\u00f3n a que no fue refutado oportunamente por el quejoso a, pesar de que contra el mismo proced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n, de acuerdo con el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el gestor tuvo la oportunidad de exponer ante la entidad querellada y su superior la inconformidad que ahora plantea en este sendero excepcional, y no lo hizo. De ah\u00ed que deba soportar las consecuencias adversas de su omisi\u00f3n por haber desaprovechado esa herramienta. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala tiene dicho que <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (STC6663-2018, citada en STC762-2021). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC762-2021). <\/p>\n
2.- Siendo as\u00ed, se impone el acompa\u00f1amiento del veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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