STC10804-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10804-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01087-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de agosto dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 09 de junio de 2022, por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Carlos Esmir Camargo Piedrahita contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2019-02583. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la salvaguarda de su derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y dignidad presuntamente conculcados por la autoridad judicial acusada en la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las pruebas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante: <\/p>\n
2.1. El 14 de enero de 2020, el Juzgado Trece Penal del con Funci\u00f3n de Conocimiento de Barranquilla, conoci\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n formulado en contra del promotor por la presunta comisi\u00f3n de los delitos de \u00abhomicidio agradado en concurso con fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones\u00bb tambi\u00e9n agravado, como consecuencia de los hechos ocurridos el 12 de abril de 2019. <\/p>\n
2.2. El 11 de febrero de 2020, el accionante suscribi\u00f3 con la Fiscal\u00eda un preacuerdo, por medio del cual, acept\u00f3 la responsabilidad penal \u00aben calidad de determinador de las conductas punibles [se\u00f1aladas]\u00bb. Y en cuanto a la tasaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, se pact\u00f3 que \u00abpartir\u00eda de la pena atribuida para el delito m\u00e1s grave, como era la del homicidio agravado, reconociendo la calidad de c\u00f3mplice y preacordando que solicitar\u00eda la imposici\u00f3n de una pena de doscientos meses de prisi\u00f3n por el homicidio, m\u00e1s un mes m\u00e1s por concepto del delito de porte ilegal de armas, (es decir, 16 a\u00f1os y 9 meses en total) dosificaci\u00f3n que se encontraba dentro de los m\u00e1rgenes previstos por la ley penal colombiana en los tipos penales respectivos precitados y en el art\u00edculo 31 ibidem sobre concurso de figuras delictivas\u00bb. <\/p>\n
2.3. Habi\u00e9ndose fijado fecha para la celebraci\u00f3n de la audiencia preparatoria, la Fiscal\u00eda present\u00f3 el acuerdo suscrito con el imputado, el cual fue aprobado el 18 de junio de 2021, por el estrado de conocimiento. <\/p>\n
2.4. Al desatar el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 el representante de las v\u00edctimas contra la referida providencia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 30 de marzo de 2022, la revoc\u00f3 y en su lugar improb\u00f3 el acuerdo. Al considerar, esencialmente, que esa decisi\u00f3n se apartaba de la regla contenida en el canon 352 de la Ley 906 de 2004 y de la jurisprudencia de esta Corte, relacionada con el monto de la reducci\u00f3n de la pena cuando el preacuerdo se lleva a cabo con posterioridad a la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El actor se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal querellado incurri\u00f3 en \u00abuna v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico\u00bb porque en su sentir, no estim\u00f3 el contenido sustancial del preacuerdo. <\/p>\n
A su vez, indic\u00f3 que en dicho prove\u00eddo se desconoci\u00f3 el desarrollo jurisprudencial que ha tenido el asunto, as\u00ed como \u00ablos principios y la filosof\u00eda\u00bb que rigen los preacuerdos; por cuanto, la autoridad accionada realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n restrictiva del inciso 2\u00ba del precepto 352 ejusdem. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje sin efectos la sentencia dictada el 30 de marzo de 2022, por el Tribunal fustigado y en su lugar \u00abse le confiera vigencia al auto de primera instancia que imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n al preacuerdo celebrado entre Fiscal\u00eda y la Defensa\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla solicit\u00f3 que se declare como improcedente el amparo, porque \u00abla vulneraci\u00f3n que alega la parte activa del presente instrumento jur\u00eddico, se centra en su inconformidad con la decisi\u00f3n adoptada, para obtener una determinaci\u00f3n favorable a su situaci\u00f3n particular\u00bb2. <\/p>\n
2. El Juzgado Trece Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Barranquilla, luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en la causa penal, requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n, con sustento en que no ha transgredido las prerrogativas fundamentales del gestor3. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Diecinueve Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, Unidad de Delitos contra la Vida, la Integridad Personal y Otros, inform\u00f3 que elabor\u00f3 el acta de preacuerdo objeto de la controversia el 11 de febrero de 2020; pero que, en virtud de una redistribuci\u00f3n de funciones, la causa penal anotada pas\u00f3 a conocimiento de su hom\u00f3loga Treinta y Ocho Seccional4. <\/p>\n
4. El Fiscal Veintitr\u00e9s Seccional Delegado ante los Jueces Penales del Circuito, de la precitada unidad, puso de presente que conoci\u00f3 de la investigaci\u00f3n que se adelant\u00f3 en contra del actor cuando fungi\u00f3 como Fiscal Diecinueve. Revel\u00f3 que en compa\u00f1\u00eda del defensor del acusado, elabor\u00f3 el preacuerdo y que este se realiz\u00f3 en cumplimiento de lo consagrado en el inciso 1\u00ba del precepto 352 de la Ley 906 de 2004, que remite al canon 351 ibidem. Manifest\u00f3 que los argumentos que present\u00f3 el quejoso son \u00absuficientes para resolver favorablemente la pretensi\u00f3n invocada\u00bb5. <\/p>\n
5. El Procurador Trescientos Cuarenta y Dos Judicial Dos, comunic\u00f3 que \u00abcomo interviniente no recurrente se limit\u00f3 a expresar que la pena acordada entre Fiscal\u00eda y defensa para [el actor] de un (1) mes por el delito de PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES era irrisorio, un saludo a la bandera, toda vez que tal delito comporta una amenaza para la seguridad p\u00fablica, raz\u00f3n por la cual deb\u00eda castigarse m\u00e1s severamente\u00bb6. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo declar\u00f3 improcedente el amparo. Para ello, consider\u00f3 que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues \u00abel proceso penal que se surte en contra de Carlos Camargo Piedrahita, se encuentra en curso y, es al interior de aquel que el promotor debe procurar la admisi\u00f3n de sus hip\u00f3tesis en las etapas procesales pertinentes o a trav\u00e9s del agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial con los que cuenta. (\u2026) En efecto, al revisar los medios de convicci\u00f3n aportados al presente diligenciamiento, logra advertirse que, tras haberse revocado la aprobaci\u00f3n del preacuerdo celebrado entre Camargo Piedrahita y la Fiscal\u00eda, la actuaci\u00f3n judicial adelantada en contra del accionante, se mantiene vigente y, con ella, la posibilidad de ejercer diversos medios de defensa que se encuentren orientados a lograr la satisfacci\u00f3n de sus intereses procesales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, cuestionando el an\u00e1lisis realizado en la sentencia de primera instancia e insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito inaugural. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 30 de marzo de 2022, mediante el cual revoc\u00f3 el auto de 18 de junio de 2021, dictado por el Juzgado de conocimiento, y en su lugar, improb\u00f3 el preacuerdo objeto de controversia. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la sentencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, de los elementos demostrativos obrantes en el plenario, se observa que el proceso penal debatido se encuentra vigente y en curso; raz\u00f3n por la cual, precisamente, ese es el escenario id\u00f3neo para que el solicitante eleve sus solicitudes y emplee los diversos mecanismos de defensa que tiene a su alcance, con el objetivo de satisfacer sus intereses. <\/p>\n
As\u00ed pues, el promotor se encuentra facultado para celebrar con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n un nuevo preacuerdo que atienda las previsiones que sobre la materia consagra la Ley y la jurisprudencia, con el prop\u00f3sito de que el juzgador de instancia le imparta la aprobaci\u00f3n perseguida. <\/p>\n
Ello, en virtud de que, como en el proceso referido no se ha surtido el interrogatorio del acusado sobre la aceptaci\u00f3n de su responsabilidad en la etapa de juicio oral; pues, seg\u00fan inform\u00f3 el juez de primera instancia, apenas se fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia preparatoria el d\u00eda 15 de junio de 2022 a las 8:00 a.m., el actor a\u00fan puede hacer uso de esa posibilidad, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 352 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo dicho, en un asunto de similares antecedentes, esta Sala explic\u00f3 que: <\/p>\n
Con todo, observa la Sala que la sedicente puede arribar a un nuevo acuerdo con el ente acusador, de tal manera que logre la terminaci\u00f3n anticipada de las diligencias de juzgamiento adelantadas en su contra, para lo cual deber\u00e1n, como es l\u00f3gico, observarse los principios rectores del derecho penal y las garant\u00edas fundamentales de las v\u00edctimas, con miras a lograr que el juez de conocimiento \u2013tanto en primera como en segunda instancia- le imparta aprobaci\u00f3n a la negociaci\u00f3n. (\u2026). Esto es as\u00ed, porque a\u00fan no se ha llevado a cabo la nueva etapa de juicio oral en el rad. n\u00ba 2017-00056, ya que, como lo inform\u00f3 el juez de primer grado, el 25 de marzo de 2022, apenas \u00ab(\u2026) regresaron las diligencias del Tribunal, motivo por el cual se procedi\u00f3 de conformidad acatando lo resuelto y fijando fecha para AUDIENCIA PREPARATORIA para el d\u00eda 29 de junio de 2022 a partir de las dos de la tarde (2:00 p.m.)\u00bb, proceder que se encuentra avalado por el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal(\u2026). (CSJ STC 9155-2022). <\/p>\n
De manera que, de lo expuesto se encuentra que el tutelante a\u00fan no ha agotado las herramientas jur\u00eddicas con las que cuenta en el marco de la causa penal originaria, lo que torna improcedente el amparo solicitado, pues no puede pretender que, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, el juez constitucional se anticipe a la decisi\u00f3n de la autoridad natural o invada una competencia que de manera exclusiva radica en el se\u00f1alado juzgador de la especialidad penal, lo cual ser\u00eda abiertamente contrario a la finalidad y alcance del instrumento constitucional. <\/p>\n
En este aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha sido congruente en se\u00f1alar que, <\/p>\n
este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas. (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. n\u00ba. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, , rad. n\u00ba. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, , rad. n\u00ba. 2020-00195-01; CSJ STC5074-2020,7 may. 2021, , rad. n\u00ba. 2021-00081-01). <\/p>\n
3. Corolario, el fallo objeto de reproche ser\u00e1 confirmado. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Anexo \u201c0002 124310Demanda\u201d. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Anexo \u201c1TS124310CARLOS CAMARGO PIEDRAHITA\u201d. Carpeta \u201c124310Respuestas\u201d. Carpeta \u201cRESPUESTAS TUTELA No 124310\u201d. Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Anexo \u201c1124310j13ctobarranquilla\u201d. Carpeta \u201c124310Respuestas\u201d. Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Anexo \u201c124310Fiscal\u00eda19seccional\u201d. Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Anexo \u201c124310Fiscal\u00eda23seccional\u201d. Ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Anexo \u201c1124310Procurador342judicial\u201d. Ibidem. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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