STC10875-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10875-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2022-00193-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 30 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Yolanda Helena Ram\u00edrez Buelvas contra el Juzgado Quince de Familia y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de esa ciudad, y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, tr\u00e1mite al cual fue vinculada \u00c1ngela Cecilia S\u00e1nchez Orozco \u00aby las personas que conforman el Registro Seccional de Elegibles Definitivo\u00bb para el cargo al que concurs\u00f3 la reclamante. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la dignidad humana, m\u00ednimo vital, trabajo y de acceder a cargos p\u00fablicos, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, al no garantizarle su ingreso al ejercicio de un cargo de carrera para el cual concurs\u00f3 y result\u00f3 elegible. <\/p>\n
2. Expuso que particip\u00f3 \u00aben la Convocatoria 4 iniciada mediante el Acuerdo No. CSJANTA17-2971 del 6 de octubre de 2017, que dispuso adelantar el proceso de selecci\u00f3n por concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios de los Distritos Judiciales de Medell\u00edn y Antioquia y Administrativo de Antioquia\u00bb, y que \u00abseg\u00fan resoluci\u00f3n No. CSJANTR21-1621 del 26 de noviembre de 2021 \u201cpor medio de la cual se modifica el registro seccional de elegibles\u2026\u201d, ocup\u00e9 el noveno puesto para el cargo de Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes grado 1 (260108), con un puntaje total de 697,71\u00bb. <\/p>\n
Que tras haber optado para el Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn, donde aparec\u00eda \u00abvacante\u00bb el cargo para el cual concurs\u00f3, \u00abmediante Acuerdo No. CSJANTA22-63 del 24 de marzo de 2022 se conform\u00f3 lista de candidatos para proveer (\u2026) los cargos convocados (\u2026), ocupando el SEGUNDO LUGAR en el [citado despacho]\u00bb. No obstante, \u00abel d\u00eda 21 de abril hoga\u00f1o, recib\u00ed en mi correo la Resoluci\u00f3n 018 \u201cPor medio de la cual se abstiene de realizar nombramiento en propiedad para el cargo de Asistente Social Grado 1 del Juzgado Quince (15) de Familia en Oralidad de Medell\u00edn a la se\u00f1ora Yolanda Helena Ram\u00edrez Buelvas (\u2026)\u201d, afirmando, b\u00e1sicamente que dicho cargo est\u00e1 vacante pero est\u00e1 ocupado en PROVISIONALIDAD por la se\u00f1ora \u00c1ngela Cecilia S\u00e1nchez Orozco quien ostenta la calidad de prepensionable, nombrada mediante Resoluci\u00f3n 04 del 11 de enero de 2022 y le fue reconocida la garant\u00eda estabilidad reforzada en Resoluci\u00f3n 05 del 13 de enero del 2022, y que en ponderaci\u00f3n de los derechos de ella a la estabilidad laboral reforzada y el m\u00edo de acceso a cargos p\u00fablicos, prevalece el de ella (\u2026), m\u00e1xime que el cargo es uninominal\u00bb. <\/p>\n
Que contra dicha resoluci\u00f3n interpuso \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, sustentado f\u00e1ctica y jur\u00eddicamente, en similar l\u00ednea a la ac\u00e1 expuesta\u00bb, a lo que el titular del juzgado \u00abel d\u00eda 13 de mayo del 2022 (\u2026), me hizo requerimiento (\u2026), consistente en acreditar la experiencia laboral relacionada con el cargo de Asistente Social, situaci\u00f3n de suyo particular pues el nominador eval\u00faa cumplimiento de requisitos m\u00ednimos para el cargo al momento de la posesi\u00f3n, y para [entonces] no me encontraba siquiera nombrada. Sin embargo, de forma inmediata y expedita atend\u00ed el requerimiento\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 18 de mayo de 2022, recib\u00ed por correo electr\u00f3nico la resoluci\u00f3n 034 por medio de la cual se resuelve \u201cNO REPONER la resoluci\u00f3n No. 018 del 08 de abril de 2022 y negar la apelaci\u00f3n por improcedente\u201d, sustentando en que, en concepto del nominador, la se\u00f1ora \u00c1ngela Cecilia S\u00e1nchez Orozco s\u00ed acredito la calidad de prepensionada seg\u00fan el literal d, numeral 1, art\u00edculo 2.2.12.1.2.2. del Decreto 1415 de 2021 (\u2026)\u00bb, adem\u00e1s, \u00abno se accede al exhorto solicitado a Colpensiones y tampoco se aporta el r\u00e9cord de semanas que debe haber aportado ante el Juzgado de Familia la se\u00f1ora S\u00e1nchez\u00bb. <\/p>\n
Que en respuesta a su solicitud de adici\u00f3n elevada en relaci\u00f3n con el \u00abr\u00e9cord de semanas cotizadas\u00bb, el accionado \u00abcompar\u00f3 la experiencia laboral de la empleada en provisionalidad (\u2026), y la m\u00eda\u00bb, a efectos de \u00abponderar calidades\u00bb, considerando que \u00abla profesional m\u00e1s id\u00f3nea para ocupar [el cargo] es la referida \u00c1ngela Cecilia S\u00e1nchez Orozco y no yo [con lo que] pareciera que el juez accionado aplica reglas para concomitancia en nombramiento de carrera administrativa con ocasi\u00f3n de traslados (Art\u00edculo 22 ACUERDO PCSJA17-107544 y Sentencia C-295\/02), ambos en carrera administrativa, y no como es este caso, entre una empleada en provisionalidad y una profesional calificada que gan\u00f3 el derecho a ser nombrada en carrera administrativa, quien con esfuerzo pas\u00f3 cada etapa del concurso de m\u00e9ritos y ha esperado pacientemente cuatro a\u00f1os y medio para materializarlo\u00bb. <\/p>\n
Que para tal decisi\u00f3n, el querellado no estim\u00f3 que \u00absoy madre cabeza de hogar; tengo una hija de 3 (tres) a\u00f1os de edad (\u2026) y soy la \u00fanica responsable de su manutenci\u00f3n y cuidado [ya que] mi hija no ha sido reconocida por su padre (\u2026), sumado a la deficiencia sustancial de ayuda de los dem\u00e1s miembros de la familia, habida cuenta que mi familia s\u00f3lo est\u00e1 compuesta por una hermana quien vive en otra ciudad y atiende sus propias obligaciones, nuestra madre falleci\u00f3 hace muchos a\u00f1os y nuestro padre se fue de la casa cuando a\u00fan \u00e9ramos ni\u00f1as\u00bb; y \u00abataca tambi\u00e9n que no estoy desempleada [porque] seg\u00fan verificaci\u00f3n en el ADRES aparezco como contribuyente en el Sistema General de Seguridad Social, pero es por cuenta de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios con el Hospital Mental de Antioquia (\u2026), en el municipio de Jeric\u00f3, que vence el 12 de julio de 2022 [por lo que] el empleo que me he ganado en Concurso de M\u00e9ritos es mi posibilidad de la tan anhelada estabilidad laboral\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se ordene al titular del Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn, \u00abdejar sin efectos las Resoluciones 18 \u2013que niega nombramiento- y 34 -que no repone-, y en su lugar, proceda a efectuar mi nombramiento en propiedad en el cargo de Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de adolescentes Grado 1 (260108), acudiendo a la lista de elegibles ya referida\u00bb. <\/p>\n
1. El Juez Quince de Familia de Medell\u00edn, tras aducir los argumentos planteados para adoptar la resoluci\u00f3n cuestionada, pidi\u00f3 desestimar el amparo, en tanto \u00abeste despacho no le ha conculcado derecho alguno, toda vez que las decisiones adoptadas han tenido fundamento jur\u00eddico y legal suficiente como para mantener la decisi\u00f3n de mantener en el cargo de Asistente Social del Despacho a la se\u00f1ora \u00c1ngela Cecilia S\u00e1nchez Orozco, debi\u00e9ndose tener en cuenta adem\u00e1s que la publicaci\u00f3n de la vacante de dicho cargo se hizo con la anotaci\u00f3n que la persona que lo ocupaba se le concedi\u00f3 el derecho o garant\u00eda de la estabilidad laboral reforzada, acto este \u00faltimo que se dio antes de que se publicara la vacante por el Consejo Seccional de la Judicatura (\u2026). Se trata entonces de una decisi\u00f3n que no es arbitraria ni caprichosa, sino por el contrario, se ajusta a lo normado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional que impone la garant\u00eda de los derechos fundamentales de las personas pre pensionables, los cuales, si bien est\u00e1n tambi\u00e9n en ponderaci\u00f3n con los esbozados por la accionante, corresponde un criterio objetivo y legalmente v\u00e1lido la decisi\u00f3n adoptada por el suscrito\u00bb. <\/p>\n
2. El vicepresidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, se opuso a lo pretendido aduciendo que \u00ablas listas se remitieron en cumplimiento a una de las funciones de las cuales est\u00e1 revestida la Corporaci\u00f3n, y la cual debe cumplir aun cuando el nominador reconoce estabilidad laboral reforzada a un empleado\u00bb, y por consiguiente, el consejo \u00abno ha vulnerado los derechos de la se\u00f1ora Yolanda Helena Ram\u00edrez Buelvas, teniendo en cuenta que no es la competente para pronunciarse frente a la estabilidad laboral reforzada que posiblemente ostenta la empleada que se encuentra vinculada en provisionalidad en un cargo de carrera judicial\u00bb. Agreg\u00f3 que, conforme a la jurisprudencia constitucional, \u00abes el nominador quien debe decidir sobre las situaciones que sobre el particular se le presenten por quienes vienen vinculados en provisionalidad mientras se provee en propiedad por el concurso de m\u00e9ritos cada cargo reportado como vacante y sobre los cuales cada aspirante opta en procura de ser nombrado en propiedad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. La Directora Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Medell\u00edn, se abstuvo de pronunciarse sobre los hechos, \u00abtoda vez que los mismos no comprometen responsabilidad alguna por parte de la Direcci\u00f3n Seccional\u00bb, y por ello plante\u00f3 la \u00abexcepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb, pidiendo su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb del tr\u00e1mite tutelar. <\/p>\n
4. \u00c1ngela Cecilia S\u00e1nchez Orozco, manifest\u00f3 que la tutelante \u00abconoc\u00eda desde el momento que opt\u00f3 por este cargo, que estaba condicionado\u00bb debido a que a su favor se hab\u00eda otorgado \u00abuna estabilidad laboral reforzada\u00bb, por lo que ella, \u00abde buena fe cometi\u00f3 un error al optar por el cargo que estoy ocupando en provisionalidad y ahora pretende corregirlo\u00bb con esta acci\u00f3n; que contrario a lo se\u00f1alado por la actora \u00abno est\u00e1 comprometido su m\u00ednimo vital\u00bb, ni los dem\u00e1s derechos fundamentales invocados, y que realizando la ponderaci\u00f3n de las prerrogativas, deb\u00eda mantenerse la decisi\u00f3n que le nominador adopt\u00f3 a su favor. <\/p>\n
5. La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Acciones Constitucionales, remiti\u00f3 la certificaci\u00f3n sobre semanas cotizadas por la querellante y pidi\u00f3 se le notifique la decisi\u00f3n que se profiere dentro del presente asunto. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Otorg\u00f3 el auxilio deprecado al encontrar que conforme a precedentes jurisprudenciales, a \u00abla se\u00f1ora \u00c1ngela Cecilia S\u00e1nchez Orozco (\u2026), no le es aplicable el Decreto 1415 del 04 de noviembre de 2021\u00bb, ya que siendo la edad \u00abel \u00fanico requisito faltante para acceder a la pensi\u00f3n (\u2026), no hay lugar a considerar que es beneficiaria del fuero de la estabilidad laboral reforzada de pre pensionable, dado que la exigencia faltante de la edad puede ser cumplida de manera posterior, con o sin vinculaci\u00f3n laboral vigente y no se le frustra el acceso a la pensi\u00f3n de vejez, que fue lo que quiso proteger el se\u00f1or Juez Quince de Familia\u00bb. As\u00ed, \u00ab(i) la se\u00f1ora S\u00e1nchez Orozco no goza de estabilidad laboral reforzada por pre pensionable, (ii) su condici\u00f3n de empleada nombrada en provisionalidad \u00fanicamente le otorga una estabilidad laboral relativa y (iii) en este caso, los derechos de quien acciona prevalecen frente a los suyos y por ello es viable su desvinculaci\u00f3n con el prop\u00f3sito de proveer el cargo que ocupa con una persona que ha ganado el concurso de m\u00e9ritos\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, resolvi\u00f3 \u00ab[d]ejar sin efectos la Resoluci\u00f3n 005 del 13 de enero de 2022 y las (\u2026) resoluciones 018 del 08 de abril de 2022 y 034 del 17 de mayo de la misma anualidad, y ordenar al se\u00f1or Juez Quince de Familia de Medell\u00edn, que en el t\u00e9rmino de 15 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n, nombre a se\u00f1ora Ram\u00edrez Buelvas, en el cargo de Asistente Social de su despacho para el cual concurs\u00f3 en la Convocatoria 4, Acuerdo CSJANTA17-2971 del 06 de octubre de 2017 del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y por el que opt\u00f3 en el mes de febrero de los corrientes\u00bb, la cual fue aclarada el 13 de julio de 2022, en el sentido de que \u00abel nombramiento de la se\u00f1ora Ram\u00edrez Buelvas, habr\u00e1 de sujetarse a las disposiciones de la Ley 270 de 1996, concretamente, al art\u00edculo 165, por cuanto (\u2026), ocup\u00f3 el 2\u00ba puesto en el Juzgado Quince de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, conforme a la lista de candidatos a proveer los cargos vacantes de Asistente Social de los juzgados de familia y promiscuos de familia y penales de adolescentes grado 1 (C\u00f3digo 260108), en las sedes judiciales de los distritos de Antioquia y Medell\u00edn, es decir, con posterioridad al nombramiento de la primera persona de la lista, dependiendo de la actitud que \u00e9sta adopte\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la vinculada \u00c1ngela Cecilia S\u00e1nchez Orozco, aseverando que \u00abel fallo de primera instancia reconoce un hecho inexistente: el perjuicio irremediable de la accionante [porque ella] en este momento se encuentra laborando, y adem\u00e1s es procedente en este momento aplicar en otra plaza para ser nombrada, sumado a lo anterior, la posibilidad de ocupar el cargo al que aspira en el Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn, no cesa ahora, comoquiera que me faltan solo dos a\u00f1os para cumplir la edad y con ella los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de vejez (\u2026), sin que para dicha fecha haya perdido vigencia la lista de elegibles, la cual tiene una vigencia de 4 a\u00f1os\u00bb, y porque \u00abcon la decisi\u00f3n se vulnera mi derecho fundamental al m\u00ednimo vital\u00bb, raz\u00f3n por la que insisti\u00f3 en que \u00abse mantenga el reconocimiento de estabilidad laboral reforzada otorgada por el nominador mediante resoluci\u00f3n No. 05 del 13 de enero de 2022, y se tenga la facultad nominadora que le otorga al titular del despacho la Ley 270 de 1996 en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 131 y el art\u00edculo 175 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface los requisitos de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora, al abstenerse de nombrarla en el cargo para el cual concurs\u00f3 y aprob\u00f3 las fases clasificatorias, aduciendo la condici\u00f3n de \u00abprepensionada\u00bb de quien en dicho despacho lo ocupa en provisionalidad. <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra actos administrativos. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que dicho instrumento, dada su naturaleza excepcional, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 00997-01, citada entre otras en STC8898-2022, 13 jul. 2022, rad. 00059-01). <\/p>\n
En esa perspectiva, se ha enfatizado que los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez del resguardo, pues este \u00faltimo no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, ello, en tanto \u00abla decisi\u00f3n censurada es un acto administrativo cuya legalidad debe discutirse por las v\u00edas legales pertinentes, sin que le sea dado al juez constitucional asumir la competencia del juzgador contencioso administrativo, \u00fanica autoridad judicial que en la \u00f3rbita de sus facultades puede suspenderlos o anularlos, a la cual pudo acudir el accionante para controvertir los actos acusados\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2007, rad. 00186-01, citada, entre otras, en STC8803-2021, 15 jul. 2021, rad. 00156-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, analizados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con los medios de convicci\u00f3n adosados al expediente, la Sala revocar\u00e1 la concesi\u00f3n del resguardo y en su lugar declarar\u00e1 su improcedencia, en la medida en que se advierte que no alcanza a superar el esencial requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
Esto, porque no es la acci\u00f3n constitucional el medio de defensa con el que cuenta la actora para debatir lo atinente a la legalidad de los actos administrativos particulares que conllevaron a que, la hoy tutelante, no fuera nombrada en el cargo de Asistente Social grado 1 (c\u00f3digo 260108), para el cual opt\u00f3 tras integrar el \u00abregistro seccional de elegibles definitivo\u00bb que conform\u00f3 el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia mediante Acuerdo CSJANTA22-63 expedido el 24 de marzo de 2022 y remitido al juzgado con oficio CSJANTOP22-1003 del 25 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
En efecto, el instrumento judicial id\u00f3neo para refutar tales decisiones, concretamente la resoluci\u00f3n n\u00b0 18 del 8 de abril de 2022, donde resolvi\u00f3 \u00ababstenerse de nombrar en propiedad\u00bb a la ac\u00e1 quejosa, y la resoluci\u00f3n n\u00b0 17 de mayo de 2022, a trav\u00e9s de la cual mantuvo inc\u00f3lume esa decisi\u00f3n, no es la acci\u00f3n de tutela sino la nulidad y restablecimiento del derecho, siempre y cuando la interesada cumpla con los requisitos propios de ese medio de control (v. gr, t\u00e9rmino de caducidad). <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que el escenario jur\u00eddico para controvertir actuaciones administrativas, son aquellas dise\u00f1adas por el legislador para ser adelantadas ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, al afirmar que, \u00aben l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada\u00bb (CSJ STC5278 4 may. 2015, rad. 2014-00305-01, citada en STC1949-2022, 23 feb. 2022, rad. 2021-04087-03, entre otras). <\/p>\n
Espec\u00edficamente cuando los actos administrativos censurados son de car\u00e1cter particular y concreto, sostuvo que el control de legalidad \u00abcorresponde a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, para lo cual el administrado que se sienta lesionado en sus derechos tiene a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, que le permite obtener no s\u00f3lo la anulaci\u00f3n del acto que haya sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o falsamente motivado, o con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias del funcionario o corporaci\u00f3n que los profiera, sino el restablecimiento del derecho, [y por ello] fluye la improcedencia de la presente acci\u00f3n en virtud de lo dispuesto en el numeral 1\u00b0 del art. 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 10 may. 2000, exp. T-9321, citada entre otras muchas en STC9204-2022, 19 jul. 2022, rad. 00893-00). Se subraya. <\/p>\n
N\u00f3tese que adem\u00e1s de que dicho mecanismo jur\u00eddico es el pertinente para que la interesada ejerza su defensa, tambi\u00e9n resulta eficaz, habida cuenta la posibilidad de solicitar medidas cautelares al tenor del art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), herramienta respecto de la cual esta Corte ha reconocido como \u00absuficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb (CSJ STC, 18 oct. 2007, exp. 00321-01), y que \u00abante la existencia de otra acci\u00f3n jurisdiccional, id\u00f3nea y efectiva para proteger los derechos que la accionante estima vulnerados, y la posibilidad de solicitar la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo cuestionado, se infiere que la petici\u00f3n de amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad ni siquiera como mecanismo transitorio\u00bb (CSJ STC, 14 oct. 2011, rad. 00201-01, citada en STC4654-2016, 15 abr. 2016, rad. 00013-01, entre otras). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, la existencia de otros mecanismos de defensa para plantear lo tra\u00eddo en sede de tutela, impide a esta excepcional jurisdicci\u00f3n adentrarse en el estudio de las cuestiones aducidas en la demanda de tutela, tales como los precedentes jurisprudenciales, pues se advierte que la desatenci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad releva hacer pronunciamiento de fondo. <\/p>\n
A tono con lo antes explicado, para establecer la aptitud del auxilio bajo la aludida modalidad de protecci\u00f3n, no es suficiente la simple afirmaci\u00f3n de inminencia en la amenaza de las prerrogativas iusfundamentales, sino que incumbe aportar las pruebas que permitan acreditarlo. Esto, porque para evaluar el remedio extraordinario como instrumento temporal, es necesario que el peticionario concrete las circunstancias por la que los instrumentos previstos ordinariamente en la ley, no tengan la aptitud para atender sus requerimientos. <\/p>\n
En tales condiciones, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n como mecanismo transitorio, ya que, \u00abante la existencia de otra acci\u00f3n jurisdiccional, id\u00f3nea y efectiva para proteger los derechos que la accionante estima vulnerados, y la posibilidad de solicitar la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo cuestionado, se infiere que la petici\u00f3n de amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad ni siquiera como mecanismo transitorio\u00bb (CSJ STC, 14 oct. 2011, rad. 00201-01, citada en STC4654-2016, 15 abr. 2016, rad. 00013-01, entre otras). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la pretensora tampoco prob\u00f3 las m\u00ednimas exigencias de estar frente a un perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01), y porque esta modalidad \u00abse subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). <\/p>\n
As\u00ed mismo, recu\u00e9rdese que: \u00abun perjuicio tendr\u00e1 car\u00e1cter irremediable cuando quiera que, en el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente; (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado; (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se revocar\u00e1 el amparo y en su lugar se desestimar\u00e1, habida cuenta la existencia de otros medios de defensa judicial para que la accionante exponga sus reclamos, y porque no acredit\u00f3 la conexidad de riesgo cierto e inminente de las prerrogativas invocadas que habilite su concesi\u00f3n transitoria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada. <\/p>\n
En su lugar, conforme a los razonamientos que anteceden, se DECLARA IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Yolanda Helena Ram\u00edrez Buelvas; por tanto, se invalida la actuaci\u00f3n desplegada en cumplimiento del fallo de primera instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10875-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10875-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2022-00193-01 Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66242","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66242","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66242"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66242\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66242"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66242"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66242"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}