STC11019-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11019-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el pasado 22 de julio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhonatan Carrizosa Huertas y Edtlyanne Eugenia Reyes Bello contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal de El Espinal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio de responsabilidad civil contractual 2020-00117. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, obrando por conducto de apoderado, acudieron al presente instrumento para reclamar la protecci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales \u00abal debido proceso, seguridad jur\u00eddica y a la recta administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. De la extensa demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Jhonatan Carrizosa Huertas y Edtlyanne Eugenia Reyes Bello promovieron demanda declarativa de responsabilidad civil contractual contra la sociedad Agrotienda Llano Grande EAT (en adelante Agrollano), buscando se declarara \u00abel grav\u00edsimo incumplimiento contractual en que incurri\u00f3\u2026 en el desarrollo del contrato de arrendamiento celebrado, al no haber cumplido con [la] obligaci\u00f3n de [suministrar] el servicio de agua por estar en mora al momento de la celebraci\u00f3n del contrato con el Distrito Usocoello por el servicio prestado en cultivos anteriores\u00bb y el consecuente resarcimiento de los perjuicios ocasionados. <\/p>\n
El conocimiento de dicha actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil Municipal de El Espinal, despacho que, agotadas las etapas procesales de rigor, profiri\u00f3 sentencia desestimatoria el 25 de octubre de 2021. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n los demandantes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, resuelto por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma poblaci\u00f3n el pasado 22 de junio, en el sentido de confirmarla. <\/p>\n
3. Sin atribuir defecto espec\u00edfico habilitante del amparo contra providencias judiciales y luego de extenderse en consideraciones personales acerca de c\u00f3mo debi\u00f3, en su criterio, valorarse el material probatorio recopilado en el asunto ordinario, los quejosos se\u00f1alan que las autoridades judiciales se abstuvieron \u00abde analizar jur\u00eddicamente la mora plenamente probada en que se encontraba inmersa la entidad arrendadora al momento de la celebraci\u00f3n del contrato, que siendo plenamente objetivos, fue la causa eficiente de los perjuicios causados\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, sostienen que los falladores \u00abse fueron por las ramas sin entrar a analizar que el da\u00f1o causado no fue por haber sembrado hect\u00e1reas dem\u00e1s [sic], si no por no hab\u00e9rsele garantizado\u2026 el servicio de riego de los lotes arrendados, por un hecho determinante y plenamente probado como fue la mora que presentaba Agrollano EAT al momento de la celebraci\u00f3n del contrato, mora que solo vino a subsanarse el d\u00eda 20 de abril de 2020, cuando el da\u00f1o ya se hab\u00eda causado\u00bb. <\/p>\n
4. Como consecuencia de lo anterior, solicitan \u00abord\u00e9nese al Juzgado \u2026proferir\u2026 una nueva sentencia en la cual se consideren plenamente probados los elementos de la responsabilidad civil contractual de la sociedad demandada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Segundo Civil Municipal de El Espinal dijo atenerse \u00aba lo actuado en el tr\u00e1mite del mencionado proceso verbal\u00bb. <\/p>\n
3. Agrollano, a trav\u00e9s de apoderado judicial, solicit\u00f3 \u00abse declare la improcedencia de la acci\u00f3n por no configurarse los requisitos de procedibilidad de car\u00e1cter general y las causas espec\u00edficas que se dictaron en la sentencia C-590 de 2005\u00bb al tiempo que se\u00f1al\u00f3 que las decisiones cuestionadas encuentran respaldo en los medios de convicci\u00f3n practicados, de los cuales se desprende que el incumplimiento del contrato recay\u00f3 precisamente en los ac\u00e1 accionantes. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal de Ibagu\u00e9 deneg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada en tanto que las autoridades fustigadas efectuaron una valoraci\u00f3n integral y en conjunto del material probatorio recaudado, de all\u00ed que \u00abla providencia no se torne caprichosa o antojadiza, por el contrario, fue debidamente motivada conforme lo que el funcionario advirti\u00f3 en el proceso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los gestores discreparon de la anterior decisi\u00f3n, insistiendo en sus planteamientos iniciales sobre el desconocimiento, por parte de los falladores, de la \u00abmora\u00bb en que se encontraba Agrollano respecto del pago del servicio de acueducto para abastecer de agua sus cultivos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por los gestores con la providencia del pasado 22 de junio, a trav\u00e9s de la cual confirm\u00f3 la sentencia desestimatoria emitida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de la misma ciudad, dentro del proceso verbal 2020-00117 promovido contra Agrollano EAT. <\/p>\n
Lo anterior porque, si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el examen que har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 a esta \u00faltima, en tanto fue la que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada, pues tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfil[e] su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Caso concreto. Razonabilidad del pronunciamiento atacado <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a la queja constitucional y con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala establece que lo procedente ser\u00e1 confirmar el fallo de primer grado mediante el cual se deneg\u00f3 el resguardo, toda vez que la decisi\u00f3n adoptada por el despacho acusado no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
En efecto, para que la c\u00e9lula judicial del circuito confirmara la sentencia desestimatoria proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de El Espinal, record\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Cuando la obligaci\u00f3n de indemnizar perjuicios proviene del incumplimiento de un contrato, la responsabilidad se edifica \u201csobre los siguientes pilares axiol\u00f3gicos: a) la preexistencia de un v\u00ednculo jur\u00eddico entre las partes; b) su incumplimiento relevante por quien es demandado; c) la generaci\u00f3n de un perjuicio significativo para el actor; y d) la conexi\u00f3n causal entre la referida insatisfacci\u00f3n de los deberes convencionales y el correspondiente da\u00f1o irrogado\u201d. Estos presupuestos deben analizarse de manera conjunta con el comportamiento que deben desplegar las partes contratantes conforme las obligaciones asumidas con el fin de verificar la culpa contractual (\u2026)\u00bb <\/p>\n
As\u00ed, al examinar la concurrencia de los anteriores presupuestos, de cara a lo probado en la actuaci\u00f3n, advirti\u00f3 incumplido el segundo, es decir, \u00abla desatenci\u00f3n de los compromisos adquiridos por uno de ellos o su ejecuci\u00f3n defectuosa o tard\u00eda\u00bb. <\/p>\n
En efecto, luego de rememorar las cargas de las partes contratantes, en especial del arrendatario, determinadas tanto en el contrato de arrendamiento, como en las disposiciones legales llamadas a aplicarse al caso concreto, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) por sabido se tiene que el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil consagra una facultad impl\u00edcita en los contratos bilaterales. Todo contrato puede resolverse o solicitarse el cumplimiento\u2026 con indemnizaci\u00f3n de perjuicios cuando uno de los obligados no cumpla lo pactado. M\u00e1s, esa potestad s\u00f3lo se concede a la parte que ha ajustado su conducta a los t\u00e9rminos del negocio pactado, pues como lo ha dicho la jurisprudencia \u201cel titular de dicha acci\u00f3n indefectiblemente lo es el contratante cumplido o que se ha allanado a cumplir con las obligaciones que le corresponden\u201d (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) los arrendatarios no cumplieron a cabalidad sus obligaciones. Lo pactado en el contrato fue el arrendamiento para el cultivo de ma\u00edz de 7 hect\u00e1reas del lote \u2018Esmeralda 1\u2019 y 20 hect\u00e1reas del lote \u2018Esmeralda 2\u2019. Para el cultivo de arroz lo pactado fueron 10 hect\u00e1reas del segundo de esos lotes. As\u00ed incumplieron lo permitido contractualmente, pues sembraron m\u00e1s hect\u00e1reas en el cultivo de arroz y menos hect\u00e1reas en la siembra de ma\u00edz. (Resalta la Sala) <\/p>\n
Y si se aceptara que el \u00e1rea de siembra acordada fuera modificada de consuno y verbalmente por los contratantes, lo que no es del todo calo, otra actuaci\u00f3n de los arrendatarios muestra su incumplimiento como pasa a verse, lo que tambi\u00e9n impide que se configure la responsabilidad pretendida. <\/p>\n
Dentro de la cl\u00e1usula sexta del negocio jur\u00eddico se estipul\u00f3 que \u201c[e]l arrendatario no podr\u00e1:\u2026 6.2)- Incumplir el plan de riego establecido\u201d. Dentro de la prueba documental aportada en la contestaci\u00f3n de la demanda, la cual no fue controvertida, se evidencia\u2026 que el plan de riego de los lotes era de 10 hect\u00e1reas para el cultivo de arroz y 28 para cultivos secanos; por tanto, haberse sembrado 15 hect\u00e1reas de ma\u00edz y 15 hect\u00e1reas de arroz, contraviene el plan de riego. Con ello se incumple la prohibici\u00f3n contenida en el contrato, lo que resquebraja la voluntad contenida en el negocio jur\u00eddico celebrado. <\/p>\n
Resalt\u00f3, entonces, que la siembra en una superficie superior a la establecida tanto en el acuerdo de voluntades como en el distrito de riego desencaden\u00f3 el incumplimiento, por parte de los demandantes, de lo pactado en el contrato de arrendamiento, \u00aby ese comportamiento afect\u00f3 gravemente los intereses de la arrendadora\u00bb, pues la desatenci\u00f3n de esa cl\u00e1usula pod\u00eda llevarla a ser destinataria de sanciones administrativas, de manera que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la desatenci\u00f3n del contrato puesta en evidencia no era intrascendente. El fin perseguido por la demandada con el arrendamiento era la explotaci\u00f3n adecuada y regular de los lotes en cuesti\u00f3n. Por tanto, el desconocimiento del plan de riego representaba la posibilidad de que se truncase o entorpeciese esa finalidad por cuenta de eventuales sanciones. Ese incumplimiento fue de tal entidad que impide que los actores se alcen ahora contra el otro contratante. Bien se sabe que la reclamaci\u00f3n contractual impone que \u201cla parte que reclama por esa v\u00eda ha de estar por completo limpia de toda culpa, habiendo cumplido rigurosamente con sus obligaciones, al paso que sea la otra quien no haya hecho lo propio\u00bb. (\u00c9nfasis propio) <\/p>\n
Por dem\u00e1s, advirti\u00f3 que las pretensiones de los demandantes (arrendatarios) no ten\u00edan vocaci\u00f3n de prosperidad, aun cuando se concluyera que no hubo incumplimiento de su parte, dado que la baja productividad de la cosecha, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se debi\u00f3 propiamente a que la sociedad demandada incumpliese el contrato. Seg\u00fan esas declaraciones, provenientes de personas conocedoras del tema y de la regi\u00f3n, la extensi\u00f3n que se sembr\u00f3 en exceso produjo que se vertiese menos volumen de agua, lo que obliga a pensar que las plantaciones se desarrollaron en peores condiciones a las que suceden habitualmente. Si la cantidad de la cosecha es una cuando las condiciones de riego son id\u00f3neas, es obvio que dicho provecho disminuya cuando esas condiciones son menos favorables, para el caso, cuando el agua no es suficiente. Precisamente por esa raz\u00f3n exist\u00eda autorizaci\u00f3n para la explotaci\u00f3n de ciertas hect\u00e1reas, porque Usocoello da paso al agua necesaria para que cada sector alcance la mejor producci\u00f3n. En todo caso, si se tuviese por probado que el cultivo de los actores tuvo un anormal crecimiento, habr\u00eda que aceptar que esa merma que se pide indemnizar provino de su propio actuar. Las \u00e1reas sembradas por la parte demandante eran superiores a las aprobadas por el distrito de riego, exponi\u00e9ndose a los resultados que ahora le achaca a la demandada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por los accionantes son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretenden es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando los querellantes se\u00f1alan lo que, en su sentir, son yerros en la valoraci\u00f3n probatoria, lo que en realidad hacen es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior del proceso con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la sentencia objeto de revisi\u00f3n en tanto la decisi\u00f3n cuestionada no comporta desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s de que no es posible, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, censurar la hermen\u00e9utica del funcionario cognoscente, comoquiera que no se trata de una instancia adicional o paralela a las establecidas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes, intervinientes y a la colegiatura a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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