STC11020-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11020-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02687-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por BD Promotores Colombia S.A.S. -en liquidaci\u00f3n- contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las Superintendencias de Sociedades y de Industria y Comercio, as\u00ed como los intervinientes en el juicio de protecci\u00f3n al consumidor n\u00b0 2021-15699. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de su agente liquidador, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con el auto de 17 de junio de 2022, mediante el cual la magistratura encartada declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n (tramitado bajo las previsiones del Decreto 806 de 2020) que ella formul\u00f3 contra la sentencia de primera instancia de 12 de mayo de 2022, pese a que esa alzada fue cabalmente sustentada ante el juzgador de primer grado. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se dejen sin efecto el aludido prove\u00eddos y que, en su lugar, se ordene tramitar su impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia de Industria y Comercio hizo un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso de protecci\u00f3n al consumidor sobre el que versan las pretensiones, y dijo abstenerse de emitir juicios sobre la legalidad del auto por medio del cual el tribunal declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n formulada por la all\u00ed demandada. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades histori\u00f3 lo ocurrido en el juicio de reorganizaci\u00f3n (y posterior liquidaci\u00f3n) de la persona jur\u00eddica convocante. <\/p>\n
3. El abogado Germ\u00e1n Eduardo Gamarra Garc\u00eda dijo no tener ninguna relaci\u00f3n con los hechos que fundamentan la solicitud de amparo. <\/p>\n
4. Flor Alba Barrera D\u00edaz dijo coadyuvar la solicitud de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la demanda de tutela en estudio satisface el presupuesto de subsidiariedad y, de superarse lo anterior, si la magistratura convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas en el escrito introductor, al declarar desierta la apelaci\u00f3n formulada por quien aqu\u00ed acciona. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otros eventos, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura tal modalidad, dado que la parte accionante no formul\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que aqu\u00ed censura, de 17 de junio de 2022. Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u2019 (sentencia de 3 de agosto de 2011, exp. No. 11001-22-03-000-2011-00741-01)\u201d\u00bb (STC de 18 de marzo de 2013, exp. 2012-00176-02). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, se ha recalcado que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, la parte actora desaprovech\u00f3 la oportunidad con la que contaba para exponer ante el fallador cognoscente de segundo grado los argumentos que aqu\u00ed plante\u00f3, orientados a evidenciar la tempestiva sustentaci\u00f3n de su censura ante el fallador a quo, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (STC5331-2014 y STC5341-2014). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se denegar\u00e1 el resguardo, por cuanto la parte querellante no hizo uso del medio de control judicial pertinente para plantear ante la autoridad judicial encartada las irregularidades que aqu\u00ed esgrimi\u00f3 como fundamento de las pretensiones, omisi\u00f3n que torna inviable la protecci\u00f3n, en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario (art. 6\u00ba, num. 1\u00ba, D. 2591 de 1991). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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