STC11021-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11021-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02754-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Tayron Alfonso Palacios Mosquera le instaur\u00f3 a la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Ministerio del Interior, extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en la causa n\u00b0 11001-60-00-102-2020-00144-01 (Rad. Corte 00607). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante solicit\u00f3 se ordene \u00abla revocatoria de la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta contra (\u2026) Ariel Palacios Calder\u00f3n, y, consecuentemente permitir o asegurar su reintegro al cargo de [Gobernador del Departamento del Choc\u00f3] (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que el 27 de octubre de 2019 particip\u00f3 en las elecciones donde result\u00f3 elegido para el Cargo de Gobernador Ariel Palacios Calder\u00f3n, su posesi\u00f3n acaeci\u00f3 el 1\u00ba de enero de 2020, el 25 de marzo del a\u00f1o que avanza varios medios de comunicaci\u00f3n informaron sobre la imposici\u00f3n de una medida de aseguramiento al mandatario departamental, situaci\u00f3n que en su sentir vulnera sus derechos como sufragante aunado a la \u00abdiscriminaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la que h[an] sido objeto\u00bb, porque el Departamento del Choc\u00f3 ha tenido 11 gobernadores en menos de 10 a\u00f1os. <\/p>\n
2.- La Sala Especial de Primera Instancia, la Fiscal\u00eda Delegada y la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1 resistieron los anhelos. La magistratura de control de garant\u00edas del Tribunal de Bogot\u00e1 dijo que lo alegado le resultaba ajeno. El Ministerio del Interior esgrimi\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. Para el momento de elaboraci\u00f3n del proyecto no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El ruego implorado por Tayron Alfonso Palacios Mosquera no puede prosperar toda vez que no tiene legitimaci\u00f3n en la causa para buscar lo que aqu\u00ed persigue. Se afirma lo anterior, porque a pesar de la informalidad que se impone en este tipo de tr\u00e1mite preferente y sumario, el legislador ha establecido unas directrices encaminadas a identificar a los sujetos que se hallan facultados para incoarlo, ello, en aras de velar por su adecuado y efectivo empleo. As\u00ed, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 consagr\u00f3: <\/p>\n
LEGITIMIDAD E INTER\u00c9S. La acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. Tambi\u00e9n podr\u00e1 ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. <\/p>\n
Tal es la trascendencia del asunto que esta Corte de vieja data tiene asentado sobre el particular que: <\/p>\n
(\u2026), aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [canon] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aquellos (\u2026) (CSJ STC 13 dic. 2011, Rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02, STC2657-2021, reiterada en STC6328-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, revisado el escrito de tutela se observa que Palacios Mosquera no manifest\u00f3 obrar en este asunto en calidad de apoderado o agente oficioso de Ariel Palacios Calder\u00f3n, adem\u00e1s, no ostenta la representaci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales que invoca, toda vez que aunque \u00e9l busc\u00f3 solventar dicha situaci\u00f3n bajo el menoscabo de sus derechos pol\u00edticos, no se advierte que la actuaci\u00f3n criticada, esto es, la imposici\u00f3n de la medida de aseguramiento al Gobernador del Choc\u00f3, vulnere tales prerrogativas, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que el convocante no es parte en el proceso penal que se adelanta en contra de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Ahora, la supuesta afectaci\u00f3n de las garant\u00edas superiores del promotor en lo atinente a la representaci\u00f3n efectiva1, por la que fue designado Ariel Palacios Calder\u00f3n por los votantes contenida en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica2 y en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3, dichas prerrogativas s\u00f3lo facultan a los ciudadanos para participar activamente, ya sea como candidatos o votando en su designaci\u00f3n mediante el procedimiento electoral que garantice el ejercicio de tales potestades, pero ello no implica que por el hecho de haber participado en las elecciones del 27 de octubre de 2019, en las que sali\u00f3 elegido aqu\u00e9l, se pueda afirmar que la decisi\u00f3n de imponerle medida de aseguramiento sea trasgresora de los derechos superiores del actor, pues no es sino ver que la misma obedeci\u00f3 a las circunstancias especiales en que se desarrolla el proceso penal que se adelanta en contra del mandatario departamental. De igual manera importa resaltar que la garant\u00eda de representaci\u00f3n est\u00e1 siendo resguardada, tal como lo hizo saber la magistratura acusada, porque en su momento el gobierno central design\u00f3 en remplazo del procesado al Secretario del Interior de la misma Gobernaci\u00f3n, mientras la coalici\u00f3n por la que fue candidato presenta ante el ejecutivo la correspondiente terna. <\/p>\n
En un asunto que guarda simetr\u00eda con el aqu\u00ed ventilado tiene asentado el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional que, <\/p>\n
[l]os derechos pol\u00edticos no son absolutos y, en determinados casos, pueden estar sujetos a limitantes dependiendo de lo dispuesto por el legislador y las circunstancias propias de casa caso (\u2026) El derecho a la representaci\u00f3n pol\u00edtica efectiva es una manifestaci\u00f3n del derecho de participaci\u00f3n en la conformaci\u00f3n, ejercicio y control del poder pol\u00edtico y garantiza a los electores la materializaci\u00f3n del ejercicio del cargo y del desarrollo de las funciones de la persona que por expresi\u00f3n de la voluntad popular fue designada para ello. Pero la naturaleza del cargo no lo convierte en inamovible y ante la necesidad de proteger otros fines constitucionalmente imperiosos, como la moralidad administrativa y el adecuado funcionamiento del aparato estatal, es posible remover a los servidores p\u00fablicos de sus cargos, incluidos los de elecci\u00f3n popular (CC T-516 de 2014, citada en CSJ STC6722-2020). <\/p>\n
De otra parte, si lo pretendido por el activante es cuestionar la juridicidad de la medida de aseguramiento impuesta a Palacios Calder\u00f3n, adem\u00e1s de ser ajeno a la causa penal, tampoco acredit\u00f3 que el justiciable se encontrara en una situaci\u00f3n que le impidiera ejercer su propia defensa, de manera que se habilitara, eventualmente, la posibilidad de aceptar su mediaci\u00f3n en este asunto como agente oficioso, sobre lo cual se tiene dicho que, <\/p>\n
[e]n lo atinente a la \u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala. (CSJ STC2657-2021). <\/p>\n
Por lo expuesto, se negar\u00e1 por improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela solicitada por Tayron Alfonso Palacios Mosquera. Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y en caso de no ser impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Queja reiterada en escrito de 22 de agosto del presente a\u00f1o. <\/p>\n
2\u0002 (\u2026) Art. 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformaci\u00f3n, ejercicio y control del poder pol\u00edtico. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido (\u2026). <\/p>\n
3\u0002 (\u2026) Art. 23. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: (\u2026) b) de votar y ser elegidos en votaciones p\u00fablicas aut\u00e9nticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresi\u00f3n de la voluntad de los electores (\u2026). <\/p>\n
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