STC11022-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11022-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00644-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 15 de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor Jos\u00e9 \u00c1vila contra el Juzgado Treinta y Dos de Familia de esta ciudad y la Comisar\u00eda Quinta de Familia \u2013 Usme 1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar n\u00b0 2020-00052. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso y a la libertad personal, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas al resolver el desacato adelantado dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abel 31 de enero de 2020, mi hija \u2013 LUISA FERNANDA AVILA-, solicit\u00f3 una medida protecci\u00f3n en la Comisar\u00eda Quinta de Familia-Usme 1, por unos supuestos hechos de diferencias familiares entre el suscrito y las se\u00f1oras LUISA FERNANDA AVILA y MARTHA CECILIA PEREZ [esta \u00faltima, su ex compa\u00f1era permanente y madre de la primera]\u00bb, proceso en el cual \u00abel 7 de febrero de 2020, la comisar\u00eda impone medidas de protecci\u00f3n [y] el 17 de julio [del mismo a\u00f1o], la accionante solicit\u00f3 la apertura de un incidente (\u2026) porque supuestamente segu\u00edan actos \u201cviolentos\u201d por parte m\u00eda. Eventos que nunca fueron comprobados dentro del expediente\u00bb. <\/p>\n
Que la audiencia prevista para el 11 de agosto de 2020 se aplaz\u00f3 para el 31 del mismo mes y a\u00f1o, pues el d\u00eda anterior manifest\u00f3 su \u00abimposibilidad de acudir a la diligencia porque he padecido tres (3) derrames cerebrales y trombosis\u00bb, y \u00aba pesar de tal reprogramaci\u00f3n, no pude asistir porque me encontraba con coronavirus y aislado por restricci\u00f3n de los decretos distritales y nacionales, situaci\u00f3n que me imposibilit\u00f3 presentar la justificaci\u00f3n de inasistencia\u00bb. <\/p>\n
Que no obstante lo anterior, la Comisar\u00eda 5\u00aa de Familia \u00abfall\u00f3 que estaba en desacato de las medidas de protecci\u00f3n ordenadas (\u2026) y me mult\u00f3 con dos (2) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes. Adem\u00e1s, que no cuento con la solvencia econ\u00f3mica para pagar dicha multa porque devengo $1.200.000 mensual y el pago de dicha sanci\u00f3n rompe mi sostenimiento para tener una vida digna, porque debo sostenerme y socorrer a mi madre, que se encuentra en un grave estado de salud impidiendo el pago de tal sanci\u00f3n que no deb\u00f3 soportar porque mi hija [en entrevista ante la Fiscal\u00eda 8\u00aa de Bogot\u00e1 el 22 de octubre de 2020] expres\u00f3 que nunca acontecieron hechos violentos entre nosotros realmente\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 13 de marzo de 2022, de forma sorpresiva me informaron que me iban arrestar por seis (6) d\u00edas por el no pago de la multa por inasistencia\u00bb, y \u00abel 8 de junio de 2022, con el env\u00edo del expediente 052-2020 [la Comisar\u00eda] expres\u00f3 que la medida de arresto se encontraba valid\u00e1ndose por parte del Juzgado 32 de Familia de Bogot\u00e1\u00bb, por lo que al revisar el asunto \u00aben la baranda virtual, encontr\u00e9 que el 1\u00b0 de junio de 2022, ordenaron mi arresto cuando el incidente de protecci\u00f3n de medidas nunca tuvo un objeto real y luego de dos (2) a\u00f1os de inexistencia de eventos de violencia\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abformul\u00e9 el 14 de junio de 2022 una oposici\u00f3n a tal medida de arresto donde inform\u00e9 las irregularidades presentadas en el expediente y la abstracci\u00f3n de la realidad material del expediente. Lastimosamente por medio de auto del 17 de junio de 2022 el Juzgado de forma desprolija, se limit\u00f3 a indicar que la providencia del 1\u00b0 de junio no admit\u00eda recurso alguno\u00bb, y por ello, \u00abdicha medida de arresto se encuentra en ejecuci\u00f3n con tr\u00e1mite de oficios 703 y 704 con fecha 13 de junio de 2022, conforme la consulta en la baranda virtual\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que \u00abse le ordene a la Comisaria de Familia Quinta de Familia Usme 1, desestimar la medida de arresto por seis (6) d\u00edas validada por el Juzgado Treinta y Dos (32) de Familia de Bogot\u00e1 por medio del auto del 1\u00b0 de junio de 2022\u00bb, y se declare que dicho prove\u00eddo y el del 17 de junio de 2022, \u00abno tengan efectos y no sean ejecutados\u00bb. En subsidio, \u00abque se me conceda una forma de pago alternativa para la sanci\u00f3n de dos (2) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes por la inasistencia de la audiencia del 31 de agosto de 2020\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Treinta y Dos de Familia de Bogot\u00e1, tras referir la actuaci\u00f3n procesal surtida y remitir el link para acceder a ella, afirm\u00f3 que \u00aben ning\u00fan momento, se le ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante\u00bb, y por tanto solicit\u00f3 \u00abnegar la acci\u00f3n constitucional en contra de este Despacho Judicial\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisaria de Familia de Bogot\u00e1 Usme I, detall\u00f3 la actuaci\u00f3n procesal y se pronunci\u00f3 respecto de cada uno de los hechos, destacando sobre la versi\u00f3n que present\u00f3 una de las v\u00edctimas ante la Fiscal\u00eda, que \u00abel despacho realiz\u00f3 un an\u00e1lisis a la luz de la ley, la jurisprudencia en familia que enuncia par\u00e1metros muy puntuales respecto de la multiplicidad de violencia en contra de los NNA y de las mujeres, por lo que no es de recibo la insinuaci\u00f3n del tutelante\u00bb, recalcando \u00abque el delito de violencia intrafamiliar NO ES DESISTIBLE [y que] la Fiscal\u00eda lleva su proceso penal y la Comisaria de familia el suyo propio de manera independiente\u00bb. <\/p>\n
Frente a la excusa del actor para no concurrir a la audiencia en el tr\u00e1mite incidental, dijo que \u00abla incapacidad por su estado de salud no fue puesta antes a consideraci\u00f3n o en el desarrollo de la audiencia como lo manifiesta la ley, por lo que el despacho no pod\u00eda pronunciarse\u00bb, y que \u00abno desconoce la protecci\u00f3n que deviene de la edad, que en este caso es apenas la inicial, sin embargo es no exime de no ser agresor de su familia y en cuyo caso la ley o la jurisprudencia no le excepciona, como tampoco, le permite incumplir unas \u00f3rdenes dadas por este despacho en protecci\u00f3n de su hija y esposa, que fueron conocidas ampliamente por el aqu\u00ed tutelante\u00bb, por lo que \u00abes bastante il\u00f3gico argumentar los derechos de adulto mayor para que no se aplique sanciones legales por ser violento con su hija y esposa\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 tambi\u00e9n que \u00abla medida de protecci\u00f3n es de 2020, [por lo que] no es cierto que la violencia estuviera ausente ya que el incidente de incumplimiento se tramit\u00f3 en 2021, y cuando se hace exigible el cumplimiento de la sanci\u00f3n pasan meses (\u2026)\u00bb, y defendi\u00f3 la postura asumida por su despacho acotando que lo decidido \u00abno es solamente trabajo de la suscrita sino de un grupo de profesionales interdisciplinarios que permite establecer la violencia presente en el MP 52 de 2020\u00bb. Por lo anterior, pidi\u00f3 \u00abdesestimar por improcedente la acci\u00f3n constitucional formulada\u00bb. <\/p>\n
3. El Defensor de Familia del ICBF \u00abadscrito a juzgados\u00bb, conceptu\u00f3 que \u00aben este caso el juez de conocimiento respet\u00f3 el debido proceso, y las garant\u00edas propias de la parte, permitiendo que ejerciera su derecho de defensa dentro de la oportunidad procesal, cuya determinaci\u00f3n forj\u00f3 luego de hacer un an\u00e1lisis jur\u00eddico apropiado de las actuaciones, y de las medidas tomadas por la comisaria respetiva\u00bb, y en raz\u00f3n a que la tutela \u00abno se puede utilizar como recurso adicional (\u2026), tampoco [como] medio de presi\u00f3n para lograr que sus pretensiones sean reconocidas por fuera del procedimiento ordinario (\u2026), considero que la acci\u00f3n impetrada es a todas luces improcedente\u00bb. <\/p>\n
4. La Secretar\u00eda de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que el se\u00f1or \u00c1vila \u00abno registra ingreso a la C\u00e1rcel Distrital de Varones (\u2026), por lo que no es posible determinar que [la entidad] le haya vulnerado los derechos fundamentales que aduce\u00bb. Solicit\u00f3 se declare \u00abimprocedente el amparo\u00bb y se determine su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb, porque \u00abse evidencia falta de legitimaci\u00f3n material en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
5. La Fiscal 64 Delegada, adscrita a la Unidad de Violencia Intrafamiliar de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, as\u00ed como el Jefe de la Unidad de Violencia Intrafamiliar, informaron que la investigaci\u00f3n radicada bajo el n\u00b0 2020-04988 \u00abfue asignada el d\u00eda 05 de marzo de 2021\u00bb, y es \u00abconexa\u00bb a la n\u00b0 2020-05261, seguidas \u00aben contra del se\u00f1or H\u00e9ctor Jos\u00e9 \u00c1vila\u00bb, siendo denunciante Luisa Fernanda \u00c1vila P\u00e9rez y v\u00edctima Martha Cecilia P\u00e9rez Garc\u00eda, esta \u00faltima \u00abadelantada con ocasi\u00f3n al parecer de nuevos hechos de violencia intrafamiliar, [y que seg\u00fan la base de datos], se imparti\u00f3 orden a polic\u00eda judicial, a fin de escuchar en entrevista a las v\u00edctimas, a espera que la misma se materialice lo antes posibles, para toma de decisi\u00f3n y continuar con el impulso procesal\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la salvaguarda por ser \u00abinoportuna (\u2026), pues la definici\u00f3n [del incidente de desacato] se produjo con la [confirmaci\u00f3n de la sanci\u00f3n por parte del juzgado el] 17 de noviembre de 2020, y desde entonces al 5 de julio de 2022, fecha de interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela, transcurri\u00f3 m\u00e1s de a\u00f1o y medio\u00bb, sin que \u00ablos quebrantos de salud a que alude el quejoso [sirvan] al prop\u00f3sito de justificar la tardanza (\u2026), pues, adem\u00e1s de que los registros m\u00e9dicos entre octubre de 2020 y marzo de 2022, documentados en la historia cl\u00ednica (\u2026), no dan cuenta de una situaci\u00f3n incapacitante\u00bb. Aunado a ello, \u00ablas decisiones (\u2026), no son arbitrarias, al contrario, se soportan en una ex\u00e9gesis razonable acorde con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica evidenciada, por el contexto de sistem\u00e1tica violencia psicol\u00f3gica y econ\u00f3mica, ejercida por el incidentado en contra de su hija y expareja, que ameritaba la aplicaci\u00f3n de sanciones ante el incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n otrora impuestas en su contra, sumado ello a la aplicaci\u00f3n de los efectos del art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 575 de 2000 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la \u00abconversi\u00f3n de la multa en arresto ordenada en auto del 1\u00b0 de junio de 2022, la queja tambi\u00e9n es improcedente por faltar al presupuesto de la subsidiariedad, pues, dicha decisi\u00f3n susceptible de controversia mediante el recurso de reposici\u00f3n, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 7 de la Ley 294 de 1996, no fue cuestionada (\u2026), aun cuando fue notificada en el estado electr\u00f3nico No. 0053 del 2 de junio de 2022\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abm\u00e1s notoria es la inacci\u00f3n del accionante, si se considera que aquel estaba enterado del tr\u00e1mite de conversi\u00f3n seguido en su contra, desde el mes de marzo de 2022\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante para insistir, en extenso, sobre los argumentos de su demanda tutelar, y refutar los criterios adoptados por el a-quo para desestimar el auxilio, resaltando sobre la exigencia temporal, \u00abque las \u00faltimas actuaciones que han generado la vulneraci\u00f3n (\u2026) fueron los autos del primero (1) y diecisiete (17) de junio de 2022\u00bb, y en relaci\u00f3n con la subsidiariedad, que \u00abpor el intempestivo conocimiento de [la] orden de arresto, el catorce (14) de junio de 2022 proced\u00ed a oponerme a tal auto del primero (1) de junio de 2022, motivado en la teor\u00eda del antiprocesalismo que descarta la legalidad y vigor de decisiones\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface los requisitos de la inmediatez y la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el actor al resolver el desacato a las medidas de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar. <\/p>\n
Esto, porque si bien la censura se dirigi\u00f3 tambi\u00e9n contra lo dispuesto por la Comisar\u00eda Quinta de Familia \u2013 Usme 1, el actual estudio se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n de su superior funcional, por corresponder a la que resolvi\u00f3 el caso tra\u00eddo a este debate, pues tiene dicho esta Corte que \u00abes inane detenerse\u00bb en el examen de la decisi\u00f3n inicial cuando \u00e9sta, \u00abal haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, citada, entre otras, en STC9672-2022, 27 jul. 2022, rad. 00527-01). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Sala ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo, precisando que lo ser\u00e1 porque no alcanza a superar los presupuestos gen\u00e9ricos de la inmediatez y de la subsidiariedad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. De la inmediatez. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad se predica frente al ataque dirigido contra la definici\u00f3n del incidente de desacato a las medidas de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, pues la actuaci\u00f3n concerniente a la fijaci\u00f3n del monto, plazo y forma de pago de la multa como su eventual conversi\u00f3n en arresto, comprendida en providencia dictada por la Comisar\u00eda de Familia el 31 de agosto de 2020, fue confirmada por el Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogot\u00e1 en sede de consulta el 17 de noviembre de 2020, mientras la instauraci\u00f3n de esta querella tuvo lugar el 5 de julio de 2022, excediendo ampliamente el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover la tutela de manera tempestiva. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n, a tono con precedentes de la Corte Constitucional, reiteradamente ha dicho que la procedencia de la salvaguarda se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC9673-2022, 27 jul. 2022, rad. 00535-01). Se subraya. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea se ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada en STC10043-2022, 4 ago. 2022, rad. 01396-01, entre otras). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Tambi\u00e9n es necesario advertir que el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez no var\u00eda por el hecho de que el quejoso extienda su inconformidad -o la centre seg\u00fan el escrito de impugnaci\u00f3n-, en \u00ablos prove\u00eddos del mes de junio de 2022\u00bb, concretamente \u00ablos autos del primero (1) y diecisiete (17) de junio de 2022\u00bb, a trav\u00e9s de los cuales se valid\u00f3 la orden de arresto \u00abpor seis (6) d\u00edas debido a que no se realiz\u00f3 el pago de la sanci\u00f3n de dos (2) salarios m\u00ednimos\u00bb, y el que resolvi\u00f3 desfavorablemente la \u00aboposici\u00f3n\u00bb a tal medida, pues estos se produjeron como consecuencia de lo resuelto en el fallo del 17 de noviembre de 2020, y en esas circunstancias no se habilita el t\u00e9rmino para atacar en sede constitucional la decisi\u00f3n que el demandante estima afect\u00f3 sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Sobre la inviabilidad de retomar debates sobre aspectos procesales establecidos con antelaci\u00f3n en el juicio, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u00aba diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta\u2026 retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad \u2026que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio [de inmediatez]\u00bb (CSJ STC 27, may. 2011, exp, 00096-01, citada entre otras en STC9106-2021, 22 jul. 2021, rad. 00332-01). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de este requisito surge en la modalidad de incuria, comoquiera que el hoy reclamante, pese a haber sido notificado de la sanci\u00f3n por desacato a las medidas de protecci\u00f3n proferidas a favor de su hija y de su expareja sentimental, en lugar de gestionar la manera de solucionar el pago opt\u00f3 por omitir tal obligaci\u00f3n, al punto que frente al auto proferido por la Comisar\u00eda el 16 de marzo de 2022, en el que solicit\u00f3 al juzgado \u00abla conversi\u00f3n en arresto de la multa de dos (02) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, [a raz\u00f3n] de tres d\u00edas por cada salario m\u00ednimo mensual, [es decir] de seis (06) d\u00edas de arresto\u00bb, tambi\u00e9n guard\u00f3 silencio, pese a que contra esa decisi\u00f3n proced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, seg\u00fan el art\u00edculo 7\u00b0 de la ley 294 de 1996, modificado por el precepto 4\u00ba de la Ley 575 de 2000, para la imposici\u00f3n de sanciones por incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, \u00ab[l]a conversi\u00f3n en arresto se adoptar\u00e1 de plano mediante auto que s\u00f3lo tendr\u00e1 recursos de reposici\u00f3n, a raz\u00f3n de tres (3) d\u00edas por cada salario m\u00ednimo\u00bb; igualmente debe observarse que el art\u00edculo 17 de la misma normativa, establece que \u00abcuando a juicio de Comisario sean (sic) necesario ordenar el arresto, luego de practicar las pruebas y o\u00eddos los descargos, le pedir\u00e1 al Juez de Familia o Promiscuo de Familia, o en su defecto, al Civil Municipal o al Promiscuo que expida la orden correspondiente, lo que decidir\u00e1 dentro de las 48 horas siguientes\u00bb, procedimiento que se armoniza con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 10 del Decreto 652 de 2001. Se destaca. <\/p>\n
N\u00f3tese, seg\u00fan el expediente digital allegado, que el auto en comento fue transcrito en un aviso que el 18 de marzo de 2022, se fij\u00f3 en la puerta de acceso al inmueble que el sancionado se\u00f1al\u00f3 como lugar para recibir notificaciones, y ante tal determinaci\u00f3n, nuevamente fue silente el comportamiento del se\u00f1or \u00c1vila, es decir, no interpuso el recurso de reposici\u00f3n de que era susceptible dicho prove\u00eddo, pues ha de recordarse que \u00abel funcionario que expidi\u00f3 la orden de protecci\u00f3n mantendr\u00e1 la competencia para la ejecuci\u00f3n y el cumplimiento\u00bb (art\u00edculos 7\u00ba y 17 de la Ley 294 de 1996, modificados por los preceptos 4\u00ba y 11 de la Ley 575 de 2000, respectivamente). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, el ac\u00e1 accionante desaprovech\u00f3 la oportunidad para refutar la resoluci\u00f3n, utilizando para ello las herramientas jur\u00eddicas consagradas para tales efectos, y de all\u00ed emerge la improcedencia del resguardo por el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato, pues ese es un criterio insuperable que corresponde confirmar, por constituirse en impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, desde sus albores la jurisprudencia constitucional ha precisado que esta acci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab…no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que, al no haberse acreditado el agotamiento de los medios de defensa, cuya aptitud e idoneidad no est\u00e1 en entredicho, el estudio de fondo de esta acci\u00f3n se torna improcedente, pues a ello se procede cuando la parte actora ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para exponer su requerimiento, y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual, en el caso sub j\u00fadice, no acontece. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC6125-2022, 19 may. 2022, rad. 00029-01). <\/p>\n
Ahora, sobre la p\u00e9rdida de validez y efectos jur\u00eddicos de decisiones ejecutoriadas -aducida por el impugnante-, esta Sala, a tono con la jurisprudencia constitucional, ha dicho que no es dable utilizar dicha figura jur\u00eddica para que la parte afectada con una decisi\u00f3n haga manifiesta su inconformidad, si \u00e9sta dej\u00f3 de atacarla por los conductos regulares previstos por el ordenamiento legal, y tampoco puede ser invocada para que el juez corrija de oficio cualquier equivocaci\u00f3n; todo esto, en defensa de importantes principios como el de la seguridad jur\u00eddica, buena fe, presunci\u00f3n de veracidad y confianza leg\u00edtima, y procesales como el de preclusi\u00f3n. <\/p>\n
En estas circunstancias, cuando sin mediar justificaci\u00f3n que amerite flexibilizar el requisito de la subsidiariedad, el actor invoca la tutela sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reclamo o lo hace de manera defectuosa o incompleta, la Corte ha dicho y reiterado que este instrumento jur\u00eddico no tiene cabida, pues en raz\u00f3n a su propia incuria, queda sujeto a las consecuencias de la determinaci\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
Finalmente, sobre la posibilidad de conceder la tutela de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubieran probado las exigencias para ello, pues en esas condiciones se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada, entre otras, en STC193-2022, 19 ene. 2022, rad. 00320-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, por incumplir los esenciales requisitos generales de la inmediatez y la subsidiariedad, se impone avalar la declaraci\u00f3n de improcedencia del amparo, advirtiendo que no se evidencia motivo que excuse la demora en su invocaci\u00f3n y tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgarlo como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11022-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11022-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00644-01 Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66253","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66253","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66253"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66253\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66253"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66253"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66253"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}