STC11024-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11024-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01168-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 14 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio Rojas Ortiz contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2016-00086. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la colegiatura convocada. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, el 4 de octubre de 2021 elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n a la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 con el fin de obtener informaci\u00f3n acerca del cumplimiento dado al fallo de tutela STP17607-2017, mediante el cual, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, concedi\u00f3 el amparo all\u00ed deprecado y le orden\u00f3 al Juzgado 1\u00ba Penal Circuito de El Espinal, emitir \u00abun auto adicional, a trav\u00e9s del cual realizara el estudio pertinente frente al restablecimiento del derecho de la v\u00edctima y la eventual cancelaci\u00f3n de registros obtenidos fraudulentamente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, el 26 de octubre de esa anualidad, insisti\u00f3 en la petici\u00f3n, esta vez, para que se complemente la respuesta brindada a la anterior y que se aclare \u00absi el auto ordenado en la sentencia STP1707-2017 es interlocutorio o de c\u00famplase y en qu\u00e9 p\u00e1gina y p\u00e1rrafo de la parte considerativa se dio la orden\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el 18 de febrero de 2022 reiter\u00f3 sus requerimientos con extensi\u00f3n a los restantes integrantes de la Sala Penal de esa colegiatura. El 11 de marzo de 2022 impetr\u00f3 una nueva solicitud para que le informaran \u00abqui\u00e9n iba a resolver sus solicitudes de cumplimiento del fallo de tutela\u00bb pues, en su criterio, los magistrados accionados se hallaban impedidos para adoptar una decisi\u00f3n al respecto. <\/p>\n
Considera que las respuestas dadas por el tribunal, a trav\u00e9s de autos emitidos el 12 de octubre y el 3 de noviembre de 2021; el 25 de febrero y 18 de marzo de 2022, respecto de cada uno de sus pedimentos \u00abno fueron asertivas ni congruentes con lo requerido, por ende, resultan violatorias de su derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, se ordene a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 (Ivanov Arteaga Guzm\u00e1n, H\u00e9ctor Hern\u00e1ndez Quintero y el Conjuez Julio Andr\u00e9s Lozano Lopera) \u00abresponder de forma asertiva (claro, concreto y conciso) mis solicitudes de consulta omitidas o evadidas a mis derechos de petici\u00f3n de fechas 26 de octubre de 2021, 18 de febrero de 2022 y 11 de marzo de 2022\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El auxiliar judicial de la Sala 06 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en respuesta a la tutela, anex\u00f3 las dos \u00faltimas respuestas que la magistrada Julieta Isabel Mej\u00eda Arcila brind\u00f3 a las \u00faltimas tutelas a las fue vinculada y en las que tambi\u00e9n obra como accionante Julio Rojas Ortiz. <\/p>\n
2. El magistrado Luis Giovanni S\u00e1nchez C\u00f3rdoba, perteneciente a la Sala 03 Penal del Tribunal accionado inform\u00f3 que, a ese despacho le correspondi\u00f3 conocer el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra el auto de 18 de noviembre de 2017 proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito del Espinal, que neg\u00f3 una cancelaci\u00f3n de matr\u00edcula inmobiliaria, dentro del proceso penal bajo radicado 2016-00086, el mismo se resolvi\u00f3 en providencia de 20 de abril de 2018. Precis\u00f3 que, de acuerdo con la informaci\u00f3n suministrada por la Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n, no se encontr\u00f3 petici\u00f3n del accionante pendiente de resolver. <\/p>\n
3. El magistrado Ivanov Arteaga Guzm\u00e1n, integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 hizo un recuento de las actuaciones relacionadas con las peticiones presentadas por Rojas Ortiz y contextualiz\u00f3 que, con ocasi\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela interpuesta por aqu\u00e9l contra el Juzgado Primero Penal del Circuito de El Espinal, (que conoci\u00f3 en primer grado esa colegiatura) la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en sede de impugnaci\u00f3n, concedi\u00f3 el amparo (26 de octubre de 2017) y orden\u00f3 a ese despacho judicial emitir un auto adicional en el cual \u00abrealizara un estudio frente al restablecimiento del derecho de la v\u00edctima y la eventual cancelaci\u00f3n de registros obtenidos fraudulentamente\u00bb (al interior de un proceso por fraude procesal), mandato constitucional que cumpli\u00f3 mediante prove\u00eddo del 28 de noviembre de 2017 en el que, sin embargo, decidi\u00f3 negar la cancelaci\u00f3n de registros deprecada, decisi\u00f3n respecto de la cual el actor promovi\u00f3 varios incidentes de desacato, adem\u00e1s de recusar a todos los magistrados que conocieron del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Posteriormente, cont\u00f3 que, con auto del 5 de noviembre de 2020, el tribunal finaliz\u00f3 el incidente de desacato declarando que hubo cabal cumplimiento a la acci\u00f3n de tutela, decisi\u00f3n contra la cual, Rojas Ortiz formul\u00f3 un nuevo resguardo, que fue denegado en ambas instancias. <\/p>\n
Finalmente, asegur\u00f3 que, cada una de las peticiones que ha elevado el gestor han sido respondidas de forma clara, de fondo y comunicadas, y se le ha explicado \u00abde diversas maneras la imposibilidad jur\u00eddica de dar apertura forma a un incidente de desacato por el referido fallo de tutela, en tanto, seg\u00fan se le ha precisado reiteradamente, resulta inviable otra vez entrar a debatir el tema materia sustancial objeto de la decisi\u00f3n tuitiva en comento y mucho menos a trav\u00e9s de la presentaci\u00f3n de un derecho de petici\u00f3n, toda vez que, tales solicitudes no tienen una finalidad distinta a que se abra una nueva oportunidad para establecer si se dio o no cumplimiento a la tantas mencionada sentencia de tutela\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al no advertir vulneraci\u00f3n concreta pues, seg\u00fan pudo constatar, con prove\u00eddos del 12 de octubre y 3 de noviembre de 2021 y 18 de marzo de 2022, el tribunal accionado se pronunci\u00f3 de fondo frente a los requerimientos elevados por el actor, \u00ablo anterior, sin importar que la respuesta no sea positiva, pues ello no constituye presupuesto necesario para tener por satisfecha la garant\u00eda superior invocada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso reiterando las alegaciones del escrito inicial, esto es, insistiendo en que las contestaciones a sus peticiones por parte del tribunal accionado no fueron de fondo, fueron evasivas e incongruentes, pues, \u00abmi prop\u00f3sito acompa\u00f1ado con la petici\u00f3n del 11 de marzo de 2022 era demostrarles a los magistrados [\u2026] sus irregularidades dentro del proceso de tutela y [\u2026] de qu\u00e9 manera se pod\u00edan subsanar para no continuar violando mis derechos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada al no responder de fondo a las peticiones elevadas por el querellante el 26 de octubre de 2021, 18 de febrero de 2022 y 11 de marzo de 2022, encaminadas, de manera general, a que se le aclare el contenido de la sentencia de tutela STP17607-2017 de 26 de octubre de 2017 \u2013 radicado 2017-605 (proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal) que revoc\u00f3 la emitida por ese tribunal en primera instancia y concedi\u00f3 la salvaguarda en su favor, ordenando al Juzgado Primero Penal del Circuito de El Espinal (en el proceso penal 2016-00086) que emitiera un auto adicional donde estudiara la pertinencia jur\u00eddica de la cancelaci\u00f3n de registros obtenidos fraudulentamente; as\u00ed mismo, para que \u00ablos magistrados integrantes de la Sala informen si son competentes para resolver eventuales solicitudes de cumplimiento de dicho fallo\u00bb. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, entre otras) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9112-2015, 23 abr. 2015, rad. 00304-01) <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. De acuerdo a lo expuesto, cuando el derecho de petici\u00f3n, en su contenido y prop\u00f3sito involucra aspectos propios de un tr\u00e1mite procesal, resulta claramente improcedente su reclamo por esta senda excepcional, como es el caso de los escritos que present\u00f3 el ac\u00e1 tutelante los d\u00edas 4 y 26 de octubre de 2021, 18 de febrero y 11 de marzo de 2022, todos ellos intr\u00ednsecamente relacionados con la acci\u00f3n de tutela radicado 2017-00605 y el proceso penal 2016-00086 (por el delito de fraude procesal en el que el actor fue v\u00edctima). <\/p>\n
De manera que, requerimientos de ese tenor no es posible asemejarlos con la garant\u00eda del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica ni con los presupuestos jurisprudenciales y normativos que la reglamentan, por lo que, en esa medida, seg\u00fan lo explica la jurisprudencia citada, no es posible atribuirle a la colegiatura demandada omisi\u00f3n alguna respecto a las peticiones aludidas por el quejoso. <\/p>\n
4.2. Ahora, si en gracia de discusi\u00f3n se permitiera invocar la referida prerrogativa para los fines perseguidos por el accionante, esto es, propiciar un pronunciamiento espec\u00edfico frente a los asuntos judiciales que le incumbe resolver, el tribunal accionado ciertamente lo hizo, y oportunamente, en autos de 12 de octubre y 3 noviembre de 2021 (tambi\u00e9n mediante oficio de 26 de febrero de 2022 que respondi\u00f3 a la del 18 de ese mes); y, del 18 de marzo de la presente anualidad. <\/p>\n
4.2.1. En el primero de ellos (12 de octubre de 2021 en respuesta a petici\u00f3n del 4 de octubre) el magistrado Arteaga Guzm\u00e1n le precis\u00f3 al actor que la sentencia de tutela STP17607-2017 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, le orden\u00f3 al Juzgado Primero Penal del Circuito de El Espinal \u00abemitir un auto adicional al dictado el 27 de julio de 2017 mediante el cual se precluy\u00f3 la actuaci\u00f3n por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal correspondiente al delito all\u00ed investigado, a trav\u00e9s del cual se realizara el estudio en relaci\u00f3n con el restablecimiento del derecho a la v\u00edctima y la eventual cancelaci\u00f3n de registros obtenidos fraudulentamente, teniendo en cuentas las consideraciones expuestas en la misma decisi\u00f3n\u00bb. As\u00ed mismo, le explic\u00f3 que, el prove\u00eddo del 20 de noviembre de 2020 en el tr\u00e1mite incidental de desacato, declar\u00f3 el cumplimiento a la referida orden constitucional por parte del juzgado incidentado con la emisi\u00f3n del auto del 28 de noviembre de 2017, aclar\u00e1ndole que \u00aben manera alguna, la Sala de Casaci\u00f3n Penal orden\u00f3 complementar el auto adicional al auto preclusivo de 27 de julio 2017\u00bb. <\/p>\n
4.2.2. En el segundo (auto de 3 de noviembre de 2021), con el que respondi\u00f3 a la solicitud de aclaraci\u00f3n de, si la sentencia de tutela STP17607-2017 fue \u00abinterlocutoria o de c\u00famplase\u00bb y que se le indicara \u00aben qu\u00e9 segmento de la parte considerativa se dio la orden\u00bb; le explicit\u00f3 que, \u00absus reparos iban orientados a cuestionar los fundamentos factuales, probatorios y jur\u00eddicos expuestos en el aludido fallo de tutela\u00bb, y resalt\u00f3 que, en la contestaci\u00f3n del 12 de octubre de 2021 \u00absimplemente se cit\u00f3 lo que la Sala de Casaci\u00f3n Penal expuso en la decisi\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
4.2.3. Finalmente, el 18 de marzo de este a\u00f1o (luego de contestarle en oficio de 26 de febrero su petici\u00f3n del 18 de febrero, que deb\u00eda estarse a lo se\u00f1alado en auto del 3 de noviembre de 2021), el magistrado accionado, resolviendo la petici\u00f3n del d\u00eda 11 de ese mes, allegada por Rojas Ortiz, adem\u00e1s de reiterar las razones por las que esa corporaci\u00f3n discurri\u00f3 que el Juzgado Primero Penal del Circuito de El Espinal acat\u00f3 el fallo de tutela aludido \u2013 auto de 5 de noviembre de 2020 \u2013 le record\u00f3 igualmente que, la tutela que interpuso contra esta \u00faltima determinaci\u00f3n fue denegada por la misma Sala de Casaci\u00f3n Penal el 19 de enero de 2021 \u00abal considerar que lo pretendido por aqu\u00e9l era reabrir un debate ya zanjado en las instancia como consecuencia de una orden constitucional que, en su momento, salvaguard\u00f3 sus derechos fundamentales, so pretexto de su incumplimiento, por encontrarse en desacuerdo con la decisi\u00f3n adoptada por el juez natural de la causa, la cual se halla precedida de una an\u00e1lisis razonable y debidamente fundamentado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en consideraci\u00f3n de lo rese\u00f1ado, bien puede descartarse la posible afectaci\u00f3n al debido proceso por parte de la magistratura acusada porque, contrario a lo arg\u00fcido por el tutelante, aqu\u00e9lla absolvi\u00f3 sus requerimientos a trav\u00e9s de los referidos pronunciamientos, en los que se le aclar\u00f3 el sentido de la orden dada en la sentencia de tutela STP17607-2017 de la Hom\u00f3loga Penal y los motivos por los cuales tuvo por cumplido lo all\u00ed dispuesto (en el tr\u00e1mite incidental de desacato) por parte del juzgado accionado. <\/p>\n
Es decir, en criterio de esta Sala, las respuestas brindadas se aprecian razonables, siendo su contenido conforme con los pedimentos y seg\u00fan fueron planteados. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11024-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC11024-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01168-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66255","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66255","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66255"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66255\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66255"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66255"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66255"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}