STC11026-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC11026-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02697-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Alexander Francisco Amaya P\u00e9rez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y la Subdirecci\u00f3n de Asuntos Jurisdiccionales de la Direcci\u00f3n Nacional de Derecho de Autor, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de verbal de infracci\u00f3n de derechos de autor 2018-09365. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente mecanismo para reclamar el resguardo de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00aba los derechos morales de autor y a la honra\u00bb. <\/p>\n
2. Dice que promovi\u00f3 la demanda declarativa indicada en p\u00e1rrafos precedentes contra Foxtelecolombia S.A. y RCN Televisi\u00f3n S.A., puesto que \u00abde forma arbitraria e injusta modificaron y mutilaron [su] interpretaci\u00f3n\u2026 plasmada en audios e im\u00e1genes\u2026 dentro de la producci\u00f3n [televisiva] \u201cEl Capo III\u201d\u00bb lo que \u00abha perjudicado irremediablemente [su] honor y [su] reputaci\u00f3n como actor\u2026 su fuero interno y vida econ\u00f3mica por las circunstancias econ\u00f3micas negativas de no mostrar su aparici\u00f3n en una telenovela de esta envergadura\u00bb <\/p>\n
Refiere que la actuaci\u00f3n fue adelantada por la Subdirecci\u00f3n de Asuntos Jurisdiccionales de la Direcci\u00f3n Nacional de Derecho de Autor, autoridad que luego de agotadas las etapas procesales respectivas, profiri\u00f3 fallo desestimatorio el 11 de diciembre de 2019. <\/p>\n
Contra tal determinaci\u00f3n, afirma, formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, resuelto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 10 de marzo confirmando la decisi\u00f3n adoptada en primera instancia. <\/p>\n
3. Acusa los prove\u00eddos de adolecer de defecto f\u00e1ctico puesto que los falladores desconocieron tanto la interpretaci\u00f3n prejudicial dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como las pruebas que daban cuenta \u00abque la intenci\u00f3n de modificar las escenas donde figuraba\u2026 no era precisamente [la] de mejorar la serie\u00bb, sino un \u00e1nimo \u00abvengativ[o]\u2026 por las reclamaciones que\u2026 hab\u00eda hecho para mejorar [sus] condiciones laborales\u00bb. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, que se ordene a la colegiatura ad quem \u00abse sirva proferir una sentencia que le ordene a FOX TELECOLOMBIA y RCN un resarcimiento econ\u00f3mico\u2026 por la mutilaci\u00f3n de sus escenas en la serie del CAPO III a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por la violaci\u00f3n de sus derechos morales de autor [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la determinaci\u00f3n cuestionada advirti\u00f3 que \u00abcontrario a lo afirmado por el accionante\u2026 en la sentencia\u2026 se abord\u00f3 el estudio de los reparos concretos a partir de un an\u00e1lisis integral de la interpretaci\u00f3n prejudicial remitida por el TJCA, as\u00ed como con base en las pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n\u00bb por lo que se atiene a los razonamientos en ella vertidos. <\/p>\n
2. La jefe de la Oficina Jur\u00eddica de la Direcci\u00f3n Nacional de Derecho de Autor se opuso a la prosperidad del resguardo en tanto no puede ser utilizado a modo de tercera instancia \u00abpara el estudio de las pretensiones\u00bb que no fueron acogidas por los falladores ordinarios. <\/p>\n
En efecto, advirti\u00f3, \u00abel tutelante transcribe los hechos de la demanda\u2026 insist[iendo] en las razones esbozadas\u00bb en el proceso, por lo que, \u00abal ser vencido en ambas instancias busca convertir esta acci\u00f3n constitucional en un recurso o instancia adicional para que se tomen decisiones diferentes\u2026 desnaturalizando la acci\u00f3n constitucional [SIC]\u00bb. <\/p>\n
3. Unas personas que dijeron ser (i) \u00abrepresentante legal\u00bb de RCN Televisi\u00f3n S.A.1 y (ii) \u00abapoderada general\u00bb de TIS Productions Colombia S.A.S. (antes Foxtelecolombia S.A.)2 solicitaron desestimar la salvaguarda habida consideraci\u00f3n que, de un lado \u00ablos jueces analizaron a fondo el caso y determinaron, bajo fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, que no era posible acceder a las pretensiones del hoy accionante ya que la supuesta vulneraci\u00f3n por \u00e9l alegada era inexistente\u00bb y, de otro, la corporaci\u00f3n judicial de segundo grado \u00abacogi\u00f3 la interpretaci\u00f3n 142-IP-2020 [del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina]\u2026 para emitir sentencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por Alexander Francisco Amaya P\u00e9rez, con la expedici\u00f3n de la sentencia del pasado 10 de marzo, por medio del cual confirm\u00f3 la proferida por la Subdirecci\u00f3n de Asuntos Jurisdiccionales de la Direcci\u00f3n Nacional de Derecho de Autor el 11 de diciembre de 2019 que desestim\u00f3 las pretensiones formuladas por aquel al interior del asunto declarativo 2018-09365 seguido contra Foxtelecolombia S.A. (hoy TIS Productions Colombia S.A.S.) y RCN Televisi\u00f3n S.A., incurriendo, supuestamente, en \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb por no realizar una valoraci\u00f3n integral del material probatorio acopiado y apartarse injustificadamente de la interpretaci\u00f3n prejudicial emanada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. <\/p>\n
Lo anterior porque, si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida por la Sala Civil de la aludida corporaci\u00f3n, en tanto fue la que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada, pues tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfil[e] su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Auscultados los argumentos en que se sustenta la presente queja, observa la Corte que ninguna irregularidad se deriva del fallo por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales aplicables, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el juicio ordinario y la interpretaci\u00f3n prejudicial del Tribunal Andino. <\/p>\n
En efecto la corporaci\u00f3n judicial, previo a abordar el estudio de los reparos formulados por el promotor del proceso (accionante en esta oportunidad) frente a la sentencia de primer grado, advirti\u00f3 que se encontraba al margen de la discusi\u00f3n \u00aba) la categorizaci\u00f3n de actor de reparto que la primera instancia atribuy\u00f3 al demandante\u2026 dentro de la producci\u00f3n televisiva\u2026; y b) la autorizaci\u00f3n expresa que el demandante otorg\u00f3 a sus oponentes para fijar su interpretaci\u00f3n en la mencionada obra audiovisual\u00bb. <\/p>\n
A partir de all\u00ed identific\u00f3 como problemas jur\u00eddicos \u00abestablecer, de un lado, si las demandadas infringieron los derechos patrimoniales del artista int\u00e9rprete\u2026 y, de otro, si se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n del derecho moral de integridad del se\u00f1or Amaya Quintero, como consecuencia del menoscabo a su reputaci\u00f3n art\u00edstica, con motivo de la edici\u00f3n que las demandadas hicieron de las escenas en las que particip\u00f3\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, rememor\u00f3 la diferencia entre \u00ab\u201cautor\u201d y \u201cartista int\u00e9rprete o ejecutante\u201d\u00bb al amparo de la reglamentaci\u00f3n supranacional (Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993 y Convenci\u00f3n de Roma sobre la Protecci\u00f3n de los Artistas Int\u00e9rpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusi\u00f3n) y en consonancia con la Interpretaci\u00f3n Prejudicial del TJCA 142-IP-20203, advirtiendo que, para el caso de una obra audiovisual como aquella sobre la cual versaba el proceso, el derecho de autor se encontraba radicado en cabeza del creador, mientras que el int\u00e9rprete \u00abapenas es titular de un derecho derivado o conexo\u00bb, de manera que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es considerado, bajo ninguna circunstancia, coautor de la obra audiovisual, por lo que no goza de las prerrogativas patrimoniales y morales que se dispensan a este tipo de personas. Su protecci\u00f3n tan solo est\u00e1 circunscrita al cat\u00e1logo de derechos reconocidos por el r\u00e9gimen de derechos conexos (\u2026) <\/p>\n
As\u00ed lo explic\u00f3 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretaci\u00f3n prejudicial que rindi\u00f3 para este proceso, en la que se\u00f1al\u00f3 que \u201c\u2026 la actuaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de un actor solo se entiende y adquiere significado como parte (o dentro) de la pel\u00edcula, por lo que dicho actor solo podr\u00eda ser titular de derechos conexos sobre su actuaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n\u201d (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 que los int\u00e9rpretes y ejecutantes gozaban de prerrogativas de tipo patrimoniales, \u00aba las que se limit\u00f3 la apelaci\u00f3n\u00bb, otorgadas por la legislaci\u00f3n interna (Ley 23 de 1982) y la comunitaria (Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993) tales como la \u00abfacultad de \u201cautorizar o prohibir\u201d: a) la fijaci\u00f3n; b) la reproducci\u00f3n; c) la comunicaci\u00f3n al p\u00fablico; d) la transmisi\u00f3n, o en general, \u201ccualquier otra forma de utilizaci\u00f3n de sus interpretaciones o ejecuciones\u201d y que, por ser garant\u00edas disponibles, una vez autorizada la fijaci\u00f3n \u00abse extingue el derecho que tiene el artista int\u00e9rprete para restringir la comunicaci\u00f3n al p\u00fablico y explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de la obra que incorpora su interpretaci\u00f3n\u00bb quedando, entonces, \u00abradicado en el autor de la obra audiovisual\u00bb, por virtud de la aquiescencia del ejecutante. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) As\u00ed lo explic\u00f3 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al se\u00f1alar que \u201cel artista int\u00e9rprete o ejecutante que forma parte de una obra audiovisual no goza del derecho exclusivo de comunicaci\u00f3n p\u00fablica sobre sus interpretaciones fijadas, pues se entiende que estas han sido fijadas con su autorizaci\u00f3n previa y expresa, en una obra audiovisual cuyos derechos de explotaci\u00f3n -incluyendo la comunicaci\u00f3n p\u00fablica- le corresponden al productor\u201d (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De all\u00ed que resultara innecesaria la \u00abcesi\u00f3n de derechos patrimoniales\u00bb por parte del demandante, pues la autorizaci\u00f3n del int\u00e9rprete otorga al director \u00ablos derechos de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de la obra audiovisual\u2026 tanto m\u00e1s cuando, por virtud de su asentimiento, cesa el derecho que tiene de prohibir la fijaci\u00f3n, reproducci\u00f3n y comunicaci\u00f3n al p\u00fablico de sus interpretaciones o ejecuciones\u00bb, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional (C-912 de 2011). <\/p>\n
No obstante lo anterior, advirti\u00f3 que la renuncia o la autorizaci\u00f3n se\u00f1alada precedentemente, no conllevaba la extinci\u00f3n del derecho a la \u00abremuneraci\u00f3n equitativa\u00bb establecida en la Ley 1403 de 2010, la cual, si bien no est\u00e1 contemplada a nivel regional, \u00abno se opone a la regulaci\u00f3n andina, porque, seg\u00fan explic\u00f3 el TJCA, \u201c\u2026las disposiciones consagradas en la norma comunitaria establecen, de modo general, un est\u00e1ndar m\u00ednimo de protecci\u00f3n de los derechos de autor y de los derechos conexos. As\u00ed, de conformidad con el principio de complemento indispensable, las legislaciones internas de los pa\u00edses miembros pueden consagrar el reconocimiento de otros derechos a los autores, as\u00ed como a los artistas int\u00e9rpretes o ejecutantes; y, del mismo modo, pueden ampliar su contenido y alcance, as\u00ed como establecer diferentes mecanismos de tutela\u201d (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Empero, indic\u00f3 que la satisfacci\u00f3n de tal garant\u00eda de \u00edndole patrimonial no correspond\u00eda a las demandadas Foxtelecolombia S.A. y RCN Televisi\u00f3n S.A., dado que la primera \u00abfue la productora de la obra audiovisual, pero no quien la comunic\u00f3, puso a disposici\u00f3n o alquil\u00f3 al p\u00fablico\u00bb mientras que la segunda, si bien \u00abcomunic\u00f3 al p\u00fablico colombiano la obra audiovisual \u201cEl Capo III, no lo es menos que en ella no aparece fijada la interpretaci\u00f3n del se\u00f1or Amaya P\u00e9rez\u00bb por lo que se incumple la exigencia consagrada en el par\u00e1grafo 1\u00ba de la Ley 1403 de 2010 para la determinaci\u00f3n de la mentada remuneraci\u00f3n \u00abconcerniente a que en la obra audiovisual aparezca fijada la interpretaci\u00f3n o ejecuci\u00f3n del artista\u00bb, concluyendo as\u00ed, que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) con prescindencia de la eventual vulneraci\u00f3n al derecho moral de integridad del artista int\u00e9rprete, que qued\u00f3 al margen de la apelaci\u00f3n seg\u00fan se advirti\u00f3 al comienzo de esta providencia, es punto pac\u00edfico que la radiodifusi\u00f3n de la obra audiovisual \u201cEl Capo III\u201d a cargo de RCN no incluy\u00f3 las escenas interpretadas por el se\u00f1or Amaya P\u00e9rez, vicisitud que hace inviable la remuneraci\u00f3n equitativa solicitada por el demandante en relaci\u00f3n con esa compa\u00f1\u00eda (\u2026)\u00bb (\u00c9nfasis propio de la Sala). <\/p>\n
Adicionalmente, advirti\u00f3 que, dada la afiliaci\u00f3n de Amaya P\u00e9rez a la Sociedad de Gesti\u00f3n Colectiva Actores, la reclamaci\u00f3n del derecho de remuneraci\u00f3n deb\u00eda hacerse por conducto de dicha persona jur\u00eddica \u00abde conformidad con lo previsto en el inciso 2\u00ba del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 168 de la Leu 23 de 1982, adicionado por la Ley 1403 de 2010\u2026 tanto m\u00e1s cuando\u2026 RCN\u2026 tiene suscrito un convenio con la sociedad\u2026 para el pago de una tarifa anual por la comunicaci\u00f3n p\u00fablica de obras audiovisuales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la colegiatura accionada abord\u00f3 el reparo relativo al no reconocimiento de derechos morales del demandante, el cual se sustent\u00f3 en que \u00abal haber editado o modificado las escenas que interpret\u00f3, las demandadas le causaron una afectaci\u00f3n a \u201csu fuero interno\u201d y a su reputaci\u00f3n actoral, pues se le priv\u00f3 de ampliar su experiencia en el \u00e1mbito actoral colombiano\u00bb. <\/p>\n
Para ello, efectu\u00f3 un recuento de la legislaci\u00f3n comunitaria andina y la interna en lo referente a la diferenciaci\u00f3n de los derechos morales del autor y de los int\u00e9rpretes o ejecutores de obras audiovisuales, resaltando que en los segundos, dichas prerrogativas se limitan a \u00aba) exigir que su nombre figure o est\u00e9 asociado a cada interpretaci\u00f3n o ejecuci\u00f3n que se realice; y b) oponerse a toda deformaci\u00f3n, mutilaci\u00f3n o cualquier otro atentado sobre su interpretaci\u00f3n o ejecuci\u00f3n que pueda lesionar su prestigio o reputaci\u00f3n\u00bb, en consonancia con la Interpretaci\u00f3n Prejudicial realizada por el Tribunal Andino para el caso concreto. <\/p>\n
As\u00ed, con apoyo del material probatorio obrante concluy\u00f3 que, si bien las escenas interpretadas por el demandante para la producci\u00f3n televisiva fueron editadas o modificadas en la radiodifusi\u00f3n realizada por RCN para el p\u00fablico colombiano, \u00abno se logr\u00f3 establecer que\u2026 tuviera como prop\u00f3sito inequ\u00edvoco afectar su prestigio o reputaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En efecto, asegur\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en ausencia de prueba en sentido opuesto, concluye la Sala que la edici\u00f3n de las interpretaciones del se\u00f1or Amaya P\u00e9rez no se hizo con la clara intenci\u00f3n de lesionar su prestigio o reputaci\u00f3n actoral; antes bien, encontr\u00f3 venero en la necesidad de proteger la normal explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de la obra desde el punto de vista legal, dadas las reclamaciones efectuadas por el demandante, y asimismo, hacerla m\u00e1s atractiva al p\u00fablico, a trav\u00e9s de la incorporaci\u00f3n de planos de transici\u00f3n y nuevas escenas que enriquecieran la historia. <\/p>\n
En definitiva, es dable ratificar la conclusi\u00f3n del funcionario de primera instancia, en el sentido de que la edici\u00f3n de las escenas encontr\u00f3 su raz\u00f3n de ser en \u201csalvaguardar el audiovisual ante el desconocimiento del demandante de su obligaci\u00f3n de no afectar la explotaci\u00f3n comercial de la obra audiovisual una vez se autoriz\u00f3 la fijaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Y si bien el demandante pudo ver afectado \u201csu fuero interno\u201d y se priv\u00f3 de ampliar su experiencia en el \u00e1mbito actoral colombiano, como consecuencia de la supresi\u00f3n de las escenas que interpret\u00f3, ya se dijo que ello no obedeci\u00f3 a la intenci\u00f3n de las demandadas de afectar su prestigio o reputaci\u00f3n, que es el aditamento que reclama el art\u00edculo 35 de la Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993 y la jurisprudencia del TJCA, para que pueda predicarse una vulneraci\u00f3n al derecho moral de integridad del artista int\u00e9rprete (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por el accionante son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretende es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando el querellante se\u00f1ala lo que, en su sentir, son yerros en la interpretaci\u00f3n de las disposiciones llamadas a gobernar el asunto sometido a escrutinio, as\u00ed como en la sind\u00e9resis de la sala convocada, lo que en realidad hacen es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior del proceso con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal expedido por la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 figura como \u00absegundo suplente del presidente\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Proferida dentro del asunto objeto de censura. <\/p>\n
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STC11026-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA STC11026-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02697-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Alexander Francisco Amaya P\u00e9rez contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66257","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66257","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66257"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66257\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66257"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66257"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66257"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}