STC11032-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11032-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01547-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 3 de agosto de 2022, al interior de la acci\u00f3n de tutela promovida por Marisol Villamil Vel\u00e1squez contra el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 y los intervinientes en el ejecutivo para la efectividad de la garant\u00eda real radicado n\u00ba 2019-00377. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vivienda digna y \u00abpatrimonio familiar\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Seg\u00fan se extrae de la demanda y anexos, la accionante, junto a su familia, habita el bien identificado con el folio de matr\u00edcula n\u00ba. 50S-40192839. <\/p>\n
El inmueble rese\u00f1ado fue objeto de embargo, en virtud de la cautela decretada por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del ejecutivo para la efectividad de la garant\u00eda real n\u00ba. 2019-377, que promovi\u00f3 Mar\u00eda Eugenia Campos Rojas en contra de aquella y de Nelson Julio Aguilar Alonso, lo cual se materializ\u00f3 en la emisi\u00f3n del auto de 17 de junio de 2021, por medio del cual se dispuso la comisi\u00f3n para su secuestro. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 la aqu\u00ed actora la referida actuaci\u00f3n, por cuanto, seg\u00fan adujo, se inobserv\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional a la familia, predicable en raz\u00f3n de ser patrimonio de igual naturaleza, debi\u00e9ndose predicar el car\u00e1cter inembargable de aquel. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3 que se declare que la c\u00e9lula judicial accionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados, conforme la ley 70 de 1931, modificada por la ley 495 de 1999, y que, como consecuencia de ello, se \u00abrevoque la medida de embargo y secuestre de nuestro bien inmueble ya que es un patrimonio familiar y forma parte de la sociedad conyugal\u00bb. Adicionalmente, solicit\u00f3 la declaratoria de nulidad de todo lo actuado al interior del referido tr\u00e1mite. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, en el asunto en menci\u00f3n, surtidas las etapas de rigor, profiri\u00f3 auto en el que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, asunto en el que, tras disponerse su remisi\u00f3n, correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, para lo de su competencia. A\u00f1adiendo que, respecto del embargo causa de controversia, aquella determinaci\u00f3n jurisdiccional se vio acompasada bajo los lineamientos del numeral segundo del art\u00edculo 468 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. El Juez Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital, puso de presente que todas las decisiones adoptadas han sido garantes de los principios de publicidad y oponibilidad, raz\u00f3n por la cual, los intervinientes han contado con las oportunidades procesales con miras a controvertir las providencias, puntualizando que no hay solicitudes pendientes de resolver. <\/p>\n
3. Quien dijo actuar en calidad de apoderado de Mar\u00eda Eugenia Campo Rojas, acreedora hipotecaria y all\u00ed demandante, hizo \u00e9nfasis en que el inmueble referido por la accionante no soporta patrimonio de familia inembargable, ni afectaci\u00f3n a vivienda familiar, trayendo a colaci\u00f3n la informaci\u00f3n consignada en el certificado de tradici\u00f3n y libertad, aunado a que, consultado el certificado catastral del mismo, es perceptible la denominaci\u00f3n como \u00abbodega de almacenamiento\u00bb concluyendo la ausencia de vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales de la accionante, oponi\u00e9ndose por tanto a la prosperidad de la acci\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la salvaguarda al advertir que, en primer lugar, desatiende el par\u00e1metro de la inmediatez, porque, \u00ab(\u2026) entre las fechas en que se decretaron las cautelas sobre el referido inmueble, espec\u00edficamente el \u00faltimo auto que se profiri\u00f3 al respecto (en auto de 17 de junio de 2021 se orden\u00f3 el secuestro y se dispuso librar despacho comisorio para ello) y la radicaci\u00f3n de la demanda de tutela (22 de julio de 2022 seg\u00fan acta de reparto), transcurri\u00f3 m\u00e1s de un (1) a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, encontr\u00f3 que tampoco se cumple el requisito de la subsidiariedad, por cuanto la gestora no emple\u00f3 los recursos de los que dispon\u00eda con miras a procurarse una decisi\u00f3n af\u00edn a sus intereses, en la medida en que \u00abno cuestion\u00f3 por v\u00eda ordinaria las providencias mediante las cual se decret\u00f3 el embargo del bien con folio de matr\u00edcula No. 50S-40192839 y se orden\u00f3 el secuestro del mismo, teniendo a su disposici\u00f3n los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, de conformidad con los art\u00edculos 318 y 321 Cgp, que establecen que todos los autos gozan de aquel medio de impugnaci\u00f3n excepto los eventos en los que la ley establezca lo contrario, y que el prove\u00eddo en el que se resuelve sobre una medida cautelar es susceptible de alzada\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte inicialmente establecer si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y si se cumple con el requisito de la subsidiariedad; de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas invocadas por la quejosa, como consecuencia de la medida cautelar decretada en auto de fecha 19 de junio de 2019, as\u00ed como de la comisi\u00f3n para su secuestro, dispuesta mediante auto de 17 de junio de 2021, por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, suscitada al interior del ejecutivo para la efectividad de la garant\u00eda real n\u00ba 2019-377 (promovido por Mar\u00eda Eugenia Campos Rojas en contra de Marisol Villamil Vel\u00e1squez y Nelson Julio Aguilar Alonso) por, supuestamente, haberse decretado el embargo y secuestro respecto de un bien inmueble que, por consagraci\u00f3n legal, escapa a dicho \u00e1mbito cautelar. <\/p>\n
2. Presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado que la tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales de la acci\u00f3n tuitiva, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que, a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos, debe declararse improcedente la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. La inmediatez. <\/p>\n
Este principio impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, se ha entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses, contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Este postulado, ciertamente no se cumple en la presente acci\u00f3n, dado que, desde el hecho que se se\u00f1ala como vulnerador, esto es, el decreto de embargo y secuestro respecto del bien inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula n\u00ba 50S-40192839, lo cual se materializ\u00f3 en auto de fecha 17 de junio de 2021, en lo atinente de la comisi\u00f3n para su secuestro, respecto de la formulaci\u00f3n de la presente demanda constitucional el 22 de julio de 2022, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre se\u00f1alado como t\u00e9rmino razonable por la jurisprudencia para la interposici\u00f3n tempestiva de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Entonces, es cierto que la afectada debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a actuaciones o sentencias judiciales. <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
En lo atinente, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De manera que, como se indic\u00f3, la actora no aleg\u00f3 y menos demostr\u00f3 la concurrencia de alguno de los eximentes se\u00f1alados por la jurisprudencia como exculpantes del presupuesto de inmediatez, por lo que corresponde ratificar la improcedencia del amparo en torno a ese criterio. <\/p>\n
3.2. La subsidiariedad. <\/p>\n
Por otra parte, constituye raz\u00f3n adicional para predicar el fracaso del amparo reclamado, la naturaleza subsidiaria y residual de la acci\u00f3n de tutela, dado que, la precursora del amparo no acredit\u00f3 haber interpuesto los recursos pertinentes, debiendo memorarse sobre este punto que, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 318 y numeral 8 del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, tal determinaci\u00f3n era susceptible de cuestionamiento, tanto por v\u00eda de reposici\u00f3n, como de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, como esta Sala ha enfatizado, la procedencia del resguardo se encuentra supeditada al aprovechamiento de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. La accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, no advirti\u00e9ndose raz\u00f3n v\u00e1lida que justificara la tardanza en la interposici\u00f3n. <\/p>\n
4.2. La demanda desatiende el car\u00e1cter subsidiario, ya que la accionante no agot\u00f3 los mecanismos de defensa jur\u00eddicos que ten\u00eda a su alcance para procurarse una decisi\u00f3n af\u00edn a sus intereses al interior del tr\u00e1mite jurisdiccional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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