STC11038-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 20001-22-14-000-2022-00165-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil\u2013Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 5 de julio de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Mauricio Pimienta Naranjo, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito y la alcald\u00eda de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial cuestionada al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que, mediante sentencia T-946 de 2011, proferida por la Corte Constitucional se ampar\u00f3 el derecho a la vivienda digna de las personas desplazadas asentadas en la finca La Sabana. <\/p>\n
2.1. Destac\u00f3 que en dicho fallo, se orden\u00f3 al alcalde de Valledupar y otras autoridades llevar a cabo un plan de vivienda con el fin de reubicar a esas personas. Asimismo, se estableci\u00f3 que no era posible suspender de manera indefinida la orden de desalojo solicitada por su propietario, Alberto Pimienta Cotes, quien es padre del accionante. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 que, para dar cumplimiento a lo emanado en la tutela, el alcalde y el gobernador departamental, construyeron la urbanizaci\u00f3n el Porvenir que consta de 802 viviendas para la reubicaci\u00f3n de las personas que se encontraban ubicadas en el predio inicialmente mencionado. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3, que el alcalde hizo caso omiso a la orden de la Corte constitucional, al considerar que la misma no pod\u00eda mantenerse indefinidamente. Por tanto, a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n 000154 del 29 de enero de 2020, suspendi\u00f3 la orden de desalojo, en lugar de hacer la entrega de las viviendas a las personas que se encontraban asentadas en el predio. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 que el alcalde y el gerente de Fonvisocial, dejaron sin medidas de seguridad las 670 viviendas no entregadas, lo cual facilit\u00f3 la invasi\u00f3n, ello a fin de obstruir el cumplimiento de la mencionada sentencia, lo que seg\u00fan ocurri\u00f3 el 10 de junio de 2022, con lo que se puso en riesgo la integridad de las personas que fueron reubicadas. <\/p>\n
2.5. Mencion\u00f3 que, la alcald\u00eda ha entregado predios a personas que no se encontraban incluidas en el censo ordenado por la Corte Constitucional. En su parecer \u00abse estar\u00eda fraguando la entrega de las 670 viviendas a los invasores de la urbanizaci\u00f3n El Porvenir, aduciendo que no hay a quien entregarlas\u00bb, siendo que los destinatarios ya se encontraban definidos en el fallo. <\/p>\n
2.6. Por otro lado, inform\u00f3 que el 3 de junio del presente a\u00f1o, solicit\u00f3 al Juzgado atacado que tomara medidas urgentes con el prop\u00f3sito de desalojar y proteger las viviendas de la urbanizaci\u00f3n el Porvenir. Pedimento sobre el cual no se ha recibido pronunciamiento alguno. <\/p>\n
2.7. Finalmente, destac\u00f3 que ha presentado varios incidentes de desacato ante la autoridad judicial accionada quien se ha limitado a resolver solicitudes, pedir informes y otorgar plazos, sin resolver de fondo los mismos, por lo que en su sentir, se le vulnera el acceso a una administraci\u00f3n de justicia recta y oportuna. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se ordene al alcalde cuestionado, como ejecutor y responsable de las viviendas de la urbanizaci\u00f3n el Porvenir, en coordinaci\u00f3n con la Polic\u00eda Nacional, que procedan a adoptar medidas de protecci\u00f3n para impedir el ingreso de invasores y v\u00e1ndalos a las viviendas. Igualmente, que proceda a levantar la suspensi\u00f3n de la orden de desalojo y entregue los inmuebles a los beneficiarios definidos por la sentencia T-946 de 2011. <\/p>\n
Adem\u00e1s, rog\u00f3 que, en el caso de que hubiesen entregado viviendas a personas distintas a las incorporadas en la sentencia, se ordene al alcalde de Valledupar y al gerente de Fonvisocial disponer su reintegro para que cumplan los fines a las que est\u00e1n destinadas. Por \u00faltimo, que se ordene al Juzgado censurado notificar los incidentes de desacato presentados en vida por Alberto Pimienta Cotes, y proceda a resolverlos en el t\u00e9rmino se\u00f1alado en la ley. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar1, luego de narrar sus actuaciones, refiri\u00f3 que actualmente tramita la queja de desacato presentada dentro de la acci\u00f3n de tutela con radicado 2011-00145-00, promovida por Nellys Mar\u00eda Carrillo y otros, contra la alcald\u00eda de Valledupar. Inform\u00f3 que el mismo se encuentra \u00abactualmente en el transcurso de las diligencias previas a fin de identificar e individualizar el funcionario responsable del cumplimiento de la orden de tutela impartida mediante sentencia T-946 de 2011, a favor de ALBERTO PIMIENTA COTES, en su calidad de tercero interviniente\u00bb. Resalt\u00f3 que, \u00abuna vez examinado el expediente digital de cara a los intereses del accionante MAURICIO PIMIENTA NARANJO, el despacho no advierte ninguna solicitud pendiente a instancia del promotor de la queja constitucional\u00bb. Solicit\u00f3 denegar el amparo. <\/p>\n
2. El Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n2, aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. Por tanto, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social3, enfatiz\u00f3 que no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental del accionante. Recalc\u00f3 que \u00ablas pretensiones de la presente tutela, versa sobre un asunto que no es de competencia de PROSPERIDAD SOCIAL\u00bb. Por tanto, pidi\u00f3 que se niegue. <\/p>\n
4. El Fondo de Vivienda de Inter\u00e9s Social y Reforma Urbana de Valledupar \u2013 FONVISOCIAL4, asever\u00f3 que no ha trasgredido los derechos alegados por el gestor, dado que, \u00abha cumplido con la construcci\u00f3n de las viviendas en la Urbanizaci\u00f3n El Porvenir y as\u00ed mismo se ha cumplido con las entregas a los beneficiarios de la sentencia a medida que estos se van encontrando y ubicando, para la entrega material y efectiva\u00bb. <\/p>\n
5. El Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Alcald\u00eda de Valledupar5, afirm\u00f3 que el ente municipal siempre ha estado atento a dar cumplimiento a la orden constitucional. Seguidamente, respecto a la entrega de las viviendas, indic\u00f3 que: <\/p>\n
solo ha realizado entrega a personas que est\u00e9n reconocidos en la sentencia como accionantes, es tanto el cuidado que se ha tenido al momento de entregar las viviendas, que se le ha solicitado al despacho de conocimiento del cumplimiento de la T-946 de 2011, que se pronuncie respecto a situaciones que se han presentado dentro del proceso de entrega y que no se ha completado por existir dudas sobre las cuales el juez debe marcar el derrotero de c\u00f3mo debe actuar la administraci\u00f3n. <\/p>\n
6. El Procurador 4 Judicial II para Asuntos Civiles6, manifest\u00f3 que en el marco de los tr\u00e1mites accidentales \u00abel Juez de tutela evidencia que sus propias \u00f3rdenes no se ejecutan del todo, y entonces decide conceder plazos perentorios, reconvenir y requerir para el efecto, pero ello no se traduce en un avance real, para finiquitar la actuaci\u00f3n, con la satisfacci\u00f3n efectiva de los intereses en juego\u00bb. Insisti\u00f3 que los mismos \u00abse van sucediendo y alternando, pero a larga, y lo que es m\u00e1s importante y sensible, se van dejando abiertos y pendientes en el entretanto la concreci\u00f3n y finiquito del cumplimiento del indicado fallo\u00bb. <\/p>\n
7. La Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas7, luego de se\u00f1alar que no ha vulnerado los derechos del accionante, advirti\u00f3 la improcedencia del amparo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en lo concerniente a la entidad. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, declar\u00f3 improcedente el amparo al no encontrar acreditada la mora judicial, toda vez que: <\/p>\n
el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar se encuentra impartiendo el tr\u00e1mite correspondiente a la solicitud de tr\u00e1mite incidental de desacato elevada dentro del presente diligenciamiento, pues se trata de un proceso donde intervienen muchos individuos y ha sido necesario enderezar el tr\u00e1mite para garantizar que este se lleve a cabo con plena garant\u00eda del derecho de defensa y contradicci\u00f3n de cada una de las partes interesadas en el mismo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, consider\u00f3 que el amparo carece del requisito de subsidiariedad, pues \u00abel tr\u00e1mite objeto de escrutinio a\u00fan se encuentra pendiente de definici\u00f3n, subsistiendo en \u00e9l la posibilidad para que los solicitantes formulen las solicitudes que consideren pertinentes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, con fundamento en similares argumentos del escrito inicial. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio el \u00abJuez Constitucional de Tutela tiene la potestad de adoptar directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del fallo de tutela, cuando, el responsable de la violaci\u00f3n o amenaza del derecho fundamental, no lo hace en el plazo establecido en el fallo. Para ello, la misma norma le mantiene la competencia, hasta que est\u00e9 completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar ha incurrido en mora judicial, frente a la resoluci\u00f3n del tr\u00e1mite incidental de desacato iniciado frente al incumplimiento de la sentencia CC T-946 de 2011, dentro de la acci\u00f3n de tutela de radicado 2011-00145-00. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, se observa que mediante sentencia T-946 de 2011, la Corte constitucional ampar\u00f3 el derecho fundamental de vivienda digna a las personas en situaci\u00f3n de desplazamiento, asentadas en el predio La sabana I de propiedad del se\u00f1or Alberto Pimienta Cotes. <\/p>\n
En raz\u00f3n a ello, orden\u00f3 a la Agencia Presidencial para la Acci\u00f3n Social y la Cooperaci\u00f3n Internacional, la realizaci\u00f3n de un censo de dichas familias, con el fin de identificar las personas que re\u00fanen la condici\u00f3n de desplazadas y adoptar las medidas pertinentes para solucionar el problema de vivienda. A su vez, orden\u00f3 el levantamiento de la medida de desalojo de los individuos que ocupaban el inmueble. <\/p>\n
Tras considerar el incumplimiento del mencionado fallo, se impuls\u00f3 incidente de desacato, del que se duele el actor que no ha sido resuelto por la autoridad Judicial acusada. <\/p>\n
3. Frente a ello, con relaci\u00f3n a la presunta mora en que habr\u00eda incurrido la c\u00e9lula Judicial atacada, se advierte que dicha autoridad mediante escrito allegado el 23 de junio de 20228, inform\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
esta agencia judicial tramita actualmente la queja de desacato formulada dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por NELLYS MARIA CARRILLO y Otros contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR y Otros, rotulada en esta dependencia bajo radicado No 20001 31 03 002 2011 00145 00, encontr\u00e1ndose actualmente en el transcurso de las diligencias previas a fin de identificar e individualizar el funcionario responsable del cumplimiento de la orden de tutela impartida mediante sentencia T-946 de 2011, a favor de ALBERTO PIMIENTA COTES, en su calidad de tercero interviniente. <\/p>\n
Igualmente, hizo referencia a que el Tribunal Superior de Valledupar anul\u00f3 lo actuado desde las diligencias previas, por tanto, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
mediante auto de 3 de marzo del a\u00f1o que avanza, las diligencias previas tendientes a notificar la sentencia T-946 de 2011, al Alcalde de Valledupar, al Gobernador del Cesar, a la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad social y al Director de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas; requiri\u00f3 a los citados para que en el t\u00e9rmino de 8 d\u00edas, informaran las diligencias adelantadas para el cumplimiento de la sentencia T-946 de 2011; orden\u00f3 notificar la decisi\u00f3n a los accionantes; poner en conocimiento de la Defensor\u00eda del pueblo, Personer\u00eda municipal, Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y poner el tr\u00e1mite en conocimiento de las personas interesadas en el incidente a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web de la rama judicial para brindarles la oportunidad de pronunciarse sobre cualquier tipo de inconformidad <\/p>\n
Posteriormente, advirti\u00f3 que mediante auto del 18 de marzo siguiente, determin\u00f3 \u00abla necesidad de corregir la identidad del requerido Gobernador del Cesar, ante el reemplazo sobreviniente del titular y despu\u00e9s de recibidos los informes por las entidades requeridas se dispuso el traslado de esa documentaci\u00f3n mediante auto de 28 de abril de 2022, a favor de accionantes, tercero interviniente y de todos los beneficiarios de la sentencia T-946 de 2011, a fin de resolver lo pertinente a la apertura del incidente de desacato, de ser necesario. <\/p>\n
Adicionalmente, resalt\u00f3 que ha resuelto varias solicitudes preliminares respecto a la apertura del tr\u00e1mite incidental, por lo que en prove\u00eddos del 2,13 y 16 de junio, <\/p>\n
ha reiterado a secretar\u00eda la necesidad de cumplir las diligencias de notificaci\u00f3n y traslado dispuestas en auto del pasado 3 de marzo y 28 de abril, cuyas diligencias cursan actualmente frente a terceros mediante aviso en la p\u00e1gina web de la rama judicial, dado el efecto inter comunis del amparo de tutela provisto mediante sentencia T-946 de 2011, e igualmente se ha ordenado a secretar\u00eda reorganizar el expediente digital para facilitar la comprensi\u00f3n del mismo, por cuanto se trata de un expediente recibido por impedimento, tramitado por varios juzgados y digitalizado de forma desordenada e incomprensible para el suscrito. <\/p>\n
Notificaciones que fueron realizadas, seg\u00fan informe secretarial del 29 de julio de 2022. <\/p>\n
4. En raz\u00f3n de lo anterior, es preciso indicar que no todo retraso en la resoluci\u00f3n de una causa Judicial es vulneradora de derechos fundamentales. Por tanto, la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del Juez de conocimiento. Sobre esta tem\u00e1tica, la sala, en reiteradas oportunidades ha expresado que: <\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
En ese orden, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya) (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, sept. 17 2013, rad. 00168-02 y en CSJ STC6772-2019, mayo 30 de 2019, rad. 2019-01579-00, STC5633-2021 rad. 2021-00299-01). <\/p>\n
Por supuesto, en el caso en concreto, esta Sala encuentra que el juzgador atacado no ha incurrido en comportamiento negligente, ni mucho menos ha actuado con desidia. Por el contrario, la presunta mora obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
5. Sumado a lo anterior, y con respecto a las pretensiones dirigidas al cumplimiento de la orden constitucional, se advierte la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. Ello pues, el reclamante no puede aspirar a que, por esta senda excepcional, el fallador constitucional se pronuncie sobre un aspecto que le corresponde decidir al juez natural de la respectiva causa. Ciertamente, admitir la intervenci\u00f3n del juez de tutela implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios y las facultades asignadas a los operadores cognoscentes del asunto. Al respecto, esta Corte ha reiterado que <\/p>\n
este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
6. Finalmente, en cuanto a las medidas de protecci\u00f3n solicitadas para impedir la \u00abinvasi\u00f3n y\/o destrucci\u00f3n de la Urbanizaci\u00f3n El Porvenir\u00bb, tambi\u00e9n se advierte el incumplimiento del presupuesto anotado, pues tal solicitud debe realizarla ante las autoridades competentes conforme a lo establecido en el art\u00edculo 79 y siguientes del C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda y Convivencia, mecanismos de defensas con el que cuenta para ejercer sus derechos (STC6837-2021). <\/p>\n
7. Por lo considerado, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 4-8. Anexo 13RtaJuzgado04Ccto.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Folio 2-5. Anexo 10RtaDPN.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 3-25. Anexo 12RtaDPS.pdf <\/p>\n
4\u0002 Folio 3-10. Anexo 14RtaFonvisocial.pdf <\/p>\n
5\u0002 Folio 3-6. Anexo 15RtaAlcaldia.pdf. <\/p>\n
6\u0002 Folio 4-5. Anexo 16RtaProcuraduria.pdf <\/p>\n
7\u0002 Folio 3-6. Anexo 17RtaUariv.pdf <\/p>\n
8\u0002 Folio 4-8. Anexo 13RtaJuzgado04Ccto.pdf <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11038-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 20001-22-14-000-2022-00165-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66268","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66268","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66268"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66268\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66268"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66268"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66268"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}