STC11040-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11040-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02713-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra del Rosario Cetr\u00e9 R\u00edos contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 y el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio sucesorio n\u00b0 2018-00075. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro de la sucesi\u00f3n intestada de su consorte Zen\u00f3n Ferrer Meluk, manifest\u00f3 que \u00aboptaba por la porci\u00f3n conyugal en la herencia, sin perjuicio a los gananciales que por ley ten\u00eda derecho en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal vigente a la fecha de la muerte del causante\u00bb, lo cual \u00abadmiti\u00f3\u00bb el Juzgado Primero de Familia de Quibd\u00f3 \u00aba trav\u00e9s del auto interlocutorio No. 0228 del 11 de mayo de 2018 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Inform\u00f3 que seg\u00fan la relaci\u00f3n de inventarios, ella \u00abno ten\u00eda ninguna clase de bienes de fortuna, pues los \u00fanicos con lo que pod\u00eda contar eran los bienes de sociedad, adquiridos en vigencia de la sociedad conyugal, a\u00fan il\u00edquida\u00bb, y que \u00aba lo largo del proceso, se le han negado todos sus derechos como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, hasta el punto, que se le priv\u00f3 de percibir alguna clase de renta para su congrua subsistencia, desde el fallecimiento de su esposo\u00bb. <\/p>\n
Que como consecuencia, se le \u00abdestituye (\u2026) ser parte en la liquidaci\u00f3n de la herencia de los bienes propios del causante, aduci\u00e9ndose que solo tiene derecho a los gananciales que perciba dentro de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, sin haber razones para su desheredamiento (art.1025 del C.C), o que est\u00e9 dentro de las condiciones consagradas en el art. 1230, 1236 y ss del mismo C\u00f3digo, am\u00e9n de que durante el matrimonio ni antes, hubo capitulaciones matrimoniales (art.1774)\u00bb, y que, \u00abno hay ninguna raz\u00f3n, a mi juicio valedera, para que [los jueces de instancia] se aparten del criterio jurisprudencial contenido en la Sentencia C-283 de 2011 (\u2026); que, entre otras cosas, debi\u00f3 indicar en su fallo, las razones para no aplicarlo\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que el \u00ab\u00fanico\u00bb bien adquirido por la c\u00f3nyuge sobreviviente corresponde a un inmueble \u00abavaluado en $45.616.000\u00bb; los \u00abadquiridos por el causante dentro del matrimonio\u00bb son dos predios, un veh\u00edculo y dineros en entidades financieras para \u00abun total parcial de $1.230.000.000, m\u00e1s los rendimientos\u00bb, y los \u00abbienes propios del causante\u00bb comprenden 4 partidas y el 50% un cr\u00e9dito que suman un activo por valor de \u00ab$1.936.122.000\u00bb, desconoci\u00e9ndose la existencia de pasivos. <\/p>\n
Y precis\u00f3 que la discusi\u00f3n jur\u00eddica \u00abse centraba en determinar, si luego de liquidarse la sociedad conyugal, la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite tiene o no derecho a concurrir en la liquidaci\u00f3n y partici\u00f3n de la herencia, sobre los bienes propios del causante [y que] indefectiblemente la respuesta y decisi\u00f3n debi\u00f3 ser positiva, atendiendo las normas invocadas y la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional (\u2026)\u00bb, empero, \u00abla H. magistrada sustanciadora en su providencia del 13 de julio [de 2022] no la aplic\u00f3, constituy\u00e9ndose esto en una v\u00eda de hecho por defecto sustantivo\u00bb. <\/p>\n
3. Se infiere que lo pretendido es que, en lo relacionado con las objeciones al trabajo de partici\u00f3n, se invalide lo resuelto por el juzgado y ratificado por el tribunal en sede de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Juez Primera de Familia de Quibd\u00f3, env\u00edo el link para acceder al expediente digital y enfatiz\u00f3 que, contrario a lo aducido por la actora, \u00abtodas las actuaciones realizadas dentro del proceso [2018-00075], han sido revestidas de legalidad, al punto que se han tramitado y concedido todos los recursos de apelaci\u00f3n propuestos por las partes, mismos que han sido confirmados por el superior\u00bb. Solicit\u00f3 se desestime la tutela, por cuanto \u00abeste despacho no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante [quien] pretende utilizar[la] como un tercer recurso, ya que previamente agot\u00f3 objeciones, recurso de reposici\u00f3n en subsidio de apelaci\u00f3n, [y] el recurso de apelaci\u00f3n confirm\u00f3 totalmente la decisi\u00f3n del despacho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que resolvi\u00f3 las objeciones a la partici\u00f3n dentro del proceso de sucesi\u00f3n radicado bajo el n\u00b0 2018-00075, o si, por el contrario, tal decisi\u00f3n denota razonabilidad que impida la injerencia del fallador constitucional. <\/p>\n
Esto, porque si bien la acci\u00f3n se dirigi\u00f3 tambi\u00e9n contra lo resuelto por el Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, el examen se circunscribir\u00e1 a la providencia dictada por su superior funcional, en la medida en que corresponde a la definici\u00f3n del caso ac\u00e1 debatido, puesto que \u00abes inane detenerse [al an\u00e1lisis de la providencia inicial cuando \u00e9sta] al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, citada entre otras en STC10044-2022, 4 ago. 2022, rad. 02395-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en l\u00ednea de principio la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Con soporte en las premisas que anteceden, del estudio realizado a los argumentos de la presente queja, su cotejo con las piezas procesales adosadas al expediente, la normativa y jurisprudencia aplicable, esta Sala denegar\u00e1 el amparo invocado, comoquiera que la decisi\u00f3n censurada no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
Lo anterior, porque para ratificar el auto proferido por el Juzgado Primero de Familia de Quibd\u00f3 el 27 de mayo de 2021, a trav\u00e9s del cual se resolvieron las objeciones al trabajo partitivo presentado dentro del sucesorio n\u00b0 2018-00075, la sala enjuiciada, con prove\u00eddo del 13 de julio de 2022, expuso una motivaci\u00f3n que no se muestra arbitraria o caprichosa, sino, por el contrario, jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
En ese sentido, memorando disposiciones legales que refieren a la porci\u00f3n conyugal, con apoyo en lo se\u00f1alado en la jurisprudencia constitucional, en particular la sentencia C-283 de 2011, expuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) efectivamente, el c\u00f3nyuge no ostenta la calidad de heredero, y el hecho de tener legitimaci\u00f3n por activa para aperturar la sucesi\u00f3n, como en efecto sucedi\u00f3 en el caso bajo examen, le es dable atendiendo a la sociedad conyugal que deb\u00eda ser liquidada, con ocasi\u00f3n al fallecimiento de causante Zen\u00f3n Ferrer Meluk. <\/p>\n
Dest\u00e1quese, que como lo indic\u00f3 la Corte Constitucional, la figura de la porci\u00f3n conyugal, o la denominada porci\u00f3n conyugal complementaria, est\u00e1n destinadas a garantizar un equilibrio en la distribuci\u00f3n de los bienes sociales y propios del causante, cuando hay lugar a la liquidaci\u00f3n de una sociedad conyugal, y finca como par\u00e1metro el patrimonio del c\u00f3nyuge fallecido. <\/p>\n
An\u00f3tese que no yerra el censor en su an\u00e1lisis, por cuanto los bienes sociales a liquidar ($709.352.500 para cada c\u00f3nyuge) superaron con creces lo que le corresponder\u00eda por concepto de porci\u00f3n conyugal ($277.442.375). <\/p>\n
Es impreciso el recurrente, cuando aduce que su prohijada al momento de aperturarse la sucesi\u00f3n no ten\u00eda bien alguno, y era una c\u00f3nyuge pobre, primero porque como ya qued\u00f3 establecido, no es esta caracter\u00edstica lo que torna procedente la porci\u00f3n conyugal, segundo, porque los bienes sociales ascendieron a la suma de $1.418.705.000\u00bb. <\/p>\n
Luego, citando sentencia de esta Corporaci\u00f3n, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Lo anterior quiere decir, que as\u00ed la sucesi\u00f3n sea el momento, para este caso en concreto, a partir del cual se liquida la sociedad, no lo es menos que tal haber se constituye desde el momento mismo del matrimonio, y por tanto cuando llega al tr\u00e1mite el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite lo que va a hacer es liquidar esa masa que conform\u00f3 el haber social, por ello no hay lugar a su declaraci\u00f3n, sino a la liquidaci\u00f3n y partici\u00f3n. <\/p>\n
Bajo el anterior derrotero, no es de recibo la primera alegaci\u00f3n del recurrente, frente a la decisi\u00f3n apelada, en cuanto a que no accedi\u00f3 el censor al reconocimiento de la porci\u00f3n conyugal, una vez examinado el haber social, y que los bienes adquiridos en el matrimonio y posteriormente liquidados, son mayores a los que le corresponder\u00edan por concepto de porci\u00f3n conyugal, por lo tanto, no hay lugar si quiera a compensarlos\u00bb. <\/p>\n
En punto de \u00absi era procedente a asignar a la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite el bien inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 180-4190, donde asegura, se tuvo la convivencia conyugal por m\u00e1s de 32 a\u00f1os\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que \u00ablas normas contenidas en el libro 4\u00ba, t\u00edtulo XXII, cap\u00edtulos I a IV del C\u00f3digo Civil, permiten la previa celebraci\u00f3n de convenciones entre los c\u00f3nyuges sobre los bienes que aportan a la sociedad y a las concesiones y donaciones que se quieran hacer el uno al otro, de presente o futuro. Si guardan silencio, por ministerio de la ley quedan sometidos al sistema de sociedad conyugal\u00bb. De ah\u00ed que, recordando la naturaleza jur\u00eddica de la sociedad conyugal, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es claro que la sociedad conyugal nace con el matrimonio y, por tanto, el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 1781 del C\u00f3digo Civil precept\u00faa que el haber de la sociedad conyugal se compone \u201c[d]e todos los bienes que cualquiera de los c\u00f3nyuges adquiera durante el matrimonio a t\u00edtulo oneroso\u201d. <\/p>\n
De cara a las pruebas obrantes en el paginario, se encuentra el certificado de tradici\u00f3n del inmueble con n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 180-4190, que en la anotaci\u00f3n n\u00famero 1 se registr\u00f3 el 7 de diciembre de 1963 la compraventa a favor del se\u00f1or Zen\u00f3n Ferrer Meluk y en anotaci\u00f3n No. 3 del 13 junio de 1970 tambi\u00e9n la compraventa a favor del se\u00f1or Zen\u00f3n Ferrer Meluk del mismo predio. <\/p>\n
De igual manera se aprecia registro civil de matrimonio con indicativo serial No.03501309 donde consta que el 4 de febrero de 2004 contrajo matrimonio Zen\u00f3n Ferrer Meluk y la se\u00f1ora Sandra del Rosario Cetre R\u00edos. <\/p>\n
As\u00ed entonces, comoquiera que est\u00e1 probado que el inmueble identificado con n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 180-4190 que la recurrente pretende le sea asignado, fue adquirido por el se\u00f1or Zen\u00f3n Ferrer Meluk antes de contraer matrimonio con la demandante, se estima que el mismo no tiene la connotaci\u00f3n de ser un bien social, sino que por el contrario es un bien propio del causante y que por tanto no conforma el haber social, y el hecho de afirmar que en \u00e9ste convivi\u00f3 la pareja matrimonial por m\u00e1s de 32 a\u00f1os, no muta la naturaleza jur\u00eddica de dicho bien inmueble, y por tanto, no son de recibo las alegaciones del recurrente en tal sentido\u00bb. <\/p>\n
Conforme con lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n y la conclusi\u00f3n adoptada por la autoridad judicial accionada, no constituye yerro susceptible de corregirse por esta senda, en tanto realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n normativa y probatoria que la llev\u00f3 a la decisi\u00f3n que la actora censura, la cual no revela arbitrariedad o desmesura sino una divergencia conceptual que por s\u00ed misma no abre paso al amparo como reiteradamente lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corte. <\/p>\n
Ciertamente, cuando la actuaci\u00f3n del estrado convocado no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, la salvaguarda se torna inviable porque: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, lo no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC9229-2022, 19 jul. 2022, rad. 00134-01). <\/p>\n
Por consiguiente, las discrepancias esbozadas por la actora en esta excepcional sede, demuestran que la intenci\u00f3n es imponer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico frente al criterio de los falladores de la causa, que de accederse convertir\u00eda la tutela en un recurso adicional que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario, en tanto que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, citada en STC5103-2021, 7 may. 2021, rad. 00081-01, entre otras). <\/p>\n
Por lo antedicho, se insiste en que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, ya que este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada en STC8546-2022, 6 jul. 2022, rad. 00479-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se desestimar\u00e1 el auxilio deprecado, habida cuenta que la determinaci\u00f3n refutada no es producto de un subjetivo criterio que justifique la aplicaci\u00f3n del presente mecanismo jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo pretendido con la acci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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