STC11044-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11044-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02729-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C. veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Mario Alberto Restrepo Zapata instaur\u00f3 en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00173. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, pretendi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara a las autoridades querelladas \u00abanular el fallo de 1 y 2 instancia, (\u2026) por omitir comunicar la acci\u00f3n popular al propietario del inmueble como tercer interesado, [adem\u00e1s] porque en estados no aparece la expresi\u00f3n Y OTRO, lo que [le] impidi\u00f3 apelar la acci\u00f3n de la referencia, pues no [se] enter[\u00f3] del tr\u00e1mite constitucional\u00bb. <\/p>\n
Del escrito genitor y la prueba obrante en el dossier se extrae que el Juzgado criticado, en la acci\u00f3n popular que Gerardo Herrera Hoyos inco\u00f3 en contra de Almacenes Flamingo S.A. (n\u00ba 2021-00173), dict\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3: (i) \u201cFracasada\u201d la excepci\u00f3n de \u201cfalta de jurisdicci\u00f3n\u201d propuesta por el Municipio de Santa Rosa de Cabal y, (ii) La carencia actual de objeto por hecho superado (20 oct. 2021); fallo que Herrera Hoyos recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n; concedida la alzada y remitida al superior, este la admiti\u00f3 y, luego la \u00abdeclar\u00f3 desierta\u00bb en raz\u00f3n a que el impugnante \u00abdesech\u00f3 la oportunidad procesal para sustentar en primera y segunda instancia\u00bb (15 feb. 2022). <\/p>\n
Sostuvo el gestor que \u00abobrando como coadyuvante [de la] acci\u00f3n popular 202100017301, (\u2026) nunca se decret\u00f3 nulidad al no notificar el auto admisorio o no notificar de la acci\u00f3n al propietario del inmueble, como [tercero] interesado\u00bb; lo que, en su opini\u00f3n, conculc\u00f3 su prerrogativa, toda vez que \u00abnunca [fue] notificado en estado COMO OTRO, al ser coadyuvante y ello impidi\u00f3 que pudiera apelar o presentar recurso alguno\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que \u00abel tribunal de oficio decreta nulidades tal como lo hizo el Mag. Carlos Garc\u00eda en acci\u00f3n popular 202100019501, que se dice est\u00e1 a [su] nombre y notificada en estados del tribunal el d\u00eda 5 agosto de 2022\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Pereira destac\u00f3 la improcedencia del auxilio, en tanto \u00abes manifiesta la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa del se\u00f1or Mario Restrepo, porque no es el titular del derecho al debido proceso, supuestamente, vulnerado por [esa] Magistratura\u00bb; adem\u00e1s, que \u00abtampoco podr\u00eda predicarse que act\u00faa como apoderado judicial del se\u00f1or Herrera, porque dej\u00f3 de aportar el poder especial expreso; ni siquiera como agente oficioso, ya que no se re\u00fanen los supuestos exigidos por el precedente constitucional\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, indic\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n del 15-02-2022 se fundament\u00f3 en la normativa y precedentes judiciales all\u00ed empleados como motivaci\u00f3n\u00bb, puesto que, a voces del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abrechaz\u00f3 de plano la nulidad propuesta por el actor popular, por falta de legitimaci\u00f3n, ya que solo el afectado, que para el caso ser\u00eda el propietario del inmueble que ocupa la entidad accionada, es el \u00fanico facultado para invocarla\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal narr\u00f3 el rito surtido en el juicio objetado y asever\u00f3 que \u00abse le dio el tr\u00e1mite correspondiente a la acci\u00f3n de su acci\u00f3n popular y todas las providencias proferidas en el asunto han sido notificadas por estado, sin que exista disposici\u00f3n normativa alguna que establezca la necesidad de poner en el estado quienes son los coadyuvantes de la acci\u00f3n cada vez que se notifique alguna decisi\u00f3n por este medio (\u2026)\u00bb; tanto m\u00e1s si \u00aben [ese] proceso el coadyuvante y\/o el accionante nunca solicitaron ante esta instancia la nulidad que mediante tutela invocan\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El promotor busca a trav\u00e9s de esta senda, se decrete la \u00abnulidad del fallo de acci\u00f3n popular de 2\u00aa instancia y de 1\u00aa instancia\u00bb porque, en su criterio, los despachos convocados (i) \u00abomitieron comunicar la acci\u00f3n popular al propietario del inmueble como tercer interesado\u00bb y, (ii) En \u00abestados no aparece la expresi\u00f3n Y OTRO, lo que [le] impidi\u00f3 apelar la acci\u00f3n de la referencia, pues no [se] enter\u00f3 del tr\u00e1mite constitucional\u00bb, en el pleito cuestionado. <\/p>\n
Sin embargo, de la evidencia allegada al cartapacio, muy pronto se advierte el fracaso del resguardo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y por no cumplir el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
1.1.- En efecto, frente al primer reparo, relacionado con que en la \u00abacci\u00f3n popular 2021-00173\u00bb no se comunic\u00f3 al due\u00f1o del predio all\u00ed involucrado, dicho tr\u00e1mite, se observa que Restrepo Zapata no es el titular de la presunta dispensa infringida ni tampoco act\u00faa en nombre o como agente oficioso del perjudicado \u00abpropietario del inmueble\u00bb y, si bien dice tener un \u00abinter\u00e9s\u00bb, carece de legitimidad para ello. <\/p>\n
En aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene dicho que la \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa\u00bb, <\/p>\n
(\u2026) se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (CC T-878\/07 citada en STC1148-2021 y STC12402-2021). <\/p>\n
En un caso en el que el litigio confutado tambi\u00e9n lo fue una \u00abacci\u00f3n popular\u00bb, esta Corte descart\u00f3 la \u00ablegitimidad\u00bb del proponente por \u00abausencia de inter\u00e9s\u00bb para invocar la transgresi\u00f3n de su contraparte y, apostill\u00f3: <\/p>\n
Se afirma lo anterior, porque como se desprende del escrito introductorio y el haz probatorio recaudado, el convocante no es apelante en el pleito objeto de queja, como lo coligi\u00f3 el Tribunal de Manizales, por lo que los supuestos de hecho y pet\u00edtum aqu\u00ed aducidos no le son perjudiciales, en tanto result\u00f3 favorecido con el veredicto de primer grado (2 ag. 2021) y fue su contraparte (\u00c1lvaro Omar Romero Erazo en calidad de Notario de Risaralda -Caldas) quien lo apel\u00f3, teniendo \u00e9ste \u00faltimo \u00abinter\u00e9s\u00bb y \u00ablegitimidad\u00bb para ello, que no el aqu\u00ed impulsor (STC12402-2021, 22 sep.). <\/p>\n
1.2.- Y en lo que concierne con que, en \u00abestados no aparece la expresi\u00f3n Y OTRO, lo que [le] impidi\u00f3 apelar la acci\u00f3n de la referencia, pues no [se] enter\u00f3 del tr\u00e1mite constitucional\u00bb, en el expediente no se avizora que el actor haya elevado solicitud ante el Tribunal Superior de Pereira o el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, tendiente a obtener la declaraci\u00f3n de invalidez que por ese motivo intenta por este selecto instrumento. <\/p>\n
Significa entonces, que el querellante, sin justificaci\u00f3n alguna, en su calidad de coadyuvante reconocido en el proceso colectivo, ha \u00abomitido\u00bb desplegar las herramientas a su alcance para discutir las actuaciones que estima quebrantan sus garant\u00edas en ese aspecto, ante los funcionarios censurados. <\/p>\n
Al respecto esta Colegiatura ha predicado que, <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, STC8897-2017, STC10432-2017 y STC4727-2021, entre otras). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Mario Alberto Restrepo Zapata. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este prove\u00eddo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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