STC11045-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11045-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2022-00145-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 11 de julio de 2022 por la Sala Civil- Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Bancolombia S.A. en contra del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado 2017-00011. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la entidad financiera procura la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso e \u00abinaplicabilidad de la ley de prescripci\u00f3n de t\u00edtulos\u00bb, presuntamente quebrantadas por la autoridad jurisdiccional querellada. <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez (Meta) se inici\u00f3 un proceso ejecutivo promovido a instancias de Bancolombia S.A. en contra de Yesid Guti\u00e9rrez Ram\u00edrez, que se tramit\u00f3 bajo el radicado 2017-00011. <\/p>\n
2.2. El 14 de marzo de 2017 se solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del decurso, por \u00abnovaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u00bb y que, en consecuencia, \u00abse ordenara la entrega de los t\u00edtulos judiciales a favor de Bancolombia S.A.\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 30 de marzo ulterior, el estrado cognoscente requiri\u00f3 a la parte actora, a fin de que aclarara algunos aspectos relacionados con la petici\u00f3n precedente. El 27 de abril siguiente se aclar\u00f3 que \u00abla terminaci\u00f3n e[ra] con base en el art\u00edculo 1625 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 29 de junio de 2017 se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del decurso y se dispuso la \u00abentrega de dineros consignados a este proceso a favor de la ejecutante\u00bb, prove\u00eddo aclarado el 14 de octubre siguiente, en cuanto al nombre del banco. <\/p>\n
2.5. El 17 de agosto de 2021 se pidi\u00f3 dar \u00abcumplimiento al auto de 29 de junio de 2017, esto es, reiterando la entrega de los dineros consignados\u00bb, solicitud que el Juzgado desestim\u00f3 el 23 de septiembre del mismo a\u00f1o, bajo el entendido de que \u00ablos [t\u00edtulos] fueron prescritos bajo las condiciones de la Ley 1743 de 2014\u00bb. <\/p>\n
2.6. Dicha decisi\u00f3n fue confirmada el 26 de noviembre siguiente; asimismo, se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n formulada. <\/p>\n
2.7. Previo pedimento de la parte actora, el 10 de febrero de 2022 el \u00f3rgano judicial querellado adicion\u00f3 el auto de 26 de noviembre de 2021, indicando que \u00abel Despacho no procedi\u00f3 a remitir comunicaci\u00f3n al Banco Agrario, toda vez que, dicho procedimiento solo se realiza previa solicitud del interesado, y seg\u00fan su dicho, la accionante nunca hizo la respectiva solicitud\u00bb. <\/p>\n
2.8. Contra el anterior prove\u00eddo, la ejecutante impetr\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de queja. El primero fue desestimado el 21 de abril del a\u00f1o en curso, mientras que, el 1 de junio de 2022, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio declar\u00f3 bien denegada la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La accionante alega que el fallador cuestionado incurri\u00f3 en un defecto procedimental, toda vez que, sin fundamento, prescribi\u00f3 unos t\u00edtulos judiciales retenidos, desconociendo que la entrega de los dineros fue reclamada desde el 30 de marzo de 2017, requerimiento al que se accedi\u00f3 el 29 de junio del mismo a\u00f1o; luego, la solicitud, contrario a lo sostenido por el querellado, se efectu\u00f3 en el t\u00e9rmino requerido en el art\u00edculo 5 de la Ley 1743 de 2014, de all\u00ed que al juzgado le correspond\u00eda elaborar la comunicaci\u00f3n con destino al Banco Agrario de Colombia S.A., para que Bancolombia \u00abpudiese hacer efectivo[s] los t\u00edtulos\u00bb. <\/p>\n
4. Con estribo en lo relatado, exige que se ordene al accionado proceder conforme al auto de 29 de junio de 2017 y remitir comunicaci\u00f3n al Banco Agrario de Colombia S.A., a fin de que los t\u00edtulos le sean entregados. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado convocado afirm\u00f3 que, en 2020, inici\u00f3 el proceso de prescripci\u00f3n de t\u00edtulos judiciales, el cual adelant\u00f3 con observancia de los lineamientos fijados en la Ley 1743 de 2014 y que, luego de impartir la orden de pago y terminaci\u00f3n del proceso, s\u00f3lo hasta el 17 de junio de 2021, \u00abaproximadamente cuatro (04) a\u00f1os despu\u00e9s\u00bb, el ejecutante elev\u00f3 la petici\u00f3n, \u00abcuando ya se encontraba prescrita\u00bb. Indic\u00f3 que, como la prescripci\u00f3n se materializ\u00f3 en junio del 2020, la tutela promovida no reun\u00eda el requisito de la tempestividad. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 la salvaguarda, pues asegur\u00f3, de un lado, que no se cumpl\u00eda con el presupuesto de la inmediatez, dado que los t\u00edtulos judiciales prescribieron el 24 de junio de 2020 y, por otro, que no se satisfac\u00eda el requisito de la subsidiariedad, toda vez que, si la accionante estaba inconforme con la prescripci\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales, debi\u00f3 hacer uso de los medios ordinarios previstos en el inciso 2 del art\u00edculo 192B de la Ley 270 de 1996, adicionado por el art\u00edculo 5 de la Ley 1743 de 2014, as\u00ed como lo reglamentado en el precepto 34 del Acuerdo PCSJA21-11731 de 29 de enero de 2021, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, cosa que no hizo. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La tutelante, adem\u00e1s de insistir en los argumentos ofrecidos en el escrito inicial, se\u00f1al\u00f3 que no pudo realizar reclamaci\u00f3n alguna, dado que, para la \u00e9poca, los t\u00e9rminos estaban suspendidos, por causa de la pandemia y que, como la publicaci\u00f3n a que se refieren los art\u00edculos 4 y 5 de la Ley 1743 de 2014 se efectu\u00f3 el 29 de marzo de 2020, es decir, durante esa suspensi\u00f3n, no se satisfizo el presupuesto de la publicidad. <\/p>\n
En torno al requisito de la subsidiariedad, advirti\u00f3 que, en el curso del proceso censurado, se agotaron todos los recursos tendientes a obtener la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la entidad financiera tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por el juzgado accionado, en tanto no autoriz\u00f3 la entrega de los t\u00edtulos judiciales constituidos y consignados a \u00f3rdenes del juicio ejecutivo 2017-00011, por encontrarse prescritos. <\/p>\n
2. Revisadas las actuaciones, se advierte que la salvaguarda formulada no satisface los presupuestos de inmediatez y de subsidiariedad. <\/p>\n
2.1. En efecto, conforme obra en la informaci\u00f3n suministrada por el Juzgado demandado, la prescripci\u00f3n de los t\u00edtulos judiciales se materializ\u00f3 el 24 de junio de 2020; luego, entre esa fecha y la de proposici\u00f3n del ruego -24 de junio de 2022- transcurrieron m\u00e1s de los 6 meses que jurisprudencialmente se han estimado razonables para acudir al juez de tutela. <\/p>\n
Sobre el citado presupuesto ha de precisarse que, aunque no exista un t\u00e9rmino de caducidad para invocar el amparo, s\u00ed se impone promoverlo en un plazo razonable, a fin de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona. Al respecto, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
En punto al\u202frequisito\u202fde la\u202finmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud\u202ftutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e\u202finmediatez\u202finherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado\u202frequisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se resalta). <\/p>\n
Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014). <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas se\u00f1aladas como eximentes del principio de inmediatez, toda vez que, aunque en la impugnaci\u00f3n la promotora adujo que el procedimiento adelantado para declarar la prescripci\u00f3n estuvo viciado, por haberse surtido cuando los plazos respectivos estaban suspendidos, debido a la pandemia originada por el covid-19, tal argumento resulta inane, en vista de que el Acuerdo PCSJA20-11546 de 20201, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, levant\u00f3 la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos administrativos previstos para las reclamaciones de los dep\u00f3sitos judiciales publicados para prescripci\u00f3n el 29 de marzo de esa anualidad, sumado a que la acci\u00f3n constitucional se radic\u00f3 hasta el a\u00f1o 2022. <\/p>\n
2.2. De otro lado, la tutela tampoco re\u00fane el requisito de la subsidiariedad, por cuanto la interesada omiti\u00f3 hacer uso de las herramientas dispuestas por el ordenamiento legal, a fin de realizar las respectivas reclamaciones ante Juzgado demandado, habida cuenta de que no present\u00f3 requerimiento alguno, en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo del art\u00edculo 192B de la Ley 270 de 19962, norma a cuyo tenor: <\/p>\n
Antes de trasladar los recursos de los dep\u00f3sitos judiciales no reclamados, el Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, publicar\u00e1 por una sola vez en un diario de amplia circulaci\u00f3n nacional y en la p\u00e1gina web oficial de la Entidad el listado de todos los dep\u00f3sitos judiciales no reclamados a la fecha de publicaci\u00f3n, identificando el radicado del proceso, sus partes y la fecha de la actuaci\u00f3n que dio fin al proceso, para que en el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas h\u00e1biles, siguientes a la fecha de la publicaci\u00f3n, el beneficiario del dep\u00f3sito se presente a realizar las reclamaciones correspondientes ante el Juzgado que conoci\u00f3 del proceso. Si el beneficiario no reclama el dep\u00f3sito, se entender\u00e1 que los recursos prescribieron de pleno derecho a favor de la Naci\u00f3n, Rama Judicial, Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernizaci\u00f3n, Descongesti\u00f3n y Bienestar de la Administraci\u00f3n de Justicia (Se resalta). <\/p>\n
En la contestaci\u00f3n de la tutela, el Juzgado acusado trajo prueba que acredita que la citada publicaci\u00f3n s\u00ed se hizo, a lo cual se suma que, seg\u00fan lo dicho por ese Despacho, el accionante no reclam\u00f3, en la oportunidad respectiva, cuanto cuestiona en sede constitucional y, por lo mismo, el auxilio es improcedente, dado que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado para reemplazar las facultades del juzgador cognoscente ni para subsanar las oportunidades fenecidas. Sobre la naturaleza subsidiaria de este mecanismo, la Sala ha sostenido que esta acci\u00f3n constitucional no \u00abse instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores\u00bb (CSJ STC4303-2018). <\/p>\n
3. Colof\u00f3n de lo razonado, se refrendar\u00e1 el fallo impugnado, que neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 11. Suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos administrativos\u2026 <\/p>\n
Par\u00e1grafo. Las dem\u00e1s actuaciones administrativas continuar\u00e1n su tr\u00e1mite de acuerdo con las normas expedidas en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica, en especial del Decreto Legislativo 491 de 2020 y dem\u00e1s normas que las adicionen, modifiquen o complementen. <\/p>\n
Igualmente, las reclamaciones de dep\u00f3sitos judiciales publicados para prescripci\u00f3n continuar\u00e1n su tr\u00e1mite, privilegiando los medios electr\u00f3nicos, de conformidad con las reglas que defina la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial (se resalta). <\/p>\n
2\u0002 Adicionado por el art\u00edculo 5 de la Ley 1743 de 2014. <\/p>\n
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