STC11048-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11048-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02745-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Inter Rapid\u00edsimo S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de la aludida localidad y los intervinientes en el juicio declarativo n\u00ba 2020-00249. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene a la magistratura encartada precisar la forma en que tas\u00f3 el resarcimiento que se le orden\u00f3 efectuar en la referida providencia. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Ingrid Joana Gil Granados pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda dada la razonabilidad de la providencia objeto de censura. <\/p>\n
2. El Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 enfatiz\u00f3 que las irregularidades denunciadas en el libelo introductor no le son atribuibles, a lo que agreg\u00f3 que la fundamentaci\u00f3n de la solicitud de amparo m\u00e1s parece corresponder a un escrito de impugnaci\u00f3n que a una verdadera demanda de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la solicitud de amparo involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada, que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal acogi\u00f3 el reclamo resarcitorio formulado contra la aqu\u00ed accionante, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
\u00abAl amparo de estas reflexiones, el Tribunal revocar\u00e1 la sentencia apelada, en cuanto neg\u00f3 la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, por los siguientes motivos: <\/p>\n
a. El primero, porque el demandante s\u00ed prob\u00f3 el lucro cesante, entendido como \u201cla ganancia o provecho que deja de reportarse\u201d como consecuencia de la infracci\u00f3n al derecho de autor (C.C., art. 1617), y que se traduce en el valor que habr\u00eda podido recibir por la licencia o autorizaci\u00f3n de uso de las dos fotograf\u00edas. <\/p>\n
Con este prop\u00f3sito, el demandante aport\u00f3 diferentes contratos \u2013y otros medios de pruebas- \u201ccomo referente y par\u00e1metro\u201d para acreditar lo que ha obtenido por la autorizaci\u00f3n \u201cpara la publicaci\u00f3n de sus fotograf\u00edas en medios digitales\u201d (cdno. principal, archivo 059, p. 13), as\u00ed: (a) el contrato de cesi\u00f3n de derechos patrimoniales de autor suscrito el 9 de noviembre de 2015 entre el se\u00f1or Li\u00e9vano y Colliers International Colombia S.A., relativo a la publicaci\u00f3n de la fotograf\u00eda \u201cCarrera S\u00e9ptima Ciento diecis\u00e9is\u201d, con una contraprestaci\u00f3n de $30000000 (cdno. principal, archivo 86, pp. 1 a 4); (b) los contratos de transacci\u00f3n de 5 de octubre de 2015 y 2 de julio de 2014, en los que se pact\u00f3 con ABB Ltda. y MMS Comunicaciones Colombia S.A.S. el pago de $51 702 200 y de $150 000 000, respectivamente, a favor del demandante por el uso no autorizado de una obra, y por la modificaci\u00f3n, publicaci\u00f3n, omisi\u00f3n de cr\u00e9ditos y \u201caprovechamiento comercial\u201d de una fotograf\u00eda panor\u00e1mica de Bogot\u00e1 (pp. 5 a 11 y 18 a 22, ib.); (c) el acuerdo conciliatorio suscrito el 7 de septiembre de 2015 entre el demandante y Latam Airlines Group S.A., con un pago a favor del se\u00f1or Li\u00e9vano de $31 200 000, por la utilizaci\u00f3n \u201cde una fotograf\u00eda panor\u00e1mica de Bogot\u00e1 sin la debida autorizaci\u00f3n\u201d (p. 28, ib.); (d) el contrato de transacci\u00f3n de 7 de julio de 2016, en virtud del cual IBM Colombia & C\u00eda. S.C.A. se oblig\u00f3 a pagar al demandante $33 694 992, 92, por concepto de indemnizaci\u00f3n derivada \u201cde la publicaci\u00f3n de las obras\u201d de su autor\u00eda (p. 39, ib.); (e) el acuerdo conciliatorio de 29 de octubre de 2020, mediante el cual Liftit S.A.S. se oblig\u00f3 a pagar al demandante la suma de $16 500 000, para resarcir los perjuicios por la reproducci\u00f3n, comunicaci\u00f3n y modificaci\u00f3n de una obra fotogr\u00e1fica (cdno. principal, archivo 124, \u201c01CuadernoPrincipal\u201d, pp. 234 y 235, y 16); y (f) la sentencia de 12 de agosto de 2021, proferida por el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, dentro del proceso con radicaci\u00f3n No. 11001310303120190040900 promovido por el se\u00f1or Li\u00e9vano contra N\u00e9stor Chaves, Cirug\u00eda Pl\u00e1stica S.A.S., en la cual se conden\u00f3 a esa sociedad al pago de $3 240 000 por la reproducci\u00f3n, comunicaci\u00f3n y modificaci\u00f3n de una fotograf\u00eda (cdno. principal, archivo 126, \u201c13ActaAudiencia371-372\u201d). <\/p>\n
Por consiguiente, como la sentencia apelada concluy\u00f3 \u2013y ya no se puede discutir en esta sede\u2013 que \u201cexisti\u00f3 una difusi\u00f3n\u201d, aunque \u201cno se alleg\u00f3 prueba al plenario que la campa\u00f1a publicitaria, en efecto, fuera expuesta en forma masiva al p\u00fablico, pero, en todo caso, las fotograf\u00edas fueron modificadas, usadas y difundidas entre varios empleados y personal vinculado a la empresa demandada a trav\u00e9s de links espec\u00edficos, sin que se acreditara una autorizaci\u00f3n previa\u201d (audiencia, min. 36:19), la Sala, dado el alcance de la infracci\u00f3n y que se trata de dos fotograf\u00edas, considera que la sociedad demandada debe pagarle al demandante la suma de $34 000 000 por concepto de perjuicios materiales. <\/p>\n
No es posible aceptar la suma pedida ($70 000 000), puesto que el juramento estimatorio s\u00ed fue objetado, perdiendo eficacia probatoria (C.G.P., art. 206), sin que, al pronunciarse sobre la contestaci\u00f3n de la demanda, la jueza hubiere hecho alg\u00fan tipo de pronunciamiento desestimatorio sobre el particular. Tampoco se puede tener en cuenta -para la tasaci\u00f3n- la suma de $150 000 000 pactada en el contrato de transacci\u00f3n suscrito con MMS Comunicaciones Colombia S.A.S., toda vez que en ese negocio se precis\u00f3 que el pago comprend\u00eda, entre otros, el \u201caprovechamiento comercial de la foto\u201d, hecho que aqu\u00ed no se prob\u00f3 (cdno. principal, archivo 086, p. 19). <\/p>\n
b. En lo que ata\u00f1e al da\u00f1o inmaterial, es innegable su vinculaci\u00f3n con los derechos morales del autor, con los que obviamente no se identifica, entre los que se destacan el de paternidad \u2013entendido como la facultad que tiene el autor de ser reconocido de esa forma cuando sea, entre otras, reproducida o comunicada al p\u00fablico (Ley 23 de 1982, arts. 30 y 12)\u2013 y la preservaci\u00f3n de su integridad (art. 30, lit. b, ib.). <\/p>\n
(\u2026) Por consiguiente, la lesi\u00f3n de esos derechos afecta, por regla, un derecho fundamental del autor, dado que una creaci\u00f3n de su esp\u00edritu es utilizada o divulgada sin reconocimiento de autor\u00eda, como si fuera cosa vana, f\u00fatil o insubstancial. Es que la afirmaci\u00f3n de la paternidad de una obra es un asunto de trascendencia para la persona del autor, mejor a\u00fan, para su creador, pues implica el reconocimiento de su producci\u00f3n intelectual, de la expresi\u00f3n art\u00edstica del ser humano y de sus capacidades creativas, impacta en su nombre y tiene incidencia en su desarrollo emocional y profesional; incluso, genera efectos en la consideraci\u00f3n sobre s\u00ed mismo. De alguna manera, desconocer los derechos morales del autor impacta los derechos humanos a la honra (en cuanto reputaci\u00f3n externa) y al honor (como \u201cconciencia del propio valor\u201d) (cfme. Sentencia C-063 de 17 de febrero de 1994). <\/p>\n
(\u2026) Desde esa perspectiva, la Sala fijar\u00e1 como indemnizaci\u00f3n por concepto de da\u00f1o moral la suma de $5 000 000, atendiendo las circunstancias en que incurri\u00f3 la infracci\u00f3n, las condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, como lo precis\u00f3 la jueza de primer grado en su fallo (cfme. Cas. Civ. Sentencia de 18 de septiembre de 2009. Rad. 20001-3103-005-2005-00406- 01). 4. Puestas de este modo las cosas, se revocar\u00e1n los numerales tercero y cuarto de la sentencia apelada, para, en su lugar, condenar a la sociedad demandada a pagarle al demandante $34 000 000 \u2013indexados desde la notificaci\u00f3n del auto admisorio (9 de marzo de 2021) \u2013, por concepto de lucro cesante, y $5 000 000, por da\u00f1o moral\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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