STC11050-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11050-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00623-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022. <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 26 de abril de 2022, por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas n.\u00ba 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida por Azucena Ord\u00f3\u00f1ez de Var\u00f3n frente a la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, favorabilidad y primac\u00eda de la realidad sobre las formas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Azucena Ord\u00f3\u00f1ez de Var\u00f3n instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP-, con el fin de que se reliquidara su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, de conformidad con los factores salariales consagrados en la Ley 33 de 1985 y el Acuerdo 089-A dictado por la Caja de Previsi\u00f3n Social de Comunicaciones -CAPRECOM-. <\/p>\n
2.2. El 15 de noviembre de 2018, el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, absolvi\u00f3 a la entidad de las pretensiones de la demanda; decisi\u00f3n que fue confirmada el 9 de julio de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad. <\/p>\n
2.3. Inconforme, la actora recurri\u00f3 en sede extraordinaria, donde mediante providencia CSJ SL4377-2021 de 23 de agosto de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral convocada resolvi\u00f3 no casar el fallo atacado. <\/p>\n
2.4. Al respecto, la tutelante afirm\u00f3 que la acusada \u00abcre\u00f3 una regla general que implica, sin importar casos particulares, que todos y cada uno de los servidores p\u00fablicos que obtengan su pensi\u00f3n en vigencia de la Ley 100 de 1993, no ver\u00e1n su pensi\u00f3n calculada sobre los factores de cotizaci\u00f3n, sino s\u00f3lo sobre aquellos que est\u00e9n dentro del Decreto 1158 de 1994, violando as\u00ed un concepto b\u00e1sico constitucional contenido en el Art\u00edculo 48\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que, la autoridad judicial cuestionada desconoci\u00f3 que a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la actora como empleada de TELECOM (desde el 17 de enero de 1974, hasta el 30 de marzo de 1995) y afiliada CAPRECOM, durante los 10 a\u00f1os anteriores a la causaci\u00f3n del derecho pensional, no solo realiz\u00f3 los aportes a pensi\u00f3n sobre los factores salariales consagrados en la Ley 33 de 1985, sino que a partir de expedici\u00f3n del Acuerdo n.\u00ba 089A de 1985 (expedido por aquella), efectu\u00f3 las cotizaciones sobre factores salariales adicionales, los cuales no se tuvieron en cuenta al momento de liquidar su pensi\u00f3n. <\/p>\n
Por consiguiente, \u00abdeber\u00eda tener derecho a que su IBL sea conformado por todos los factores sobre los cuales EN REALIDAD COTIZ\u00d3\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, inst\u00f3 que se deje sin efectos la sentencia CSJ SL4377-2021 dictada el 23 de agosto de 2021, por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral y en su lugar \u00aben sede de instancia\u00bb se ordene la reliquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n \u00abconforme a los FACTORES SALARIALES que serv\u00edan de aporte durante los \u00faltimos diez a\u00f1os, aplicando para ello el Acuerdo No. 089A de 1985 de CAPRECOM hasta el 31 de marzo de 1994, y el Decreto 1158 de 1994 desde el 01 de abril de 1994 en adelante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n convocada manifest\u00f3 que \u00abpara proferir la decisi\u00f3n\u2026se atuvo al precedente vertido en la providencia CSJ SL, 10 may. 2011, rad. 37929, reiterada en la SL4657-2017, donde se determin\u00f3 que los factores salariales a tener en cuenta para liquidar las pensiones de los servidores p\u00fablicos que causaron sus prestaciones en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, son los considerados en el Decreto 1158 de 1994, que modific\u00f3 el art\u00edculo 6 del Decreto 691 de ese a\u00f1o, mismos que tuvo en cuenta Caprecom al momento en que le reconoci\u00f3 la prestaci\u00f3n a la actora\u00bb. En consencuencia, \u00ablo que pretende el accionante a trav\u00e9s del mecanismo constitucional invocado, no es otra cosa que reabrir el debate procesal, algo que resulta evidentemente inadmisible ante la firmeza de la decisi\u00f3n proferida al resolver el recurso extraordinario\u00bb. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP-, indic\u00f3 que el amparo constitucional solicitado es improcedente para enervar la decisi\u00f3n fustigada porque \u00abno es dable efectuar la reliquidaci\u00f3n pensional con la inclusi\u00f3n de las primas\u2026estipuladas en el Acuerdo No. 089-A de 1985 emitido por Caprecom\u00bb; por cuanto, tal y como \u00abse prob\u00f3 quien acciona es beneficiaria es de la aplicaci\u00f3n de la Ley 100\/93 lo que hace que sus factores a ser tenidos en cuenta en su IBL sean los indicados taxativamente en el Decreto 1158 de 1994\u00bb. <\/p>\n
Luego, refiri\u00f3 que la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 como regla jurisprudencial que los aspectos protegidos por el r\u00e9gimen de transici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 son la edad y el tiempo de servicio. Sin embargo, respecto del ingreso base de liquidaci\u00f3n, estableci\u00f3 que el mismo \u00abno es un aspecto sujeto a transici\u00f3n y, por tanto, existe sujeci\u00f3n sobre esta materia a lo dispuesto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993. [De ah\u00ed que] el funcionario que adquiera su derecho a la pensi\u00f3n en vigencia de Ley 100 de 1993 la misma se debe liquidar con el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta o en los \u00faltimos 10 a\u00f1os seg\u00fan corresponda incluyendo \u00fanicamente los factores de salario establecidos en el Decreto 1158 de 1994, y dem\u00e1s disposiciones que EXPRESAMENTE consagren esa condici\u00f3n de FACTORES SALARIALES con incidencia pensional, por haber adquirido su status pensional conforme a las condiciones del R\u00c9GIMEN DE TRANSICI\u00d3N creado por Sistema General de Pensiones, y no antes\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que dicho criterio, adem\u00e1s de ser defendido por el Alto Tribunal de lo constitucional en sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018; ha sido reiterado y pac\u00edfico tanto en las decisiones del Consejo de Estado y como en las determinaciones de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n impetrada, al estimar que la determinaci\u00f3n de la Sala de Descongesti\u00f3n accionada se ajusta al criterio que ha acogido esta Corte \u00aben relaci\u00f3n con la normatividad aplicable al r\u00e9gimen de transici\u00f3n y al IBL de los trabajadores favorecidos con el mismo, respecto de quienes se ha concluido que les son aplicables las reglas previstas en las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, \u00fanicamente en lo que se refiere a los requisitos de la edad, tiempo de servicios y monto de la pensi\u00f3n, de suerte que el IBL se calcula conforme a las previsiones de la mencionada normativa -Ley 100 de 1993-\u00bb. <\/p>\n
Por lo que, \u00abmal podr\u00eda esta Sala a solicitud de la accionante, acoger un criterio distinto al que ha sido sostenido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y el IBL a tener en cuenta, y que, en \u00faltimas, fue acogido por la Corte Constitucional, quien lo encontr\u00f3 ajustado a la Constituci\u00f3n por respetar el derecho a la igualdad\u00bb. De manera que, \u00ablas divergencias interpretativas, o de valoraci\u00f3n probatoria que surjan en torno a una decisi\u00f3n judicial, no son violatorias, per se, de derechos fundamentales, y que la tutela no es, por tanto, el medio indicado para buscar su rescisi\u00f3n cuando esta clase de discrepancias se presenta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral accionada, al proferir la sentencia CSJ SL4377-2021, que defini\u00f3, en \u00faltimas1, el proceso ordinario laboral promovido por aquella contra la UGPP, en tanto no cas\u00f3 el fallo dictado por el ad quem. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; por tanto, solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Ahora bien, de conformidad con las actuaciones procesales, se observa que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la ahora tutelante, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a casar el fallo del Tribunal. <\/p>\n
3.1. Para ello, comenz\u00f3 por precisar que la promotora es beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n consagrado en el canon 36 de la Ley 100 de 1993, en virtud del cual la demandada le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n bajo el cobijo de la Ley 33 de 1985. <\/p>\n
En ese orden, puntualiz\u00f3 que el problema jur\u00eddico se centraba en establecer si el Tribunal hab\u00eda errado, al tener en cuenta los factores salariales previstos en el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1158 de 1994, como la base para la liquidaci\u00f3n de prestaci\u00f3n pensional de la demandante. <\/p>\n
Al respecto, comenz\u00f3 por se\u00f1alar que \u00abbasta con recordar que de manera pac\u00edfica, reiterada y uniforme, esta Corte tiene definido que los factores salariales a tener en cuenta para liquidar las pensiones de los servidores p\u00fablicos que causaron sus prestaciones en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, son precisamente los considerados por el Tribunal (Decreto 1158 de 1994, que modific\u00f3 el art\u00edculo 6 del Decreto 691 de ese mismo a\u00f1o)\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, la convocada hizo referencia a la sentencia CSJ SL, 10 may. 2011, rad. n.\u00ba 37929, reiterada por la SL4657-2017 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, en la que se estudi\u00f3 un asunto de contornos similares al planteado y se expuso que, <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993, no define los elementos integrantes de la remuneraci\u00f3n del afiliado sujeto al r\u00e9gimen de transici\u00f3n, que conforman el ingreso base para calcular el monto de las cotizaciones obligatorias al Sistema General de Pensiones, ni tampoco los que deben conformar el ingreso base de liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez, sino que establece los periodos de remuneraci\u00f3n que deben tomarse en cuenta para determinar este ingreso. (\u2026) Por consiguiente, para los referidos efectos resulta indispensable remitirse a lo que dispone el art\u00edculo 18 de la ley de seguridad social en cuanto define que el salario mensual base de cotizaci\u00f3n para los trabajadores particulares ser\u00e1 el que resulte de aplicar lo dispuesto en el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y que el salario mensual base de cotizaci\u00f3n para los servidores del sector p\u00fablico ser\u00e1 el que se se\u00f1ale, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4\u00aa de 1992. Y no debe perderse de vista lo que precisaron las normas reglamentarias al respecto para trabajadores particulares y para servidores p\u00fablicos. (\u2026) Surge entonces de lo expuesto que el juzgador de segundo grado no se equivoc\u00f3 al aplicar en este caso el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto Reglamentario 1158 de 1994 que se\u00f1ala los factores que determinan el salario mensual de base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores p\u00fablicos, dado que esta disposici\u00f3n forma parte de dicho r\u00e9gimen y en ella no se hace exclusi\u00f3n de ninguna clase\u00bb. <\/p>\n
3.2. Luego, al descender al caso concreto, precis\u00f3 que \u00abno es materia de discusi\u00f3n que Caprecom le reconoci\u00f3 a la actora la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de la Ley 33 de 1985 a partir del 24 de julio de 2005, con fundamento en el r\u00e9gimen de transici\u00f3n de la Ley 100 de 1993, raz\u00f3n por la cual los factores salariales llamados a integrar su prestaci\u00f3n, respecto al tiempo laborado en el sector p\u00fablico, son los consignados en el art\u00edculo 1 del Decreto 1158 de 1994, que corresponden a los siguientes: asignaci\u00f3n b\u00e1sica mensual; gastos de representaci\u00f3n; prima t\u00e9cnica cuando sea factor de salario, de antig\u00fcedad, ascensional y de capacitaci\u00f3n si son factor de salario; remuneraci\u00f3n por trabajo dominical o festivo; retribuci\u00f3n por trabajo suplementario o de horas extras o realizado en jornada nocturna; y bonificaci\u00f3n por servicios prestados\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3 que lo decidido por el Tribunal \u00abse encuentra acompasado con el criterio de esta Corporaci\u00f3n\u00bb; por cuanto, \u00abno importa al debate que la demandante hubiere devengado otros estipendios distintos a los enunciados, pues fue el legislador quien de manera precisa estableci\u00f3 cu\u00e1les son los emolumentos a tener en cuenta para cuantificar el ingreso base de liquidaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n de jubilaci\u00f3n, y tal como se desprende de la \u00abRELACI\u00d3N DE VALORES PAGADOS\u00bb emitida por el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes \u2013 PAR (f.\u00b0 45 a 47), los all\u00ed relacionados no corresponden a los mencionados por el Decreto 1158 tantas veces citado\u00bb. <\/p>\n
4. Analizada la providencia reprochada, se sigue que la misma no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, dado que la Sala de conocimiento revis\u00f3 y decidi\u00f3 en forma motivada las censuras de la parte, que se reiteran en esta sede, y fue proferida despu\u00e9s de haber realizado una valoraci\u00f3n razonable de la actuaci\u00f3n correspondiente, la normatividad que gobierna el asunto y con soporte en jurisprudencia relacionada en torno al tema debatido, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la Colegiatura hall\u00f3 debidamente sustentada la decisi\u00f3n del Tribunal, en cuanto dio correcta aplicaci\u00f3n a lo se\u00f1alado en la normativa que rige la materia; puesto que, a la actora se le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n con sustento en las normas contenidas en la Ley 33 de 1985, en atenci\u00f3n de la condici\u00f3n que ostentaba como beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n pensional que establece en el canon 36 de la Ley 100 de 1993. Ello, respecto de los requisitos de la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensi\u00f3n consagradas en la precitada Ley 33 de 1985. <\/p>\n
Sin embargo, el c\u00e1lculo del \u00edndice base de liquidaci\u00f3n (IBL), como bien lo ha sostenido la jurisprudencia, se deb\u00eda efectuar conforme a las previsiones de que trata la Ley 100 de 1993, normativa vigente al momento en el que se caus\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n de la inconforme. Por lo que, los factores salariales para liquidar la mencionada prestaci\u00f3n, no eran otros que previstos en el art\u00edculo 1 del Decreto 1158 de 1994, tal y como lo defini\u00f3 la providencia atacada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el caso sub examine se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la parte accionante, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de la ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, rad. n.\u00ba 00022-01). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia que cuando las sentencias de instancia han sido objeto de recursos \u00abla valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
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