STC11062-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11062-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02176-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Integral S.A., contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad y los intervinientes en los ejecutivos radicados n\u00ba 2010-00317; 2014-00019 y 2017-00190. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n jurisdiccional convocada. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que Servicios de Ingenier\u00eda \u00abServing Limitada en liquidaci\u00f3n\u00bb, era una empresa subordinada a Integral S.A. (empresa matriz), que \u00aben desarrollo de un cruce de cuentas\u00bb recibi\u00f3 acciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
Posteriormente, Serving limitada enajen\u00f3 un total de 333.217 acciones en favor de la ciudadana Natalia Quiceno Gonz\u00e1lez, empleada de Integral S.A., \u00ab(\u2026) mediante actuaciones semiocultas, ilegales realizadas entre septiembre y octubre de 2008, operaci\u00f3n cohonestada por el presidente de Integral S.A. y hechas en espurio beneficio (\u2026)\u00bb, y por un valor inferior al real, pasando a ser accionista mayoritaria de Integral S.A. En asamblea del 30 de marzo de 2009, la mencionada compradora, reclam\u00f3 dividendos por las acciones adquiridas. <\/p>\n
Refiere que, Integral S.A., demand\u00f3 ante la Superintendencia de Sociedades la ineficacia de la enajenaci\u00f3n de las acciones entre Integral y su subordinada Serving Limitada, autoridad que, con sentencia del 9 de julio de 2010 acogi\u00f3 la pretensi\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, dicha decisi\u00f3n fue objeto de acci\u00f3n de tutela interpuesta por Natalia Quiceno, la cual prosper\u00f3 en la Sala de Casaci\u00f3n Civil, que concedi\u00f3 el amparo y dej\u00f3 sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el tribunal, ordenando que la dicte nuevamente. De esa forma, la referida colegiatura (con ponencia del magistrado Juan Carlos Sosa Londo\u00f1o) en acatamiento al fallo de tutela, se pronunci\u00f3 el 17 de julio de 2014, pero no vari\u00f3 el sentido de la decisi\u00f3n, es decir, revoc\u00f3 la de primera instancia y en su lugar, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Al rese\u00f1ado ejecutivo se sucedieron otros dos (radicados 2014-00019 y 2017-00190) que instaur\u00f3 Natalia Quiceno y que fueron acumulados al primero (2010-00317). <\/p>\n
De otro lado, y paralelamente, Integral S.A., promovi\u00f3 proceso verbal (radicado 2011-00338) con la pretensi\u00f3n que se declare la ineficacia de la venta de las acciones efectuadas entre Serving Limitada y Natalia Quiceno Gonz\u00e1lez, tr\u00e1mite que en las instancias sali\u00f3 avante, inclusive en sede casaci\u00f3n, en el entendido que la Sala de Casaci\u00f3n Civil resolvi\u00f3 no casar (SC3201-2018, de 9 de agosto de 2018) la sentencia del Tribunal Superior de Medell\u00edn que hab\u00eda confirmado la del a quo declarando la ineficacia de los negocios jur\u00eddicos all\u00ed cuestionados. <\/p>\n
Destaca que, a pesar de lo resuelto en el anterior litigio (el 2011-00338), el primer ejecutivo, es decir, aqu\u00e9l iniciado para el cobro de los dividendos de las acciones del 2009, continu\u00f3 su curso, empero, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn en prove\u00eddo del 13 de diciembre de 2019, se abstuvo de continuar la ejecuci\u00f3n (del coercitivo 2010-00317 y el acumulado 2014-00019) por considerar que no exist\u00eda t\u00edtulo ejecutivo, atendiendo el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en sede de casaci\u00f3n en el juicio verbal declarativo (2011-00338). <\/p>\n
Contra esta \u00faltima determinaci\u00f3n, el apoderado de Quiceno Gonz\u00e1lez propici\u00f3 un incidente de nulidad \u2013 con fundamento en que el fallador estaba desconociendo lo definido en la sentencia del 17 de julio de 2014 del primer ejecutivo \u2013 que resolvi\u00f3 negativamente el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Medell\u00edn en auto del 23 de julio de 2021, indicando que la ejecutante deb\u00eda atenerse al fallo de casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia; decisi\u00f3n contra la cual el incidentante interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Fue as\u00ed, como en decisi\u00f3n del 14 de enero de 2022 que, la Sala Civil (unitaria \u2013 magistrado Juan Carlos Sosa Londo\u00f1o) del Tribunal Superior de Medell\u00edn, revoc\u00f3 el se\u00f1alado auto, es decir, dejando sin efecto aqu\u00e9l que no accedi\u00f3 a declarar la nulidad y de contera el del 13 de diciembre de 2019 que ces\u00f3 la ejecuci\u00f3n, lo anterior con fundamento en que hab\u00eda operado la cosa juzgada desde la sentencia del 17 de julio de 2014 dictada en el ejecutivo original (en donde se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n). <\/p>\n
Al margen de lo anterior, puso de presente que cursa otro ejecutivo (radicado 2019-00281) promovido por la misma Natalia Quiceno Gonz\u00e1lez, este conexo al juicio declarativo, por cuanto en dicho pleito se ordenaron unas restituciones mutuas resultantes de la declaratoria de ineficacia de los negocios que aqu\u00e9lla suscribi\u00f3 con Serving Limitada. En ese asunto, Integral S.A., propuso la excepci\u00f3n de compensaci\u00f3n que fue negada (3 de febrero de 2020), decisi\u00f3n que se encuentra pendiente de ser resuelta en sede de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, en cuanto al \u00faltimo de los compulsivos acumulados, persiguiendo el pago de los dividendos de acciones del a\u00f1o 2016, el 13 de diciembre de 2019 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, revoc\u00f3 el mandamiento de pago all\u00ed librado inicialmente y declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del juicio por falta de t\u00edtulo ejecutivo; esto, consecuencia tambi\u00e9n de lo fallado por esta Sala en sede casaci\u00f3n en el litigio declarativo 2011-00338. Contra ese auto del 13 de diciembre de 2019 present\u00f3 apelaci\u00f3n la ejecutante Quiceno Gonz\u00e1lez, recurso decidido en Sala unitaria, por el Tribunal Superior de Medell\u00edn el 26 de noviembre de 2021, bajo el criterio de la configuraci\u00f3n de la cosa juzgada y por considerar que ninguna otra decisi\u00f3n tiene incidencia en ese coercitivo; en ese caso, orden\u00f3 al juzgado de primera instancia proferir auto librando mandamiento de pago. <\/p>\n
La queja la dirige la actora contra los autos del 26 de noviembre de 2021 (proceso 2017-00190 acumulado al original 2010-00317) y del 14 de enero de 2022 (proceso 2014-00019 acumulado al principal 2010-00317); el primero, que revoc\u00f3 directamente el prove\u00eddo del 13 de diciembre de 2019 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn que dispuso negar el mandamiento de pago y terminar el ejecutivo por falta de t\u00edtulo; y el segundo, que infirm\u00f3 el del 23 de julio de 2021 (del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn) que neg\u00f3 la nulidad formulada por Natalia Quiceno Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
Aduce la sociedad accionante que las mencionadas providencias constituyen v\u00edas de hecho por cuanto, el magistrado tutelado \u00aben dos ocasiones de manera abierta ha fracturado la funci\u00f3n que compete a las instancias como formas de ejercicio de control de poder [\u2026] en sede constitucional ha mostrado su desprecio por la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia que anul\u00f3 su providencia [\u2026] lo que hizo el magistrado fue una burla a su superior\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, desconoci\u00f3 lo resuelto por la Corte en sede de casaci\u00f3n civil, en la que se valid\u00f3 el juzgamiento del Tribunal Superior de Medell\u00edn en el pleito en el que se determin\u00f3 la ineficacia de la cesi\u00f3n de las acciones, y all\u00ed, seg\u00fan alega, \u00ab(\u2026) el magistrado encontr\u00f3 una ocasi\u00f3n propicia para acudir a abstrusas geometr\u00edas hermen\u00e9uticas, con tal de negar el derecho reconocido por la Corte Suprema de Justicia e imponer su personal capricho\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se dejen sin efectos las determinaciones adoptadas por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Civil (unitaria) el 26 de noviembre de 2021 (2017-00190) y el 14 de enero de 2022 (2010-00317 y 2014-00019). <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medell\u00edn indic\u00f3 que ninguno de los expedientes objeto de la acci\u00f3n de tutela fueron tramitados en ese despacho, aqu\u00e9llos le correspondieron al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias. <\/p>\n
2. El magistrado Juan Carlos Sosa Londo\u00f1o, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, ponente de las decisiones recriminadas, se opuso a las pretensiones de la demanda y en concreto explic\u00f3 que, en efecto, producto de un fallo de tutela proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil (STC626-2014, rad.2014-01191-00) que anul\u00f3 la sentencia dictada en segunda instancia el 11 de febrero de 2014 en el ejecutivo 2010-00317, se profiri\u00f3 un nuevo fallo el 17 de julio de 2014 en acatamiento de la orden all\u00ed impartida, \u00absentencia de excepciones que qued\u00f3 ejecutoriada y alcanz\u00f3 efecto de cosa juzgada\u00bb. Se\u00f1ala que esa providencia, no fue considerada en su momento como un desacato a la tutela de la Corte. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, respecto al proceso ordinario en el que se declar\u00f3 la ineficacia de los actos, desconoce \u00ab(\u2026) si el juez de conocimiento del proceso ordinario, la Sala de Decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n y la Sala de Casaci\u00f3n Civil tuvieron conocimiento de que esa \u201cmisma materia prima\u201d, entre las mismas partes y con el mismo objeto ya hab\u00eda sido propuesta en el proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
3. Natalia Quiceno Gonz\u00e1lez, por intermedio de apoderado, solicit\u00f3 se deniegue la acci\u00f3n tutelar pues considera que las decisiones que son objeto de reproche, \u00abel Tribunal Superior de Medell\u00edn, no se habr\u00eda equivocado\u00bb pues para los ejecutivos en cuesti\u00f3n, ya exist\u00eda una sentencia ejecutoriada, esto es, la del 17 de julio de 2014, y es aqu\u00e9lla la que se debe hacer prevalecer. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Caso concreto – De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
Las cr\u00edticas elevadas contra los pronunciamientos recriminados, se circunscriben a endilgar lo que calific\u00f3 la sociedad precursora del amparo (por intermedio de su apoderado), como v\u00edas de hecho, concretamente por desconocer lo resuelto en el juicio 2011-00338 que promovi\u00f3 Integral S.A., contra Natalia Quiceno Gonz\u00e1lez y en el cual se declar\u00f3 la ineficacia de la venta de acciones que la empresa Serving Limitada, (subordinada a Integral S.A.), le hiciera a aquella de manera irregular, seg\u00fan se expuso all\u00ed. <\/p>\n
3.1. En concordancia con dicha censura, sostuvo la tutelante que, el magistrado accionado, al resolver como lo hizo en ambos prove\u00eddos, transgredi\u00f3 \u00abla estructura de la situaci\u00f3n pol\u00edtica de Colombia, a la vez que [derog\u00f3] presupuestos epistemol\u00f3gicos m\u00ednimos constitutivos de la racionalidad occidental\u00bb, y alega que el referido funcionario, \u00abfractur\u00f3, la funci\u00f3n que compete a las instancias como formas de ejercicio de control al poder\u00bb, y que desatendi\u00f3 de manera \u00abcaprichosa\u00bb lo decidido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil tanto en sede constitucional como de casaci\u00f3n, esta \u00faltima, respecto del juicio declarativo 2011-00338; en este particular, sostuvo que, aunque existe autonom\u00eda judicial, esta \u00abtiene un l\u00edmite e impone por lo menos un gran esfuerzo argumental que en el caso extra\u00f1amos, de modo que, la insumisi\u00f3n de la que hace gala apenas muestra una penosa arrogancia impropia de la majestad de la jurisdicci\u00f3n\u00bb, y agreg\u00f3 que, \u00ab(\u2026) la tensi\u00f3n entre el derecho del ciudadano, reconocido por la Corte en el fallo de tutela y el desacato del Magistrado, pretextando la autonom\u00eda, debe resolverse en favor de aqu\u00e9l, sin embargo, hasta ahora ha sobrepujado la soberbia sobre el derecho del usuario (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, cuestion\u00f3 el criterio adoptado por el tutelado en los autos discutidos, esto es, el de la cosa juzgada y las conclusiones plasmadas en torno a la ejecutoria de las decisiones, en su concepto, insuficientes \u00abpara negar valor a dos decisiones producidas en el seno de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que, la Sala de Casaci\u00f3n Civil (sentencia de casaci\u00f3n SC3201-2018) aval\u00f3 las proposiciones vertidas por el tribunal en el proceso verbal declarativo 2011-00338, al referirse a la ineficacia de los negocios reprochados en ese asunto y juzg\u00f3 que la determinaci\u00f3n que el tribunal profiri\u00f3 ah\u00ed \u00abse aven\u00eda al ordenamiento jur\u00eddico y con ello estaba juzgando sobre los derechos de la se\u00f1ora Natalia Quiceno Gonz\u00e1lez y no pod\u00eda ser de otra forma, pues ella era la \u00fanica recurrente en casaci\u00f3n [\u2026] es contraevidente pensar que la Corte Suprema de Justicia en su fallo estaba excluyendo a la se\u00f1ora Natalia Quiceno Gonz\u00e1lez de las secuelas de la ineficacia del acto que fue sometido a su veredicto\u00bb. <\/p>\n
Expuso que, las consecuencias de las decisiones objeto de queja constitucional es que, la ejecutante Natalia Quiceno, \u00abtendr\u00eda la titularidad de las 333.217 acciones de Integral S.A., as\u00ed como la de todos los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales que de ellas se desprenden, como por ejemplo, cobrar los dividendos en los tres procesos ejecutivos [\u2026] y los que se sigan causando desde 2017, que no lo ha cobrado, lo cual coincide con el a\u00f1o que fue proferida la sentencia de casaci\u00f3n en el proceso ordinario (9 de agosto de 2018) que ratific\u00f3 la ineficacia y su oponibilidad a Natalia Quiceno, manifestando en varios de sus apartes que ella hab\u00eda obrado de mala fe\u00bb. <\/p>\n
Y finalmente asevera que, al instaurar Quiceno Gonz\u00e1lez el ejecutivo conexo (2019-00281) al declarativo 2011-00338 con el objeto de hacer efectivo el cobro de las restituciones mutuas all\u00ed decretadas, \u00abest\u00e1 reconociendo la validez y la cosa juzgada de la sentencia del proceso declarativo proferida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, n\u00f3tese, que los rese\u00f1ados alegatos as\u00ed formulados son incompatibles con este auxilio, pues son clara evidencia que la sociedad actora (a trav\u00e9s de su abogado) pretende hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n y atacar, por esta senda, unas decisiones que le fueron desfavorables, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s o paralela del juicio ordinario criticado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, incumbe a quien ejercite la acci\u00f3n de amparo contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la valoraci\u00f3n probatoria o aplicaci\u00f3n de una normativa o un precedente espec\u00edfico, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo aquella no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza recriminando el labor\u00edo del fallador, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Aunque la accionante resalt\u00f3 los \u00abyerros\u00bb que en su sentir cometi\u00f3 la corporaci\u00f3n aqu\u00ed accionada, observa la Corte que en realidad lo que hace es recabar en puntos agotados en las respectivas causas; es decir, lo que contienen sus argumentos es un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Esa intenci\u00f3n se advierte n\u00edtida, pues la ac\u00e1 querellante pretende se acceda a sus pretensiones a partir de sus inferencias particulares sobre el contexto procesal puesto en consideraci\u00f3n, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Entonces, se reitera, la diferencia de criterio acerca de la forma en la que fue definida la nulidad propuesta por la ejecutante Quiceno Gonz\u00e1lez (en los coercitivos 2010-00317; y 2014-00019), como el finiquito de la ejecuci\u00f3n por falta de t\u00edtulo en el compulsivo 2017-00190, seg\u00fan lo coligieron en su oportunidad los Jueces Primero y Tercero Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn, no es suficiente per se para habilitar la salvaguarda constitucional, puesto que, como lo ha dicho con suficiencia la Sala, \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01).. <\/p>\n
As\u00ed mismo, de manera uniforme se ha sostenido que, \u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC16240-2015, STC16948-2015, STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Y, cabe se\u00f1alar que con insistencia la Corte ha precisado que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. La Inmediatez. <\/p>\n
Finalmente, cabe anotar que el fracaso del resguardo se refuerza porque la demanda no supera el requisito de la temporalidad, concretamente respecto del prove\u00eddo dictado el 26 de noviembre de 2021, (notificado por estados del 14 de diciembre de ese a\u00f1o) si se tiene en cuenta que la presente acci\u00f3n fue radicada el 5 de julio de 2022, es decir, excediendo el t\u00e9rmino que la jurisprudencia de la Sala1 ha fijado como razonable para acudir al amparo y colmar dicha exigencia de procedibilidad, destac\u00e1ndose que el an\u00e1lisis de ese criterio se impone a\u00fan m\u00e1s riguroso cuando la tutela va dirigida contra una decisi\u00f3n judicial. En lo atinente se ha dicho que: <\/p>\n
Y es que, el mentado requisito adquiere relevancia en estos eventos por cuanto, lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expongan los actores como justificantes de su inercia para acudir a esta acci\u00f3n y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Frente a esto \u00faltimo, la empresa gestora tampoco indic\u00f3 por qu\u00e9 no impetr\u00f3 el auxilio tempestivamente en relaci\u00f3n con el auto proferido el 26 de noviembre de 2021, a fin de que la Corte pudiera estudiar las excepciones al principio y flexibilizarlo en consideraci\u00f3n de la explicaci\u00f3n que justificara su inactividad. Sobre el particular la Corte Constitucional se ha pronunciado en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las reflexiones precedentes se advierten id\u00f3neas y suficientes para desestimar la salvaguarda. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. La pretensi\u00f3n de la sociedad promotora del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver las controversias puestas a su consideraci\u00f3n, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis reprochada. <\/p>\n
5.2. La demandante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez \u2013 frente al auto de 26 de noviembre de 2021 \u2013, as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
<\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11062-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC11062-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02176-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Integral S.A., contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66284","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66284","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66284"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66284\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66284"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66284"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66284"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}