STC11071-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11071-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01341-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 21 de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gloria Elena \u00c1lvarez de Mazo contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1 de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Polic\u00eda Nacional y el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de esa misma ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2011-00205. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Gloria Elena \u00c1lvarez de Mazo promovi\u00f3 declarativo en contra de la Naci\u00f3n- Ministerio de Defensa- Polic\u00eda Nacional, en procura del reconocimiento de la relaci\u00f3n de trabajo entre ambas partes \u00abdesde el 16 de enero de 1975 hasta el mes de septiembre de 1999, fecha en que fue terminad[a] de manera injusta y unilateral por el empleador\u00bb y, en consecuencia, pidi\u00f3 el pago de diferentes emolumentos, tales como \u00abla pensi\u00f3n sanci\u00f3n desde el 19 de junio de 2002, con su respetivo retroactivo; (\u2026) la liquidaci\u00f3n de las prestaciones sociales y vacaciones por el tiempo laborado; [y] (\u2026) la indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa\u00bb, cuyo estudio correspondi\u00f3 al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medell\u00edn, quien concedi\u00f3 lo pretendido. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de esa ciudad, confirm\u00f3 parcialmente lo resuelto por el a quo respecto de la existencia del contrato laboral y revoc\u00f3 \u00abpor falta de prueba convincente de los extremos temporales entre los cuales estuvo vigente dicha relaci\u00f3n contractual y (\u2026) la remuneraci\u00f3n, todas las condenas impuestas en dicho prove\u00eddo, para en su lugar, ABSOLVER a la NACI\u00d3N- MINISTERIO DE DEFENSA-POLIC\u00cdA NACIONAL de todas las pretensiones de la demanda formulada en su contra por la se\u00f1ora GLORIA ELENA \u00c1LVAREZ DE MAZO\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la promotora recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del ad quem, en tanto no evidenci\u00f3 \u00abning\u00fan yerro del Tribunal en la apreciaci\u00f3n de una prueba calificada, los testimonios a que alude el [censor] no pueden ser valorados en el recurso\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio de la libelista incurrieron en \u00abdefecto factico en su dimensi\u00f3n negativa, por cuanto el juzgador de segundo grado niega lo pretendido (\u2026) tras materializar una valorizaci\u00f3n de pruebas arbitraria e irracional, sin mayor sustento legal. (\u2026) La Corte Suprema de Justicia-Sala Laboral convalido (sic) de alg\u00fan modo el criterio empleado por el tribunal\u00bb. <\/p>\n
Adicional a ello, expuso que se le vulner\u00f3 su derecho a la igualdad, respecto de la providencia SU 129\/21, emitida por la Corte Constitucional y \u00abel hecho de que en [este] caso se haya revocado la sentencia de primera instancia, siendo que, en los procesos incoados por (\u2026) otras compa\u00f1eras de trabajo, (\u2026) que vale destacar fungieron como testigos rec\u00edprocos en todos los procesos incoados en contra de la Polic\u00eda Nacional, y donde las pretensiones de ambos procesos estaban fundadas en las mismas circunstancias f\u00e1cticas (\u2026) y los resultados FUERON DIAMETRALMENTE OPUESTOS EN TANTO MI EX COMPA\u00d1ERA DE TRABAJO SE ENCUENTRA PENSIONADA y por el contrario la sentencia en mi caso fue revocada\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se dejen sin efectos los fallos del 28 de febrero de 2014 y 2 de octubre de 2019 proferidos por las convocadas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADA <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la determinaci\u00f3n confutada realiz\u00f3 un recuento de las consideraciones expuestas en la misma y manifest\u00f3 que \u00abno se observa que esta Sala hubiese vulnerado los derechos de la accionante ni incurrido en el defecto f\u00e1ctico alegado, ello en raz\u00f3n a que, la decisi\u00f3n de fondo que se emiti\u00f3 se sustent\u00f3 en criterios que distan de ser subjetivos, pues luego del an\u00e1lisis de las pruebas denunciadas, se concluy\u00f3 que de las mismas no era posible derivar un yerro en la decisi\u00f3n del Tribunal en la medida en que no acreditaban el periodo en el que estuvo vigente el v\u00ednculo laboral entre las partes y cu\u00e1l fue la remuneraci\u00f3n percibida por la actora\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00ablo que pretende la tutelante con la presente acci\u00f3n constitucional es reabrir el debate en relaci\u00f3n con los temas discutidos y decididos en las instancias ordinarias, esto es, los extremos temporales y el salario percibido, cual no puede ser avalado por el juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. La Polic\u00eda Nacional refiri\u00f3 que, en el presente asunto, no se encuentra superado el requisito de la inmediatez, puesto que \u00abla presente acci\u00f3n fue presentada el 06 de julio de 2022, mientras que la sentencia (\u2026) fue notificada el d\u00eda 15 de octubre de 2019.Acorde a lo expuesto la actora dej\u00f3 transcurrir m\u00e1s de (\u2026) 32 meses para solicitar la protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00abla providencia que finaliz\u00f3 la actuaci\u00f3n laboral, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, data del 2 octubre de 2019 y su notificaci\u00f3n se produjo el d\u00eda 16 siguiente, es decir, han transcurrido aproximadamente 2 a\u00f1os y 7 meses -descontado el tiempo de vacancia judicial-. Sin embargo, [la inmediatez] ser\u00e1 acogida en relaci\u00f3n con todos los aspectos valorados en la decisi\u00f3n confutada, con excepci\u00f3n del tema relacionado con la pensi\u00f3n sanci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abal margen de que \u00e9sta [determinaci\u00f3n] se amolda o no a las expectativas de la interesada, t\u00f3pico que, por principio, es extra\u00f1o a la acci\u00f3n de tutela, contiene argumentos razonables pues, para arribar a la conclusi\u00f3n, la autoridad accionada, fund\u00f3 su postura en una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica, propia de la adecuada actividad judicial\u00bb. <\/p>\n
Sobre la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, advirti\u00f3 que \u00abel hecho de que, otras compa\u00f1eras de trabajo hayan tenido prosperidad en sus pretensiones, no implica prima facie que, el proceso de la actora deba ser definido en id\u00e9ntico sentido, m\u00e1xime cuando, fue la actividad probatoria la que gener\u00f3 que los casos fueran definidos de manera diferente\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que el razonamiento realizado por \u00abel juez constitucional de primera instancia luce caprichoso y desproporcionado, pues de ser cierto su dicho, entonces cual ser\u00eda la misma raz\u00f3n de ser de que dentro de los requisitos espec\u00edficos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial, se permita proponer; los DEFECTOS F[\u00c1]CTICOS EN SU DIMENSI\u00d3N NEGATIVA Y POSITIVA, si no se tratara de evaluar las extremas deficiencias en la valoraci\u00f3n probatoria que se suscitan en sede de conocimiento ordinario\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por la gestora (SL4185-2019, rad. 67145), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 28 febrero de 2014 y 2 de octubre de 2019, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, es decir, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la providencia controvertida se dict\u00f3 el 2 de octubre de 2019 y la tutela se intent\u00f3 el 1 de julio de 2022, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente [disposici\u00f3n], cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los [solicitantes] con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las [determinaciones] que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los [promotores], pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al estudiar la sentencia sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, en tanto no evidenci\u00f3 \u00abning\u00fan yerro del Tribunal en la apreciaci\u00f3n de una prueba calificada [y] los testimonios a que alude [la censora] no pueden ser valorados en el recurso\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el cargo \u00fanico, formulado por violaci\u00f3n indirecta, en la modalidad de \u00abaplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 1, 2, 53 y 58 CN, 2, 3 y 20 del Decreto 2127 de 1945, 1, 2, 3, 4, 132, 134 y 135 del Decreto 1792 de 2000, 177 y 197 del CPC, en armon\u00eda con el art\u00edculo 145 del CPTSS, 6, 175 de la Ley 62 de 1993, modificado por el art\u00edculo 1 de la Ley 180 de 1995, 67 del Decreto 1213 de 1999\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00abEl punto que se discute en esta oportunidad, tiene que ver con los extremos temporales y el salario de la relaci\u00f3n laboral que existi\u00f3 entre la demandante y la Instituci\u00f3n demandada, pues, aunque el Tribunal concluy\u00f3 que existi\u00f3 un contrato de trabajo entre las partes del litigio, absolvi\u00f3 por cuanto no encontr\u00f3 una prueba convincente de la que se pudiera inferir el periodo en que estuvo vigente y cu\u00e1l fue su remuneraci\u00f3n mensual\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, procedi\u00f3 a estudiar las pruebas enunciadas como indebidamente por la accionante. En primer lugar, sobre la contestaci\u00f3n de la demanda estableci\u00f3 que \u00abla entidad [enjuiciada] al contestar (\u2026) no confes\u00f3 los extremos temporales propuestos por la actora (\u2026), incluso neg\u00f3 la prestaci\u00f3n personal del servicio y se opuso a la existencia del contrato de trabajo con \u00e9sta\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00aben el presente caso, de la contestaci\u00f3n de los hechos 2, 3 y 4 de la demanda inaugural no se evidencia confesi\u00f3n alguna, por tal raz\u00f3n, no se puede hablar de los efectos que \u00e9sta pudiera producir en contra de los intereses de la Instituci\u00f3n demandada\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3, analizando los folios 28, 29 y 30 y 31 de cuaderno principal y, sobre los mismos, manifest\u00f3 que \u00abel documento que denuncia [la gestora] obrante a folios 28 y 29 para acreditar los extremos temporales de la relaci\u00f3n laboral, no se encuentra manuscrito o firmado por un funcionario de la Instituci\u00f3n demandada. Tampoco exhibe elementos o signos de individualizaci\u00f3n suficientemente confiables y certeros que permitan aseverar, sin lugar a equ\u00edvocos, que fue elaborado o emitido por la Polic\u00eda Nacional, en esa medida, carecen de m\u00e9rito probatorio y no ser\u00eda dable su estudio\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00ab[e]n cuanto al documento obrante a folios 30 y 31, se trata de una relaci\u00f3n de cheques del Banco Popular, con el sello de caja y pagadur\u00eda de la Escuela de Polic\u00eda Carlos E Restrepo, sin embargo, al revisar detenidamente cada uno de ellos, ninguno se pag\u00f3 a orden de la aqu\u00ed demandante sino, a disposici\u00f3n de las se\u00f1oras Elvia Zapata R\u00edos y Mar\u00eda Estella Jordan Pedraza, as\u00ed las cosas, el Tribunal no pudo haber incurrido en un yerro ostensible, pues simplemente entendi\u00f3 que se trat\u00f3 de un documento en el que se relacionan otras personas, menos la accionante\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, respecto de la prueba testimonial, reliev\u00f3 que \u00abno es medio calificado en casaci\u00f3n ya que su valoraci\u00f3n en esta sede es eventual o, si se prefiere, subsidiaria, en tanto solo es posible cuando prospere un error de hecho sobre una prueba h\u00e1bil para su enjuiciamiento en casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb y el derecho a la igualdad, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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