STC11074-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2022-00231-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de julio de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que neg\u00f3 las acciones de tutela promovidas por Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Villarreal Gonz\u00e1lez1, Jhon Javier S\u00e1nchez Mera, Margarita de Jes\u00fas Rozo Rivera y Pedro Lozano D\u00edaz en contra de la Registradur\u00eda y el Registrador Nacional del Estado Civil, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Consejo Nacional Electoral, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Indra Colombia Ltda. y la Presidencia de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores solicitan la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales a la igualdad, a elegir y ser elegidos, a la debida administraci\u00f3n de justicia y a la realizaci\u00f3n de los fines del Estado Social de Derecho. <\/p>\n
2. En sustento de la salvaguarda invocada afirmaron que el proceso de elecci\u00f3n del Presidente de la Rep\u00fablica para el per\u00edodo 2022-2026 estuvo viciado, por cuanto: i) la firma Indra de Colombia Ltda., contratada por la Registradur\u00eda, para garantizar la transparencia de los comicios, no cumpli\u00f3 con sus obligaciones; ii) se hizo caso omiso de unas advertencias sobre un posible fraude electoral; iii) el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, eludi\u00f3 los debates de \u00abcontrol pol\u00edtico\u00bb a los que fue citado por el Congreso de la Rep\u00fablica; iv) el Fiscal General de la Naci\u00f3n advirti\u00f3 que el \u00abRegistrador Alexander Vega Rocha, deb\u00eda presentarse ante la FISCAL\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N, para que explicara cual era el material probatorio (\u2026) para sustentar el car\u00e1cter doloso de la actuaci\u00f3n de m\u00e1s de 5.000 jurados de votaci\u00f3n (\u2026) esto fue una jugada de distracci\u00f3n\u00bb; v) no se explic\u00f3 c\u00f3mo aparecieron, en la segunda vuelta, m\u00e1s de 2.700.000 a favor del entonces candidato Gustavo Petro Urrego, ni la aminoraci\u00f3n de la votaci\u00f3n respecto del otro candidato, Rodolfo Hern\u00e1ndez; vi) se encontraron inconsistencias, tachaduras y errores en las actas levantadas con ocasi\u00f3n del escrutinio, as\u00ed como en los formatos, que no pudieron ser denunciadas por cuanto la \u00abRegistradur\u00eda no quiso expedir [la] credencial\u00bb que les otorgara la calidad de testigos; vii) la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n omiti\u00f3 sancionar al Registrador Nacional del Estado Civil, a pesar de haber m\u00e9rito para ello; viii) el entonces candidato del Pacto Hist\u00f3rico acudi\u00f3 a maniobras \u00absucias\u00bb que quedaron evidenciadas en los llamados \u00abPetro-Videos\u00bb y cuando amenaz\u00f3 al pa\u00eds con una \u00abguerra tipo ISIS\u00bb si no ganaba la contienda; ix) las elecciones fueron manejados por el equipo del Registrador Nacional, Alexander Vega, \u00abcon clara tendencia pol\u00edtica del candidato Petro, lo cual no solo resulta inconveniente sino ilegal e inconstitucional\u00bb; x) los resultados de los comicios fueron alterados, porque nada explica c\u00f3mo se contabilizaron tan r\u00e1pido; xi) votaron persona fallecidas; y xii) hubo compra de votos, resultando favorecido, con ello, el aspirante Petro Urrego. <\/p>\n
3. En consecuencia, exigieron que se efect\u00fae el recuento manual de los votos, con el acompa\u00f1amiento de veedur\u00edas independientes nacionales e internacionales y de la Presidencia de la Rep\u00fablica y que se ordene una auditor\u00eda y revisi\u00f3n total de los softwares o \u00abprocesos inform\u00e1ticos y\/o digitales\u00bb utilizados por la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil. <\/p>\n
Margarita de Jes\u00fas Rozo, Jhon Javier S\u00e1nchez Mera y Pedro Lozano D\u00edaz peticionaron, en adici\u00f3n, que se efectuara una auditor\u00eda a todas las mesas de votaci\u00f3n, en \u00abrelaci\u00f3n con la marcaci\u00f3n previa de los votos en blanco denunciados por la[s] se\u00f1ora[s] Mar\u00eda Cristina Vergara D\u00edaz\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n inform\u00f3 que estaba adelantado una investigaci\u00f3n por las supuestas irregularidades del proceso electoral. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n advirti\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda, porque los actores deb\u00edan acudir a la acci\u00f3n de nulidad electoral y solicit\u00f3 la acumulaci\u00f3n de las tutelas con otras que compart\u00edan identidad de hechos y que cursaban en el Tribunal Superior de Medell\u00edn, bajo el radicado 2022-00699. <\/p>\n
3. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil asever\u00f3 que se ci\u00f1\u00f3 a lo prescrito en la ley y peticion\u00f3 la acumulaci\u00f3n del asunto a otra acci\u00f3n tramitada en el Tribunal Superior de Medell\u00edn. <\/p>\n
4. El Consejo Nacional Electoral defendi\u00f3 sus actuaciones y destac\u00f3 que lo procedente era acudir al medio de control de la nulidad electoral. Pidi\u00f3 asimismo la acumulaci\u00f3n a otros procesos constitucionales surtidos en otros despachos judiciales del pa\u00eds. <\/p>\n
5. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica precis\u00f3 que eran las autoridades electorales las competentes para analizar las irregularidades relacionadas e inst\u00f3 la acumulaci\u00f3n de esta tutela a la tramitada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn con radicado 2022-00213. <\/p>\n
6. Indra de Colombia Ltda. aludi\u00f3 a la legalidad de su actuar y requiri\u00f3 acopiar el presente amparo con otros de similares caracter\u00edsticas, as\u00ed como sancionar a los accionantes por ser manifiestamente infundada, temeraria y de mala fe la salvaguarda propuesta2. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 la protecci\u00f3n implorada, por no reunir el presupuesto de subsidiariedad, pues los actores deb\u00edan acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad electoral. Descart\u00f3, a su vez, la existencia de un perjuicio irremediable, porque no se demostr\u00f3 y porque no avizor\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el accionante Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Villarreal Gonz\u00e1lez, quien adujo que se le impuso la carga arbitraria e imposible de demostrar el fraude presentado en los comicios presidenciales y que no fue viable formular reclamaciones previas, \u00abdebido al escaso n\u00famero de jurados electorales que ten\u00eda el contenedor (sic) de quien result\u00f3 elegido\u00bb y a que la legislaci\u00f3n electoral deja \u00abexpuesto y sin mecanismos de defensa al ciudadano com\u00fan y corriente\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, afirm\u00f3 que, al no permit\u00edrsele ser designado como testigo electoral, se le violentaron sus derechos y se afect\u00f3 la transparencia en las elecciones. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los gestores censuran diversas irregularidades que, en su criterio, se presentaron durante el desarrollo de los comicios electorales llevados a t\u00e9rmino el pasado mes de junio, fruto de los cuales result\u00f3 electo, como Presidente de la Rep\u00fablica, el se\u00f1or Gustavo Petro Urrego. <\/p>\n
2. Frente al particular, advierte la Sala que los accionantes debieron acudir, para ventilar los reparos aqu\u00ed esgrimidos, al medio de control de nulidad electoral previsto en el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, escenario contemplado para plantear la controversia propuesta y para solicitar al juez natural la suspensi\u00f3n de las decisiones atacadas desde la interposici\u00f3n de la demanda, lo cual torna improcedente la acci\u00f3n de tutela examinada. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, en un asunto de similar temperamento, esta Sala Civil determin\u00f3: <\/p>\n
\u2026el amparo reclamado resulta improcedente por su car\u00e1cter subsidiario y residual, de conformidad con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues circunscrita la inconformidad a las supuestas anomal\u00edas acontecidas en la memorada votaci\u00f3n, no cabe duda que \u00e9sta debe o debi\u00f3 ser controvertida por el reclamante a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad electoral consagrada en el art\u00edculo 139 de la Ley 1437 de 2011, escenario en el cual puede explicar las razones por las cuales hoy a trav\u00e9s de este mecanismo considera que el proceso electoral fue contrario al ordenamiento jur\u00eddico aplicable a la materia, y con ello, solicitar su suspensi\u00f3n provisional, desde el momento de la formulaci\u00f3n de la respectiva demanda, tal y como lo dispone el art\u00edculo 238 de la Carta Pol\u00edtica\u2026 (CSJ, STC2259-2021). <\/p>\n
En torno al tema, recientemente, la Sala sostuvo: <\/p>\n
la Corte anticipa la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado pero, exclusivamente, por la actual insatisfacci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad en la proposici\u00f3n del resguardo, al advertir que, materializados los comicios del pasado 19 de junio para la elecci\u00f3n del Presidente de la Rep\u00fablica, surgi\u00f3 el correspondiente acto electoral definitivo frente al cual el quejoso cont\u00f3 o cuenta con la acci\u00f3n de nulidad electoral, mecanismo ordinario id\u00f3neo para cuestionar los actos preparatorios a dicha elecci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Consecuentemente, es de recordar que los actos de la administraci\u00f3n p\u00fablica gozan de la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, por lo que las controversias que susciten deben ser develadas ante el operador competente, escenario en el que es posible solicitar medidas cautelares \u2018para proteger y garantizar\u2019, de modo provisorio, \u2018el objeto del proceso\u2019, y entre ellas, la suspensi\u00f3n provisional de dichas manifestaciones, conforme a lo indicado en los art\u00edculos 229 y 230 -numeral 3\u00b0- de la codificaci\u00f3n en cita; aspecto que derruye lo aducido por el accionante en torno a la supuesta inidoneidad de este tipo de instrumento judicial y, por dem\u00e1s, cualquier viso de perjuicio irremediable, lo que torna inviable la protecci\u00f3n reclamada, incluso como mecanismo transitorio\u2026 (CSJ, STC10407-2022) <\/p>\n
En ese orden, la legalidad del acto electoral definitivo solo es susceptible de ser atacado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n electoral, m\u00e1xime que, habi\u00e9ndose realizado la posesi\u00f3n del actual Presidente de la Rep\u00fablica el pasado 7 de agosto, ninguna orden puede emitir el juez de tutela, pues el hecho que se pretend\u00eda cuestionar y se intentaba impedir se consum\u00f3. <\/p>\n
3. Colof\u00f3n de lo razonado, se refrendar\u00e1 el pronunciamiento de primer nivel. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Tutela admitida el 29 de junio de 2022. Al decurso constitucional de la referencia (2022-00231), el Colegiado de primera instancia, por autos del 12 y el 13 de julio de 2022, acumul\u00f3, por unidad de materia, las acciones de tutela instauradas por Pedro Lozano D\u00edaz (rad. 2022-0245), Jhon Javier S\u00e1nchez Mera (rad. 2022-00246) y Margarita de Jes\u00fas Rozo Rivera (rad. 2022-00092), tramitadas -todas- ante el mismo Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
2\u0002 Respuesta recibida el 25 de julio de 2022. <\/p>\n
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