STC11076-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11076-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia In\u00e9s Otalvaro Munera contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado Once Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla, Secretar\u00eda de Gesti\u00f3n Humana, y la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional No. 2022-00143-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso administrativo, \u00abacceso a cargos p\u00fablicos, como m\u00e9rito al principio constitucional para acceder a los empleos p\u00fablicos\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales en el amparo referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, el 16 de octubre de 2018 la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, convoc\u00f3 a concurso abierto de m\u00e9ritos para proveer los cargos vacantes al sistema general de carrera de la planta de personal de la Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla, proceso de selecci\u00f3n No. 758 de 2018 \u00abConvocatoria Territorial Norte\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que se inscribi\u00f3 al \u00abcargo de Profesional Universitario C\u00f3digo 219 grado 02 con n\u00famero de oferta p\u00fablica de empleo de carrera \u2013 OPEC No. 75972\u00bb de la dependencia de Gerencia Gesti\u00f3n de Ingresos – Secretar\u00eda Distrital de Hacienda, y mediante Resoluci\u00f3n No. 7273 de 28 de julio de 2020 se conform\u00f3 la lista de elegibles, en la que, con un puntaje de 56.82 ocup\u00f3 el quinto lugar. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el 9 de diciembre de 2021 radic\u00f3 en el correo electr\u00f3nico atenci\u00f3nalciudadano@barranquilla.gov.co, de la alcald\u00eda un derecho de petici\u00f3n, en el que pidi\u00f3 informaci\u00f3n sobre la totalidad de las vacantes ofertadas o definitivas para esa plaza, el n\u00famero de funcionarios que estaban posesionadas en per\u00edodo de prueba o escalafonados en carrera administrativa, y sobre la autorizaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil para la recomposici\u00f3n de la lista de elegibles respecto de esa convocatoria. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, el 14 de enero de 2022 le respondieron que para la OPEC 75972 exist\u00edan dos (2) vacantes, que no hab\u00eda otros de igual categor\u00eda o equivalentes, que de la lista se hab\u00edan nombrado a Antonio Muskus Otero y Brandy Suggey de la Rosa quienes hab\u00edan sido posesionados, y que la misma se agot\u00f3 porque las citadas personas \u00abestaban posesionadas con per\u00edodo de prueba superado\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil le respondi\u00f3 que, consultado el Banco Nacional de Lista de Elegibles, constat\u00f3 que para esa OPEC solo exist\u00edan dos vacantes definitivas, que se encuentran provistas con los concursantes ubicados en las posiciones 1 y 2. <\/p>\n
Expuso que investigando encontr\u00f3 que para el \u00abcargo de profesional universitario c\u00f3digo 219 grado\u00bb de la Alcald\u00eda, que es equivalente a la OPEC a la que se inscribi\u00f3, se design\u00f3 en provisionalidad una persona, y en encargo en vacancias definitivas 18 empleados, por tal motivo el 18 de abril de 2022 present\u00f3 una reclamaci\u00f3n administrativa con radicado No. EXT-QUILLA-22-067499, en la que solicit\u00f3 su nombramiento y posesi\u00f3n en per\u00edodo de prueba dentro de la planta de personal en el citado cargo, sin obtener respuesta alguna. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, el 22 de mayo de 2022 se cit\u00f3 a un nuevo concurso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al \u00abSistema General de Carrera Administrativa en la planta de personal de la Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla\u00bb, proceso de selecci\u00f3n de entidades del orden territorial No. 2289 de 2022 cuando no se ha cumplido a cabalidad el anterior. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, por lo anterior, present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela con radicado No. 2022-00143-00, que el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla neg\u00f3 por improcedente en sentencia de 29 de junio de 2022, por lo que impugn\u00f3 la decisi\u00f3n para que el superior funcional la revocara porque fue proferida bajo una evidente falta de estudio, al no hacer un an\u00e1lisis juicioso y mesurado de las pruebas. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la decisi\u00f3n reprochada la confirm\u00f3 el Tribunal Superior accionado, el 26 de julio de 2022, porque no se hab\u00eda agotado la v\u00eda gubernativa con los recursos ordinarios dentro de la jurisdicci\u00f3n administrativa como lo era la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento de derecho, sin hacer mayor an\u00e1lisis del contenido o de las pruebas obrantes, y sin tener en cuenta todos los pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional y la Sala Penal de ese Tribunal. <\/p>\n
Consider\u00f3 que, como se presentan dos tesis opuestas respecto de los mismos hechos, la Sala Civil Familia incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho y negaci\u00f3n de justicia, porque deben prevalecer los criterios expuestos por la Sala Penal de ese Tribunal respecto de los cargos de carrera administrativa sometidos a concurso. <\/p>\n
2. Con fundamento en tales argumentos, pidi\u00f3 ordenar a las autoridades judiciales accionadas, \u00abproferir un nuevo fallo de tutela de forma que se ordene a la Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla -Secretaria de Gesti\u00f3n Humana y a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil dar estricta aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 6\u00ba y 7\u00ba de la ley 1960 de 2019 que modific\u00f3 el canon 31 de la Ley 909 de 2004, con efectos retrospectivos como lo ha dispuesto la jurisprudencia Constitucional enmarcada en la Sentencia T-340 de 2020 y proceda a efectuar el nombramiento y posesi\u00f3n de la suscrita demandante en per\u00edodo de prueba dentro de la planta global de personal de la Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla, en el cargo denominado profesional universitario, c\u00f3digo 219 grado 2\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, y se orden\u00f3 el traslado a las autoridades accionadas para que ejercieran el derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en la actuaci\u00f3n que motiv\u00f3 esta tutela. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado ponente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, pidi\u00f3 negar la solicitud por no vislumbrarse una violaci\u00f3n al debido proceso o de otra garant\u00eda fundamental, y, adem\u00e1s, porque la acci\u00f3n constitucional es improcedente por tratarse de una tutela contra un fallo de igual naturaleza. <\/p>\n
2. El Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla, manifest\u00f3 que, en la actuaci\u00f3n adelantada por ese despacho judicial en el tr\u00e1mite de la tutela cuestionada, se respet\u00f3 el derecho al debido proceso y defensa de las partes e intervinientes dentro de los par\u00e1metros determinados por la constituci\u00f3n y la Ley. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia, ha se\u00f1alado de manera recurrente y uniforme que las decisiones que se adopten en virtud de una acci\u00f3n constitucional, no pueden ser objeto de controversia a trav\u00e9s ese mismo mecanismo excepcional: <\/p>\n
\u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia, el cual se ver\u00eda truncado si no se cierra la posibilidad de cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela en virtud de la espiral indefinida que podr\u00eda generarse. Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb. (Corte Constitucional SU-1219 de 2001). <\/p>\n
Ahora bien, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, como as\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abEl legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (Ver CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022, entre muchas). <\/p>\n
Con todo la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios en los que, de manera excepcional, procede la utilizaci\u00f3n de este mecanismo constitucional, <\/p>\n
4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional. <\/p>\n
2.1 El Juez Once del Circuito de Barranquilla, en sentencia de 29 de junio de 2022 neg\u00f3 el amparo implorado por improcedente, porque de acuerdo con la lista de la OPEC NO. 75972 del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla (Atl\u00e1ntico), \u00abProceso de Selecci\u00f3n No. 758 de 2018 \u2013 Convocatoria Territorial Norte\u00bb, la convocante ocup\u00f3 el puesto quinto sin alcanzar a ser designada, porque la entidad nombr\u00f3 en per\u00edodo de prueba a los elegibles que ocupaban las posiciones uno y dos, para las dos (2) vacantes ofertadas, y como no se han registrado novedades que generaran vacancia definitiva de la planta de personal, as\u00ed lo report\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil. <\/p>\n
En s\u00edntesis expres\u00f3 que, \u00abante el inconformismo de la actora, ante las actuaciones administrativas de las accionadas, bien ha podido hacer uso de los recursos pertinentes, pues se reitera que ha Advertido la jurisprudencia constitucional, que, en asuntos relativos a concursos de m\u00e9ritos los participantes pueden cuestionar las actuaciones surtidas en el marco de la convocatoria en ejercicio de los medios de control pertinentes ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, adem\u00e1s que tampoco acredit\u00f3 encontrarse ante la inminencia de un perjuicio irremediable, que justificara la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
2.2 La decisi\u00f3n fue impugnada por el apoderado judicial de la solicitante, quien manifest\u00f3 no estar de acuerdo con la resuelto porque en su sentir \u00abno se hizo un an\u00e1lisis juicioso, mesurado y a trav\u00e9s de las sana critica dentro del contenido probatorio y factico del libero tutelar\u00bb y a rengl\u00f3n seguido anot\u00f3 de nuevo los hechos que hab\u00eda expuesto en el escrito de tutela. <\/p>\n
2.3 La Sala Civil Familia el Tribunal de Barranquilla el 26 de julio de 2022, confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia, tras considerar, que en principio se deb\u00eda verificar el cumplimiento de ciertos presupuestos para la procedencia de la tutela, como lo son, la legitimaci\u00f3n por activa y pasiva, que la vulneraci\u00f3n sea contra derechos fundamentales, y que sea un mecanismo subsidiario. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo explic\u00f3 que, \u00abEsta es la caracter\u00edstica fundamental que da paso a la procedencia de las acciones de tutela. El principio de subsidiariedad se refiere a que este mecanismo solo ser\u00e1 procedente en los casos en los que el tutelante no tenga otros medios a disposici\u00f3n; o en los casos en que los tenga, la tutela se interponga de forma transitoria para evitar un perjuicio irremediable. De esta forma se garantiza que los ciudadanos accedan al ordenamiento jur\u00eddico que ha sido dise\u00f1ado para garantizar principios como el acceso a la justicia, el juez natural e incluso el derecho al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Para concluir que, <\/p>\n
Por lo observado en el expediente, la accionante se encuentra en presencia del segundo caso, habida cuenta que no se ha agotado la v\u00eda gubernativa; es decir, tiene recursos ordinarios dentro de la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo como puede ser la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento de derechos. Dicho mecanismo se estima id\u00f3neo y eficaz para alcanzar el fin perseguido por la accionante en la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Ahora bien, con respecto a la ocurrencia de un posible perjuicio irremediable: concluye esta sala que no se cuentan con elementos materiales suficientes para determinar dicha posibilidad; esto por cuanto el t\u00e9rmino de caducidad o prescripci\u00f3n de las acciones es una sanci\u00f3n jur\u00eddica contra quien tiene dicho derecho por no hacer uso en el momento oportuno. No se encuentran situaciones que impidieran la materializaci\u00f3n de dicho derecho, por lo que fue voluntad de la accionante no acudir ante dichos mecanismos en el tiempo previsto. <\/p>\n
Descendiendo los anteriores proleg\u00f3menos al caso concreto, emerge con claridad, la improcedencia del amparo constitucional, habida cuenta que no cumple con el requisito de subsidiariedad, en consecuencia, estima esta Sala innecesaria la revisi\u00f3n sustancial de los derechos fundamentales alegados por el tutelante y de contera, se abre paso a la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
3. En ese orden, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, porque el Tribunal cuestionado el 26 de julio de 2022 cuando resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n presentada por Claudia In\u00e9s Otalvaro Munera, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n apoyado en la normativa, as\u00ed como la jurisprudencia que regulan la acci\u00f3n de tutela, las que determinan que existen unos requisitos de orden general que se deben examinar desde un comienzo, en aras de establecer si es procedente o no, siendo uno de ellos, \u00abQue, se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable\u00bb, por lo que en el caso en estudio el funcionario de primer grado al no encontrar reunidas esas exigencias la declar\u00f3 improcedente en lugar de entrar a estudiar el fondo del asunto. <\/p>\n
Lo anterior, porque la peticionaria frente a las actuaciones administrativas del Proceso de Selecci\u00f3n No. 758 de 2018 – Convocatoria Territorial Norte, no hizo uso de los recursos ordinarios establecidos, y al tratarse de un debate el mismo debe ser zanjado por el juez natural, como lo ser\u00eda el de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. <\/p>\n
4. De otra parte, debe se\u00f1alarse que la solicitante no puede controvertir las decisiones adoptadas por el fallador constitucional, con una acci\u00f3n del mismo linaje, m\u00e1xime, cuando en el caso en estudio no se configura ninguno de los presupuestos enunciados por la jurisprudencia para su procedencia de manera excepcional, esto es, que la sentencia emitida por los funcionarios cuestionados hubiera sido producto de una situaci\u00f3n de fraude. <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera por improcedente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia In\u00e9s Otalvaro M\u00fanera contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado Once Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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