STC11080-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11080-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2022-00389-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Segunda de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 15 de julio de 2022, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Elda Delia Toro Vargas, contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Oralidad de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Oralidad de la mencionada urbe, entre otros. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y legalidad, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial cuestionada al interior de la causa de radicado 2019-00698-00. <\/p>\n
2. Refiri\u00f3 que Iv\u00e1n Dar\u00edo Giraldo promovi\u00f3 demanda ejecutiva en su contra, asunto del que conoci\u00f3 el Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn. <\/p>\n
2.1. Mencion\u00f3 que, de manera transitoria se traslad\u00f3 a la ciudad de Medell\u00edn, en raz\u00f3n a que padeci\u00f3 de Covid 19 y tuvo un accidente el 3 de marzo de 2019. Manifest\u00f3 que, al interior de la causa, no se realiz\u00f3 la notificaci\u00f3n personal ni la notificaci\u00f3n por aviso. <\/p>\n
2.2. Por lo anterior, present\u00f3 incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n ante el Juzgado vinculado, el cual, luego de reponer su decisi\u00f3n, resolvi\u00f3 favorablemente lo pretendido por la quejosa. <\/p>\n
2.3. Inconforme con la decisi\u00f3n, el demandante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. La autoridad encarada resolvi\u00f3 revocar lo resuelto en primera instancia. <\/p>\n
2.4. En su sentir, con la orden proferida por el Juzgado accionado de \u00abrevocar el auto impugnado no se compadecen con el efectivo ejercicio y protecci\u00f3n de los derechos de las personas y menos a\u00fan en el caso a estudio, cuando con basamentos inexistentes, sin pruebas y con apreciaciones contrarias al esp\u00edritu de las normas y de la Constituci\u00f3n, se lesionan en este caso y de manera grave los derechos\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que \u00abse ordene a la segunda instancia se pronuncie en relaci\u00f3n con la apelaci\u00f3n, de acuerdo con la evidencia puesta de presente o seg\u00fan lo que los se\u00f1ores Magistrados determinen\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
2. N\u00e9stor Hincapi\u00e9 Giraldo2, coadyuvante en el presente tr\u00e1mite, relat\u00f3 que: <\/p>\n
Hasta donde tengo entendido no se hizo el procedimiento del C\u00f3digo General del Proceso y menos a\u00fan el se\u00f1alado en el decreto 806 de 2020. No obstante, admitiendo que en el establecimiento comercial se hayan intentado algunos procedimientos, se evidencia que los dos fueron intentos de notificaci\u00f3n por aviso y no la citaci\u00f3n, en uno de ellos, para la notificaci\u00f3n personal; si ello fue as\u00ed, todo el procedimiento fue irregular; no sobra advertir que nunca se utiliz\u00f3 el correo de la demandada que siempre estuvo a disposici\u00f3n de la parte demandante. <\/p>\n
3. Iv\u00e1n Dar\u00edo Giraldo Gallo, a trav\u00e9s de apoderada3, manifest\u00f3 con respecto al prove\u00eddo de segunda instancia que, \u00abel mismo se encuentra sustentado, los argumentos se compadecen con las constancias se notificaci\u00f3n que obran en el expediente y su decisi\u00f3n se ajusta a los par\u00e1metros procesales, por lo que la acci\u00f3n de tutela no podr\u00eda salir avante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Segunda de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, neg\u00f3 el amparo al constatar que: <\/p>\n
La decisi\u00f3n del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn desde el \u00e1mbito constitucional debe ser respetada en cuanto no se torna en arbitraria, ni caprichosa, ni antojadiza, ni carente de fundamentos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos, por lo que no es configurativa de causal de procedibilidad que amerite la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional; no se afectan constitucionalmente los derechos alegados por la actora; aunado a la razonabilidad que se observa en la interpretaci\u00f3n que otorg\u00f3 a las normas, toda vez que sus pronunciamientos se basaron en una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica, razonada, coherente y arm\u00f3nica con las normas procesales y sustanciales. <\/p>\n
Igualmente, encontr\u00f3 insatisfecho el requisito de subsidiariedad al destacar que \u00abLa accionante cuenta con otros medios de defensa \u2013 recurso de revisi\u00f3n \u2013 en el proceso ejecutivo de menor cuant\u00eda, para atacar las decisiones proferidas en su contra\u2026\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora con fundamento en similares argumentos del escrito inicial. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio \u00abest\u00e1n dado todos los requisitos para que sea la tutela el \u00fanico recurso capaz de resarcir eventuales iniquidades e inequidades en forma oportuna y eficaz, dado el mismo estado en que est\u00e1 el proceso y los derechos fundamentales violados al no aceptar que hubo la indebida notificaci\u00f3n, con absoluta la falta de pruebas de lo sostenido por todas las autoridades\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la libelista con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 22 de junio de 2022, con el cual se revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n del 7 de marzo del mismo a\u00f1o, por medio de la cual se declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado desde el 19 de julio de 2021 en el compulsivo debatido. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn -con providencia del 22 de junio de 20224-, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto, expres\u00f3 las razones que lo llevaron a revocar la decisi\u00f3n de primera instancia. Para ello, comenz\u00f3 por invocar el auto 065 de 2013 proferido por la Corte Constitucional, para explicar que \u00aben lo que respecta a la forma de notificaci\u00f3n de las providencias emitidas al interior del proceso, la misma ha de ser de forma personal y\/o electr\u00f3nica, es decir, por un medio \u00e1gil, expedito y eficaz, que sin lugar a dudas conlleva a que las partes tengan conocimiento oportuno de las decisiones que se tomen\u00bb. En consecuencia, trajo de presente el art\u00edculo 8\u00b0 del decreto 806 de 2020 que determina, <\/p>\n
Las notificaciones que deban hacerse personalmente tambi\u00e9n podr\u00e1n efectuarse con el env\u00edo de la providencia respectiva como mensaje de datos a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificaci\u00f3n, sin necesidad del env\u00edo de previa citaci\u00f3n o aviso f\u00edsico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviar\u00e1n por el mismo medio. Lo expuesto, \u00ablas notificaciones que deban hacerse personalmente tambi\u00e9n podr\u00e1n efectuarse\u00bb, <\/p>\n
Con ello destac\u00f3 que \u00abno est\u00e1 restringiendo la aplicaci\u00f3n de la notificaci\u00f3n personal que se describe en los 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso, valga se\u00f1alar, que no socapa de una restrictiva interpretaci\u00f3n normativa, pues la parte puede hacer uso de una u otra\u00bb. <\/p>\n
2.1. Posteriormente, refiri\u00f3 que en el caso en concreto, el proceso de notificaci\u00f3n se inici\u00f3 el \u00ab5 de diciembre de 2019, donde la parte interesada realiz\u00f3 envi\u00f3 de citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n personal, mediante correo certificado de la empresa postal 4-72, a la direcci\u00f3n reportada inicialmente en el ac\u00e1pite de notificaciones, esto es, carrera 67A # 42-23, en la ciudad de Medell\u00edn, con resultado negativo\u00bb. Por lo que, una vez acreditado el intento de notificaci\u00f3n, el Juzgado Vinculado requiri\u00f3 a la parte demandante con el fin de que \u00abinsistiera dicho env\u00edo en la misma direcci\u00f3n en d\u00edas y horarios no h\u00e1biles\u00bb, lo cual acredit\u00f3 con \u00ab\u00e9l envi\u00f3 realizado el 13 de marzo de 2020, donde tampoco fue exitosa su entrega\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, evidenci\u00f3 que mediante prove\u00eddo del 22 de septiembre de 2020, se le sugiri\u00f3 al demandante que: <\/p>\n
previo a ordenar el emplazamiento de la parte ejecutada, indagara en las bases de datos de las entidades nacionales a efecto de obtener informaci\u00f3n al respecto de la direcci\u00f3n y datos de contacto de la demandada (archivo pdf 04), llamado que fue atendido, pidiendo al juzgado se oficiara a la EPS Coomeva, entidad a la cual est\u00e1 afiliada la demandada para que suministrara la informaci\u00f3n de contacto de la demandad Elda Delia Toro Vargas <\/p>\n
En base a tal pedimento, la EPS Coomeva \u00abinform\u00f3 los datos que reposan en su base de datos de la se\u00f1ora Elda Delia Toro Vargas, por lo que se requiri\u00f3 a la parte demandante para que intentara la notificaci\u00f3n en la direcci\u00f3n indicada\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, respecto a la actuaci\u00f3n del Juzgado de primera instancia asever\u00f3 que: <\/p>\n
De cara a lo ordenado por el Despacho, se cumpli\u00f3 y as\u00ed consta acreditado (archivo 20) en la citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n personal enviada a la demandada mediante correo certificado, con constancia de fecha 27 de mayo de 2021, en la que se certifica que \u201cla persona que atendi\u00f3 se rehus\u00f3 a firmar, si reside o labora en el lugar y se dejan documentos (Entregado)\u201d y que se adjunt\u00f3 a esta copia de la demanda, auto inadmisiorio, escrito de subsanaci\u00f3n y auto que libr\u00f3 el mandamiento de pago. <\/p>\n
Posteriormente en auto del 21 de junio de 2021 (archivo pdf 21) se le ordena a la parte interesada realizar notificaci\u00f3n por aviso con observancia de las directrices del art\u00edculo 292 del C\u00f3digo General del Proceso. (negrilla y resalto a prop\u00f3sito) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y en cumplimiento al apremio realizado en providencia del 21 de junio de 2021 (archivo pdf 21), la parte ejecutante procedi\u00f3 a perfeccionar la notificaci\u00f3n por aviso que le fuere ordenada, cumpliendo cabalmente punto por punto con lo dispuesto en dicho auto. <\/p>\n
2.2. Por lo anotado, no encontr\u00f3 raz\u00f3n alguna justificable para la declaratoria de nulidad de la actuaci\u00f3n al interior del proceso ejecutivo, \u00abni encuentra de recibo los argumentos expuestos por la parte demandada; y por el contrario si encuentra que la actuaci\u00f3n desplegada por la parte demandante, se ajusta a la normativa que al tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n se refiere, y m\u00e1s a\u00fan, si se tiene en cuenta que fue en cumplimiento a las directrices dadas por el juez al interior del proceso\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.5 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
3.1. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. En suma, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por las autoridades cuestionadas -en el desarrollo de sus facultades y amparadas en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la tutelante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que: <\/p>\n
\u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, la Sala observa tambi\u00e9n la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad exigido para la salvaguarda impetrada. Ello pues, la promotora aun cuenta con la oportunidad de interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n con fundamento en la causal 7\u00aa del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso. Por tanto, al tener a su alcance otros medios de defensa para reclamar a favor de sus intereses, no le es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual que la gobierna6. <\/p>\n
5. Finalmente, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la procedencia del amparo como mecanismo transitorio, pues no se encuentran probados con los argumentos esbozados, los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia, m\u00e1s a\u00fan si la promotora cuenta con oportunidades a su alcance para ejercer su defensa. Al respecto, la Sala ha expresado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados (\u2026)\u00bb (negrillas originales) (CSJ STC13730-2019, reiterada en STC4150-2021. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo aqu\u00ed expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-3. Anexo 23RespuestaJuzgado.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-7. Anexo 20RespuestaVinculado.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-4. Anexo 25RespuestaVinculado.pdf <\/p>\n
4\u0002 Folio 1-16. Anexo 02AutoRevoca.pdf. Subcarpeta 03CuadernoApelacionAuto. Carpeta 22ExpedienteRemitido. <\/p>\n
5\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
6\u0002 Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: \u00ab[E]ste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales\u2026, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb. (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01. reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, rad. 2020-00195-01; CSJ STC5074-2020,7 may. 2021, rad. 2021-00081-01). <\/p>\n
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