STC11082-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11082-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00329-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 1\u00ba de marzo1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Aldemar Rivera Castro contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esa poblaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El demandante, obrando en su propio nombre, acudi\u00f3 al presente mecanismo constitucional para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Se\u00f1al\u00f3 que se encuentra privado de la libertad en el C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda con Alta y Mediana Seguridad de Popay\u00e1n, purgando la pena de doscientos ochenta meses que, por los delitos de \u00abconservaci\u00f3n o financiaci\u00f3n de plantaciones, tr\u00e1fico de sustancias para el procesamiento de narc\u00f3ticos y tr\u00e1fico o porte de estupefacientes agravado\u00bb, le impuso el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga en sentencia de 23 de agosto de 2016, confirmada por el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial el 28 de abril de 2017. <\/p>\n
Dijo que, aun cuando la condena se encuentra en firme, luego de que la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal resolviera el recurso extraordinario mediante prove\u00eddo de 26 de julio de 2021 (SP3066-2021), la actuaci\u00f3n no ha sido enviada a la especialidad de ejecuci\u00f3n de penas, circunstancia que le ha impedido tramitar solicitudes de redenci\u00f3n punitiva. <\/p>\n
3. Por tal motivo, solicit\u00f3, \u00abse ordene a los accionados que dentro un termino oportuno remitan el proceso al Centro de Servicios administrativos delos jueces de Ejecuc\u00edon de Penas y Medidas de Seguridad del Distrito Judicial de Popayan\u2026 afin de que se asigne el Juez que vigilara elcumplimiento de la pena impuesta a finde que seme reconozca eltiempo redimido a trav\u00e9s delas labores intercarcelarias desarrolladas durante el periodo dereclusi\u00f3n [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, adem\u00e1s de \u00abremitir las decisiones proferidas en el asunto de la referencia\u00bb advirti\u00f3 que \u00abel expediente se devolvi\u00f3 al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga\u2026 el 03 de septiembre de 2021, para el tr\u00e1mite subsiguiente a la ejecuci\u00f3n de la pena\u00bb; en consecuencia, pidi\u00f3 eximir a esa corporaci\u00f3n \u00abde responsabilidad alguna o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
3. Finalmente, la secretaria del Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n inform\u00f3 que \u00abel proceso ingres\u00f3 por reparto el d\u00eda 20 de diciembre del a\u00f1o 2021, siendo adjudicado al Juzgado 4\u00ba [de dicha especialidad]\u2026 con radicado interno No. 10360-4\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3 declarar \u00abla carencia actual de objeto por hecho superado [sic]\u00bb en tanto que la situaci\u00f3n que origin\u00f3 la interposici\u00f3n del presente resguardo \u00abse encuentra conjurada\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo reclamado pues \u00aben el caso concreto se super\u00f3 la situaci\u00f3n conculcadora de los derechos fundamentales\u2026 que dio origen a la demanda de amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n pues dice que la demora de las autoridades judiciales para remitir la actuaci\u00f3n a la especialidad ejecutora de la pena \u00ablo perjudic[\u00f3] notablemente en virtud que la redenci\u00f3n de penas es un derecho fundamental y al no tener quien reconozca las horas redimidas atraves delas actividades\u2026 desarrolladas\u2026 [le] impide acceder oportunamente alos cambios de fase beneficios administrativos y subrogados penales [SIC]\u00bb <\/p>\n
Solicit\u00f3 \u00abrevocar la decisi\u00f3n\u2026 en su lugar se amparen los derechos y garant\u00edas fundamentales\u2026 [y] se remita al concejo superior dela Judicatura para que se inicien las investigaciones disciplinarias a qye haya lugar por las evidentes fallas de los servidores p\u00fablicos responsables [SIC]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas lesionaron las garant\u00edas fundamentales invocadas por Aldemar Rivera Castro por cuanto, seg\u00fan dice, al momento de interponer el presente resguardo, no hab\u00edan remitido el expediente contentivo del proceso penal 2010-00486 a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, pese a la firmeza de la condena a \u00e9l impuesta luego de que la Sala Especializada de esta Corporaci\u00f3n resolviera el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Como se indic\u00f3, la queja constitucional de Rivera Castro gravit\u00f3, esencialmente, en torno a la omisi\u00f3n por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga y del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esa poblaci\u00f3n para remitir el expediente del proceso 2010-00486 al Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, a efectos de que le fuera asignado a un despacho de dicha especialidad judicial que se encargara de efectuar la vigilancia en el cumplimiento de la sanci\u00f3n impuesta como coautor de los delitos de \u00abconservaci\u00f3n o financiaci\u00f3n de plantaciones, tr\u00e1fico de sustancias para el procesamiento de narc\u00f3ticos y tr\u00e1fico o porte de estupefacientes agravado\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, de conformidad con el material probatorio recaudado es preciso resaltar que la actividad echada de menos por el gestor del resguardo fue realizada por la c\u00e9lula judicial falladora de primer grado, con el env\u00edo de la actuaci\u00f3n, el 15 de diciembre de 2021, a la dependencia administrativa de los juzgados ejecutores, la cual, previo reparto, la asign\u00f3 al Juzgado Cuarto de la referida especialidad. <\/p>\n
Ciertamente se colige la inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada por el censor -y no la carencia de objeto por hecho superado como lo concluy\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo- pues las autoridades judiciales comprometidas cumplieron la carga procesal extra\u00f1ada incluso bastante tiempo antes de la formulaci\u00f3n de la presente demanda constitucional (radicada el pasado 14 de febrero), de all\u00ed que no pueda atribu\u00edrseles negligencia u omisi\u00f3n, ratific\u00e1ndose as\u00ed el fracaso de la salvaguarda. <\/p>\n
Ahora bien, en torno a la solicitud de compulsar copias \u00abpara que se inicien las investigaciones disciplinarias a que haya lugar por las evidentes fallas de los servidores publicos responsables [SIC]\u00bb, debe decirse que la misma desborda el objeto de la acci\u00f3n de tutela que no es otro que proteger derechos fundamentales cuando que se encuentren en riesgo por la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad, lo que, como qued\u00f3 evidenciado, en este caso no ocurri\u00f3. <\/p>\n
No obstante, en caso de que el accionante considere que en la tramitaci\u00f3n del proceso se presentaron comportamientos contrarios al ordenamiento jur\u00eddico, bien puede acudir, por su cuenta y riesgo, ante la entidad competente y poner en conocimiento tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 el fallo confutado, pero por la inexistencia de la trasgresi\u00f3n denunciada, en tanto las autoridades judiciales accionadas realizaron la actividad echada de menos por el actor, incluso antes de instaurarse el presente resguardo, con el env\u00edo del expediente 2016-00486 al Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n y su posterior asignaci\u00f3n al despacho Cuarto de dicha especialidad judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, pero por las razones indicadas en esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n arrib\u00f3 a esta Sala para desatar la impugnaci\u00f3n solo hasta el 12 de agosto del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
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