STC11087-2022<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-01485-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
<\/p>\n
STC11087-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-01485-01 <\/p>\n
<\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que Olga Luc\u00eda \u00c1lvarez Rivillas interpuso contra el fallo de 19 de julio de 2022, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le formul\u00f3 al Tribunal de Arbitramento encargado de dilucidar las controversias entre DJC Construcciones S.A.S., la accionante y Servilvarez de la Costa S.A.S1. <\/p>\n
<\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Del escrito de tutela y de las evidencias allegadas al asunto, se advierte que la queja se dirige contra las providencias emitidas por el \u00e1rbitro Guillermo Antonio Villalba Yabrudy el 4 de abril, 21 y el 24 de junio de este a\u00f1o, en el proceso que DJC Construcciones S.A.S. le formul\u00f3 a la accionante y a Servilvarez de la Costa S.A.S2. para que se declarara el incumplimiento de los contratos de obra celebrado entre las partes. <\/p>\n
<\/p>\n
Frente a la primera de las providencias, a trav\u00e9s de la cual se resolvi\u00f3 sobre las pruebas pedidas por los extremos de la litis, i) refut\u00f3 que el fallador la hubiese conminado a citar varios de los testigos convocados por su contradictora, a pesar de que esta era quien deb\u00eda hacerlo por ser la interesada en el recaudo de las declaraciones. Tambi\u00e9n critic\u00f3 ii) el decreto oficioso de la exhibici\u00f3n de su contabilidad, pues, a su juicio, esa resoluci\u00f3n favorec\u00eda a su convocante, iii) la negativa a practicar la inspecci\u00f3n judicial que inst\u00f3 sobre la obra materia de los convenios objeto de litigio, y iv) el que se le hubiese concedido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de la decisi\u00f3n comentada, para presentar el dictamen pericial que pidi\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
En torno al prove\u00eddo de 24 de junio, se doli\u00f3 porque mediante ella el funcionario accionado rechaz\u00f3, por extempor\u00e1nea, la solicitud que elev\u00f3 para obtener un t\u00e9rmino adicional para adosar la experticia. En su criterio, dicho plazo despuntaba en la fecha en la que fue remitida el acta de la audiencia en la que se profiri\u00f3 el interlocutorio comentado -7 abr. 2022-, y no a partir del 4 de abril, d\u00eda de la celebraci\u00f3n de la vista p\u00fablica, debido a que la pauta aplicable al caso era el estatuto arbitral, y no el C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual los t\u00e9rminos empiezan a correr con la ejecutoria de las providencias. <\/p>\n
<\/p>\n
Y respecto del interlocutorio de 24 de junio, se quej\u00f3 de la negativa del juzgador a incorporar los documentos aportados el 7 de ese mes; destac\u00f3 que, as\u00ed como el juzgador favoreci\u00f3 a su contraparte al decretar oficiosamente la exhibici\u00f3n de su contabilidad, tambi\u00e9n deb\u00eda incorporar dichos medios convicci\u00f3n, al margen de su extemporaneidad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El \u00e1rbitro Guillermo Antonio Villalba Yabrudy, Seguros del Estados S.A., llamado en garant\u00eda, y DJC Construcciones S.A.S. se opusieron al amparo. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el ruego por subsidiariedad porque la actora se abstuvo de impugnar el auto de pruebas para censurar sus pronunciamientos, a excepci\u00f3n de la negativa a decretar la inspecci\u00f3n judicial. Agreg\u00f3 que, de todos modos, lo resuelto ten\u00eda respaldo en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. La quejosa, inconforme, impugn\u00f3; precis\u00f3 que s\u00ed controvirti\u00f3 el auto de pruebas, y destac\u00f3 que el Tribunal no desat\u00f3 el problema jur\u00eddico planteado en la tutela respecto al c\u00f3mputo del t\u00e9rmino para allegar el dictamen pericial. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
El veredicto opugnado se ratificar\u00e1, pues, en efecto, la protecci\u00f3n invocada no puede abrirse paso, seg\u00fan pasa a explicarse. <\/p>\n
<\/p>\n
Frente al interlocutorio que resolvi\u00f3 sobre las pruebas -4 de abril de 2022-. <\/p>\n
<\/p>\n
La salvaguarda, ciertamente, es improcedente para examinar lo referente a la orden de citar los testigos de la parte convocante, y el plazo otorgado para presentar el dictamen pericial decretado a favor de la recurrente, debido que no critic\u00f3 en su momento esas determinaciones, a pesar de que era viable interponer reposici\u00f3n, a voces del art\u00edculo 318 del estatuto adjetivo3, aplicable al asunto porque la tem\u00e1tica no tiene una regulaci\u00f3n especial en el Reglamento del Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades, y de acuerdo con el art\u00edculo 99 de ese compendio \u201c[e]n lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicar\u00e1 la Ley 1563 de 2012 y el C\u00f3digo General del Proceso o las normas que los modifiquen o complementen\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, que la quejosa hubiese reprochado la negativa a decretar la inspecci\u00f3n judicial, no es suficiente para superar el presupuesto comentado, ya que se alz\u00f3 solo frente a esa determinaci\u00f3n, dejando de lado las otras, las cuales asinti\u00f3 al no contradecirlas. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, en atenci\u00f3n al principio de subsidiariedad de la acci\u00f3n, para acudir a esta herramienta el interesado debe agotar todas las herramientas que tiene a su disposici\u00f3n para conjurar la lesi\u00f3n invocada, siendo eficaz, en el caso, el citado medio de impugnaci\u00f3n, ya que, como lo ha dicho la Corte, <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes (STC9692-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
Por otro lado, la negativa a decretar la inspecci\u00f3n judicial de la obra materia del proceso arbitral no es arbitraria, si en cuenta se tiene que se edific\u00f3 en que los hechos materia de la prueba pod\u00edan verificarse por otros medios de convicci\u00f3n, como el dictamen pericial cuya aportaci\u00f3n autoriz\u00f3, y conforme al art\u00edculo 236 del c\u00f3digo de ritos4, \u201csalvo disposici\u00f3n en contrario, solo se ordenar\u00e1 la inspecci\u00f3n cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbaci\u00f3n, fotograf\u00edas u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Tampoco es caprichoso el decreto oficioso de la exhibici\u00f3n de la contabilidad de la suplicante5. Adem\u00e1s de los argumentos relativos a que es un deber del juez esclarecer los hechos materia de controversia, obs\u00e9rvese que en el caso la orden se dio para adecuar la prueba mediante la cual la empresa convocante pretende revelar aspectos relativos a la contabilidad de la peticionaria y de la empresa Servialvarez de la Costa S.A.S. N\u00f3tese que la sociedad DJC Construcciones S.A., a esos fines, solicit\u00f3 oficiar a diferentes entidades que pod\u00edan tener informaci\u00f3n financiera de la contraparte, por lo que el sentenciador advirti\u00f3 que \u201cen relaci\u00f3n con el medio de prueba relacionada con la contabilidad de la parte convocada, el Tribunal negara esta prueba por improcedente por cuanto no es el medio probatorio id\u00f3neo para acreditar asuntos relativos a la contabilidad que tienen una regulaci\u00f3n expresa en el estatuto adjetivo en lo relativo a la exhibici\u00f3n de documentos\u201d, y en su lugar, orden\u00f3 a la impulsora y a su codemandada que exhibieran \u201clos Estados Financieros, Plan \u00danico de Cuentas (PUC), gastos y costos, Estado de Resultados Integrales. correspondiente a los a\u00f1os 2017 a 2020 en archivo digital o f\u00edsico, con sus respectivas notas a los estados financieros, todos ellos discriminado por terceros, para verificar los pagos asociados a la parte convocante\u201d6. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, la salvaguarda enfilada contra los aludidos pronunciamientos deviene inf\u00e9rtil. <\/p>\n
<\/p>\n
Respecto de la negativa a prorrogar el plazo para aportar el dictamen pericial -21 jun. 2022-. <\/p>\n
Ning\u00fan reproche constitucional puede prosperar contra dicha resoluci\u00f3n, pues como se desprende de ella y del interlocutorio que la revis\u00f3, se soport\u00f3 en que la interesada pidi\u00f3 la ampliaci\u00f3n despu\u00e9s de haberse cumplido los dos (2) meses que ten\u00eda para allegar la experticia. Sobre el particular, el \u00e1rbitro sostuvo que la pr\u00f3rroga se pidi\u00f3 el 7 de junio de este a\u00f1o, mientras que el plazo hab\u00eda fenecido el 6 del mismo mes. Esto, al computarse despu\u00e9s del 4 abril, d\u00eda en que se dict\u00f3 y cobr\u00f3 ejecutoria el prove\u00eddo que lo concedi\u00f3, por haberse emitido en audiencia. <\/p>\n
<\/p>\n
Y es que, si el momento a partir del cual se computaba el plazo mencionado qued\u00f3 definido desde el 4 de abril, cuando cobr\u00f3 firmeza la decisi\u00f3n mediante la cual el \u00e1rbitro confiri\u00f3 \u201cun t\u00e9rmino de dos meses contados a partir de la ejecutoria de este auto\u201d para la elaboraci\u00f3n del dictamen, cualquier discusi\u00f3n al respecto deviene improcedente, con mayor raz\u00f3n si como qued\u00f3 visto antes, la quejosa no reproch\u00f3 ese lineamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
Entonces, definido como estaba que i) el dictamen deb\u00eda radicarse en dos meses contados a partir del 4 de abril de 2022, que ii) de acuerdo con el inciso final del art\u00edculo 117 del estatuto adjetivo7, el t\u00e9rmino conferido por el juez podr\u00e1 prorrogarse por una sola vez, siempre que se considere justa la causa invocada y la solicitud se formule antes del vencimiento, y iii) que la extensi\u00f3n del tiempo concedido para presentar la probanza se inst\u00f3 el 7 de junio, no es irrazonable que el \u00e1rbitro la desestimara por extempor\u00e1nea. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre el rechazo de los documentos aducidos el 7 de junio- 24 jun. 2022-. <\/p>\n
<\/p>\n
El resguardo corre la misma suerte en este punto, comoquiera que la negativa a incorporar las fotos y grabaciones aportadas el 7 de junio est\u00e1 soportada en la regla 173 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan la cual \u201cpara que sean apreciadas por el juez las pruebas deber\u00e1n solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los t\u00e9rminos y oportunidades se\u00f1alados para ello en este C\u00f3digo\u201d, am\u00e9n del precepto 164, a cuyas voces, \u201ctoda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
De otro lado, como lo advirti\u00f3 el sentenciador acusado al resolver la reposici\u00f3n propuesta frente a la resoluci\u00f3n disputada, el decreto oficioso de pruebas no es para suplir la negligencia de las partes en la materia, sino para esclarecer los hechos materia del litigio cuando estos sean oscuros. De all\u00ed que esta Corporaci\u00f3n haya insistido en que el decreto oficioso de pruebas <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) no debe interpretarse como si de una imposici\u00f3n insalvable se tratara, o como si el decreto oficioso de pruebas fuera aplicable a todos los casos, o como si ello significara una supresi\u00f3n del principio dispositivo que rige, por regla general, el proceso civil; sino que, simplemente, existen ciertas situaciones en las que un sano criterio de razonabilidad indica que haciendo uso de esa facultad discrecional del juez, se lograr\u00eda equiparar la verdad procesal a la verdad material, lo cual se traduce en la primac\u00eda del derecho sustancial sobre las formas y en la realizaci\u00f3n de la justicia como fin esencial del derecho. (\u2026) (se destaca, (CSJ STC6223-2014, STC1619-2022, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, no se quebranta la igualdad entre las partes porque el juzgador haya decretado oficiosamente la exhibici\u00f3n de la contabilidad de la actora, pero se hubiese negado a incorporar de oficio los documentos mencionados. En efecto, las situaciones son distintas; en la primera, como se dilucid\u00f3 previamente, la exhibici\u00f3n se decret\u00f3 porque era el medio de convicci\u00f3n id\u00f3neo para obtener la informaci\u00f3n que DJC Construcciones S.A.S. hab\u00eda reclamado a trav\u00e9s de otras pruebas, a diferencia del segundo, en el que se trata de un material que la recurrente ados\u00f3 al expediente de forma extempor\u00e1nea, pese a que pudo aportarla con la contestaci\u00f3n de la demanda o en la demanda de reconvenci\u00f3n que plante\u00f3, e incluso mediante la experticia que tampoco ados\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed que, si las aludidas documentales quedaron excluidas en este momento del acervo probatorio porque la interesada no las aport\u00f3 oportunamente al proceso, la repulsi\u00f3n objetada es plausible. <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo anterior, se ratificar\u00e1 el fallo recurrido. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se trata de un Tribunal conformado por un solo \u00e1rbitro, Guillermo Antonio Villalba Yabrudy, quien hace parte del Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
2\u0002 Se trata de un Tribunal conformado por un solo \u00e1rbitro, quien est\u00e1 adscrito al Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
3\u0002 \u201cSalvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Aplicable al asunto examinado porque el Reglamento del Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades no regula de forma espec\u00edfica el tema y en su art\u00edculo 99 establece que \u201c[e]n lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicar\u00e1 la Ley 1563 de 2012 y el C\u00f3digo General del Proceso o las normas que los modifiquen o complementen\u201d. <\/p>\n
5\u0002 La tem\u00e1tica se estudia de fondo porque esa directriz no admit\u00eda recursos, conforme al art\u00edculo 31 del estatuto arbitral, y de acuerdo con el inciso 2\u00b0 del art. 169 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
6\u0002Cuaderno 1, Pdf. 41. Acta 17 DJC Construcciones 1 aud tr\u00e1mite\u201d, y Cuaderno 4 Grabaciones. <\/p>\n
7\u0002 Tambi\u00e9n es aplicable a la controversia en virtud de la integraci\u00f3n normativa consagrada en el art\u00edculo 99 del Reglamento de arbitraje mencionado. <\/p>\n
3 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11087-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-01485-01 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC11087-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-01485-01 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66298","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66298","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66298"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66298\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66298"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66298"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66298"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}