STC11088-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11088-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-01463-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de julio de 2022 por la Sala Primera de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Amalia Var\u00f3n Reinoso contra los Juzgados Veintid\u00f3s y Cuarenta y Nueve Civiles del Circuito y Treinta de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, m\u00ednimo vital, vivienda digna, familia e integridad personal, presuntamente conculcados por la autoridad accionada en el proceso reivindicatorio de radicado 11001310302220120060600. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
Las se\u00f1oras Roc\u00edo del Socorro, Myriam, Patricia Yanneth y Nancy Rosario Vallejo Serna promovieron el mencionado proceso contra la tutelante y Julio Rodr\u00edguez Cort\u00e1zar, tramitado por el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que admiti\u00f3 la demanda el 12 de febrero de 2013. <\/p>\n
Surtido el tr\u00e1mite, se profiri\u00f3 sentencia el 22 de agosto de 20181, en la que se declar\u00f3 que el dominio pleno y absoluto del inmueble ubicado en la carrera 1 A N\u00b0 13-54\/58, de esta ciudad, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 50C-126857, pertenec\u00eda a las demandantes; adem\u00e1s, dispuso la restituci\u00f3n del bien, en los 30 d\u00edas siguientes a la ejecutoria del fallo, advirtiendo que, de no efectuarse, se comisionar\u00eda al Juzgado Civil Municipal. <\/p>\n
Tal decisi\u00f3n fue apelada por la pasiva y, concedida la alzada, se declar\u00f3 desierta por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en audiencia del 30 de octubre de 2018, ante la ausencia de la recurrente.2. <\/p>\n
Posteriormente, se libr\u00f3 despacho comisorio para adelantar la diligencia de entrega del inmueble, que correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiple de Bogot\u00e1. El 25 de enero de 20223 se intent\u00f3 fallidamente la comisi\u00f3n y se dispuso que se realizar\u00eda el 11 de julio siguiente, libr\u00e1ndose las correspondientes comunicaciones4. Llegada la fecha programada e instalada la audiencia, el abogado de la ac\u00e1 accionante solicit\u00f3 su suspensi\u00f3n, petici\u00f3n que fue coadyuvada por el mandatario de la parte actora, de modo que se estableci\u00f3 que, el 12 de septiembre de 2022, se realizar\u00eda dicha actuaci\u00f3n5. <\/p>\n
3. La promotora sostiene que i) la demanda \u00abfue mal admitida\u00bb, dado que el poder otorgado por las demandantes no fue espec\u00edfico para un proceso reivindicatorio, se acumularon indebidamente las pretensiones y no se pudo verificar si el memorial presentado, para subsanar tales falencias, fue radicado en t\u00e9rmino; ii) el Juzgado no se pronunci\u00f3 sobre las excepciones de m\u00e9rito por ella presentadas ni sobre la objeci\u00f3n al dictamen pericial radicado el 15 de abril de 2013; iii) el fallo desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial; iv) el 8 de julio de 2022 se le comunic\u00f3 la diligencia programada, \u00abdonde no se evidencia que en mi predio en alg\u00fan momento fijaran aviso de desalojo o al menos con anterioridad me notificaran de dicha audiencia\u00bb; v) que contin\u00faa expuesta a la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable con la sentencia reivindicatoria, al ser una persona de la tercera edad, sin ingresos, sin vivienda propia, diagnosticada con diabetes cr\u00f3nica y que depende de su hijo mayor, para sufragar sus gastos. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene la nulidad de lo actuado en el proceso 2012-00606, se deje sin efecto la sentencia del 22 de agosto de 2018 y todas las actuaciones desplegadas por el Juzgado Treinta de Peque\u00f1as Causas con ocasi\u00f3n del despacho comisorio asignado. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que la tutela no cumpl\u00eda con el requisito de inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Treinta de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 aludi\u00f3 a las actuaciones desarrolladas en acatamiento del despacho comisorio y asegur\u00f3 que han sido acordes con la legislaci\u00f3n procesal, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Myriam Vallejo Serna adujo que la tutela no era tempestiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al considerar que, en relaci\u00f3n con el auto del 12 de febrero de 2013 y la sentencia del 22 de agosto de 2018, no se cumple con el requisito de inmediatez. Igualmente, encontr\u00f3 que no se satisface el presupuesto de la subsidiariedad, dado que la accionante acudi\u00f3 directamente al juez de tutela y no agot\u00f3 los medios de defensa ordinarios. Por \u00faltimo, indic\u00f3 que la solicitud de suspender la diligencia de entrega \u00abcay\u00f3 en el vac\u00edo, por sustracci\u00f3n de materia, pues fue reprogramada para el 12 de septiembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la gestora, quien resalt\u00f3 que, a pesar de que el hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n era antiguo, la amenaza o vulneraci\u00f3n permanec\u00eda en el tiempo y, por ende, se debe acceder a la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende la salvaguarda de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con la sentencia del 22 de agosto de 2018, proferida por el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y el despacho comisorio librado para su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2. Visto el material probatorio, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional no cumple con los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad y, por lo tanto, carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021. <\/p>\n
Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones excepcionales que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb6. Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado para conjurar la desidia en la interposici\u00f3n tempestiva de esta especial v\u00eda. <\/p>\n
2.2. De otro lado, como lo advirti\u00f3 el a quo, la accionante no elev\u00f3 ante el juez de conocimiento la censura presentada en esta sede sobre el despacho comisorio librado y menos a\u00fan puso de presente la nulidad reclamada, con lo cual tampoco se supera el requisito de subsidiariedad necesario para la procedencia del ruego. <\/p>\n
3. Aunado a ello, resulta pertinente se\u00f1alar que <\/p>\n
la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (Sentencia de 28 de octubre de 2009, exp. T-2009-1496-01, citada el 29 de agosto de 2012, exp. 2012-01295-01). Postura reiterada en STC16630-2015 y en STC038-2020. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 16, documento \u00ab15Anexo 2 \u2013 Contestaci\u00f3n Acci\u00f3n de Tutela\u2026\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Documento \u00ab16Anexo 3 \u2013 Contestaci\u00f3n Acci\u00f3n de Tutela\u2026\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Documento 04, Cuaderno despacho comisorio, expediente 2012-00606. <\/p>\n
5\u0002 Documento 18, Cuaderno despacho comisorio, expediente 2012-00606. <\/p>\n
6\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
<\/p>\n
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