STC11093-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11093-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00847-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 3 de mayo de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderado, por Andr\u00e9s Felipe Alhay Tamura contra la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado 2 Laboral del Circuito de la misma ciudad, la Administradora Colombiana de Pensiones y las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral cuestionado. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, seguridad social en pensi\u00f3n y salud, m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, \u00abfavorabilidad y\/o condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb, igualdad ante la ley, \u00abindiscutibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales\u00bb, a la propiedad privada, acceso real, material y efectivo a la justicia y vida digna. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El se\u00f1or Andr\u00e9s Felipe Alhay Tamura naci\u00f3 el 9 de septiembre de 1971 y fue diagnosticado con \u00abesquizofrenia cr\u00f3nica indiferenciada\u00bb, siendo calificada su invalidez el 7 de junio de 2012 por el antiguo Instituto de Seguros Sociales, con \u00abp\u00e9rdida de capacidad laboral del 55.20%\u00bb, de origen com\u00fan, y con fecha de estructuraci\u00f3n inicial el 11 de marzo de 2009, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez, que fue negada el 16 de noviembre de 2012, por no reunir las condiciones establecidas en la Ley 860 de 2003. <\/p>\n
2.2. Con el fin de obtener dicho reconocimiento, instaur\u00f3 una demanda ordinaria laboral, que correspondi\u00f3 al Juzgado 2 Laboral del Circuito de Cali, el cual, por sentencia del 28 de junio de 2016, accedi\u00f3 a sus pretensiones y conden\u00f3 a Colpensiones a reconocer y pagar la pensi\u00f3n de invalidez, de origen com\u00fan, a partir del 11 de marzo de 2009. <\/p>\n
2.3. El 22 de febrero de 2017, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa misma ciudad revoc\u00f3 la sentencia del a quo y absolvi\u00f3 a la entidad de todas las pretensiones incoadas en su contra, argumentando que, \u00abcuando el siniestro tuvo ocurrencia fue en vigencia del art\u00edculo 1 de la ley 860 del 2003, que en su art\u00edculo 1 exige que el afiliado haya cotizado cuando menos 50 semanas dentro de los tres \u00faltimos a\u00f1os inmediatamente anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n\u00bb, requisitos que no reun\u00eda. <\/p>\n
2.4. El 8 de febrero de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia CSJ SL413-2021, resolvi\u00f3 no casar la sentencia de segunda instancia recurrida. <\/p>\n
2.5. En criterio del promotor, las autoridades judiciales accionadas, al proferir sus determinaciones, no examinaron el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, con \u00abel enfoque diferencial que les demandaba hacerlo\u00bb, esto es, con el \u00abart\u00edculo 13, 53 superior y, las Leyes 1306 del 2009, 1346 del 2009, 1616 del 2013, 1618 del 2013 y 1996 del 2019, sobre la base de que el actor padece una enfermedad y\/o discapacidad mental cr\u00f3nica, degenerativa e irreversible\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que tampoco se realiz\u00f3 una \u00abVALORACI\u00d3N CONJUNTA Y ADECUADA DE LA HISTORIA LABORAL\u00bb al momento del fallo, \u00abjunto con el dictamen de calificaci\u00f3n de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Valle que modific\u00f3 la fecha de estructuraci\u00f3n de la primera calificaci\u00f3n, del 11 de marzo del 2009 al 14 de octubre de 2010\u00bb, circunstancia con la que, en su sentir, se cumpl\u00eda con \u00ablas 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os inmediatamente anterior a la fecha de estructuraci\u00f3n\u00bb, por lo que deb\u00eda concederse el amparo, \u00absin necesidad de acudir a la figura de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL413-2021 y la emitida el 22 de febrero de 2017 por el Tribunal Superior de Cali, y que se confirme la decisi\u00f3n del Juzgado 2 Laboral del Circuito de la citada ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n accionada indic\u00f3 que los cargos presentados en casaci\u00f3n fueron desestimados, debido a \u00ablos insuperables defectos t\u00e9cnicos que presentaba el conjunto de la acusaci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, luego de hacer referencia a la sentencia CSJ SL028-2018, manifest\u00f3 que su determinaci\u00f3n \u00abse profiri\u00f3 con estricto apego a la Constituci\u00f3n, a la ley laboral y al precedente jurisprudencial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1781 del 20 de mayo de 2016\u00bb y, en esa medida, no hab\u00eda v\u00eda de hecho. <\/p>\n
2. Colpensiones pidi\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela, dado que \u00abno se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb, as\u00ed como por \u00abla abierta improcedencia de la tutela contra sentencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, en liquidaci\u00f3n, P.A.R.I.S.S., requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto, toda vez que, en el proceso laboral de la referencia, \u00abNO hizo parte ni se vincul\u00f3 al P.A.R.I.S.S. en liquidaci\u00f3n o el extinto I.S.S\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradora Tercera para la Casaci\u00f3n Penal sostuvo que, como \u00abno ejerci\u00f3 labor de intervenci\u00f3n en el curso del proceso\u00bb, no le era posible emitir concepto alguno. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la tutela, pues consider\u00f3 que, aunque se examinaran los ataques, \u00abteniendo por superados los m\u00faltiples defectos de t\u00e9cnica\u00bb, la demanda no pod\u00eda prosperar, por cuanto los asuntos relacionados con el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez deb\u00edan examinarse a la luz de la norma vigente al momento de su estructuraci\u00f3n, acorde con la jurisprudencia relacionada, requisitos que no se cumplieron. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte actora impugn\u00f3 y reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial, enfatizando en el defecto f\u00e1ctico de los fallos atacados, puesto que no valoraron la prueba de la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez, que se modific\u00f3 al 14 de octubre de 2010, de manera que, en su criterio, s\u00ed cumpl\u00eda las 50 semanas exigidas en los tres a\u00f1os anteriores, teniendo en cuenta las cotizaciones de julio de 2008 a enero de 2009 y de febrero de 2009 a enero de 2010. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el accionante pretende que se revoque la sentencia SL413-2021, proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, as\u00ed como la del 22 de febrero de 2017, emitida por el Tribunal Superior de Cali, y que se confirme la decisi\u00f3n del Juzgado 2 Laboral del Circuito de la citada ciudad, que accedi\u00f3 a sus pretensiones. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces, de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano y siempre que se hayan agotado, en debida forma, los recursos procedentes. <\/p>\n
3. Ciertamente, mediante sentencia CSJ SL413-2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia defini\u00f3 el asunto debatido e indic\u00f3, inicialmente, que en materia laboral y de seguridad social el \u00abrecurso extraordinario es rogado y debe sujetarse a las reglas del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en armon\u00eda con las de sus similares 87 y 91, las cuales no constituyen un mero culto a la forma, pues son parte esencial del debido proceso\u00bb, como se ha sostenido, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL390-2018, reiterada en las CSJ SL1012-2019 y CSJ SL142-2020, para concluir que, en el caso estudiado, la demanda de casaci\u00f3n presentaba deficiencias t\u00e9cnicas, que afectaban su estimaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. En efecto, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral advirti\u00f3 que la parte recurrente encamin\u00f3 \u00abambos ataques por la v\u00eda directa o de puro derecho\u00bb, pero no explic\u00f3, frente a la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea alegada, el sentido supuestamente equivocado que le imprimi\u00f3 el sentenciador a la norma invocada por el recurrente ni el alcance que era procedente, para poder hacer la confrontaci\u00f3n respectiva y, respecto de la infracci\u00f3n directa, tampoco demostr\u00f3 la omisi\u00f3n atacada. <\/p>\n
3.2. Aunado a ello, la Sala de Descongesti\u00f3n determin\u00f3 que la v\u00eda directa escogida le imped\u00eda estudiar la legalidad del fallo emitido por el Tribunal, \u00aben perspectiva de las pruebas recaudadas en el juicio\u00bb, pues obligar\u00eda a la Corporaci\u00f3n a \u00abexaminar los medios de convencimiento, para corroborar las semanas cotizadas y el estado del cotizante, lo cual solo es posible en el marco de una impugnaci\u00f3n encauzada por la senda indirecta o de los hechos\u00bb. <\/p>\n
3.3. No obstante, precis\u00f3 que, si se pasaran por alto las deficiencias t\u00e9cnicas anotadas, en lo que ata\u00f1e a la v\u00eda directa y de puro derecho escogida, pues a ella estaba sujeta el recurso, las pretensiones del actor tampoco saldr\u00edan avante. Al respecto, luego de hacer referencia a la sentencia CSJ SL028-2018 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, manifest\u00f3 que el criterio jurisprudencial vigente sobre el asunto en controversia se\u00f1alaba que, \u00abpor regla general, la norma regulatoria de la pensi\u00f3n de invalidez de origen com\u00fan, es la vigente para la fecha de estructuraci\u00f3n del riesgo, para el caso, la Ley 860 de 2003\u00bb y que, aun cuando en algunos casos es posible acudir a una normativa diferente, \u00abdebe ser a la inmediatamente anterior a la aplicable, para el presente asunto, la Ley 100 de 1993, sin la modificaci\u00f3n introducida por la Ley 860 de 2003\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, mencion\u00f3 la sentencia CSJ SL2358-2017 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente y afirm\u00f3 que, como la estructuraci\u00f3n de la invalidez necesariamente debe producirse \u00abentre el 26 de diciembre de 2003 e igual calenda de 2006\u00bb, tal presupuesto tampoco se cumpl\u00eda, pues era \u00abun hecho indiscutido, que en este caso se estructur\u00f3 el 11 de marzo de 2009, por manera que no puede hablarse de una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta que deba ser amparada por los preceptos anteriores a la Ley 860 de 2003\u00bb. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida despu\u00e9s de haber realizado una valoraci\u00f3n razonable de la actuaci\u00f3n correspondiente, la normatividad que gobierna el asunto y la jurisprudencia relacionada con el tema debatido. <\/p>\n
4.1. En efecto, la Sala consider\u00f3 motivadamente que la demanda de casaci\u00f3n carec\u00eda de t\u00e9cnica, en la medida en que la parte recurrente incurri\u00f3 en error al encaminar sus ataques por la v\u00eda directa, pues no expuso los argumentos pertinentes para estudiar la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea o la indebida aplicaci\u00f3n y que, aun de superarse esa deficiencia, el yerro de puro derecho alegado no se evidenciaba, en tanto la jurisprudencia relacionada de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicaba que no era posible hacer una b\u00fasqueda indefinida de legislaciones anteriores, a fin de determinar cu\u00e1l se ajusta a las condiciones particulares del peticionario o cu\u00e1l resulta ser m\u00e1s favorable, toda vez que con ello se desconocer\u00eda que las leyes sociales eran de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio, rigen hacia futuro, a lo cual se suma que tampoco se cumpli\u00f3 con el criterio temporal exigido por la jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre, para considerar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa; lo expuesto, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional, independientemente de que la tesis sea o no compartida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, frente a dicha determinaci\u00f3n se presenta una disparidad de criterios entre lo considerado por la Sala accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la parte solicitante. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb1. <\/p>\n
4.2. Adicionalmente, debe resaltarse que, aunque el actor alega un defecto f\u00e1ctico e indebida valoraci\u00f3n probatoria en el c\u00f3mputo de las semanas y en la identificaci\u00f3n de la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez, lo cierto es que eso no fue planteado en el recurso extraordinario en la forma adecuada, seg\u00fan la t\u00e9cnica que exige dicho instrumento. En ese sentido, resulta pertinente indicar que, como lo expuso la Sala de Descongesti\u00f3n accionada, al escogerse la v\u00eda directa, esto es, de puro derecho, no era posible el estudio de las pruebas recaudadas en el juicio ni de la apreciaci\u00f3n realizada respecto de estas, pues ello solo es procedente \u00aben el marco de una impugnaci\u00f3n encauzada por la senda indirecta o de los hechos\u00bb y, por ende, no se pod\u00edan \u00abcorroborar las semanas cotizadas\u00bb, siendo entonces \u00abun hecho indiscutido, que en este caso [la invalidez] se estructur\u00f3 el 11 de marzo de 2009\u00bb. <\/p>\n
De manera que se desperdici\u00f3 el medio de impugnaci\u00f3n extraordinario que la parte actora tuvo a su alcance, pues este no se present\u00f3 en la forma pertinente, para que los errores de la valoraci\u00f3n probatoria alegados en tutela fueran estudiados por el juez natural, omisi\u00f3n inviabiliza, igualmente, el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que esta es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n id\u00f3nea de las defensas legalmente previstas. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que, como atr\u00e1s se dijo, la procedencia de la tutela depende del agotamiento previo e id\u00f3neo de los recursos al alcance de la parte y de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias STC9955-2022, STC7600-2022, STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11093-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC11093-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00847-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66303","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66303","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66303"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66303\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66303"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66303"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66303"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}