STC11100-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11100-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2022-00192-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 19 de julio de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por la sociedad Ingenier\u00eda y Control de Movimiento S.A.S. contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2017-00046-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad promotora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. Manifest\u00f3 que al \u00abinterior del proceso ejecutivo [\u2026] de radicado [\u2026] 2017-00046-00 [\u2026] radic\u00f3 solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la deuda con apoyo en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Sin embargo, se\u00f1al\u00f3 que con auto del 27 de enero de 2022, notificado el 16 de febrero siguiente, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali \u00abresolvi\u00f3 negar la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso\u00bb. Mencion\u00f3 que, inconforme con ello, impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. Y, el Despacho -con prove\u00eddo del 4 de mayo de la presente anualidad- dispuso negar de plano la alzada1. <\/p>\n
3. Surtido el tr\u00e1mite respectivo, el juez orden\u00f3 el 17 de junio de los corrientes, \u00abse\u00f1alar para que tenga lugar la diligencia de remate del bien inmueble [de] matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-546672, que fue objeto de embargo, secuestro y aval\u00fao por valor de $168.067.500, dentro del presente proceso, fijase la hora de las 10:00 a.m. del [\u2026] 9 de agosto de [\u2026] 2022\u00bb2. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, anot\u00f3 que el Despacho acusado al negar el tr\u00e1mite del remedio de alzada \u00abse encuentra pretermitiendo una instancia, y adem\u00e1s, est\u00e1 desconociendo la tutela judicial efectiva [\u2026], del usuario de la administraci\u00f3n de justicia [\u2026], principio desarrollado por la H. Corte Constitucional a trav\u00e9s de la sentencia SU-198 de 2013, haci\u00e9ndolo de obligatorio cumplimiento por causa de lo ordenado por los art\u00edculos 45 y 46 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia\u00bb. <\/p>\n
5. Por lo anterior, solicit\u00f3 que se tutele su prerrogativa fundamental al debido proceso. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado querellado, luego de relatar lo acontecido al interior de la causa de marras, se\u00f1al\u00f3 que no \u00abse encuentran vulnerados los derechos fundamentales alegados por la accionante, [\u2026] toda vez que sus actuaciones se han ce\u00f1ido a la norma procesal que regula la materia\u00bb. <\/p>\n
2. Nelson Cruz G\u00f3mez solicit\u00f3 que se negara el amparo \u00aben raz\u00f3n a que no ha existido violaci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso y contrariamente s\u00ed existe una obligaci\u00f3n reconocida en sentencia judicial\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala constitucional a quo neg\u00f3 el amparo. Para ello, consider\u00f3 que \u00absurge evidente el incumplimiento del requisito general \u2013 subsidiaridad- [\u2026], pues la accionante contaba, tanto con el recurso de reposici\u00f3n como el subsidiario de queja para cuestionar la decisi\u00f3n aqu\u00ed atacada [\u2026]; sin embargo, no los interpuso de manera preferente, impidiendo que el mismo funcionario y su superior, conocieran los argumentos que ahora expone en esta tutela [\u2026]. Adem\u00e1s, sostuvo que \u00abla decisi\u00f3n fustigada [\u2026] tampoco luce arbitraria ni antojadiza\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La sociedad actora discurri\u00f3 en el mismo sentido de lo arg\u00fcido en el escrito inicial, sin expresarse, puntualmente, frente a lo rese\u00f1ado por el Tribunal de primera instancia. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 el derecho fundamental alegado por la entidad tutelante, con ocasi\u00f3n del auto proferido el 4 de mayo de los corrientes, que rechaz\u00f3 de plano el remedio vertical. Ello, por cuanto estim\u00f3 que con dicha resoluci\u00f3n se pretermiti\u00f3 una instancia. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali -con providencia del 4 de mayo de 2022-, expres\u00f3 los motivos por los cuales resolvi\u00f3 no conceder el recurso de alzada \u2013frente a la negativa de terminar el juicio por pago total de la obligaci\u00f3n-. Precisamente, el juez referenciado sostuvo que ello resultaba improcedente dado que ese medio impugnaticio \u00abno se encuentra dentro de las providencias apelables, tanto en norma especial, como general (art\u00edculo 321 C. G. del P.)\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del Juzgado atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo sobre el tema. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. <\/p>\n
En el punto, es necesario destacar que el auto cuestionado abord\u00f3 el estudio relativo a la procedencia del remedio vertical. Frente a ello, el Juzgado encontr\u00f3 que lo decidido \u2013negar la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n- no es de aquellas determinaciones enmarcadas dentro de los numerales del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso. Y, por tanto, deneg\u00f3 de plano la apelaci\u00f3n propuesta3. Al respecto, tampoco cabe lo expuesto por la sociedad censora a trav\u00e9s de esta senda, \u2013relativo a que la causal que permite acceder a dicho recurso es la 7\u00b0 del canon ib\u00eddem4-, toda vez que en el asunto de marras no se hab\u00eda decretado la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice, lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la empresa gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto5. <\/p>\n
5. Por lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo PDF \u00ab005AutoInterlocutorio 926 mayo 4de 2022\u00bb. Anexos de la demanda de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab006Auto1168junio17de2022\u00bb. Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 En un asunto de temperamento similar, la Sala encontr\u00f3 resalt\u00f3 que: \u00abla tutelante solicita la invalidaci\u00f3n de lo actuado en el referido juicio coercitivo, comprensivo de las decisiones emitidas por las sedes judiciales accionadas el 11 de septiembre [\u2026] de 2017 a trav\u00e9s de la cual se resolvi\u00f3 [\u2026] no reponer lo decidido y negar la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n [\u2026], es evidente que la salvaguarda suplicada frente a la demarcada providencia [no] puede salir avante, m\u00e1xime cuando las mismas tuvieron como fundamento argumentos jur\u00eddicos que de manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurarlas en el campo de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Ciertamente, dichas autoridades, como bien lo explic\u00f3 el a quo constitucional, adoptaron las citadas determinaciones con sujeci\u00f3n a la normatividad adjetiva civil aplicable al asunto, lo que descarta que en las mismas se hubiera incurrido en alguna causal de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo pues la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a las mismas, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (citada entre otras, en STC6120-2018 y STC7329-2018. Reiterado en STC9824-2018). <\/p>\n
4\u0002 \u00abArt. 321. [\u2026] Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: 7. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso\u00bb. <\/p>\n
5\u0002Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
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