STC11101-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11101-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 26 de julio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por CSS Constructores SA, contra el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citados y vinculados los intervinientes en el proceso declarativo, caso rad. 134340. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El apoderado de la solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de su representada al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal de Arbitramento accionado en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, con ocasi\u00f3n de la demanda declarativa que la sociedad 2K Inversiones y Servicios SAS, interpuso en su contra -caso no. 134340- relacionada con la ejecuci\u00f3n del contrato no 061 de 2019, por auto de 24 de febrero de 2022 se instal\u00f3 el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que despu\u00e9s de ser notificada, contest\u00f3 la demanda, formul\u00f3 demanda en reconvenci\u00f3n y present\u00f3 llamamiento en garant\u00eda contra Seguros del Estado SA, quien garantiz\u00f3 la ejecuci\u00f3n del contrato en menci\u00f3n. <\/p>\n
Inicialmente el llamamiento en garant\u00eda fue inadmitido, porque no se ajustaba a los art\u00edculos 65 y 82 del C\u00f3digo General del Proceso y al Decreto 806 de 2020, inconsistencias que fueron subsanadas oportunamente, por lo que, mediante providencia de 11 de mayo de 2022, el accionado lo admiti\u00f3. <\/p>\n
Enterada de la convocatoria que se le hizo, Seguros del Estado SA, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el auto de admisi\u00f3n del llamamiento, por considerar que las causales de inadmisi\u00f3n no fueron corregidas, y en providencia de 14 de junio siguiente, el Tribunal de Arbitramento al resolver el mencionado recurso, rechaz\u00f3 el llamamiento en garant\u00eda aducido, con fundamento en que no se brind\u00f3 informaci\u00f3n acerca de la cobertura de la p\u00f3liza, topes indemnizatorios, qui\u00e9n es el tomador de la p\u00f3liza, ni se expresaron los datos relacionados con el asegurado o beneficiario, adem\u00e1s que la pretensi\u00f3n es confusa e imprecisa, porque no se se\u00f1al\u00f3 su monto, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n, pero el Tribunal de Arbitramento mantuvo la providencia. <\/p>\n
Consider\u00f3 que, la autoridad accionada le traslad\u00f3 un error judicial que no est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de cargar, porque impidi\u00f3 la vinculaci\u00f3n del llamado en garant\u00eda, dificultando la reclamaci\u00f3n de las garant\u00edas otorgadas sobre el contrato objeto de controversia, e indic\u00f3 que la informaci\u00f3n echada de menos, est\u00e1 contenida en la car\u00e1tula de la p\u00f3liza aportada como prueba y la decisi\u00f3n reprochada desconoce que es la sentencia el momento oportuno para pronunciarse sobre la relaci\u00f3n sustancial entre el llamante y el llamado. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo expuesto, solicit\u00f3 que, \u00abse declare ineficaz el rechazo del llamamiento en garant\u00eda presentado por EL ACCIONANTE y se ordene corregir el defecto procedimental mediante la inadmisi\u00f3n del llamamiento en garant\u00eda, otorgando t\u00e9rminos para su subsanaci\u00f3n, en caso de que se considere que persisten defectos en el texto de subsanaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal de Arbitramento accionado, efectu\u00f3 un recuento de las actuaciones que se realizaron en el proceso arbitral en cuesti\u00f3n, en relaci\u00f3n con el llamamiento en garant\u00eda presentado por la sociedad solicitante frente a Seguros del Estado SA., y dijo que el rechazo del llamamiento en garant\u00eda obedeci\u00f3 a que la sociedad accionante no subsan\u00f3 las irregularidades que le fueron puestas de presente desatendiendo los preceptos normativos que regulan ese tipo de tr\u00e1mites. <\/p>\n
Adicionalmente, afirm\u00f3 que para la prosperidad de la acci\u00f3n, no se demuestra la existencia de un perjuicio irremediable, el asunto carece de relevancia constitucional y desconoce el car\u00e1cter subsidiario y excepcional. <\/p>\n
2. La sociedad 2K Inversiones y Servicios SAS, expres\u00f3 que el amparo no tiene relevancia constitucional, ya que lo que se cuestiona es el criterio del Tribunal Arbitral por decidir en contra de sus intereses de la accionante, aunado a que lo pretendido por \u00e9sta es revivir un t\u00e9rmino fenecido y que la solicitud de amparo sirva como segunda instancia. <\/p>\n
3. El Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que dio traslado al Tribunal Arbitral del escrito de tutela, por cuanto lo que se cuestiona es una decisi\u00f3n suya. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional solicitada, con fundamento en que, <\/p>\n
(\u2026) la promotora en la exposici\u00f3n f\u00e1ctica que sustenta la solicitud de tutela y en punto de la relevancia constitucional que caracteriza a esta acci\u00f3n, no demostr\u00f3 que el problema planteado fuera de tales dimensiones que exorbitara el debate meramente legal y trascendiera a la esfera constitucional, lo que por dem\u00e1s es requisito habilitante. Y es que, no defini\u00f3 de manera razonable y sustentada c\u00f3mo el hecho generador del reclamo (a saber, el rechazo del llamamiento en garant\u00eda) afecta o pone en riesgo los derechos fundamentales invocados, m\u00e1xime que el panel arbitral accionado sustent\u00f3 las razones para la decisi\u00f3n que adopt\u00f3, primero en el auto que inadmiti\u00f3 el llamamiento en cuesti\u00f3n, posteriormente en el que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n de la aseguradora convocada en garant\u00eda y finalmente, al decidir el recurso impetrado por la sociedad tutelante. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En este sentido, es claro que el an\u00e1lisis del escrito inicial gravita en torno a una cuesti\u00f3n meramente legal, en punto de la aplicaci\u00f3n de las reglas para la admisi\u00f3n de la figura procesal en cita, pero sin sustento alguno que explique que el operador judicial actu\u00f3 de manera contraria al orden constitucional, pues, por m\u00e1s que aduzca el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el forma, la actora busca hacer prevaler su interpretaci\u00f3n respecto del llamamiento y los requisitos de su admisi\u00f3n, sin que ello sea suficiente para demostrar que la interpretaci\u00f3n y justificaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n judicial vulnere de forma directa las garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La sociedad accionante insisti\u00f3 en los argumentos del escrito inicial, y destac\u00f3 que la irregularidad procesal que se pretende corregir, constituye un efecto decisivo en el tr\u00e1mite arbitral, en los derechos procesales e intereses econ\u00f3micos, al impedirse vincular a la aseguradora al litigio. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que subsan\u00f3 oportunamente los defectos advertidos y fue por esa raz\u00f3n que se admiti\u00f3 la intervenci\u00f3n del llamado en garant\u00eda el que, incluso al proponer el recurso de reposici\u00f3n, solicit\u00f3 se inadmitiera la demanda no que se rechazara. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Existen causales especiales para la configuraci\u00f3n de la trasgresi\u00f3n del derecho al debido proceso, frente a una determinaci\u00f3n jurisdiccional, as\u00ed, <\/p>\n
i) defecto f\u00e1ctico: ha determinado que se incurre en una v\u00eda de hecho cuando el juez carece por completo de apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n; ii) defecto org\u00e1nico: carece absolutamente de competencia para tomar la decisi\u00f3n; iii) defecto procedimental absoluto: act\u00faa completamente por fuera del procedimiento establecido, es decir cuando ostensiblemente se desv\u00eda el deber de cumplir con las formas propias de cada juicio; iv) defecto sustantivo: la decisi\u00f3n se fundamenta en una norma evidentemente inaplicable. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el defecto f\u00e1ctico, se encuentra relacionado con errores probatorios durante el proceso, el cual se configura cuando la decisi\u00f3n judicial se toma: \u00abi) sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina; (ii) como consecuencia de una omisi\u00f3n en el decreto o valoraci\u00f3n de las pruebas; (iii) de una valoraci\u00f3n irrazonable de las mismas; (iv) de la suposici\u00f3n de una prueba; o (v) del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios\u00bb. (CC SU-226 de 2013). <\/p>\n
Igualmente, esta Sala ha establecido que, un funcionario incurre en el defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria, cuando: <\/p>\n
sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculos 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso. (Ver CSJ. STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01, STC de 27 de noviembre de 2013, exp. 2013-00109-01, STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01, STC-9780-2021, STC6777-2022 y STC9241-2022, entre muchas) <\/p>\n
2. Examinadas las actuaciones materia de reproche, se observan como relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, las siguientes, <\/p>\n
2.1 La sociedad 2K Inversiones y Servicios SAS, demand\u00f3 a CSS Constructores SA, -caso no. 134340-, por incumplimiento relacionado con la ejecuci\u00f3n de los contratos no. 061 y 181 de 2019. <\/p>\n
2.2 Mediante auto de 24 de febrero del presente a\u00f1o se instal\u00f3 Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.3 Enterada la sociedad CSS Constructores SA, de manera oportuna contest\u00f3, present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n y formul\u00f3 llamamiento en garant\u00eda en relaci\u00f3n con Seguros del Estado SA. <\/p>\n
2.4 En auto de 20 de abril de 2022, el Tribunal accionado inadmiti\u00f3 el llamamiento en garant\u00eda para que se ajustara en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 37 y 65 de la Ley 1563 de 2012, y 82 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como al Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
2.5 El 27 de abril la sociedad demandada alleg\u00f3 escrito de subsanaci\u00f3n, por lo que en providencia de 11 de mayo de 2022 el Tribunal de Arbitramento admiti\u00f3 dicha intervenci\u00f3n. <\/p>\n
2.6 Una vez notificado, Seguros del Estado SA, el 18 de mayo recurri\u00f3 en reposici\u00f3n el auto anterior, por considerar, que el llamamiento en garant\u00eda carec\u00eda de los requisitos formales exigidos por el ordenamiento jur\u00eddico, en tanto que, no conten\u00eda hechos ni pretensiones claras, ni juramento estimatorio. <\/p>\n
2.7 La sociedad accionante se opuso a la prosperidad del recurso, y el Tribunal al desatarlo, en providencia de 14 de junio de 2022 revoc\u00f3 la admisi\u00f3n del llamamiento y, por ende, lo rechaz\u00f3, concretamente porque no se brind\u00f3 \u00abinformaci\u00f3n referida a la cobertura de la p\u00f3liza, topes indemnizatorios, el tomador de la p\u00f3liza, as\u00ed como los datos relacionados con el asegurado o beneficiario\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3, adem\u00e1s, que la pretensi\u00f3n formulada es imprecisa, ya que no se especific\u00f3 su monto, \u00abpara lo cual era necesario presentar el respectivo juramento estimatorio, en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, los argumentos expuestos por el Tribunal de Arbitramento para ese proceder, desconocen el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la sociedad solicitante, pues al realizar la Sala un an\u00e1lisis arm\u00f3nico de las pruebas y escritos allegados por la demandada, observa que los requisitos legales echados de menos se aprecian acreditados. <\/p>\n
En efecto, en las caratulas de las p\u00f3lizas de seguro no 64-40-101006837 (para el contrato 061-2019) y 64-40-101010068 (para el contrato 181-2019), otorgadas por Seguros del Estado SA, se evidencia la informaci\u00f3n referida a la cobertura de la p\u00f3liza, \u00abcubre los perjuicios causados por la responsabilidad civil extracontractual del contrato No. 061-2019 (181-2019) cuyo objeto es mediante el presente contrato, el contratista se obliga a realizar el suministro, instalaci\u00f3n, marcacion, pruebas, puesta en servicio, ingenier\u00eda de detalle, programaci\u00f3n, licenciamiento y entrega a satisfacci\u00f3n del contratante y de la interventor\u00eda del proyecto, de los sistemas de tecnolog\u00eda y seguridad electr\u00f3nica de las oficinas gubernamentales, e interventor\u00eda de la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto internacional Mateca\u00f1a de la ciudad de Pereira (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Como valores asegurados o topes indemnizatorios, se establecieron las sumas de $2.484\u00b4588318,30 y $157\u00b4631.090,16, con deducibles del 15% del valor de la p\u00e9rdida, respectivamente. <\/p>\n
Para ambas p\u00f3lizas, aparece como tomador 2K Inversiones y Servicios SAS, quien es la demandante, por lo que sus datos e informaci\u00f3n general est\u00e1n contenidos en la demanda principal, as\u00ed como los datos relacionados con el asegurado o beneficiario, quien es CSS Constructores SA, cuya informaci\u00f3n general se encuentran incorporados en la contestaci\u00f3n de la demanda, o en la demanda de reconvenci\u00f3n, e incluso en los certificados de existencia de ambas empresas. <\/p>\n
Ahora bien, en lo que ata\u00f1e a que la pretensi\u00f3n formulada es confusa, por cuanto no se estim\u00f3 su cuant\u00eda en la forma y t\u00e9rminos del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, cumple decir que, en la pretensi\u00f3n de la subsanaci\u00f3n del llamamiento en garant\u00eda, la accionante pidi\u00f3 que se citara a Seguros del Estado SA, para que interviniera en el proceso, \u00aby que en caso de prosperar total o parcialmente las pretensiones de la Convocada, reconozcan las indemnizaciones y condenas a las que haya lugar incluidas las agencias en derecho\u00bb. <\/p>\n
Luego, al descorrer el traslado del recurso de reposici\u00f3n propuesto por la aseguradora, CSS Constructores SA, explic\u00f3 que el juramento estimatorio era innecesario, en la medida en que el mismo \u00abse encuentra debidamente indicado tanto en la contestaci\u00f3n como en la demanda de reconvenci\u00f3n y la indemnizaci\u00f3n a pagar por el llamado, est\u00e1 limitada al monto del valor asegurado en la p\u00f3liza\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior, ha de entenderse, por una parte, que el juramento estimatorio que sirve para el llamamiento en garant\u00eda es el mismo realizado en la demanda de reconvenci\u00f3n, y por la otra, que la indemnizaci\u00f3n reclamada equivale al valor asegurado en las p\u00f3lizas referidas. <\/p>\n
Al remitirse al escrito de reconvenci\u00f3n, la accionante estableci\u00f3 sus pretensiones y, como juramento estimatorio, dijo que \u00ab[d]ebido a que las pretensiones s\u00e9ptima y octava persiguen la efectividad de la cl\u00e1usula penal, se estiman estas pretensiones as\u00ed: la pretensi\u00f3n s\u00e9ptima en $970.491.905 (pesos colombianos) y en d\u00f3lares americanos de USD $488.983 y la pretensi\u00f3n octava en $157.631.090, para un total de $1.128.122.995 (en pesos colombianos) y USD $488.983 (en d\u00f3lares americanos) por concepto de cl\u00e1usula penal\u00bb. <\/p>\n
4. Como puede verse, las irregularidades o deficiencias advertidas por el Tribunal de Arbitramento respecto al llamamiento en garant\u00eda, se subsanaron oportunamente, e incluso se hicieron las claridades del caso por parte de la accionante al descorrer el recurso propuesto por la Aseguradora. <\/p>\n
Lo que se evidencia, entonces, es que el Tribunal accionado dej\u00f3 de valorar las p\u00f3lizas de seguro aportadas, sus condiciones generales y especiales, as\u00ed como la contestaci\u00f3n de la demanda primigenia, la demanda de reconvenci\u00f3n y el escrito de subsanaci\u00f3n del llamamiento en garant\u00eda, documentales con las cuales la llamante pretendi\u00f3 acreditar su relaci\u00f3n con la llamada en garant\u00eda en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De acuerdo a lo anterior, como se dijera por la Corte en un caso de similares caracter\u00edsticas, puede afirmarse que el accionado, incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, toda vez que dej\u00f3 de valorar de manera arm\u00f3nica, coherente y consecuente las pruebas y los escritos aportadas que sirven de sustento al llamamiento en garant\u00eda que rechaz\u00f3, para verificar que las puntuales inconsistencias que hall\u00f3, se encontraban superadas (Ver CSJ. STC16391-2021). <\/p>\n
5. De igual manera, la actuaci\u00f3n del Tribunal revela un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues aun cuando pod\u00eda concluirse de las distintas actuaciones de la accionante y de los documentos que aport\u00f3, la satisfacci\u00f3n de los defectos por los que inicialmente inadmiti\u00f3 el llamamiento en garant\u00eda y en los que fund\u00f3 su decisi\u00f3n para rechazarlo, opt\u00f3 por limitarle su derecho de acci\u00f3n y de acceso a la justicia, m\u00e1xime cuando la citaci\u00f3n de Seguros del Estado SA, se encuentra acorde con la relaci\u00f3n contractual suscitada entre las partes, la ejecuci\u00f3n de los contratos en comento y las p\u00f3lizas que amparan los siniestros que de estos se llegaren a derivar. <\/p>\n
N\u00f3tese, que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se configura cuando el funcionario judicial utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, de forma que, por esa v\u00eda, sus actuaciones resultan en una denegaci\u00f3n de justicia, vulnerando as\u00ed el debido proceso. <\/p>\n
Frente a esta materia en particular, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
En una providencia judicial puede configurarse un defecto procedimental por \u201cexceso ritual manifiesto\u201d, cuando hay una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales. <\/p>\n
Claro est\u00e1, ser\u00e1 en la providencia que ponga fin a la controversia, en donde habr\u00e1 de estudiarse de fondo lo relacionado con la legitimaci\u00f3n en la causa de las partes, la existencia de las obligaciones del contrato de seguro, la ocurrencia del siniestro, la afectaci\u00f3n de las p\u00f3lizas, los montos, cobertura, exclusiones, l\u00edmites y dem\u00e1s circunstancias que giran entorno el llamamiento en garant\u00eda. <\/p>\n
6. No se olvide que, si bien Corresponde a las autoridades jurisdiccionales, incluidos los particulares habilitados para el ejercicio de la funci\u00f3n judicial, gozan de una discreta y razonable libertad para la interpretaci\u00f3n de la ley, no cabe duda que en el presente caso se hace necesaria la intervenci\u00f3n excepcional del Juez de tutela con el fin de remediar el quebrantamiento constitucional advertido, a fin de que el Tribunal de Arbitramento resuelva nuevamente el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto que rechaz\u00f3 el llamamiento en garant\u00eda, en el asunto declarativo objeto de revisi\u00f3n constitucional. <\/p>\n
7. En consecuencia, se ordenar\u00e1 al Tribunal de Arbitramento 2K Inversiones y Servicios S.A.S. \u2013 CSS Constructores S.A., del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 – Caso No. 134340-, que dentro de los cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n proferida el 1\u00ba de julio de 2022 y toda la actuaci\u00f3n que de \u00e9sta dependa, profiera una nueva providencia en la que resuelva el recurso de reposici\u00f3n formulado por la accionante, contra el auto de 14 de junio del presente a\u00f1o, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
REVOCAR la sentencia constitucional de fecha, naturaleza y procedencia conocidas, y, en consecuencia, CONCEDER el amparo solicitado, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente decisi\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, se ORDENA Tribunal de Arbitramento 2K Inversiones y Servicios S.A.S. \u2013 CSS Constructores SA, del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 – Caso No. 134340-, que dentro de los cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n proferida el 1\u00ba de julio de 2022 y toda la actuaci\u00f3n que de \u00e9sta dependa, profiera una nueva providencia en la que resuelva el recurso de reposici\u00f3n formulado por CSS Constructores SA, contra el auto de 14 de junio del presente a\u00f1o, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11101-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC11101-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66311","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66311","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66311"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66311\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66311"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66311"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66311"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}