STC11110-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11110-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02705-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gladis Amparo Gaviria Henao contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, defensa, \u00abjusticia efectiva\u2026, seguridad jur\u00eddica, buena fe\u2026, confianza leg\u00edtima\u2026[,] contradicci\u00f3n y el principio de congruencia\u00bb, presuntamente vulneradas por la sede judicial accionada al dictar sentencia de segunda instancia en el juicio recriminado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efectos la sentencia del Tribunal [accionado]\u2026 de fecha 15 de Junio de 2022\u00bb y ordenarle proferir una nueva, \u00abrespetando el principio de congruencia -art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso-\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jairo de Jes\u00fas, Yolanda, Uriel de Jes\u00fas, Mar\u00eda Norbelia, Mar\u00eda Alba, Francisco Antonio, Mar\u00eda Olga y Carlos Arturo Gaviria Henao demandaron a la accionante, a Elsy Milena Ocampo Franco y a los herederos indeterminados de Argemiro Ocampo Pavas pretendiendo la \u00abnulidad absoluta\u00bb de \u00ab(los) negocio(s) jur\u00eddico(s) mediante los cuales\u2026 Gladi[s] Amparo\u2026 adquiere\u2026 la propiedad identificada con el FMI 020-2332, contenido[s] en las escrituras p\u00fablicas Nro[s]. 2453 del 05 de diciembre de 2007 y Nro. 1029 del 22 de mayo de 2009\u00bb; porque aunque en la promesa de compraventa celebrada entre el padre de los hermanos Gaviria Henao -como promitente comprador- y Argemiro Ocampo Pavas (en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hija Elsy Milena, entonces menor de edad) -como promitente vendedor-, tras el fallecimiento del primero, la demandada Gladis Amparo, desconociendo aquel pacto, se vali\u00f3 de \u00abactos enga\u00f1osos y fraudulentos\u00bb para que el bien quedara en su cabeza, sin contar \u00abcon autorizaci\u00f3n de todos sus hermanos\u00bb. <\/p>\n
2.2. En dicho asunto, surtidas las etapas de rigor, el 1\u00ba de agosto de 2019 el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Rionegro dict\u00f3 sentencia, en la cual declar\u00f3 \u00abrelativamente simulado el contrato de compraventa sobre el 50% del inmueble\u00bb, del que da cuenta \u00abla escritura p\u00fablica No. 2453 del 05 de diciembre de 2007\u00bb y \u00aben el que actu\u00f3 como vendedor\u2026 Argemiro Ocampo Pavas y como comprador\u2026 Gladis Amparo Gaviria Henao, ya que el realmente comprador es\u2026 Roberto Gaviria Henao\u00bb; determinaci\u00f3n que el 15 de junio de 2022 confirm\u00f3 el Tribunal convocado. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que \u00abextra\u00f1amente [se] decidi\u00f3 una pretensi\u00f3n que no se hab\u00eda demandado\u2026[,] porque la demanda fue clara al se\u00f1alar tanto en sus pretensiones principales como subsidiarias, que se solicitaba la declaratoria de nulidad absoluta del negocio\u2026, pero el juzgado\u2026 sorprendentemente se apart\u00f3 del contenido de la demanda y decidi\u00f3 algo totalmente ajeno al proceso[,] pues en el numeral primero de la sentencia\u2026 decidi\u00f3: \u201cDeclarando relativamente simulado el contrato de compraventa sobre el 50% del inmueble\u2026,\u201d con esta acci\u00f3n\u2026 se desconoci\u00f3 el principio de congruencia pues los demandantes solicitaron se declarara la nulidad absoluta y el juzgado sorprende con una decisi\u00f3n de simulaci\u00f3n relativa\u00bb, lo que finalmente ratific\u00f3 el Tribunal acusado. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia indic\u00f3 remitirse a \u00ablas razones f\u00e1cticas, jur\u00eddicas y [a] la valoraci\u00f3n probatoria detallada que permitieron arribar a la decisi\u00f3n objeto de cuestionamiento\u00bb. <\/p>\n
2. El abogado Carlos Arturo Arroyave Henao, quien fungi\u00f3 como apoderado de la accionante en el juicio recriminado, indic\u00f3 coadyuvar la solicitud tutelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto en la sentencia de 15 de junio de 2022, mediante la cual se confirm\u00f3 la dictada el 1\u00ba de agosto de 2019 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro -parcialmente favorable a las pretensiones de la demanda-, el Tribunal enjuiciado explic\u00f3 con suficiencia y razonadamente los motivos para tal proceder. <\/p>\n
2.1. En efecto, en lo que aqu\u00ed interesa, para desechar la alegaci\u00f3n de la accionante respecto a la supuesta incongruencia en la decisi\u00f3n bajo el supuesto de que, aunque las pretensiones de la demanda se encaminaron a deprecar la \u00abnulidad absoluta\u00bb del negocio jur\u00eddico, el juzgador a-quo, injustificadamente, termin\u00f3 declarando su \u00absimulaci\u00f3n relativa\u00bb; observ\u00f3 el ad-quem convocado que, a pesar de asistirle raz\u00f3n a la pasiva en cuanto al planteamiento de los pedimentos del escrito inaugural, lo cierto era que se trataba \u00abde una acci\u00f3n simulatoria en raz\u00f3n a las construcciones f\u00e1cticas narradas desde el libelo genitor\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, con apoyo en pronunciamiento de esta Corte, in extenso, sostuvo que: <\/p>\n
En el caso concreto, se pretendi\u00f3 declarar la nulidad absoluta del acto jur\u00eddico en el que\u2026 Gladis Amparo\u2026 adquiri\u00f3 el 100% del inmueble identificado con el Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria Nro. 020-2332\u2026 en raz\u00f3n a las maniobras enga\u00f1osas de las que se vali\u00f3 aquella para hacerse a la titularidad del anotado predio y que supusieron, seg\u00fan logr\u00f3 demostrarse, la figuraci\u00f3n de su identidad como contratante en un negocio jur\u00eddico en el que realmente nunca particip\u00f3, ocupando irregularmente el lugar negocial que pertenec\u00eda a su padre Roberto Gaviria Henao. <\/p>\n
Sin embargo, el a quo tras interpretar las demostraciones que integraron la controversia y apoyado en consideraciones jurisprudenciales con particular cercan\u00eda f\u00e1ctica y sustancial, coligi\u00f3 que la pretensi\u00f3n no buscaba desnudar vicios de nulidad propiamente dichos en las escrituras p\u00fablicas atacadas sino reprochar la forma enga\u00f1osa en la que se ciment\u00f3 la titularidad de\u2026 Gladis Amparo\u2026 respecto al inmueble otrora prometido en venta en favor de su padre Roberto Gaviria Henao, por lo que encamin\u00f3 la litis hacia el escenario de la acci\u00f3n simulatoria, y con ello, la correlativa aplicaci\u00f3n de las reglas sobre legitimaci\u00f3n en la causa y t\u00e9rminos prescriptivos en la materia. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 9 de julio de 2002, expediente 6411\u2026, se\u00f1al\u00f3 con destacada utilidad para el caso concreto que: <\/p>\n
\u201cComo es sabido, cuando se habla de simulaci\u00f3n no se alude a un vicio en los negocios jur\u00eddicos, sino a una forma especial de concertarlos conforme a la cual las partes consciente y deliberadamente disfrazan la voluntad real de lo acordado, bien haciendo aparecer algo que ninguna realidad tiene (simulaci\u00f3n absoluta), ora teni\u00e9ndola, pero distinta (simulaci\u00f3n relativa). Dejando a un lado la teor\u00eda que consideraba ese fen\u00f3meno como causal de nulidad o la que abogaba por la ocurrencia de dos actos jur\u00eddicos, el aparente y el oculto, la jurisprudencia actual, de manera constante y un\u00e1nime, tiene dicho que la manifestaci\u00f3n p\u00fablica con fines de apariencia y la que entre s\u00ed hacen los contratantes con fuerza vinculante, son fragmentos de una estructura unitaria. <\/p>\n
Por ello se ha explicado que en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad, los agentes simuladores planean una sola operaci\u00f3n jur\u00eddica, pero convienen que el consentimiento \u00fanico expresado se traduzca en dos declaraciones parciales, una llamada a regir efectivamente sus relaciones y la otra desprovista de esa virtualidad, entendiendo que en el ordenamiento jur\u00eddico esa dicotom\u00eda, en cuanto l\u00edcita, es permitida y que en todo caso la voluntad real deber\u00e1 prevalecer sobre el simple tenor de la declaraci\u00f3n aparente. <\/p>\n
De manera que, partiendo de la existencia de una sola relaci\u00f3n, si la simulaci\u00f3n implica en esencia un estado de discrepancia libremente convenida entre la realidad y la apariencia, su discusi\u00f3n en un proceso determinado conllevar\u00eda necesariamente a un cotejo de \u00edndole probatoria en orden a establecer el verdadero contenido de la declaraci\u00f3n de voluntad (\u2026)\u201d <\/p>\n
En consideraci\u00f3n de este Tribunal, acert\u00f3 el juzgador de instancia en el ejercicio interpretativo realizado en tanto n\u00f3tese que en el escrito demandatorio jam\u00e1s se reclam\u00f3 y ni si quiera se enunciaron, verbigracia, la carencia de algunos de los requisitos que la ley prescribe para el valor del acto atacado seg\u00fan la especie de \u00e9ste o la existencia de objeto o causa il\u00edcita y mucho menos la contravenci\u00f3n de las leyes de orden p\u00fablico ni la prohibici\u00f3n legal del acto realizado como elementos constitutivos de nulidad a voces de los art\u00edculos 1740 y 1741 del C\u00f3digo Civil, y por el contrario, las narraciones de los hechos apuntaron a un desacuerdo consciente entre la voluntad real y su declaraci\u00f3n en lo que respecta al contenido del contrato de promesa de compraventa y los efectos derivados de aquel, siendo que la simulaci\u00f3n supone, siempre, la disconformidad intencional entre las partes del acto simulado en orden a la exteriorizaci\u00f3n de su voluntad, con el \u00e1nimo de fingir jur\u00eddicamente un negocio, constituy\u00e9ndose ello precisamente en el hecho denunciado. <\/p>\n
En otras palabras, los embates realizados por los actores a las Escrituras P\u00fablicas Nros. 2453 del 5 de diciembre de 2007 y 1024 del 22 de mayo de 2005 se circunscribieron en su totalidad a desatar la notoria divergencia entre el acuerdo de voluntades plasmado en el contrato preparatorio suscrito entre los se\u00f1ores Roberto Gaviria Henao como promitente comprador y el se\u00f1or Argemiro Ocampo Pavas como promitente vendedor y las resultas de dicha negociaci\u00f3n en las que la se\u00f1ora Gladis Amparo Gaviria Henao conserv\u00f3 la titularidad del objeto prometido en venta sin que participara como sujeto negocial; circunstancia que obligaba al a quo a identificar y rese\u00f1ar la verdadera intenci\u00f3n de las partes contratantes y no a descender a las discusiones sobre la reuni\u00f3n de los presupuestos de validez y existencia del acto atacado (se destac\u00f3). <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la gestora del resguardo es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal, bajo una interpretaci\u00f3n plausible de las normas y la jurisprudencia que hall\u00f3 aplicables al caso concreto, interpret\u00f3 en conjunto la demanda, hallando su verdadero alcance a pesar de lo consignado de forma expresa en el ac\u00e1pite petitorio, sin que con ello incurriera en incongruencia o afectara el debido proceso de la pasiva, pues la misma tuvo la oportunidad de cuestionar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica en que se ciment\u00f3 la acci\u00f3n propuesta. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (se destac\u00f3 – CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
2.3. En igual sentido, en un asunto con alguna simetr\u00eda con el aqu\u00ed tratado, plenamente aplicable al de ahora, para denegar la protecci\u00f3n tutelar entonces deprecada, esta Corte consider\u00f3 razonable el hallar ausente la aparente incongruencia denunciada, validando las motivaciones del sentenciador acusado, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u2026a pesar de la falta de t\u00e9cnica en la formulaci\u00f3n de las pretensiones, era dable ocuparse del fondo del asunto, efectuando una interpretaci\u00f3n integral del libelo, como se lo impon\u00eda el ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto: <\/p>\n
…si bien es cierto las pretensiones del caso… se presentaron de una manera antit\u00e9cnica, al solicitar la nulidad y la inexistencia del negocio jur\u00eddico de los contratos, en los hechos de la demanda se deja claro que lo que se pretende es la declaratoria de la simulaci\u00f3n\u2026 de los contratos…, en tanto que vehementemente se ha venido alegando, por la parte actora, que los contratantes no tuvieron la intenci\u00f3n de enajenar ni adquirir, ni se pag\u00f3 el precio, ni hubo entrega de la cosa. <\/p>\n
Por ende, bajo lo preceptuado en el art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso -numeral 5-, sobre los deberes del juez, y que enuncia de manera taxativa: \u00abAdoptar las medidas autorizadas en este c\u00f3digo para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretaci\u00f3n debe respetar el derecho de contradicci\u00f3n y el principio de congruencia\u00bb; esta juzgadora se encuentra en la obligaci\u00f3n de interpretar y orientar la demanda y lo que all\u00ed se dispone, a las voces igualmente del art\u00edculo 42 -numeral 1-, sobre la econom\u00eda procesal; art\u00edculo 1, igualmente del C\u00f3digo General del Proceso, en el entendido de que la primera instancia se evidencia, de manera textual, de las actuaciones procesales, de la demanda y sus hechos, que el proceso estuvo orientado a la simulaci\u00f3n\u2026, mas no a la demostraci\u00f3n de una nulidad, por lo que emerge claramente que el proceso que se debati\u00f3 y se debate en esta instancia, corresponde a la de simulaci\u00f3n\u2026 de los actos atacados. <\/p>\n
Igualmente, frente al debido proceso, no se observa vulneraci\u00f3n, por cuanto las partes tuvieron oportunidades procesales y probatorias para debatir los hechos y las pretensiones esgrimidas en la demanda y en sus contestaciones; por lo que no podr\u00edamos se\u00f1alar que existe una vulneraci\u00f3n a tal, en tanto que se cumplieron y se llevaron todas las etapas de un proceso declarativo, orientado a la declaraci\u00f3n, vuelvo y repito, de una simulaci\u00f3n\u2026, mas no de una nulidad, como aparece pues probado dentro del expediente de la primera instancia\u2026 <\/p>\n
3. Bajo ese contexto es evidente la improcedencia del amparo, comoquiera que los fundamentos de las decisiones censuradas no resultan arbitrarios o caprichosos, toda vez que obedecieron a la valoraci\u00f3n de todas las pruebas recaudadas, de cara al ordenamiento legal vigente para el caso concreto, con apoyo en lo cual, al margen de algunas de las consideraciones all\u00ed vertidas, los Juzgadores criticados, en pro del derecho sustancial, encontraron viable interpretar la demanda, concluyendo que lo rogado era la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n de las dos compraventas denunciadas\u2026; motivos suficientes para el despacho adverso de las excepciones propuestas por la inconforme, lo que a pesar de resultarle desfavorable, no puede considerarse suficiente, per se, para el buen suceso de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas, sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores, esa sola disonancia no es motivo para calificar como absurdas las referidas determinaciones (CSJ STC349-2019, 23 en., rad. 2018-00184-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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