STC11113-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11113-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 11001-02-04-000-2022-01259-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 1\u00ba de julio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Ismael Enrique Rivera D\u00edaz y Carlos Dami\u00e1n Perales Meneses le instauraron a la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2014-02387. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas invocaron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, a la libertad, a la administraci\u00f3n de justicia, a la leg\u00edtima defensa [y] a la presunci\u00f3n de inocencia\u00bb, para que se \u00abestudien de forma profunda las presuntas omisiones en el tr\u00e1mite penal\u00bb se\u00f1alado. <\/p>\n
De lo documentado en el infolio y lo narrado en la demanda se colige que el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de Barrancabermeja los absolvi\u00f3 del delito de lesiones personales dolosas provocadas en la humanidad de Roger Alejandro G\u00f3mez Calvo (4 oct. 2019), decisi\u00f3n que, apelada por la v\u00edctima, la Colegiatura accionada revoc\u00f3 \u00edntegramente y, en su lugar, los conden\u00f3 a dieciocho (18) meses de prisi\u00f3n y no concedi\u00f3 los subrogados penales (25 nov.). <\/p>\n
Frente a la \u00faltima determinaci\u00f3n los gestores promovieron acci\u00f3n de amparo quej\u00e1ndose de la valoraci\u00f3n de la prueba testimonial practicada en el juicio criminal confutado que tildaron de \u00abcontradictoria\u00bb, declarada improcedente por la Sala de Casaci\u00f3n Penal (STP7425-2021, 20 may.), resoluci\u00f3n que esta Sala ratific\u00f3 el 6 de abril \u00faltimo (STC4350-2022). <\/p>\n
Nuevamente los impulsores acuden al remedio superlativo, insistiendo en que el ad quem de la causa penal incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, al tener por acreditada la \u00abatipicidad\u00bb de la conducta punible endilgada, siendo que las declaraciones de los deponentes fueron incoherentes respecto de la fecha, lugar de ocurrencia y responsable del il\u00edcito, muestra de ello es que el perjudicado atestigu\u00f3 que \u00abel se\u00f1or Carlos Dami\u00e1n no lo agredi\u00f3\u00bb, incluso, tanto con los relatos de descargo como la documental aportada se acredit\u00f3 que el prenombrado no estaba en el sitio donde sucedieron los acontecimientos. <\/p>\n
En opini\u00f3n de los precursores, no existe \u00abtemeridad\u00bb porque en la pasada \u00abtutela\u00bb nada dijeron sobre la \u00abindebida asesor\u00eda\u00bb de su abogado, quien omiti\u00f3 recurrir el veredicto debatido mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, circunstancia que a voces del precedente SU027 de 2021 de la Corte Constitucional, los habilita una vez m\u00e1s para ejercer el ruego supralegal. <\/p>\n
2.- La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga inform\u00f3 que por segunda vez los actores concurren al auxilio \u00abalegando similares supuestos de vulneraci\u00f3n, en concreto las eventuales contradicciones en los elementos de convicci\u00f3n de cargo que no habr\u00eda sido tenidos en cuenta (\u2026) al desatar el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, sin que, \u00aben ambas oportunidades hayan explicado las razones por las que no hicieron uso de los recursos ordinarios y extraordinarios que ten\u00edan a su disposici\u00f3n, y del porqu\u00e9 (sic) de la interposici\u00f3n de la actual demanda despu\u00e9s de dos a\u00f1os de la ejecutoria de la decisi\u00f3n condenatoria\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de Barrancabermeja se opuso a la s\u00faplica, porque los interesados no recurrieron el pronunciamiento del iudex plural querellado por el sendero de la \u00abcasaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el resguardo en atenci\u00f3n a que en \u00e9poca anterior los accionantes izaron la misma herramienta con fundamento en supuestos f\u00e1cticos y aspiraciones id\u00e9nticas a la actual, la cual se desat\u00f3 en contra de sus prop\u00f3sitos; proceder que no se encuentra justificado, pues la sola menci\u00f3n de la deficiente \u00abasesor\u00eda\u00bb de su mandatario judicial es precaria en aras respaldar su obrar \u00abtemerario\u00bb, si en cuenta se tiene que \u00abcuando se denuncia este vicio no es suficiente argumentar lo que se dej\u00f3 de hacer (sentido negativo de la defensa) por parte del representante de los implicados, sino que se requiere, adem\u00e1s, indicar y demostrar que ello no obedeci\u00f3, en primer lugar, a una estrategia defensiva aut\u00f3nomamente escogida por el profesional respectivo y, en segundo t\u00e9rmino, y consonante con lo anterior, que otra hubiera sido su suerte a partir de una estrategia espec\u00edfica m\u00e1s activa (sentido positivo de la defensa)\u00bb. <\/p>\n
4.- Los convocantes replicaron sin expresar las razones de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el caso bajo examen, Ismael Enrique Rivera D\u00edaz y Carlos Dami\u00e1n Perales Meneses se duelen de la sentencia de 25 de noviembre de 2019, en virtud de la cual, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga \u00abrevoc\u00f3\u00bb la \u00ababsolutoria\u00bb de primer grado y, en reemplazo, los hall\u00f3 responsables de \u00ablesiones personales dolosas\u00bb y les impuso \u00ab18 meses\u00bb de c\u00e1rcel, dentro de la \u00abcausa penal\u00bb adelantada en su contra. <\/p>\n
2.- No obstante, lo que encuentra la Corte es que ciertamente hicieron un uso repetitivo de este medio especial de socorro, comoquiera que con anterioridad manifestaron su desaz\u00f3n frente a aqu\u00e9l \u00abpronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
Nom\u00e1s al dar una ojeada a los hechos, anhelos y desacuerdos enunciados en pret\u00e9rita oportunidad, se advierte que Rivera D\u00edaz y Perales Meneses ya hab\u00edan exteriorizado su molestia por la ponderaci\u00f3n de los \u00abtestimonios\u00bb realizada por la Corporaci\u00f3n reprochada en el radicado \u00ab2014-02387\u00bb, hasta criticaron lo concerniente a que \u00abCarlos Dami\u00e1n Perales Meneses no se encontraba en la ciudad en la ocurrencia de los hechos\u00bb. Con base en ello requirieron la \u00abrevisi\u00f3n de la sentencia de 25 de noviembre de 2019 expedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Penal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En respuesta, la Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el patrocinio, con sustento en que los sindicados actuaron con desd\u00e9n dentro de las diligencias combatidas, al pretermitir la \u00abimpugnaci\u00f3n de la primera condena y\/o del recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb (STP7425-2021, 20 may. 2021), providencia que luego revalid\u00f3 esta Sala con apoyo en que el resguardo no colmaba el presupuesto de la inmediatez y, adicionalmente, porque los activantes se abstuvieron de agotar \u00ablos recursos habilitados por el ordenamiento procesal penal frente a la decisi\u00f3n (\u2026) atacada; en primer lugar, por tratarse de una primera condena dictada en sede de segunda instancia, el de la impugnaci\u00f3n especial por virtud del Acto Legislativo 01 de 2018 (modificatorio de los art\u00edculos 186, 234 y 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica); y, segundo, el extraordinario de casaci\u00f3n de conformidad con el canon 180 y siguientes de la ley 906 de 2004, medios de defensa que no fueron activados seg\u00fan la constancia secretarial de 16 de enero de 2020 que inform\u00f3 la ejecutoria de la sentencia proferida por el tribunal accionado\u00bb (STC4350-2022, 6 abr. 2022). <\/p>\n
Emerge de lo anterior, como secuela, la imposibilidad de acceder a la rogativa ius fundamental, merced a que con similares \u00abhechos, pretensiones y quejas\u00bb de anta\u00f1o los \u00abgestores\u00bb blandieron su disconformidad con la \u00absentencia\u00bb motivo de pol\u00e9mica, tr\u00e1mite que tuvo un desenlace desfavorable para sus intereses, lo cual, torna inviable la presente \u00abtutela\u00bb a voces de lo establecido en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3.- Ahora, conviene memorar que, como lo ha esgrimido la Corte Constitucional, es obligaci\u00f3n \u00ab[d]el juez de tutela (\u2026) verificar en cada caso concreto la existencia de los elementos que estructuran la temeridad en el ejercicio del amparo, con la finalidad de salvaguardar principios constitucionales como la buena fe, lealtad procesal, cosa juzgada, seguridad jur\u00eddica y evitar el abuso del derecho\u00bb (T-645 de 2015). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los eventos que dan lugar a concluir que se est\u00e1 ante una conducta de esa naturaleza, en el mismo prove\u00eddo, el alto \u00abTribunal\u00bb precis\u00f3 que se dan, cuando la acci\u00f3n: <\/p>\n
(i) resulta ama\u00f1ada, en la medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones (T-149-1995); (ii) denote el prop\u00f3sito desleal de \u201cobtener la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretaci\u00f3n judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable\u201d (T- 308- 1995); (iii) deje al descubierto el \u00ababuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala fe se instaura la acci\u00f3n\u201d (T-443-1995); o finalmente (iv) se pretenda a trav\u00e9s de personas inescrupulosas asaltar la \u201cbuena fe de los administradores de justicia\u201d(T-001-1997). Es que, la duplicidad en el ejercicio de la acci\u00f3n de amparo constitucional sobre la misma materia, adem\u00e1s de ser reprochable y desconocer los principios de econom\u00eda procesal, eficiencia y eficacia, resulta desleal y deshonesta por comprometer la capacidad judicial del Estado (T-502-2008 y T-153-201\u00ba). <\/p>\n
Aserto reiterado en el \u00abveredicto\u00bb SU-027 de 2021, donde remarc\u00f3 los supuestos f\u00e1cticos que dan lugar a calificar de \u00abtemerario\u00bb el comportamiento de un extremo procesal, a saber: <\/p>\n
1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las acciones de tutela presentadas de manera simult\u00e1nea o sucesiva tengan una triple identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos hechos y la misma solicitud. <\/p>\n
2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como excepcionales que no constituyen una actuaci\u00f3n temeraria, de acuerdo con lo se\u00f1alado expl\u00edcitamente por la ley o la jurisprudencia. <\/p>\n
3. Que en caso de presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con la que guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo diferente) el juez constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes, se sustentan en las mismas razones y solicitud. <\/p>\n
En el sub examine es di\u00e1fano que los quejosos no demostraron: <\/p>\n
(i).- Que se encuentran en \u00abestado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensi\u00f3n\u00bb, siendo su condici\u00f3n de \u00abcondenados\u00bb escaza para ser tenidos como innermes; <\/p>\n
(ii).- Que obraron \u00abmiedo insuperable o la necesidad extrema de defender sus derechos\u00bb. Si ello fuera as\u00ed, hubiesen acudido tempranamente al primigenio \u00abmecanismo de amparo\u00bb, pues recu\u00e9rdese que ese caso se finiquit\u00f3, entre otras cosas, por ausencia de \u00abinmediatez\u00bb (STC4350-2022, 6 abr. 2022); <\/p>\n
(iii).- Que recibieron un \u00abasesoramiento equivocado de los profesionales del derecho\u00bb, siendo insuficiente la mera afirmaci\u00f3n al respecto, ya que, tal y como lo ultim\u00f3 el \u00aba quo constitucional\u00bb, se requiere exponer las razones por las que la estrategia \u00abdefensiva\u00bb empleada por el apoderado fue imperfecta y, adem\u00e1s, cu\u00e1l era la m\u00e1s apta para la \u00absalvaguarda\u00bb de sus \u00abprivilegios\u00bb, lo que aqu\u00ed no sucedi\u00f3. <\/p>\n
(iv).- Que sus lamentos se soporten en \u00abactuaciones\u00bb que antes no hab\u00edan sido sometidas a esta especial justicia y que ameritan \u00abprotecci\u00f3n de los derechos\u00bb; y, <\/p>\n
(v).- Que exista una nueva \u00absentencia de unificaci\u00f3n\u00bb de la Corte Constitucional que \u00abjustifique la nueva rogativa tutelar\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, no hay lugar a excusar el desmedido uso de esta \u00abherramienta supralegal\u00bb desde la perspectiva del fallo SU-027 de 2021, a la luz del querer de los sedicentes. <\/p>\n
4.- Lo dicho conlleva a la ratificaci\u00f3n de la directriz opugnada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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