STC11119-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11119-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02112-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n el 2 de noviembre de 2021, con la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por Boris Monroy Salas contra el Juzgado Veintid\u00f3s Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, extensivo a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso penal de radicado 2008-01304-01. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. Manifest\u00f3 que el Juzgado Veintid\u00f3s Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 -el 8 de marzo de 2017- lo conden\u00f3 \u00aba la pena principal de 144 meses de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo lapso\u00bb por el delito de actos sexuales abusivos. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la defensa interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 con fallo del 14 de agosto de 2018, decidi\u00f3 \u00abconfirmar la sentencia de 8 de marzo de 2017, proferida por el Juzgado Veintid\u00f3s Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1, en cuanto fue materia de impugnaci\u00f3n\u00bb. Y se\u00f1al\u00f3 que contra dicha determinaci\u00f3n \u00abproce[d\u00eda] el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en la forma y t\u00e9rminos contenidos en los art\u00edculos 180 a 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, el promotor, por v\u00eda de tutela, se\u00f1al\u00f3 que al interior del juico de marras, la juez le neg\u00f3 la posibilidad de contrainterrogar a la menor \u2013v\u00edctima-, \u00abtoda vez que dicho testimonio ser\u00eda fundamental para la valoraci\u00f3n objetiva de la calificaci\u00f3n de [su] conducta\u00bb. Sin embargo, s\u00ed se lo \u00abpermiti\u00f3 al ente acusador, lo cual configur\u00f3 una violaci\u00f3n de hecho que constituye a la postre una violaci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso como lo tipifica el art. 29 de la Constituci\u00f3n Nacional y la jurisprudencia de la alta Corporaci\u00f3n Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
5. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se \u00absirva decretar la nulidad de la sentencia del d\u00eda 8 de marzo de 2017, por el Juzgado Veintid\u00f3s Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1\u00bb. Y, en consecuencia, \u00abse libre orden de libertad a [su] nombre dentro del t\u00e9rmino de la distancia\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado querellado, indic\u00f3 que \u00ablas afirmaciones que hace el accionante son temerarias y pretenden que por este medio excepcional y residual se decrete la nulidad de un proceso que fue adelantado con todas las garant\u00edas legales y constitucionales, tal como puede evidenciarse en los audios de la carpeta original [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que no ha incurrido en ninguna de los defectos expuestos por el censor. <\/p>\n
3. El Procurador Judicial I Penal de Bogot\u00e1 requiri\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por cuanto fueron \u00ablas autoridades judiciales que intervinieron en forma directa en cada una de las etapas procesales [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
4. La Defensor\u00eda P\u00fablica 31 de la Regional de Bogot\u00e1 mencion\u00f3 que \u00abno es dable pronunciamiento de [su] parte sobre el contenido del mismo, [pues] asumi\u00f3 la representaci\u00f3n judicial del [procesado] cuando ya se encontraba condenado [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala constitucional a quo deneg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00ablos principios de inmediatez y de subsidiariedad no se cumplen, porque (i) la decisi\u00f3n cuestionada fue proferida el 14 de agosto de 2018 (segunda instancia), es decir, hace m\u00e1s de 3 a\u00f1os [\u2026] y (ii) el accionante no utiliz\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n de que dispon\u00eda para buscar la correcci\u00f3n de las irregularidades en el juicio que ahora denuncia, permitiendo que la sentencia de segunda instancia cobrara ejecutoria\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
El accionante anot\u00f3 que la \u00abtutelada manifiesta que encuentra su defensa en los contenidos de los audios de la carpeta original que se encuentra en Paloquemao\u00bb. As\u00ed las cosas, manifest\u00f3 que \u00abnuevamente se observa [\u2026] una desobligaci\u00f3n natural por parte del despacho tutelado, pues fundamenta su defensa en unos audios que ni siquiera aporta para el traslado a la parte actora [\u2026]\u00bb. Lo anterior, pues \u00abse est[\u00e1] vulnerando [su] derecho fundamental al defensa contenido en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por el accionante. Ello pues, estim\u00f3 que no hubo una adecuada pr\u00e1ctica de las pruebas al interior del juicio. Especialmente, no se le permiti\u00f3 a la defensa objetar -en contrainterrogatorio-, el testimonio rendido por la menor v\u00edctima. <\/p>\n
2. De entrada, esta Corporaci\u00f3n advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, pues no se atendi\u00f3 al requisito de inmediatez1. Ello es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profiri\u00f3 la sentencia de segunda instancia el \u00ab14 de agosto de 2018\u00bb, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, el \u00ab28 de septiembre de 2021\u00bb2. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido la decisi\u00f3n rebatida. <\/p>\n
Respecto al citado principio ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb3. En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
Sin embargo, cabe resaltar que dicha exigencia puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad del actor para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, la permanencia en el tiempo de la amenaza, entre otras4. Sumado a ello, se ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada5. Bajo ese contexto, en el presente caso esta Corporaci\u00f3n no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que flexibilizan o eximan del principio de inmediatez, pues lo alegado y la falta de medio de convicci\u00f3n no justifican la tardanza anotada. <\/p>\n
3. De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. <\/p>\n
2\u0002 Seg\u00fan se identifica en sello del escrito de tutela. Archivo PDF \u00ab02. Escrito Tutela Boris Monroy\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Precisamente, la Sala ha reiterado que: \u00abEn efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea\u00bb. (\u2026) <\/p>\n
\u00abAquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC3069-2019, citada y reiterada en STC098-2022). <\/p>\n
4\u0002 As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010. <\/p>\n
5\u0002 Por cuanto \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
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