STC11122-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N ALVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11122-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2022-00139-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia el 27 de julio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 \u00c1lvaro Le\u00f3n Mar\u00edn contra el Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso rad. no. 2016-00388. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Como hechos relevantes, expuso que, en el Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja, se adelanta en su contra el proceso ejecutivo hipotecario, en el que act\u00faa como ejecutante-cesionario Heli Botero Giraldo. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en ese litigio se decret\u00f3 el embargo y secuestro del inmueble objeto del gravamen hipotecario, distinguido con el folio de matr\u00edcula no. 017-34619 ubicado en el municipio de El Retiro, asunto que cuenta con sentencia y en el que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado se encuentra aprobada. <\/p>\n
Destac\u00f3 que tambi\u00e9n tiene una deuda por $31\u00b4625.000 en favor de la Direcci\u00f3n de Impuestos Nacionales – DIAN, entidad que, mediante oficio de 25 de marzo de 2022, solicit\u00f3 al Juzgado accionado, que dejara a su disposici\u00f3n el bien cautelado, remiti\u00e9ndole la diligencia de secuestro y el aval\u00fao del predio, y, que, adem\u00e1s le informara el estado del proceso y el monto de las liquidaciones. <\/p>\n
No obstante, el Juzgado de conocimiento no dio cumplimiento a lo requerido por la DIAN, y, en auto de 13 de junio anterior, se\u00f1al\u00f3 hora y fecha para llevar a cabo el remate del inmueble, desconociendo su p\u00e9rdida de competencia ante lo dispuesto por la DIAN y de paso sus derechos fundamentales. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado accionado \u00abque de manera inmediata se sirva remitir a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian-Antioquia) y dejar a disposici\u00f3n el inmueble identificado con la matricula inmobiliaria 017-34619 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de La Ceja \u201clote apto para la construcci\u00f3n de vivienda ubicado en vereda Las Palmas Alto de San Luis \u2013Carrizales\u201d del municipio de El Retiro Antioquia. Por lo anterior, se solicita se decrete la perdida de competencia por parte del Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja, inform\u00f3 que, en el curso del ejecutivo hipotecario 2016-00388, la DIAN le solicit\u00f3 dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 465 del C\u00f3digo General del Proceso, debido a la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos que tiene sobre el ejecutado, contra quien se adelanta un proceso coactivo en el que se decret\u00f3 el embargo del inmueble hipotecado, por lo que pidi\u00f3 se dejara a su disposici\u00f3n bien, remiti\u00e9ndole las diligencias de secuestro y aval\u00fao. <\/p>\n
Expuso que, por auto de 29 de abril de 2022, agreg\u00f3 al expediente lo manifestado por la DIAN, con el fin de tener en cuenta y en oportunidad la concurrencia de embargos, e igualmente, orden\u00f3 oficiar a la citada entidad comunic\u00e1ndole que no se dejaba el predio a su disposici\u00f3n, en la medida que esa solicitud no se ajustaba a lo normado en el art\u00edculo 465 del C\u00f3digo Procesal General, aunado a que existe otro embargo decretado por el municipio de El Retiro por cobro coactivo. <\/p>\n
2. Heli Botero Giraldo, quien act\u00faa en el proceso ejecutivo como demandante-cesionario, por intermedio de apoderado judicial, expres\u00f3 que la DIAN confundi\u00f3 lo concerniente a la prelaci\u00f3n de embargos con la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, por lo que su comunicaci\u00f3n del pasado 25 de marzo desconoce el procedimiento legal que regula tales eventos, en raz\u00f3n a que no es viable que la jurisdicci\u00f3n civil deje los bienes cautelados a disposici\u00f3n de la oficina que adelanta la ejecuci\u00f3n coactiva, como equ\u00edvocamente se pretende. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n de Impuestos Nacionales -DIAN adujo que no es la responsable de la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por el actor, y mencion\u00f3, que el Juzgado accionado decret\u00f3 con anterioridad a esa entidad la medida cautelar objeto de discusi\u00f3n, raz\u00f3n por la que lo requiri\u00f3 para que se diera aplicaci\u00f3n a la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos en caso de que llegue a quedar alg\u00fan remanente, y, como no hubo respuesta a su comunicaci\u00f3n, la ejecuci\u00f3n coactiva est\u00e1 vigente, sin medidas para proteger el t\u00edtulo tributario. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia neg\u00f3 el amparo, con fundamento en que, <\/p>\n
(\u2026) en lo que atina al requisito de la subsidiariedad de la acci\u00f3n, es claro que el accionante no formul\u00f3 reparo alguno frente a la determinaci\u00f3n adoptada por el despacho el 29 de abril de 2022, en la que se decidi\u00f3 en torno a la solicitud de la DIAN de remitir lo atinente al inmueble objeto de medida de cautelar; sin embargo, lo cierto es que si se analizan de fondo de los hechos expuestos en la acci\u00f3n tutelar y los elementos probatorios obrantes en el tr\u00e1mite, tempranamente se logra establecer que no es factible despachar favorablemente las pretensiones tutelares, habida cuenta que la vulneraci\u00f3n alegada no se encuentra acreditada y es as\u00ed como in casu, ante el requerimiento efectuado por la DIAN, la juez de conocimiento se pronunci\u00f3 en providencia motivada, en la cual expuso las razones por las cuales consideraba que conservaba la competencia para disponer del predio objeto de medida cautelar. De lo antes examinado, se desprende que la operadora judicial actu\u00f3 conforme al ordenamiento jur\u00eddico vigente, pues se afinc\u00f3 en el contenido del art\u00edculo 465 del CGP (\u2026). <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Las razones del accionante para impugnar, se concretaron a que el problema jur\u00eddico en la presente causa consiste en establecer \u00absi efectivamente el Estatuto Tributario de Colombia goza de prevalencia normativa, por lo que, al entrar en pugna con el C\u00f3digo General del Proceso, deber\u00e1 primar la aplicaci\u00f3n del primero sobre el segundo\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la DIAN funge como acreedor de primera clase, su cr\u00e9dito tiene prelaci\u00f3n sobre los dem\u00e1s, y la medida cautelar de embargo decretada por esa entidad se encuentra registrada en el certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble objeto de discusi\u00f3n, desplazando el embargo decretado en el juicio ejecutivo. <\/p>\n
Por lo anterior, reiter\u00f3 que debe remitirse a la DIAN las actuaciones que requiri\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, que se hubiesen agotado oportuna y adecuadamente los recursos ordinarios existentes para cada proceso, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (Ver CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. De la revisi\u00f3n de la queja y los soportes allegados a este tr\u00e1mite, considera la Sala que el amparo suplicado no pod\u00eda abrirse paso, lo que impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, toda vez que, por una parte, se incumpli\u00f3 el presupuesto de la subsidiariedad, y por la otra, el Juzgado accionado realiz\u00f3 una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normativa aplicable al asunto puesto a su consideraci\u00f3n, que lo llev\u00f3 a aportar una determinaci\u00f3n coherente, razonable y motivada. <\/p>\n
3. En efecto, mediante comunicaci\u00f3n de 25 de marzo de 2022, con destino al proceso para la efectividad de la garant\u00eda real -rad. no 2016-00388-, adelantado contra \u00c1lvaro Le\u00f3n Mar\u00edn y del que conoce el Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja, la DIAN inform\u00f3 que, en raz\u00f3n a un cobro coactivo seguido contra aqu\u00e9l, hab\u00eda decretado el embargo del inmueble distinguido con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 017-34619, ubicado en el municipio de El Retiro, sobre el que tambi\u00e9n pesa una cautela anterior por cuenta del proceso referido. <\/p>\n
Entonces, por subsistir una concurrencia de embargos, pidi\u00f3 dar aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 465 del C\u00f3digo General del Proceso, y \u00ab[e]n virtud de lo anterior, respetuosamente le solicito, en consideraci\u00f3n a la prelaci\u00f3n del cr\u00e9dito, dejar a nuestra disposici\u00f3n el inmueble objeto de medida remitiendo a esta Direcci\u00f3n Seccional las diligencias de secuestro y aval\u00fao del bien, en caso de existir. Igualmente, informar\u00e1 el estado del proceso que all\u00ed cursa, el monto de las obligaciones y costas procesales del proceso que cursa en su juzgado a fin de ser tenidas en cuenta dentro de la oportunidad procesal\u00bb. <\/p>\n
Por auto de 29 de abril de 2022, el Juzgado accionado, dispuso incorporar al expediente la anterior comunicaci\u00f3n, no obstante, no accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de dejar a disposici\u00f3n de la DIAN el inmueble en cuesti\u00f3n, en tanto que, conforme lo preceptuado en la norma citada, ese despacho es \u00abel competente para continuar con el tr\u00e1mite respectivo hasta el remate del bien inmueble mencionado y posterior a ello har\u00e1 la distribuci\u00f3n correspondiente entre los acreedores. Ello, teniendo en cuenta adem\u00e1s que en el presente tr\u00e1mite existe otra concurrencia de embargos con el [m]unicipio de El Retiro por cobro coactivo\u00bb, lo cual fue puesto en conocimiento de la DIAN a trav\u00e9s del oficio 266 del 6 de mayo, remitido a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de esa entidad el 25 de mayo siguiente. <\/p>\n
Frente a esta puntual determinaci\u00f3n, el accionante no formul\u00f3 reparo alguno, lo que evidencia la improcedencia del amparo, pues cont\u00f3 con la oportunidad de exponer a la autoridad judicial accionada las razones de su inconformidad para reclamar a favor de sus intereses y no lo hizo, puesto que omiti\u00f3 presentar el medio legal que tuvo a su alcance, esto es el recurso de reposici\u00f3n, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En esa medida, la omisi\u00f3n advertida imposibilita y descarta la procedencia de este medio extraordinario, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario, que no puede utilizarse como una instancia adicional para subsanar la falta de interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa judicial dispuestos en la codificaci\u00f3n adjetiva, dado su car\u00e1cter residual, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda desconociendo los principios edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sido enf\u00e1tica en que la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 en busca de oportunidades defensivas adicionales o con el fin de que se revivan t\u00e9rminos para la formulaci\u00f3n de mecanismos ordinarios, ya que la falta de proposici\u00f3n de los medios impugnaticios legalmente establecidos, evidencia una desidia procesal que no puede sanearse por v\u00eda constitucional, por cuanto, al dejar las partes de utilizar los recursos previstos por el orden jur\u00eddico para controvertir las decisiones judiciales, quedan sujetas a las consecuencias que de estas se desprendan con ocasi\u00f3n a su propia incuria (Ver CSJ. STC11177-2018, STC10847-2020, STC1560-2022 y STC6025-2022, entre otras). <\/p>\n
4. De todas maneras, la Sala se\u00f1ala que no le asiste raz\u00f3n al actor constitucional, cuando en su escrito de impugnaci\u00f3n afirm\u00f3 que existe una prevalencia normativa del Estatuto Tributario de Colombia sobre el C\u00f3digo General del Proceso, aunado a que el embargo de la DIAN desplaza el embargo decretado en el juicio ejecutivo, siendo procedente remitir a esa entidad las actuaciones que requiri\u00f3. <\/p>\n
Y es que, de la providencia de 29 de abril de 2022 proferida por el Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja, no se evidencia arbitraria ni irrazonable, lo anterior, teniendo en cuanta que, ciertamente, el art\u00edculo 465 del C\u00f3digo General del Proceso, ense\u00f1a que, <\/p>\n
Cuando en un proceso ejecutivo laboral, de jurisdicci\u00f3n coactiva o de alimentos se decrete el embargo de bienes embargados en uno civil, la medida se comunicar\u00e1 inmediatamente al juez civil, sin necesidad de auto que lo ordene, por oficio en el que se indicar\u00e1n el nombre de las partes y los bienes de que se trate. <\/p>\n
El proceso civil se adelantar\u00e1 hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al ejecutante, se solicitar\u00e1 al juez laboral, de familia o fiscal la liquidaci\u00f3n definitiva y en firme, debidamente especificada, del cr\u00e9dito que ante \u00e9l se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, se har\u00e1 la distribuci\u00f3n entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelaci\u00f3n establecida en la ley sustancial (\u2026) (se destaca). <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 839-1 del Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Direcci\u00f3n General de Impuestos Nacionales, para lo que importa a este asunto en relaci\u00f3n con el cobro coactivo, dispone que, <\/p>\n
(\u2026) De la resoluci\u00f3n que decreta el embargo de bienes se enviar\u00e1 una copia a la Oficina de Registro correspondiente. Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, el funcionario lo inscribir\u00e1 y comunicar\u00e1 a la Administraci\u00f3n y al juez que orden\u00f3 el embargo anterior. <\/p>\n
En este caso, si el cr\u00e9dito que origin\u00f3 el embargo anterior es de grado inferior al del fisco, el funcionario de Cobranzas continuar\u00e1 con el procedimiento, informando de ello al juez respectivo y si \u00e9ste lo solicita, pondr\u00e1 a su disposici\u00f3n el remanente del remate. Si el cr\u00e9dito que origin\u00f3 el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario de cobranzas se har\u00e1 parte en el proceso ejecutivo y velar\u00e1 porque se garantice la deuda con el remanente del remate del bien embargado\u00bb (se resalta). <\/p>\n
Puestas de este modo las cosas, ninguna discrepancia o conflicto se advierte entre las normas relacionadas, de las que se concluye que ya sea en el proceso de la justicia civil o del cobro coactivo administrativo, quien conoce del proceso en el que se decrete primero el embargo de bienes, lo tramitar\u00e1 hasta su remate y tendr\u00e1 en cuenta el embargo de remanentes solicitado por el otro funcionario, sin ser necesaria la remisi\u00f3n de la diligencia de secuestro ni y del aval\u00fao, excepto en el evento de que alguno de estos termine anticipadamente. <\/p>\n
Una vez efectuado el remate de los bienes, su producto ser\u00e1 distribuidos entre los acreedores, teniendo en cuenta la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos de que trata el art\u00edculo 2494 y siguientes del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
5. En este caso, como el inmueble gravado con hipoteca fue embargado primero en el proceso que adelanta el Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja, este continuar\u00e1 su tr\u00e1mite hasta que el mismo sea rematado. Luego distribuir\u00e1 su producto entre todos los acreedores, teniendo en cuenta los embargos de remanentes que le hayan sido comunicados y atendiendo la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos aludida. <\/p>\n
As\u00ed pues, se reitera, la decisi\u00f3n censurada adoptada por la autoridad judicial accionada, se acompasa con las reglas procedimentales instituidas en el ordenamiento jur\u00eddico, para dar soluci\u00f3n al problema jur\u00eddico ventilado, lo que permite descartar la transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales de los que se busca su protecci\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, cumple decir que, el hecho de que el accionante no comparta o discrepe de la interpretaci\u00f3n que el Juzgado de conocimiento dio al asunto bajo an\u00e1lisis, no es suficiente para que se acceda a lo pretendido y se imponga su criterio sobre el de aqu\u00e9l, menos cuando se act\u00faa en el marco de la discrecionalidad, independencia y autonom\u00eda judicial, pues era necesario la demostraci\u00f3n de errores desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no se acredit\u00f3. <\/p>\n
6. Con fundamento en lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtase lo actuado a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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