STC11124-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11124-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2022-00152-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 18 de julio de 2022 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, que neg\u00f3, por improcedente, el amparo invocado por Juan Esteban Henao Cardona, quien dijo ser apoderado de la Empresa de Licores de Cundinamarca, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso de radicado 2021-00257-00 <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de empresa al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El actor, en calidad de apoderado de la Empresa de Licores de Cundinamarca, promovi\u00f3 un proceso declarativo verbal en contra de la sociedad Jaguares Futbol Club S.A., cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda, que admiti\u00f3 la demanda el 10 de diciembre de 2021 y dispuso notificar a la parte demandada, \u00abde conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 291 y s.s. del C.G.P.\u00bb, decisi\u00f3n que fue notificada en el estado electr\u00f3nico 120 del 13 de diciembre siguiente. <\/p>\n
2.2. El 27 de abril de 2022, el Juzgado requiri\u00f3 \u00aba la parte demandante, para que en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas, cumpla con la carga de realizar la notificaci\u00f3n del auto admisorio [\u2026] so pena decretar desistimiento t\u00e1cito\u00bb, prove\u00eddo comunicado mediante estado electr\u00f3nico 49 de 28 de abril de este a\u00f1o, frente a lo cual aqu\u00e9lla guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
2.3. En consecuencia, mediante providencia del 21 de junio anterior, el Juzgado accionado dispuso la terminaci\u00f3n del proceso, por desistimiento t\u00e1cito, determinaci\u00f3n que fue notificada por estado electr\u00f3nico 74 del 22 de junio de 2022. <\/p>\n
2.4. En criterio del accionante, radicada la demanda, en octubre de 2021 cumpli\u00f3 con la carga del art\u00edculo 6 del Decreto Legislativo 806 de 2020, esto es, \u00abnotific\u00f3 en debida forma a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico\u00bb a la contraparte; no obstante, no ocurri\u00f3 lo mismo con las decisiones tomadas por el estrado confutado, pues no se las notific\u00f3 al correo electr\u00f3nico, sumado a que la p\u00e1gina dispuesta por la rama judicial para revisar los procesos de manera virtual \u00abno sirve para este despacho\u00bb y solo \u00abDespu\u00e9s de casi siete meses\u00bb tuvo conocimiento de la providencia que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, porque la solicit\u00f3 al Juzgado. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abdejar sin efectos el auto proferido el 21 de junio de 2022 y notificado el 30 de junio del mismo a\u00f1o\u00bb y que se contin\u00fae con el proceso declarativo promovido contra la Sociedad Jaguares Futbol Club S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda y la Sociedad Jaguares Futbol Club S.A. pidieron negar el amparo, por ausencia del requisito de subsidiariedad, por cuanto el accionante no interpuso los recursos ordinarios procedentes contra el auto que orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda, por improcedente, al considerar que el aqu\u00ed accionante no est\u00e1 legitimado para instaurar la tutela, por cuanto no aport\u00f3 poder especial para representar a la Empresa de Licores de Cundinamarca. Asegur\u00f3 que, si bien tiene poder para actuar en el proceso ordinario censurado, ello no lo habilita para instaurar la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante reproch\u00f3 que la violaci\u00f3n al debido proceso no se concreta en contra de un tercero, \u00absino, que esta afectaci\u00f3n recae en mi ejercicio profesional [\u2026] pues la conducta desplegada por el Juzgado [\u2026] est\u00e1 afectando mi actuar profesional, [\u2026] raz\u00f3n por la cual no requiero m\u00e1s legitimaci\u00f3n que la de ser un ciudadano en ejercicio\u00bb; tambi\u00e9n adujo que el hecho de ejercer la representaci\u00f3n de la Empresa de Licores de Cundinamarca en el juicio rebatido no le impide ejercer los derechos fundamentales a los que tiene derecho \u00abcomo ciudadano y como profesional\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda con el prove\u00eddo de 21 de junio del a\u00f1o en curso, que dispuso la terminaci\u00f3n del proceso, por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
2. De entrada, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el promotor no es el titular del derecho fundamental cuya vulneraci\u00f3n se atribuye al Juzgado convocado, no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela y no acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficioso. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, indica que \u00abse pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
la legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa. (Se subraya). CSJ STC1042-2019. <\/p>\n
Igualmente, esta Sala ha dicho, en torno a la legitimaci\u00f3n en la causa por activa de los apoderados, que: <\/p>\n
(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo (Se subraya). CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Bajo las anteriores circunstancias, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial necesario debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n (Se subraya)1. <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, el tutelante detent\u00f3 poder para representar a la Empresa de Licores de Cundinamarca en el proceso verbal declarativo con radicado 2021-00257-00, pero no alleg\u00f3 poder especial para actuar en esta senda extraordinaria, en los t\u00e9rminos indicados, y tampoco aleg\u00f3 ni demostr\u00f3 las condiciones para intervenir como agente oficioso, por lo cual resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado, ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
2.4. Aunado a ello, resulta pertinente se\u00f1alar que las actuaciones derivadas de un proceso judicial <\/p>\n
no vulnera[n] el derecho al trabajo de los abogados y tampoco los habilita para alegar el quebrantamiento de las garant\u00edas de las personas que representan en los procesos, sin que ostenten poder para actuar, debido a que tal situaci\u00f3n no desconoce ni amenaza el ejercicio libre de su labor al no constituir impedimento para el desarrollo de la misma. STC8274-2014, reiterada en STC4331-2022. <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11124-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC11124-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2022-00152-01 Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 18 de julio de 2022 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66329","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66329","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66329"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66329\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66329"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66329"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66329"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}