STC11125-2022 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11125-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02671-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Humberto Su\u00e1rez Motta contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo radicado n\u00ba 2019-00182. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que Luis \u00c1ngel Garc\u00eda L\u00f3pez interpuso en su contra demanda de rendici\u00f3n de cuentas respecto del capital invertido en la explotaci\u00f3n de una cantera ubicada en el municipio de Girardot. <\/p>\n
Relata que, el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa localidad, mediante sentencia del 14 de noviembre de 2018 accedi\u00f3 a las pretensiones del libelo y, por lo tanto, orden\u00f3 rendir cuentas por \u00abel capital de dinero invertido en la suma de US$100.000 y el equivalente al 20% de las utilidades netas de la explotaci\u00f3n a partir del a\u00f1o 2008 hasta el a\u00f1o 2013\u00bb, decisi\u00f3n que ratific\u00f3 el Tribunal Superior de Cundinamarca el 22 de mayo de 2019. <\/p>\n
Refiere que, conexo al anterior litigio, el demandante Garc\u00eda L\u00f3pez inici\u00f3 ejecutivo (radicado 2019-00182) para el recaudo de los dineros cuyo pago se dispuso en los fallos del tr\u00e1mite de rendici\u00f3n de cuentas (el juzgado profiri\u00f3 auto que libr\u00f3 mandamiento de pago del 11 de septiembre de 2019). <\/p>\n
Se\u00f1ala que, a dicho compulsivo contest\u00f3 proponiendo la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n y caducidad argumentando que \u00abla exigibilidad de la obligaci\u00f3n es a partir de los a\u00f1os 2008 a 2013 y est\u00e1n prescritas, por haber transcurrido m\u00e1s de 5 a\u00f1os de su exigibilidad\u00bb; sin embargo, el juzgado, el 22 de septiembre de 2021 dict\u00f3 fallo ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca el 17 de marzo de 2022. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, se dejen sin efecto las decisiones proferidas en el marco del pleito coercitivo 2019-00182 que Luis \u00c1ngel Garc\u00eda L\u00f3pez instaur\u00f3 en su contra. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Primera Civil del Circuito de Girardot explic\u00f3 que, efectivamente, el ejecutivo que se cuestiona en la tutela, tiene su g\u00e9nesis en el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas rad. 2018-00093, en el que dict\u00f3 sentencia de fondo el 18 de noviembre de 2018. Se\u00f1al\u00f3 que, emiti\u00f3 fallo declarando no probadas las excepciones de prescripci\u00f3n y caducidad propuestas por el hoy accionante, y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el tribunal. A\u00f1adi\u00f3 que la discusi\u00f3n que pretende suscitar el accionante ya fue agotada en el juicio compulsivo, por lo que estar\u00eda utilizando el amparo como una instancia adicional; adem\u00e1s, los argumentos en que lo sustenta \u00abobedecen a simples apreciaciones subjetivas de la parte actora, sin que las mismas configuren la amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, sin pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda tutelar, alleg\u00f3 copia digital de la providencia que le correspondi\u00f3 proferir en el asunto en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el querellante dentro del proceso ejecutivo (radicado n\u00ba 2019-00182) que promovi\u00f3 en su contra Luis \u00c1ngel Garc\u00eda L\u00f3pez, con las sentencias de primera y segunda instancia que ordenaron el pago de las sumas dinerarias establecidas en el juicio previo de rendici\u00f3n de cuentas (2018-00093), incurriendo con ello, en v\u00eda de hecho por desconocer, supuestamente, que la exigibilidad de las obligaciones all\u00ed contenidas se encuentran prescritas, as\u00ed mismo, por indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los fallos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al dictado el 17 de marzo de 2022 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil Familia, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. La providencia cuestionada. <\/p>\n
Realizado el examen pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas, desde ya la Sala indica que no observa la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales suplicados, tras advertir que la decisi\u00f3n atacada se aprecia razonable y motivada. <\/p>\n
Preliminarmente, para delimitar la controversia, el tribunal accionado destac\u00f3 que apelante sostuvo que, para efectos de la prescripci\u00f3n alegada, el inicio del conteo part\u00eda desde el acuerdo de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica suscrito el 27 de septiembre de 2006, por lo que, para el momento de la radicaci\u00f3n de la demanda \u00abse super\u00f3 con creces el plazo prescriptivo del precepto 2536 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, la colegiatura convocada recalc\u00f3 que, como los capitales ordenados en el mandamiento de pago provienen de la sentencia dictada en el pleito de rendici\u00f3n de cuentas 2018-00093, y comoquiera que el t\u00edtulo ejecutivo se encuentra soportado en una providencia judicial, el \u00e9xito de la excepci\u00f3n invocada debe analizarse seg\u00fan lo contemplado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 442 del C\u00f3digo General del Proceso, que precisa que entre las excepciones que, de manera restrictiva, pueden plantearse en estos eventos son las de \u00abpago, compensaci\u00f3n, confusi\u00f3n, novaci\u00f3n, remisi\u00f3n, prescripci\u00f3n o transacci\u00f3n\u00bb, y que esos medios defensivos \u00fanicamente deben corresponder a \u00abhechos posteriores a la respectiva providencia\u00bb. <\/p>\n
Al tenor de lo anterior, indic\u00f3 el tribunal que, como la procedencia de la excepci\u00f3n prescriptiva se halla supeditada a hechos posteriores a la respectiva providencia ejecutada, la alegaci\u00f3n del accionante se tornaba insuficiente porque, \u00ab(\u2026) la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n dineraria perseguida la fund\u00f3 en situaciones que anteceden al auto empleado en esta controversia como t\u00edtulo ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, complement\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abSon as\u00ed las cosas porque el apelante fortific\u00f3 la prescripci\u00f3n ambicionada con estribo en que el acuerdo privado que origin\u00f3 el pago dispuesto en la providencia enervada como instrumento coercitivo, se expidi\u00f3 por fuera del plazo extintivo del art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil; de donde se erige sin ambages que la edificaci\u00f3n de dicha excepci\u00f3n perentoria es desafortunada y no consulta la t\u00e9cnica gobernada en el numeral 2\u00b0 del precepto 422 de la Ley 1564 de 2012, pues, iterase, no se guarneci\u00f3 en hechos sucedidos con posterioridad a aquella providencia judicial\u00bb. <\/p>\n
Con todo, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es pac\u00edfico que la controversia planteada en la apelaci\u00f3n y que circunda exclusivamente en la excepci\u00f3n prescriptiva analizada es abiertamente improcedente, en consideraci\u00f3n a que no se plante\u00f3 en los precisos t\u00e9rminos reglados en la legislaci\u00f3n aplicable, situaci\u00f3n que, per se, impide adentrarse en el estudio concerniente a que la extinci\u00f3n blandida debe dirimirse con miramiento en el acuerdo que los intervinientes rubricaron el 27 de septiembre de 2006 y que vers\u00f3 en la explotaci\u00f3n de la cantera ubicada en el predio El Porvenir. <\/p>\n
De donde emerge que el car\u00e1cter restrictivo conferido a las puntuales excepciones que pueden presentarse en litigios ejecutivos donde su fuente es una providencia judicial impide, por s\u00ed solo, evaluar de fondo el debate jur\u00eddico propuesto; son as\u00ed las cosas porque \u201cel legislador ha querido que cuando el \u201ct\u00edtulo ejecutivo\u201d sea una \u201cprovidencia judicial\u201d que haya condenado a alguna de las partes o en la que fue provocada la terminaci\u00f3n del litigio por conciliaci\u00f3n o transacci\u00f3n, las excepciones est\u00e1n limitadas a la lista taxativa que fue referida en el p\u00e1rrafo precedente, con el prop\u00f3sito de evitar dilaciones injustificadas en la materializaci\u00f3n del derecho sustancial reconocido\u201d, (CSJ STC136-2018)\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia desfasada o caprichosa, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
En todo caso, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela cuando el prop\u00f3sito que se revela del accionante es el de recurrir a esta v\u00eda para anteponer al fallador cuestionado una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o enfoque del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento o de la normativa aplicable. <\/p>\n
En tal sentido, se ha indicado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Ahora, el hecho de que el precursor del auxilio disienta de la postura que ataca no necesariamente abre camino a la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente el simple disenso, sino que es necesario que la decisi\u00f3n est\u00e9 afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. En lo concerniente, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n se ha puntualizado de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Ahora, sobre la pretensi\u00f3n de hacer prevalecer un determinado raciocinio probatorio a efectos de que coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que, esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en esa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
La decisi\u00f3n recriminada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por el accionante es anteponer su propio criterio al de la magistratura tutelada en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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