STC11128-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11128-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02755-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Fabiola Daniella Moreno Tello contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Noveno de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio declarativo n\u00b0 2017-00311. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que, \u00aben su calidad de hija y heredera del finado de Daniel Moreno Grob present\u00f3 en contra de Daniel Moreno Villalba y Amelia Ester Delvaux demanda de petici\u00f3n de herencia\u00bb, la cual admiti\u00f3 el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla el 24 de enero de 2018, y notificada a los demandados en menci\u00f3n, \u00abproponen excepciones oponi\u00e9ndose a las pretensiones\u00bb. Luego, mediante auto del 3 de mayo de 2019, fueron vinculados \u00abM\u00f3nica Andrea Moreno Londo\u00f1o, Daniel Ricardo Moreno Londo\u00f1o y Ver\u00f3nica Patricia Herta Moreno Londo\u00f1o, quienes adquirieron los derechos herenciales de Daniel Moreno Villalba\u00bb. <\/p>\n
Que el juzgado \u00abfija el d\u00eda 09 de febrero de 2021 a las 9:00 a.m. para realizar la audiencia virtual prevista en los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso y Decreto 806 de 2020, e informa que la audiencia virtual se realizar\u00e1 por la plataforma Microsoft Teams y oportunamente se les informar\u00e1, a trav\u00e9s de la secretar\u00eda, el protocolo a seguir para el ingreso a la audiencia\u00bb, no obstante, se enter\u00f3 posteriormente que la diligencia se realiz\u00f3 \u00absin su asistencia\u00bb ni la de su apoderada judicial. <\/p>\n
Que lo anterior acaeci\u00f3 porque \u00abel link para ingreso de la audiencia\u00bb, fue encontrado \u00aben la bandeja de spam, basura o correos no deseados\u00bb, en tanto proven\u00eda \u00abdel correo electr\u00f3nico csj@agendamiento.co [el cual] es desconocid[o] por las partes\u00bb, pues debi\u00f3 enviarse del correo del juzgado que corresponde a \u00abfamcto09ba@cendoj.ramajudcial.gov.co\u00bb. <\/p>\n
Que su mandataria judicial present\u00f3 incidente de nulidad de la audiencia virtual aduciendo \u00abque la notificaci\u00f3n del link de acceso a la audiencia no se hizo en debida forma induciendo en error a las partes involucradas ocasionando su inasistencia\u00bb, solicitud que fue denegada por el juzgado a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 23 de agosto de 2021, decisi\u00f3n contra la cual interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Pretende, se declare que las autoridades convocadas vulneraron sus prerrogativas fundamentales, \u00abal haberse configurado los defectos sustancial, f\u00e1ctico, procedimental y desconocimiento directo de la Constituci\u00f3n\u00bb, en consecuencia, \u00abdejar sin efecto la providencia fechada 15 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla Sala Cuarta Civil \u2013 Familia (\u2026), que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n confirmando el auto de fecha 23 de agosto de 2021 dictado por el Juzgado 9\u00b0 de Familia de [esa ciudad]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juez Noveno de Familia de Barranquilla, inform\u00f3 que \u00abel 9 de febrero 2021 se celebr\u00f3 audiencia, declar\u00e1ndose fracasada la etapa de conciliaci\u00f3n entre las partes, por lo que se avanz\u00f3 con la fijaci\u00f3n del litigio, control de legalidad y decreto de pruebas; el 6 de abril 2021, se admiti\u00f3 incidente de nulidad promovido por la parte demandante (\u2026), [el] cual fue decidid[o] el 23 de agosto 2021, en cuya parte resolutiva se orden\u00f3 no acceder a decretar la nulidad solicitada y se\u00f1al\u00f3 fecha para la continuaci\u00f3n de la audiencia de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del C.G.P.\u00bb. Que el 12 de octubre de 2021 se desat\u00f3 desfavorablemente el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra esa decisi\u00f3n y se concedi\u00f3 el recurso subsidiario de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La magistrada ponente de la sala convocada, asegur\u00f3 que aplicados los pertinentes pronunciamientos jurisprudenciales al caso criticado, \u00abno existe defecto factico ni procedimental alegado por la accionante, [porque] la suscrita luego del an\u00e1lisis correspondiente y dentro de la autonom\u00eda reconocida constitucionalmente, valor\u00f3 siguiendo las reglas de la sana cr\u00edtica, todas y cada una de las pruebas obrantes en el proceso, se\u00f1alando expresamente en la providencia que se ataca las razones que nos llevaron al convencimiento que proced\u00eda la confirmaci\u00f3n de la providencia de fecha 23 de agosto de 2021\u00bb, por tanto \u00abesta Sala no ha incurrido en v\u00eda de hecho al proferir la providencia de fecha febrero 15 de 2022\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora al desestimar la nulidad que plante\u00f3 en relaci\u00f3n con la convocatoria \u00aba la audiencia prevista en los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso y Decreto 806 de 2020\u00bb surtida dentro del pleito n\u00b0 2017-00311, o si, por el contrario, tal decisi\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
Esto, porque si bien la acci\u00f3n tambi\u00e9n se dirigi\u00f3 contra lo resuelto por el Juzgado Noveno de Familia de la misma ciudad, el examen se circunscribir\u00e1 a la providencia dictada por su superior funcional, en la medida en que corresponde a la definici\u00f3n del caso ac\u00e1 debatido, puesto que \u00abes inane detenerse [al an\u00e1lisis de la providencia inicial cuando \u00e9sta] al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, citada entre otras en STC2459-2022, 4 mar. 2022, rad. 00575-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en l\u00ednea de principio la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Analizados los argumentos de la queja con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la normativa y jurisprudencia aplicable, la Corte establece que la acci\u00f3n incoada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, comoquiera que la determinaci\u00f3n censurada no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
Lo anterior, porque para que la colegiatura enjuiciada, en sala unitaria del 15 de febrero de 2022, resolviera \u00abconfirmar el auto de fecha 23 de agosto de 2021\u00bb, mediante el cual el juzgado deneg\u00f3 la nulidad deprecada por la hoy accionante dentro del litigio de petici\u00f3n de herencia n\u00b0 2017-00311, se vali\u00f3 de una motivaci\u00f3n que lejos est\u00e1 de tornarse arbitraria o caprichosa. <\/p>\n
En efecto, tras exponer la causal de nulidad procesal que contempla el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, descart\u00f3 que la direcci\u00f3n de correo donde se origin\u00f3 la convocatoria a audiencia podr\u00eda afectar su notificaci\u00f3n, pues al no variarse el \u00abdestino electr\u00f3nico\u00bb, se cumpli\u00f3 con \u00abel objetivo finalista impartido por el decreto 806 de 2020, donde se autoriza al operador judicial a implementar cualquier tipo de medio conducente para la impartici\u00f3n de justicia\u00bb, para lo cual aludi\u00f3 lo previsto en el art\u00edculo 7\u00b0 de dicha normativa -vigente para cuando se produjo el acto-, afirmando que: <\/p>\n
\u00abEn tal sentido el legislador dentro de su esp\u00edritu normativo no estableci\u00f3 ning\u00fan tipo de restricci\u00f3n al momento de autorizar los medios para el desarrollo de la actividad jurisdiccional, por el contrario, el mismo abri\u00f3 un umbral de posibilidades dentro de la implementaci\u00f3n de tecnolog\u00edas para la efectivizaci\u00f3n de la justicia digital, por lo que en ese sentido el destino electr\u00f3nico optado por el despacho no resulta desacertado para esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Cabe resaltar, que el correo electr\u00f3nico por el cual fue notificado la diligencia en cuesti\u00f3n no puede ser flanco de desprestigio, toda vez que el mismo obedece a la implementaci\u00f3n de software de agendamiento de audiencias autorizado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Direcci\u00f3n de Unidad inform\u00e1tica a trav\u00e9s del Contrato 175 de 2020 comunicada mediante oficio DEAJIFO21-43 el cual puso a disposici\u00f3n de las sedes judiciales la plataforma Lifesize, siendo un canal oficial para tales labores dentro de la Rama Judicial\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente reflexion\u00f3 sobre el papel del apoderado judicial en el buen suceso del proceso, por lo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este \u00f3rgano colegiado hace un llamado al recurrente de los deberes como representante judicial dentro de la causa sucesoral, toda vez que no es de recibo excusar que el destino que tuvo la correspondencia dentro de la bandeja de correo no deseado; puesto que el mismo era conocedor del compromiso programado por el despacho, siendo intr\u00ednseco la obligaci\u00f3n de revisar el canal digital suministrado por el Juzgado Noveno de Familia de esta ciudad y la carga obligacional de diligencia de comunicarse con el despacho dentro de los medios proporcionados, para manifestar los problemas de conectividad. Asimismo, y en gracia de discusi\u00f3n en el evento de censurar el link de acceso remitido, puede entreverse que el llamado a las otras partes fue oportuno prueba de ello es la comparecencia de las mismas dentro de dicha etapa procesal\u00bb. Se destaca. <\/p>\n
Conforme con lo que acaba de verse, los argumentos y la conclusi\u00f3n adoptada por la autoridad judicial accionada, no determinan un defecto susceptible de corregirse mediante el empleo de este excepcional instrumento, en tanto realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n normativa y probatoria que la llev\u00f3 a la decisi\u00f3n reprochada, la cual no puede considerarse caprichosa, arbitraria o antojadiza, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
N\u00f3tese que en el caso sub j\u00fadice, contrario a lo evidenciado en el fallo citado por la demandante (STC7284-2020, 11 sep. 2020, rad. 00209-01), la resoluci\u00f3n criticada no compromete aspectos relacionados con falencias en la realizaci\u00f3n de la audiencia virtual y con ello en la aplicaci\u00f3n de tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las telecomunicaciones, sino que las consecuencias por la inasistencia de la actora y de su apoderada judicial a la diligencia, se produjeron por no aceptarse -en sede de nulidad procesal- la excusa ofrecida, decisi\u00f3n de la cual se advierte la razonabilidad de las argumentaciones por parte de la accionada. Por tanto, no hay fundamento alguno para un l\u00f3gico y adecuado estudio bajo el criterio de igualdad alegado por la querellante. <\/p>\n
En ese orden, se reitera que es inviable la salvaguarda cuando, como en el presente caso, la actuaci\u00f3n del estrado encartado no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, pues mientras las resoluciones cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, la sola divergencia conceptual no abre paso a la protecci\u00f3n deprecada, porque: <\/p>\n
En el mismo sentido se ha sostenido que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, y en tales circunstancias se reitera que este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC10044-2022, 4 ago. 2022, rad. 02395-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se denegar\u00e1 el auxilio implorado, habida cuenta que la determinaci\u00f3n confutada, no constituye yerro sustantivo, procedimental, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que justifique la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo pretendido con la acci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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