STC11129-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02573-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Manuel Gregorio Cavadia Padilla y Jaime Luis P\u00e1ez Cantero, quien aduce actuar como agente oficioso de Juan Sebasti\u00e1n Vargas Hern\u00e1ndez, contra la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda y el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicitaron, en consecuencia, dejar son efecto \u00ablos autos de\u2026 4 de marzo de\u2026 2021\u2026 mediante el cual se inadmiten las demandas impetradas por\u2026 Manuel Gregorio Cavadia Padilla y Juan Sebasti\u00e1n Vargas Hern\u00e1ndez, con los radicados 2021-00067 y 2021-00068, respectivamente, el cual ordena corregirlas, adopt\u00e1ndolas a una que corresponda a una causa de impugnaci\u00f3n de paternidad y maternidad, disposici\u00f3n del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Manuel Gregorio Cavadia Padilla y Juan Sebasti\u00e1n Vargas Hern\u00e1ndez, a trav\u00e9s de apoderado judicial, formularon demandas de jurisdicci\u00f3n voluntaria a fin de tramitar \u00abla nulidad de registro civil de nacimiento\u00bb, asuntos cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, correspondi\u00e9ndoles las radicaciones 2021-00067 y 2021-00068, respectivamente. <\/p>\n
2.2. El 4 de marzo de 2021 el estrado judicial inadmiti\u00f3 los libelos iniciales, con el fin de que se adecuaran las demandas, de un lado, a impugnaci\u00f3n de paternidad y, de otro, al de impugnaci\u00f3n de maternidad; el d\u00eda 12 del mismo mes y a\u00f1o, rechaz\u00f3 los recursos formulados; y, el 26 de marzo de esas calendas, ante la falta de subsanaci\u00f3n, rechaz\u00f3 las demandas. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 el promotor que, en cuanto al juicio de Cavadia Padilla \u00abcon radicaci\u00f3n 2021-00067\u2026 el [Tribunal]\u2026 el 24 de noviembre de\u2026 2021 resolvi\u00f3 \u201cprimero: confirmar el auto apelado\u00bb, sin embargo, respecto de Vargas Hern\u00e1ndez \u00abcon radicaci\u00f3n 2021-00068\u2026 el [Tribunal]\u2026 resolvi\u00f3\u2026 el 16 de diciembre de\u20262021 \u201cprimero: revocar el auto apelado y, en su lugar, disponer que el Juzgado de primera instancia estudie nuevamente la admisi\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duelen los quejosos, en s\u00edntesis, de las decisiones emitidas en los juicios 2021-00067 y 2021-00068, comoquiera que, contrario a lo afirmado por el estrado judicial el tr\u00e1mite a impartir no es el de impugnaci\u00f3n de paternidad y\/o maternidad, pues \u00aben este caso no fue interpuesto con el objeto de denunciar una falsa maternidad contenida en el registro, por el contrario, lo que se pretende es corregir la identificaci\u00f3n y nombre del padre o la madre\u2026 dependiendo el proceso, que no es Venezolano o Venezolana, el cual aparece consignado incorrectamente en el registro\u00bb; de ah\u00ed que, el procedimiento a seguir es el de \u00abanulaci\u00f3n de registro civil de nacimiento\u00bb, conforme las disposiciones del art\u00edculo 104 del Decreto 1270 de 1970. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que pese a que es \u00abun proceso de \u00fanica instancia y no procede m\u00e1s recursos ni actuaciones\u00bb, lo cierto es que, el Tribunal en los juicios 2021-00067 y 2021-00068 revoc\u00f3 una de las decisiones y la otra la confirm\u00f3, sin contar con criterios unificados al respecto. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica relat\u00f3 las actuaciones surtidas en los juicios 2021-00067 y 2021-00068, promovidos por Manuel Gregorio Cavadia Padilla y Juan Sebasti\u00e1n Vargas Hern\u00e1ndez, resaltando que el 26 de marzo de 2021 rechaz\u00f3 las demandas por no subsanaci\u00f3n; remiti\u00f3 link para consulta de los expedientes criticados, donde se evidencia que contra el rechazo de las demandas en esos juicios, el promotor no formul\u00f3 recursos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda inform\u00f3 que consultado el sistema de gesti\u00f3n judicial los procesos con radicaci\u00f3n 2021-00067 y 2021-00068 no fueron conocidos por esa colegiatura; que con los nombres de los accionantes, encontr\u00f3 los procesos 2021-00257 y 2021-00256, los cuales devolvi\u00f3 al despacho origen. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Preliminarmente, ante los reproches presentados a favor de Juan Sebasti\u00e1n Vargas Hern\u00e1ndez anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que Jaime Luis P\u00e1ez Cantero, carece de legitimaci\u00f3n para controvertir por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el proceso objeto de censura, por no ser parte de esa contienda, no aportar poder especial para actuar en esta tutela, ni demostrar los supuestos que validaran su proceder como agente oficioso de Vargas Hern\u00e1ndez, toda vez que, las excusas presentadas en el escrito subsanatorio, no satisface los elementos necesarios para que opere dicha figura. <\/p>\n
Respecto a la legitimaci\u00f3n para instaurar este mecanismo excepcional, partiendo del alcance del art\u00edculo 10 del decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha considerado que: <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso. (C.C. T-878 de 2007). <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado los elementos necesarios para que opere la figura de agencia oficiosa, puntualizando que: <\/p>\n
La jurisprudencia\u2026 ha fundamentado la agencia oficiosa en tres principios constitucionales \u201c(i) el principio de eficacia de los derechos fundamentales, que como mandato vinculante tanto para las autoridades p\u00fablicas como para los particulares, impone la ampliaci\u00f3n de los mecanismos institucionales para la realizaci\u00f3n efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales; (ii) el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, principio que se encuentra en estrecha relaci\u00f3n con el anterior y est\u00e1 dirigido a evitar que por razones de formalidad procesal se impida la protecci\u00f3n efectiva de los derechos sustanciales; y (iii) el principio de solidaridad, el cual impone a los miembros de la sociedad velar por la defensa no s\u00f3lo de los derechos fundamentales propios, sino tambi\u00e9n por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa\u201d. <\/p>\n
3.5. Como requisitos normativos para la procedencia de la agencia oficiosa, la Corte ha establecido que: (i) el agente oficioso manifieste que act\u00faa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera que el titular del derecho est\u00e1 imposibilitado para ejercer dicha acci\u00f3n, ya sea por circunstancia f\u00edsicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe ratificar lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia, es decir, no requiere que exista relaci\u00f3n formal entre el agente y el agenciado. \u201cEsta figura se encuentra limitada por la prueba del estado de vulnerabilidad del agenciado. Esto garantiza la autonom\u00eda de la voluntad de la persona que tiene la capacidad legal para ejercicio sus derechos fundamentales por s\u00ed misma\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n cumplida en esta acci\u00f3n de tutela, de entrada, advierte la Corte que la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar no se encuentra legitimada por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad y de petici\u00f3n, del se\u00f1or\u2026 (CC T-406\/17). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se reitera que P\u00e1ez Cantero no ostenta la calidad de parte en el tr\u00e1mite atacado, no alleg\u00f3 poder especial a la salvaguarda para actuar en representaci\u00f3n de Juan Sebasti\u00e1n Vargas Hern\u00e1ndez, ni demostr\u00f3 los supuestos que validaran la condici\u00f3n de agente oficioso que se adjudic\u00f3, pues no alleg\u00f3 ning\u00fan elemento de juicio que acredite las circunstancias que adujo, por lo que es evidente que no puede promover el resguardo para atacar las determinaciones all\u00ed adoptadas, destacando que el hecho de que Vargas Hern\u00e1ndez trabaje \u00aben una zona rural donde no hay internet y mucho menos una Notar\u00eda cercana donde pueda autenticar el poder\u00bb, no es \u00f3bice para que no pueda formular el resguardo en su propio nombre, a m\u00e1s que, la normatividad vigente no exige la \u00abautenticaci\u00f3n notarial\u00bb que refiere el abogado, para otorgar dicho mandato. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Prosiguiendo con el an\u00e1lisis que corresponde, respecto a la inconformidad que plante\u00f3 Manuel Gregorio Cavadia Padilla, en cuanto a que el Tribunal emiti\u00f3 decisiones contrarias en los juicios 2021-00067 y 2021-00068, adem\u00e1s que, el Juzgado accionado quebrant\u00f3 sus garant\u00edas con el auto de 4 de marzo de 2021 que inadmiti\u00f3 el libelo inicial con el fin de adecuar la demanda a un juicio de impugnaci\u00f3n de maternidad, surge patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado. <\/p>\n
En efecto, verificado el expediente objeto de censura, esto es, el 23417-31-84-001-2021-00067, tal como lo afirm\u00f3 el accionante, aqu\u00e9l culmin\u00f3 con auto de 26 de marzo de 2021 por medio del cual se rechaz\u00f3 la demanda por falta de subsanaci\u00f3n, decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo, de ah\u00ed que, tal como lo indic\u00f3 el Tribunal en el curso de la salvaguarda, dichas decisiones no fueron objeto de pronunciamiento por el ad quem, comoquiera que, se insiste, no fue recurrida en alzada por el promotor; en ese orden, el hecho alegado por el accionante se torna inexistente. <\/p>\n
Entonces, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n de hecho que causaba la supuesta amenaza a las garant\u00edas fundamentales del tutelante es inexistente, pues, se reitera, el juicio 2021-00067 ac\u00e1 criticado no fue de conocimiento del Tribunal, la solicitud de amparo frente a dicho colegiado no tiene ninguna raz\u00f3n de ser, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (subraya y negrilla fuera de texto) (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Finalmente, en cuanto a las quejas dirigidas contra el auto de 4 de marzo de 2021 que inadmiti\u00f3 la demanda con el fin de adecuarla al tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n de maternidad, se advierte que con ocasi\u00f3n anterior, el quejoso formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela fundada en similares hechos, que fue negada por el Tribunal y confirmada por esta Sala Especializada con sentencia de 29 de julio de 2021 (STC9617-2021), raz\u00f3n por la que le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella oportunidad se concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026las decisiones cuestionadas por los actores son los autos por medio de los cuales les fueron inadmitidas las demandas que dieron origen a los procesos 2021\u201300067 y 2021\u2013 00068 (4 marzo 2021) y si bien para rechazar por improcedentes los recursos de reposici\u00f3n promovidos contra dicha determinaci\u00f3n se invoc\u00f3 el inciso 5\u00ba del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso (12 marzo 2021), no puede perderse de vista que la consecuencia jur\u00eddica de la no subsanaci\u00f3n de la demanda es el rechazo del libelo, providencia que, seg\u00fan el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 321 ib\u00eddem, s\u00ed es susceptible del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, como el art\u00edculo 90, inciso 5, del C\u00f3digo General del Proceso contempla que \u00ab[l]os recursos contra el auto que rechace la demanda comprender\u00e1n el que neg\u00f3 su admisi\u00f3n\u00bb, puede colegirse que si los promotores ten\u00edan alguna queja respecto del motivo por el que se le inadmiti\u00f3 el libelo y no era de su inter\u00e9s subsanarlo, debieron plantear la discrepancia mediante la interposici\u00f3n del recurso procedente, sin que estuvieran habilitados para omitir tal proceder para en su lugar acudir directamente al mecanismo constitucional. <\/p>\n
En este sentido, conviene evocar que en casos an\u00e1logos se ha destacado que: <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017 y STC6904-2020, STC6507-2021 entre otras). (STC9617-2021) <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que la inconformidad que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 el tutelante, es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico es pertinente recordar que si bien el ejercicio de la acci\u00f3n judicial es un derecho potestativo que cautela los derechos subjetivos y asegura la observancia del derecho como lo se\u00f1ala Enrique Barros Bourie, no se puede incurrir en abuso de tales acciones1, pues, se insiste, la justicia constitucional ya hab\u00eda emitido pronunciamiento respecto de las actuaciones adelantadas en el juicio 2021-00067. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 BARROS BOURIE Enrique (2009), Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Cap\u00edtulo IX Abuso de Derecho, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago-Chile. <\/p>\n
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