STC11133-2022_1<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11133-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01352-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 21 de julio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Jhon Fredy Bermejo Toro contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado D\u00e9cimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito Especializado, el Complejo Carcelario y Penitenciario COMEB -La Picota y citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 2003-00071. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y unidad familiar presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Explic\u00f3 que present\u00f3 solicitud de libertad condicional, no obstante, el Juzgado D\u00e9cimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 en auto de 2 de noviembre de 2021 la neg\u00f3, con fundamento en la prohibici\u00f3n establecida en el art\u00edculo 11 de la Ley 733 de 2002 para el otorgamiento del subrogado, adem\u00e1s, de realizar el estudio con la modificaci\u00f3n de las Leyes 890 de 2004 y 1709 de 2014 a pesar de no ser aplicables en su caso. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que esa determinaci\u00f3n fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 22 de marzo de 2022, tras considerar la imposibilidad de acceder a subrogado por la previa valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta punible. <\/p>\n
Sostuvo que las autoridades accionadas desconocieron los pronunciamientos de la Sala Penal referidos en su solicitud, entre ellos, el auto de 10 de mayo de 2016, a trav\u00e9s del cual el Tribunal Superior revoc\u00f3 una decisi\u00f3n del mismo Juzgado D\u00e9cimo de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 por el punible de secuestro extorsivo, vulnerando as\u00ed su derecho a la igualdad, teniendo en cuenta que a otros procesados por el mismo delito les ha sido otorgada la libertad condicional. <\/p>\n
Asimismo, manifest\u00f3 que el principio de ultractividad de la ley penal tambi\u00e9n tiene equivalencia con el de favorabilidad resultando viable su aplicaci\u00f3n, m\u00e1xime que, al momento de entrar en vigencia la Ley 733 de 2002, coexist\u00eda a su vez con la Ley 599 de 2000, por lo tanto, indic\u00f3 que el an\u00e1lisis de la gravedad y modalidad de conducta efectuado por el Juzgado accionado no es de recibo en este caso, pues ser\u00eda \u00abagravar con efectos perversos\u00bb los requisitos para la concesi\u00f3n del subrogado, dejando de lado los fines de la pena. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que su comportamiento en el Centro penitenciario ha sido calificado como bueno y ejemplar, al punto que el mismo expidi\u00f3 resoluci\u00f3n favorable para la concesi\u00f3n del subrogado peticionado, sumado al proceso de insolvencia econ\u00f3mica, donde se demostr\u00f3 su imposibilidad de pagar la multa, como tambi\u00e9n la de reparar a la v\u00edctima, sin embargo, se comprometi\u00f3 a pagar la suma de treinta mil pesos mensuales lo cual ha venido haciendo. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y al Juzgado D\u00e9cimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y otorgarle la libertad condicional, teniendo en cuenta las pruebas aportadas con la petici\u00f3n inicial y las sentencias referenciadas que fueron desconocidas y que tienen fuerza vinculante. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que esa Corporaci\u00f3n mediante auto de 22 de marzo de 2022 ratific\u00f3 la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la libertad condicional al accionante, y alleg\u00f3 copia de la providencia, adem\u00e1s resalt\u00f3 la inexistencia de vulneraci\u00f3n a los derechos invocados. <\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que el 20 de mayo de 2004 conden\u00f3 al accionante a la pena de 34 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de extorsi\u00f3n agravada, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de defensa personal y falsificaci\u00f3n de sello oficial. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que acorde con los argumentos expuestos por el Juez ejecutor y la Sala Penal del Tribunal Superior, conforme con los par\u00e1metros del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, no se cumplen a cabalidad los presupuestos para decretar la libertad condicional, al no satisfacerse el presupuesto relacionado con la valoraci\u00f3n de la conducta. <\/p>\n
Adem\u00e1s, consider\u00f3 que lo pretendido por el actor es generar una tercera instancia que le permita la concesi\u00f3n del subrogado, y finalmente aclar\u00f3, que la libertad condicional no procede per se por el cumplimiento del requisito objetivo de las tres quintas partes de la pena o por el buen comportamiento del penado, pues debe valorarse la necesidad de la continuaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena con base en la proporcionalidad del cumplimiento de la misma y la valoraci\u00f3n de la conducta. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal luego de analizar la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 64 original del C\u00f3digo Penal y la modificaci\u00f3n con el canon 30 de la Ley 1709 de 2014 resolvi\u00f3 negar el amparo, tras determinar que el an\u00e1lisis efectuado por las autoridades accionadas al momento de revisar la solicitud de libertad condicional presentada por el accionante resultaba razonable. <\/p>\n
Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que para el estudio de la viabilidad del subrogado bajo el canon 64 original del C\u00f3digo Penal, no solo es necesario verificar las condiciones de dicha norma sino, adem\u00e1s, examinar las prohibiciones consagradas en el art\u00edculo 11 de la Ley 733 de 2002, pues ambas constituyen la proposici\u00f3n jur\u00eddica completa frente al beneficio solicitado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abcomoquiera que el actor fue condenado entre otros por el delito de extorsi\u00f3n, no le resultaba ben\u00e9fica la citada disposici\u00f3n normativa, pues la norma 64 original prohib\u00eda la libertad condicional para ese reato. En cambio, s\u00ed lo era, por favorabilidad de la ley penal, lo dispuesto en la Ley 1709 de 2014\u00bb, en ese orden, descart\u00f3 la configuraci\u00f3n del defecto sustantivo, argumentando que lo que permiti\u00f3 concluir la improsperidad del subrogado, fue el resultado de la ponderaci\u00f3n de todos los requisitos subjetivos -\u00abvaloraci\u00f3n de la conducta punible, circunstancias de mayor o menor punibilidad contenidos en la sentencia, comportamiento carcelario, entre otros\u00bb\u2013, y finalmente, resalt\u00f3 que tampoco existi\u00f3 un desconocimiento del precedente jurisprudencial. <\/p>\n
Fue formulada por el accionante quien insisti\u00f3 en los argumentos iniciales, en especial el desconocimiento de los fallos del mismo Tribunal y de la Sala de Casaci\u00f3n Penal entre ellos, la STP8213-2015 de 24 de junio de 2015; STP 1520-2016 de 11 de febrero de 2016; STP 5217-2016 de 21 de abril del 2016; CSJ SP, 14 de marzo de 2006, Rad. 24.052; CSJ SP, 11 de noviembre de 2008, Rad. 24.663, sin que las autoridades accionadas hubiesen fundamentado las razones por las cuales se apartaron de los mismos. <\/p>\n
En adici\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que el juez constitucional de primera instancia, mal pudo haber sacado las conclusiones a las que arrib\u00f3 para negar, por improcedente, el amparo solicitado por el suscrito accionante, porque ciertamente quien ahora impugna, fue condenado en virtud del art. 64 del cp., de la ley 599\/2000, y para la fecha de los hechos, es muy cierto estaba vigente el art. 11 de la ley 733 de 2002. Empero como esta norma fue derogada t\u00e1citamente, decisi\u00f3n promulgada por la misma Corte Suprema, es decir que dicha prohibici\u00f3n se dej\u00f3 de aplicar, no quiere decir que no es dable aplicar el art. 64 original, si bien es cierto el art. 11 de la ley 733\/2002, prohib\u00eda la libertad condicional por el delito que fui condenado, lo menos cierto es que dicha prohibici\u00f3n estaba contenida en una norma diferente y en ning\u00fan momento modific\u00f3 el art. 64 original, para que hoy el a-quo v\/s tribunal y el juez constitucional quieran hacer creer que por haber sido derogado el art. 11 de la ley 733\/2002, no es correcto aplicar el art. 64 original, sino el art. 30 de la ley 1709 de 2014, ya que es la misma corte quien en varios fallos ha venido aclarando la aplicaci\u00f3n del art. 64 original, teniendo en cuenta la fecha de los hechos, ya que no es aceptable aplicar el art. 5 de la ley 890 de 2004, ni el art. 30 de la ley 1709 de 2014\u00bb. (negrillas del texto original). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada se precisa que, si bien el reclamo se dirige contra las decisiones que, en primera y segunda instancia, negaron la solicitud de libertad condicional elevada por Jhon Fredy Bermejo Toro en el proceso penal seguido en su contra, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida el 22 de marzo de 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por cuanto fue la que defini\u00f3 el asunto. (Ver CSJ STC, may, 2014, rad. 00834-00, STC2242, 5 mar. 2015, reiterada en STC4287-2022). <\/p>\n
2. Analizados los aspectos que fundamentan la inconformidad del actor, se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, teniendo en cuenta que una vez examinados los argumentos expuestos por el Tribunal accionado, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
En la referida decisi\u00f3n, la mencionada Corporaci\u00f3n explic\u00f3 que el ahora accionante insist\u00eda en que el estudio de la solicitud de libertad condicional deb\u00eda realizarse en virtud del art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000 original, dada la fecha en que ocurrieron los hechos, y en relaci\u00f3n con este planteamiento destac\u00f3, <\/p>\n
Es importante precisar que el citado art\u00edculo 64 ha tenido una serie de modificaciones desde la promulgaci\u00f3n de la Ley 599 de 2000; es as\u00ed como las Leyes 890 de 2004, 1453 de 2011 y 1709 de 2014, le introdujeron de forma directa reformas que hicieron m\u00e1s estrictos los requisitos exigidos para acceder a la libertad condicional; pero tambi\u00e9n, desde aquella \u00e9poca, han existido otras normas que, si bien no le incorporaron cambios a la norma en menci\u00f3n, s\u00ed prohibieron el otorgamiento del beneficio all\u00ed consagrado a quienes cometieron ciertos delitos, tal es el caso de las Leyes 733 de 2002 y 1121 de 2006. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, en virtud del principio de favorabilidad inicialmente habr\u00eda que darle la raz\u00f3n al recurrente, resultando m\u00e1s beneficioso analizar la solicitud de libertad al tenor de lo establecido en el art\u00edculo 64 original y no con las modificaciones posteriores, no obstante, determin\u00f3 que no era acreedor a su pretensi\u00f3n, habida cuenta que los hechos por los cuales se le conden\u00f3 ocurrieron el 20 de marzo de 2002 cuando estaba en vigencia la Ley 733 de 2002, que entre otros, prohib\u00eda, la concesi\u00f3n del subrogado pretendido, cuando se trataba del delito de secuestro extorsivo. <\/p>\n
En ese sentido agreg\u00f3, <\/p>\n
El recurrente insiste, en que por aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad no se tenga en cuenta el contenido del art\u00edculo 11 de la Ley 733 de 2002, por cuanto fue derogado t\u00e1citamente por las Leyes 890 y 906 de 2004, es decir, que su petici\u00f3n se resuelva con sustento en el original art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000. <\/p>\n
Sin embargo, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha sido reiterativa en puntualizar que, ante la sucesi\u00f3n de leyes, la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad comporta para el juzgador la atenci\u00f3n integral de la previsi\u00f3n m\u00e1s ben\u00e9fica a los intereses del procesado, sin que pueda fraccionar las disposiciones en tr\u00e1nsito y tomar, de cada una, la parte que solo ofrece ventajas, porque ser\u00eda tanto como hacer valer una tercera norma inexistente en el ordenamiento jur\u00eddico e invadir la propia esfera del legislador. <\/p>\n
Es as\u00ed como, existe una l\u00ednea jurisprudencial definida por la Corporaci\u00f3n, en el sentido de que no es posible acudir a la elaboraci\u00f3n de una \u201clex tertia\u201d, como quiera que la verificaci\u00f3n de preceptos que rigen situaciones id\u00e9nticas durante el tr\u00e1nsito de legislaciones impone, para efectos de cotejar la norma invocada, su aplicaci\u00f3n integral, por lo que est\u00e1 vedado tomar de cada una lo que favorece y desechar lo que perjudica, por cuanto, una combinaci\u00f3n normativa de esa manera desnaturaliza la figura del beneficio y termina por violentar el principio de igualdad. <\/p>\n
Procedi\u00f3 entonces con el an\u00e1lisis del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal modificado por la Ley 890 de 2004 dando aplicaci\u00f3n al principio de favorabilidad, argumentando que dicho precepto otorga mejores alternativas para la viabilidad de la solicitud formulada por el condenado, puesto que previa valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta, exige el cumplimiento de las dos terceras partes de la pena, adem\u00e1s, de la buena conducta en el centro de reclusi\u00f3n que permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n y que se garantice el pago total de la multa y de la reparaci\u00f3n a la v\u00edctima. <\/p>\n
As\u00ed, luego de efectuar los respectivos c\u00e1lculos, determin\u00f3 que se encontraba acreditada la primera exigencia, esto es, el cumplimiento de las dos terceras partes de la pena, sin embargo, consider\u00f3 que pese a que el comportamiento intramural del sentenciado fue calificado como ejemplar y que existe resoluci\u00f3n mediante la cual el centro carcelario recomienda la libertad condicional, no se pod\u00eda pasar por alto que la conducta por la que fue declarado responsable revest\u00eda de especial gravedad, ya que con la misma caus\u00f3 gran zozobra en la comunidad, trat\u00e1ndose entonces de uno de los delitos que con mayor rigor azotan la sociedad, circunstancia que hac\u00eda improcedente el beneficio reclamado. <\/p>\n
Adicionalmente, anot\u00f3: <\/p>\n
Sumado a lo anterior, dicha norma establece que la concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada al pago total de la multa y de la reparaci\u00f3n a la <\/p>\n
v\u00edctima, y no hay prueba de que Bermejo Toro haya cumplido siquiera con alguna de las referidas obligaciones. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, aunque el convicto ha descontado m\u00e1s de las 2\/3 partes de la pena impuesta, el an\u00e1lisis que surge de la valoraci\u00f3n de la conducta punible por la cual fue condenado es negativo, y al no verificarse la cancelaci\u00f3n de la multa y el respectivo resarcimiento, impide la concesi\u00f3n del beneficio deprecado. <\/p>\n
Por \u00faltimo, advirti\u00f3 que si bien el apelante cuestion\u00f3 que el Juzgado no tuvo en cuenta las diferentes decisiones relacionadas con la libertad condicional que aport\u00f3, lo cierto era que, tanto en el pronunciamiento de primer grado como en el proferido en esa instancia, hab\u00eda quedado explicada la inviabilidad de otorgar el subrogado bajo el texto original del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, resolvi\u00f3 confirmar el auto del Juzgado D\u00e9cimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 por medio del cual neg\u00f3 la libertad condicional a Jhon Fredy Bermejo Toro. <\/p>\n
3. En las anteriores consideraciones, no evidenci\u00f3 la Sala desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por Jhon Fredy Bermejo Toro y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior obedece a que la Sala Penal del Tribunal superior de Bogot\u00e1 fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, encontrando que si bien el comportamiento del sentenciado en el establecimiento carcelario era ejemplar y hab\u00eda cumplido las dos terceras partes de la condena, esas no eran las \u00fanicas exigencias para otorgar la concesi\u00f3n de la libertad condicional, pues no pod\u00eda pasarse inadvertido que la conducta punible por la que fue condenado revest\u00eda de especial gravedad, circunstancia que imped\u00eda la viabilidad de conceder el beneficio pretendido. <\/p>\n
Por lo tanto, a diferencia de lo alegado por el accionante, la autoridad accionada no desconoci\u00f3 los lineamientos trazados por la jurisprudencia, en punto a los requisitos para otorgar la libertad condicional, solo que la buena conducta de aqu\u00e9l en el centro carcelario y el cumplimiento de las dos terceras partes de la pena no fueron suficientes para acceder a su petici\u00f3n. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Jhon Fredy Bermejo Toro a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en el pronunciamiento objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de su competencia o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente, m\u00e1xime cuando no puede tildarse de sesgada o caprichosa, ya que obedece a un an\u00e1lisis coherente del expediente, as\u00ed como a la leg\u00edtima interpretaci\u00f3n, avalada por el contexto particular que revelaba el proceso. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. De conformidad con lo considerado, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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