STC11135-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11135-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00546-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 4 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Rubi Esther Molina Bogot\u00e1 contra el Juzgado Catorce Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado 2018-00156. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abal patrimonio\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Juan Gabriel Silvera Coronado, inici\u00f3 proceso ejecutivo contra los herederos de Edgardo Jos\u00e9 Molina Enr\u00edquez, en el cual, en calidad de hija leg\u00edtima y demandada, present\u00f3 entre otras excepciones, las que denomin\u00f3 \u00abla inexistencia del t\u00edtulo valor\u00bb, \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n y del negocio jur\u00eddico que pudiese respaldar la creaci\u00f3n o nacimiento a la vida jur\u00eddica del t\u00edtulo valor aparece como documento de recaudo\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, dentro de las pruebas solicitadas, requiri\u00f3 un dictamen pericial grafol\u00f3gico ante el Instituto de Medicina Legal, no obstante, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla inform\u00f3 que el original del t\u00edtulo valor -letra de cambio- se hab\u00eda perdido. <\/p>\n
Sostuvo que ante lo anterior y en consideraci\u00f3n a que la legislaci\u00f3n no establece que se pueda iniciar o proseguir un juicio ejecutivo con copias simples del t\u00edtulo valor extraviado, el 22 de marzo de 2022 solicit\u00f3 al Juzgado accionado proferir sentencia en la que revocara el mandamiento de pago y el decreto de medidas cautelares. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, no obstante, el Juzgado de conocimiento insiste en seguir adelante con la ejecuci\u00f3n pese a que el Instituto de Medicina Legal le ha informado la imposibilidad de realizar la experticia solicitada con la copia del t\u00edtulo valor, situaci\u00f3n que vulnera su derecho al debido proceso. <\/p>\n
En escrito complementario de 26 de julio de 2022, se refiri\u00f3 a las irregularidades en el proceso cuestionado y agreg\u00f3 que por la p\u00e9rdida del t\u00edtulo valor, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla present\u00f3 denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, de la cual tuvo conocimiento hasta el 19 de mayo de 2022, cuando su apoderada se enter\u00f3 que enviaron una documentaci\u00f3n al Instituto de Medicina Legal para que \u00abiniciara el estudio o reconstrucci\u00f3n a una fotocopia del t\u00edtulo valor\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado accionado que \u00abproceda a emitir una nueva providencia judicial de no seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y la orden de levantamiento de las medidas cautelares decretadas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento del accionado ni de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla declar\u00f3 improcedente el amparo por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad por prematura, teniendo en cuenta que el recurso de apelaci\u00f3n presentado contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba grafol\u00f3gica al t\u00edtulo valor, se encuentra en tr\u00e1mite, y explic\u00f3, <\/p>\n
Si bien el accionante considera lesionado su derecho fundamental al debido proceso por la imposibilidad de la pr\u00e1ctica de la prueba grafol\u00f3gica, no puede perderse de vista que en primera medida dicha prueba ni siquiera se encuentra decretada de momento y que, la decisi\u00f3n de su decreto, a\u00fan es motivo de debate judicial. <\/p>\n
Por tanto, al adelantarse a decisiones que solo pueden ser tomadas por el juez de conocimiento, bien sea en primera o segunda instancia, est\u00e1 obviando el tr\u00e1mite procesal ordinario y, en tal sentido, incumplimiento el requisito de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Ahora bien, si en gracia de discusi\u00f3n se le resta importancia al hecho de que el accionante obvi\u00f3 la decisi\u00f3n de segunda instancia sobre el correspondiente decreto de la prueba grafol\u00f3gica, advierte la Sala que la acci\u00f3n de tutela contin\u00faa siendo demasiado prematura. Lo anterior tomando en cuenta que, revisado el aplicativo TYBA se pudo verificar que la \u00faltima actuaci\u00f3n surtida por el juzgado de primera instancia fue el auto del 28 de julio del 2022 en cual se resolvi\u00f3 \u201cFijar como fecha para llevar a cabo audiencia de que trata el art\u00edculo 373 del CGP, el d\u00eda 10 de agosto del 2022 a las 2:00 pm a trav\u00e9s del aplicativo Microsoft Teams\u00bb. <\/p>\n
De modo que, el juez accionado a\u00fan no ha tomado la decisi\u00f3n de fondo en primera instancia. As\u00ed las cosas, y tomando en cuenta que el escrito de tutela relata \u201cel Despacho Judicial insiste en seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u201d, se advierte que la querella constitucional interpuesta por el accionante no gira en torno a una decisi\u00f3n puntual sino respecto a la impresi\u00f3n que tiene el accionante de que el juez fallar\u00e1 en contra de sus intereses\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante aduciendo que, la tutela no resulta prematura, pues si bien el Juzgado fij\u00f3 fecha para audiencia lo hizo despu\u00e9s de notificada la solicitud de amparo constitucional, y que se encuentra demostrado, que no solo ha vulnerado el debido proceso al pretender tramitar el pleito ejecutivo con sustento en una copia simple de un titulo valor perdido, sino que, adem\u00e1s ha venido manteniendo vigentes unas medidas cautelares sin contar con el original del t\u00edtulo valor. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s insisti\u00f3 que se ordene a la autoridad accionada anular el proceso ejecutivo objeto de reproche y decretar su terminaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, cuando son transgredidos o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas o en determinadas ocasiones, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Rubi Esther Molina Bogot\u00e1 pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, se ordene al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla proferir sentencia de no seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y disponer el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el proceso ejecutivo cuestionado, teniendo en cuenta que el t\u00edtulo valor objeto de cobro fue extraviado, circunstancia que en su sentir, impide continuar el juicio solo con las copias simples del t\u00edtulo. <\/p>\n
3.1 La apoderada judicial de la demandada se\u00f1ora Rubi Esther Molina Bogot\u00e1, radic\u00f3 memorial [archivo 096] en el que solicit\u00f3 al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla, proferir sentencia \u00abmediante la cual se revoquen el auto de mandamiento de pago, el que decret\u00f3 medidas cautelares, se d\u00e9 por terminado el proceso y se oficie a instrumentos p\u00fablicos y dem\u00e1s el levantamiento de las medidas cautelares\u00bb, argumentando que el ejercicio del cobro solo se puede efectuar con el original del t\u00edtulo valor el cual fue extraviado del expediente. <\/p>\n
3.2 En audiencia de qu\u00e9 trata el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, llevada a cabo el 10 de agosto de 2022, el Juzgado de conocimiento ejerci\u00f3 control de legalidad de conformidad con lo determinado en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso y declar\u00f3 como reconstruido parcialmente el expediente con la letra de cambio digitalizada que obra en el archivo digital n\u00famero 3 del mismo. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n la apoderada de la demandante formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n, no obstante, el despacho resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume su decisi\u00f3n y negar la alzada dada su improcedencia. Sobre ese punto se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
Sin apelar a mayores argumentos, la decisi\u00f3n de reconstrucci\u00f3n se mantendr\u00e1 en firme, habida cuenta que el proceso de reconstrucci\u00f3n, reposici\u00f3n y reivindicaci\u00f3n de t\u00edtulos valores es un tr\u00e1mite a trav\u00e9s del cual se persigue reponer un t\u00edtulo valor que se ha deteriorado o destruido, o su cancelaci\u00f3n si se ha extraviado, hurtado o destruido, todo en manos del tenedor. <\/p>\n
Este tr\u00e1mite no se adelanta cuando el t\u00edtulo valor se extrav\u00eda al interior de un proceso, pues en tal caso se prev\u00e9 la figura de la reconstrucci\u00f3n y esto obedece a una l\u00f3gica simple y es que el titulo ha sido puesto a disposici\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n y ya hace parte de un proceso prueba es decir que no se perdi\u00f3 en manos del leg\u00edtimo tenedor sino en medio de un litigio. <\/p>\n
Por esta simple raz\u00f3n el suscrito mantendr\u00e1 no acceder a la revocatoria solicitada, tambi\u00e9n como lo hizo en subsidio de apelaci\u00f3n, en tal punto ser\u00e1 negado en raz\u00f3n a que no existe norma general ni especial que consagre el auto que reconstruye parcialmente un proceso, como susceptible del recurso de apelaci\u00f3n. [minuto 22:49]. <\/p>\n
En el mismo evento, la apoderada de la demandada manifest\u00f3 que desist\u00eda del recurso de apelaci\u00f3n presentado contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba grafol\u00f3gica al t\u00edtulo valor, habida cuenta que la misma fue decretada de oficio por el despacho. <\/p>\n
Posteriormente el Juzgado accionado, se refiri\u00f3 a la solicitud formulada por la aqu\u00ed accionante de proferir sentencia y dar por terminado el proceso, y se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
La Doctora Johanna Duque tambi\u00e9n ha solicitado que se dicte sentencia mediante la cual se revoque el auto de mandamiento de pago y se d\u00e9 por terminado el proceso y se oficie a instrumentos p\u00fablicos y dem\u00e1s levantamiento de las medidas cautelares, esto teniendo como fundamento la falta de un t\u00edtulo valor con la firma original. <\/p>\n
Al respecto, debo precisar que este proceso inici\u00f3 con una letra de cambio en f\u00edsico -documento original-, sin embargo, en el desarrollo del tr\u00e1mite tal pieza procesal fue extra\u00edda irregularmente del proceso y ello ya es de conocimiento de la autoridad penal, en virtud a una denuncia que el suscrito present\u00f3, proceso penal que seguramente ser\u00e1 objeto de valoraci\u00f3n la consulta al proceso que efectu\u00f3 la Dra Johana. <\/p>\n
En este entendido, no es posible dictar sentencia como lo solicita la apoderada de la demandada, pues para ello se requiere previamente agotar el resto de las etapas procesales, por sobre todo la etapa probatoria\u00bb. [minuto 50: 47]. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas los planteamientos presentados por la actora fueron resueltos por el Juzgado accionado, puesto que, a trav\u00e9s de los poderes de ordenaci\u00f3n, instrucci\u00f3n y correccionales que le confiere la ley (art\u00edculos 4, 42, 43 y 44 del C\u00f3digo General del Proceso), una vez realizado el respectivo tr\u00e1mite decret\u00f3 la reconstrucci\u00f3n parcial del expediente e inform\u00f3 a la demandada la imposibilidad de proferir sentencia y decretar la terminaci\u00f3n del proceso, actuaciones que, dadas las particularidades del caso objeto de revisi\u00f3n, de manera alguna resultan arbitrarias o vulneradoras de las garant\u00edas invocadas, raz\u00f3n por la que en este asunto no se acredita la vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso invocado, respecto de lo cual ha establecido la Corte que para la prosperidad de la tutela \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (Ver CSJ. STC sep. 5 de 2012, exp. 00630-014, reiterada en STC131 de 2018, STC7254 de 2021, y, STC2726-2022, entre otras). <\/p>\n
5. De conformidad con lo considerado, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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