STC11136-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11136-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02758-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Hermelindo G\u00f3mez Estupi\u00f1\u00e1n contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial de petici\u00f3n, presuntamente vulnerada por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene a las accionadas dar respuesta a su petici\u00f3n y, en consecuencia, se reconozca su calidad de v\u00edctima. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas (UAEGRTD) present\u00f3, en representaci\u00f3n de Alirio Mac\u00edas Lizarazo y Georgina Dom\u00ednguez Gonz\u00e1lez, solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras abandonadas forzosamente o despojadas (radicado 2017-00106), con la finalidad de obtener la devoluci\u00f3n del predio rural con folio inmobiliario 320-9005, ubicado en el municipio de San Vicente de Chucur\u00ed, tr\u00e1mite en el que Hermelindo G\u00f3mez Estupi\u00f1\u00e1n fungi\u00f3 como opositor. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 15 de septiembre de 2021, el Tribunal criticado desestim\u00f3 la oposici\u00f3n, declar\u00f3 no probada la buena fe exenta de culpa del contendiente, por lo que neg\u00f3 la compensaci\u00f3n y orden\u00f3 la entrega del predio a los reclamantes. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 el promotor que el 22 de julio de 2022 formul\u00f3 petici\u00f3n ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras con el fin de revocar el referido fallo, pues \u00ab[\u00e9l] le compr\u00f3 las tierras a Alirio Mac\u00edas Lizarazo, y el d\u00eda de hoy figura como due\u00f1o del predio\u00bb; sin embargo, a la presentaci\u00f3n de la salvaguarda, no ha recibido respuesta. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que \u00abse le vencieron los 15 d\u00edas h\u00e1biles para dar contestaci\u00f3n\u00bb, por lo que los funcionarios querellados le deben \u00abrespond[er] o que [le] devuelvan las tierras y [le] respondan y los da\u00f1os\u2026 causados por el desalojo\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga remiti\u00f3 id\u00e9ntica petici\u00f3n de amparo, la que se agreg\u00f3 a la presente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta indic\u00f3 que, si bien el promotor remiti\u00f3 petici\u00f3n el 22 de julio de 2022, lo cierto es que lo hizo a un correo electr\u00f3nico que no est\u00e1 habilitado para recepcionar este tipo de escritos, tal como lo inform\u00f3 la secretar\u00eda en su momento, advirti\u00e9ndole que lo procedente era a trav\u00e9s del portal de restituci\u00f3n de tierras, empero, no lo hizo, por lo que nunca tuvo conocimiento de dicha solicitud; que en aras de brindarle garant\u00edas al promotor, dispuso ingresar al despacho la petici\u00f3n que conoci\u00f3 con la acci\u00f3n de tutela y, el 18 de agosto de 2022 emiti\u00f3 auto, disponiendo que el accionante debe estarse a lo resuelto en la sentencia a prop\u00f3sito que en la solicitud se pretend\u00eda poner en discusi\u00f3n la titularidad sobre el predio restituido dici\u00e9ndose que, \u00aba pesar de lo indicado en la providencia favorable al restituyente, la escritura y el certificado de tradici\u00f3n lo segu\u00edan calificando a aquel \u2013 a Hermelindo- como su verdadero due\u00f1o que fue el que lo compr\u00f3; asunto ese que fue el que precisamente se defini\u00f3 en el fallo por las razones all\u00ed mismo expuestas\u00bb; remiti\u00f3 copia del prove\u00eddo de 18 de agosto de los corrientes. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Agencia Nacional de Tierras y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, en escritos separados, pidieron su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al considerar que, atendiendo a sus facultades, las mismas no tienen incidencia con el objeto constitucional presentado. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Provincial de C\u00facuta, en escritos separados, manifestaron que la solicitud de amparo se torna improcedente, toda vez que la sentencia criticada data del 15 de septiembre de 2021, es decir, de hace m\u00e1s de 11 meses, situaci\u00f3n que se esta Sala le puso de presente al promotor en la primigenia petici\u00f3n constitucional que present\u00f3 (2022-02296-00); que el derecho de petici\u00f3n que formul\u00f3 el 22 de julio de 2022 lo present\u00f3 ante la Procuradur\u00eda Provincial de C\u00facuta, quien le dio respuesta el 22 de agosto siguiente, a trav\u00e9s del oficio PPIC-CLYR-3137. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, el accionante reprocha que las accionadas no hayan emitido una respuesta a la petici\u00f3n que impetr\u00f3 el 22 de julio de 2022, encaminada a que se revocara el fallo de 15 de septiembre de 2021 emitido en el juicio de restituci\u00f3n de tierras 2017-00106, pues, refiere, seg\u00fan el certificado de tradici\u00f3n y libertad, \u00e9l es due\u00f1o del predio. <\/p>\n
Frente a dicho cuestionamiento resulta preciso se\u00f1alar, acorde con la consistente jurisprudencia de esta Corte, que en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha explicado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como las peticiones del gestor no est\u00e1n encaminadas a obtener una respuesta sobre alg\u00fan tema administrativo del Tribunal o de la Procuradur\u00eda, sino por el contrario pretende una resoluci\u00f3n al interior de un tr\u00e1mite judicial, la solicitud de amparo deviene improcedente. <\/p>\n
3. Al margen de lo anterior, cabe a\u00f1adir que tampoco se evidencia vulneraci\u00f3n al debido proceso, comoquiera que, auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, con auto de 18 de agosto de 2022 el Tribunal le indic\u00f3 al promotor que deb\u00eda estarse a los dispuesto en la sentencia de 15 de septiembre de 2021. <\/p>\n
Adem\u00e1s, de cara al debido proceso, muy a pesar de que el promotor intenta mostrar una salvaguarda novedosa por las peticiones formuladas ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, de cara a disponer la revocatoria de la sentencia de 15 de septiembre de 2021, lo cierto es que, de un lado, la Procuradur\u00eda no es la autoridad competente para pronunciarse al respecto, pues lo pretendido, se insiste, es una decisi\u00f3n judicial al interior del proceso de restituci\u00f3n de tierras; y, por otra parte, como qued\u00f3 visto, pretende la derogatoria del mencionado fallo, de donde se advierte que en otrora oportunidad, esta Corporaci\u00f3n se pronunci\u00f3 respecto de la censura deprecada por Hermelindo G\u00f3mez Estupi\u00f1\u00e1n contra dicho fallo. <\/p>\n
En efecto, en aquella oportunidad esta Sala rese\u00f1\u00f3 como reproches relevantes para la definici\u00f3n de esa acci\u00f3n de tutelas, los siguientes: <\/p>\n
Del escrito de tutela se infiere que el actor pretende que se deje sin valor y efecto la sentencia emitida por el Tribunal accionado en el proceso en comento (15 septiembre 2021). <\/p>\n
En sustento adujo que adquiri\u00f3 el predio rural denominado \u00abEl Triunfo\u00bb ubicado en el municipio de San Vicente de Chucur\u00ed, por una compra que le hizo a Alirio Mac\u00edas Lizarazo. Seg\u00fan el actor \u00abla parcela o finca el triunfo me la despojo el tribunal superior de C\u00facuta seg\u00fan por restituci\u00f3n de tierras\u00bb. Precis\u00f3 que la autoridad judicial desconoci\u00f3 que compr\u00f3 la finca por un valor de $4.000.000.oo, de buena fe y que fue Alirio Macias Lizarazo quien se la ofreci\u00f3 directamente; adem\u00e1s, dedic\u00f3 varios a\u00f1os y parte de su vida para remodelarla \u00aba punta de jornales y pr\u00e9stamos para invertir y as\u00ed hacerle la vivienda para nuestro hogar\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, manifest\u00f3 que en el proceso de restituci\u00f3n no se garantiz\u00f3 su derecho defensa y fue desalojado de la finca sin que se le otorgara un lugar para vivir, desconoci\u00e9ndose as\u00ed su estado de vejez y el de su esposa. <\/p>\n
La protecci\u00f3n constitucional invocada no est\u00e1 llamada a prosperar habida cuenta que la sentencia objeto de censura fue proferida el 15 de septiembre de 2021, es decir que, desde dicha data hasta que se present\u00f3 el amparo el 13 de julio de 2022, han transcurrido m\u00e1s de seis (6) meses, t\u00e9rmino que esta Corporaci\u00f3n ha considerado como razonable para acudir a esta senda excepcional (CSJ STC196-2021 entre otras). (STC9680-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al ya existir un pronunciamiento constitucional por parte de esta Corporaci\u00f3n respecto del fallo de 15 de septiembre de 2021 proferido por el Tribunal encausado en el juicio de restituci\u00f3n de tierras con radicado 2017-00106, al existir identidad de partes, objeto, causa, esto es, dejar sin efecto la mencionada decisi\u00f3n, la salvaguarda se torna improcedente. <\/p>\n
Al respecto, frente al principio de la cosa juzgada constitucional, esta Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u2026la jurisprudencia ha identificado tres caracter\u00edsticas que permiten advertir cu\u00e1ndo, en el marco de una acci\u00f3n de tutela, se ha vulnerado el principio de la cosa juzgada, para ello es necesario que \u00ab(i) que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia; (ii) que en el nuevo proceso exista identidad jur\u00eddica de partes; (iii) que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; (iv) que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que origin\u00f3 el anterior, es decir, por los mismos hechos\u00bb1. <\/p>\n
Los elementos anteriores, son aquellos que, tradicionalmente han definido la cosa juzgada. En efecto, en la sentencia C-774 de 2001, la Corte Constitucional se refiri\u00f3 respecto de cada uno de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abLa identidad de objeto implica que ambas demandas deben versar sobre las mismas pretensiones, en otras palabras \u201ccuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relaci\u00f3n jur\u00eddica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente\u201d. <\/p>\n
La identidad de causa implica que, tanto el proceso que ya hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, como la nueva demanda, deben contener los mismos fundamentos f\u00e1cticos sustentando la pretensi\u00f3n. Lo anterior implica que cuando el segundo proceso tiene nuevos hechos o elementos, el juez puede pronunciarse \u00fanicamente respecto de estos \u00faltimos. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la identidad de partes, hace referencia a que \u201cal proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisi\u00f3n que constituye cosa juzgada\u201d\u00bb. <\/p>\n
3. Tambi\u00e9n se debe aclarar que, la Jurisprudencia ha considerado que algunas variaciones en las partes, los hechos o las pretensiones entre el proceso que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada y el nuevo escrito introductorio, no necesariamente conducen a concluir que no existe cosa juzgada, ante la presencia de algunas alteraciones parciales a la identidad, cuando ocurre algo de variaci\u00f3n de los hechos, pues se debe realizar un estudio profundo. As\u00ed, en la reciente sentencia T-427 de 2017, la Corte Constitucional concluy\u00f3 que \u00abalgunas alteraciones parciales a la identidad no necesariamente excluyen la cosa juzgada, ya que, de lo contrario, accionar a una persona m\u00e1s o una menos puede significar, en todo caso, una identidad de sujetos. De igual modo, una variaci\u00f3n de los hechos o un nuevo elemento que no tiene incidencia en las pretensiones ni en la decisi\u00f3n, tampoco puede ser raz\u00f3n per se para afirmar que no hay identidad de pretensiones, pues, agregar un hecho nuevo que no tenga incidencia en la decisi\u00f3n no puede justificar reabrir una controversia que ha cumplido el correspondiente tr\u00e1mite. Finalmente tener un mismo objetivo y pretensi\u00f3n no significa que deba existir una redacci\u00f3n id\u00e9ntica de las pretensiones de las dos acciones, sino, en cambio, que el juez pueda verificar que materialmente existe una pretensi\u00f3n equivalente\u00bb (CSJ, STC705-2020, 3 feb., rad. 2019-00179-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional. Sentencias T-019\/16 y T-427\/17. <\/p>\n
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