STC11137-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11137-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-02708-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Osvaldo Enrique Marenco Luque frente a la Sala Civil Especializada de Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2016-001881. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores a la dignidad humana, libertad de expresi\u00f3n, igualdad, a recibir informaci\u00f3n veraz e imparcial, al debido proceso, presunci\u00f3n de buena fe, entre otras. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 24 de septiembre de 2019, la autoridad judicial accionada profiri\u00f3 sentencia, amparando el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras invocado por los solicitantes H\u00e9ctor Petro Galeano y Mary Luz Ortiz Hern\u00e1ndez, del predio denominado \u201cParcela 14 Vayan Viendo\u201d, ubicado en el municipio de San Diego, departamento del Cesar. Respecto del opositor -tutelante- dispuso la compensaci\u00f3n \u00abde un predio de similares caracter\u00edsticas a las que tiene la heredad en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. La sentencia qued\u00f3 ejecutoriada el 6 de diciembre de 2019, por lo que, en cumplimiento del art\u00edculo 102 de la Ley 1448 de 2011, el Tribunal accionado adopt\u00f3 medidas tendientes a garantizar el cumplimiento del fallo, entre ellas, el auto del 18 de abril de 2022, el cual \u00abotorg\u00f3 un plazo m\u00e1ximo de 3 meses a Osvaldo Enrique Marenco Luque y a la Unidad de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, para la finalizaci\u00f3n del tr\u00e1mite relativo a la compensaci\u00f3n definitiva ordenada en la sentencia\u00bb y autoriz\u00f3 a la entidad a pagar en dinero el valor comercial del mismo, una vez vencido el t\u00e9rmino otorgado. <\/p>\n
2.3. Tras expirar el plazo otorgado para materializar la compensaci\u00f3n, a trav\u00e9s de auto del 22 de julio siguiente, el Tribunal orden\u00f3 a la UAEGRTD dar cumplimiento a lo establecido en el auto del 18 de abril de 2022 y, en virtud de ello, efectuar la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica, \u00abmediante el pago del valor comercial dictaminado por el IGAC, en aval\u00fao que obra dentro del proceso\u00bb; tambi\u00e9n orden\u00f3 que, recibido el dinero de la compensaci\u00f3n, se suspendiera el pago de las medidas transitorias que el accionante ven\u00eda recibiendo. <\/p>\n
2.4. Frente a la anterior decisi\u00f3n, el promotor, en escrito de la misma fecha, manifest\u00f3 que \u00abme abstengo de recibir la compensaci\u00f3n monetaria a la cual se refiere por tal motivo exijo a este tribunal me entregue el predio a compensar seg\u00fan el fallo 2016-00188\u00bb. <\/p>\n
2.5. El 9 de agosto pasado, el Tribunal no accedi\u00f3 a lo solicitado por el actor y orden\u00f3 a la UAEGRTD \u00absuspender el pago de las medidas transitorias una vez haya transcurrido el t\u00e9rmino de dos (2) meses, contado desde la notificaci\u00f3n del acto administrativo [\u2026] ordenando el pago de la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb reconocida al accionante. <\/p>\n
2.6. El promotor censura que el Tribunal, cambi\u00f3 el sentido del fallo y orden\u00f3 a la UAEGRTD realizar el pago de la compensaci\u00f3n en dinero, con lo cual lo est\u00e1 revictimizando y desplazando nuevamente, adem\u00e1s, de impedirle el acceso a la tierra. Destac\u00f3 que \u00abuna supuesta indemnizaci\u00f3n no da para comprar al d\u00eda de hoy un predio con las mismas caracter\u00edsticas del restituido\u00bb, por lo que se opone al pago ordenado y exige que se cumpla la sentencia, como se estipul\u00f3 originariamente, esto es, que se le entregue un predio similar al restituido. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se ordene al Tribunal el cumplimiento del fallo y la \u00abentrega de un predio en compensaci\u00f3n seg\u00fan lo dispuesto en el fallo 2016-00188 [\u2026] de igual manera que se restituyan los derechos de mis hijos seg\u00fan la ley 1098 de 2006\u00bb y que se le ordene sancionar a los funcionarios de la UAEGRTD a cargo del cumplimiento de la sentencia, \u00abque me han causado da\u00f1os y perjuicios transcurridos ya 32 meses del pos-fallo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior de Cartagena respald\u00f3 sus acciones y resalt\u00f3 que ha sido muy diligente, pues, a pesar de tener m\u00e1s de 300 procesos en etapa de seguimiento, \u00abha dedicado especial atenci\u00f3n al presente asunto para resolver todas y cada una de las peticiones formuladas por el opositor con la finalidad de dar cumplimiento efectivo a las \u00f3rdenes de la sentencia\u00bb y que esta es la quinta tutela que el actor promueve en contra de dicha Colegiatura. <\/p>\n
2. El ICETEX indic\u00f3 que, si la parte requiere acceso a una l\u00ednea de estudio subsidiada, puede postularse en la pr\u00f3xima convocatoria, para el per\u00edodo 2023-1. <\/p>\n
3. La Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV-, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-, la Agencia Nacional de Tierras -ANT- y la Agencia Nacional de Miner\u00eda -ANM- alegaron, en esencia, la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras inform\u00f3 que, en cumplimiento del auto del 18 de abril del a\u00f1o en curso, expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n RC-GF-00087 del 5 de agosto de 2022, para dar cumplimiento al pago del valor reconocido en el aval\u00fao comercial del predio objeto de restituci\u00f3n, para lo cual cit\u00f3 a los opositores a la notificaci\u00f3n personal el 11 de agosto pasado, a efectos de que comparezcan dentro de los cinco d\u00edas h\u00e1biles siguientes al recibo de dicha comunicaci\u00f3n y agreg\u00f3 que continuar\u00e1 realizando el pago mensual de los subsidios otorgados a favor del actor, en los t\u00e9rminos establecidos en el auto del 9 de agosto de 2022. <\/p>\n
5. Geovanny Ca\u00f1as Torres, defensor p\u00fablico en el proceso del accionante, coadyuv\u00f3 las pretensiones constitucionales. <\/p>\n
6. La Procuradora 22 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar inform\u00f3 que al actor ya le fue reconocida la compensaci\u00f3n en dinero, mediante resoluci\u00f3n RG-GF-00087 del 5 de agosto de 2022 y que, mediante oficio 1068, lo inform\u00f3 al Tribunal, cosa distinta es que aqu\u00e9l no quiera recibirla. Afirm\u00f3, en todo caso, que se le han respetados las garant\u00edas constitucionales reclamadas. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos del accionante, con ocasi\u00f3n de las decisiones del 18 de abril y del 9 de agosto del presente a\u00f1o, a trav\u00e9s de las cuales se facult\u00f3 y, posteriormente, se orden\u00f3 a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas a efectuar el pago en dinero del valor comercial del inmueble, con base en el aval\u00fao comercial elaborado por el IGAC, y no accedi\u00f3 a la solicitud del promotor de continuar con la b\u00fasqueda de predios, para la compensaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, frente a dicho auto y las decisiones all\u00ed adoptadas, se impone estarse a lo resuelto en la acci\u00f3n constitucional previa, pues no es posible reabrir el debate. Lo anterior, por cuanto, si bien entre la referida tutela y la actual, el promotor modifica los argumentos y al parecer intenta fraccionar las determinaciones adoptadas, se observa que el fin perseguido es el mismo, esto es, reprochar el auto del 18 de abril de 2022 y las \u00f3rdenes all\u00ed emitidas en torno a la compensaci\u00f3n ordenada en el fallo del 24 de septiembre de 2019 a su favor, el aval\u00fao comercial obrante en el proceso y el pago en dinero, de no llegarse a un acuerdo, como en efecto ocurri\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sostenido que, \u00abaunque se pretenda reabrir el debate con algunos argumentos o hechos nuevos y modificando la pretensi\u00f3n, no es posible volver a analizar el asunto, dado que ya fue objeto de reciente decisi\u00f3n en sede constitucional, por lo que se impone estarse a lo all\u00ed resuelto\u00bb (CSJ STC1943-2022, reiterada en CSJ STC5036-2022). <\/p>\n
Igualmente, como lo ha establecido la jurisprudencia2, el juez constitucional est\u00e1 dotado de amplias facultades, raz\u00f3n por la cual, cuando decide un asunto, no est\u00e1 limitado a los argumentos de las partes y, por tanto, al validar una actuaci\u00f3n y estimar que no se vulneraron derechos o que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, no es viable formular ni resolver nuevos amparos que, en \u00faltimas, tienen el mismo objeto, pues ello har\u00eda interminable el debate constitucional, atentar\u00eda contra la autonom\u00eda e independencia de los jueces y afectar\u00eda el principio de la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
3. Ahora bien, revisadas las probanzas adosadas al plenario se evidencia que, en el auto del 9 de agosto pasado, el Tribunal demandado, al resolver la solicitud del accionante frente al auto de seguimiento de 22 de julio de 2022, que orden\u00f3 a la UAEGRTD dar cumplimiento a lo dispuesto en el prove\u00eddo del 18 de abril anterior, para que efectuara la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica al promotor, mediante el pago del valor comercial dictaminado por el IGAC, y que dispuso, igualmente, que recibido el dinero se suspendiera el pago de las medidas transitorias de arriendo y alimentaci\u00f3n que este viene recibiendo, refiri\u00f3 que: <\/p>\n
[\u2026] no es posible acceder a su solicitud de continuidad en la b\u00fasqueda de predios para la compensaci\u00f3n por equivalente pues como se puede evidenciar a lo largo de toda la extensa actuaci\u00f3n de este proceso, han sido infructuosos los intentos de conseguir un predio que se ajuste a las condiciones exigidas por el se\u00f1or OSVALDO MARENCO, habiendo transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde el inicio de dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en el informe del primero de julio del presente a\u00f1o allegado por la UAEGRTD, esta le expres\u00f3 que actualmente \u00abel FONDO de dicha entidad no cuenta con predios disponibles para efectuar la compensaci\u00f3n. Por ello, se iniciaron gestiones para la b\u00fasqueda de inmuebles [\u2026] pero sobre ellos no se inici\u00f3 ning\u00fan tr\u00e1mite administrativo ya que no fueron aceptados\u00bb por el accionante. <\/p>\n
Por tal motivo, consider\u00f3 que esa situaci\u00f3n no pod\u00eda seguir prolong\u00e1ndose indefinidamente en el tiempo, \u00aben atenci\u00f3n al impacto fiscal que tienen las medidas transitorias que mensualmente le est\u00e1n siendo reconocidas [\u2026] mientras se materializa la compensaci\u00f3n y al desgaste del aparato jurisdiccional generado por esta situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En desarrollo de tal argumento expres\u00f3 que, con base en lo dispuesto en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011, mediante auto del 18 de abril del presente a\u00f1o concedi\u00f3 al actor y a la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras tres (3) meses, para la finalizaci\u00f3n del tr\u00e1mite relativo a la compensaci\u00f3n definitiva y que, si al finalizar dicho plazo, ello no hab\u00eda sido posible, facultaba a la UAEGRTD para efectuar el pago en dinero del valor comercial del inmueble, conforme al aval\u00fao comercial, y dado que dicho plazo expir\u00f3 el 21 de julio de 2022, mediante auto del 22 de esos mismos mes y a\u00f1o orden\u00f3 a la UAEGRTD hacer efectiva la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica, para materializar as\u00ed el cumplimiento del fallo. <\/p>\n
Bajo ese escenario, indic\u00f3 que, en atenci\u00f3n a la condici\u00f3n de vulnerabilidad del actor y su n\u00facleo familiar, fue \u00absupremamente garantista [\u2026] y por ello, fue m\u00e1s all\u00e1 de lo que los reglamentos de la UAEGRTD disponen en estos casos de imposibilidad para encontrar un predio de agrado del beneficiario\u00bb; por lo que era m\u00e1s que justificado dar por terminado el tr\u00e1mite, para agotar la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica. Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026ordenada como viene la compensaci\u00f3n monetaria y resultando esta suficiente para garantizar sus derechos y ante la imposibilidad de mantener indefinidamente las medidas transitorias, se hace necesario establecer una nueva condici\u00f3n y t\u00e9rmino para efectos de finalizar la entrega de estas. En ese orden de ideas, considera esta Sala que la UAEGRTD debe suspender el pago de las medidas transitorias una vez haya transcurrido el t\u00e9rmino de dos (2) meses, contado desde la notificaci\u00f3n del acto administrativo expedido por parte de la UAEGRTD ordenando el pago de la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica al se\u00f1or OSVALDO MARENCO. Este lapso se considera como el t\u00e9rmino razonable dentro del cual podr\u00e1 hacer el beneficiario la inversi\u00f3n que m\u00e1s considere pertinente para sus intereses y situaci\u00f3n actual. <\/p>\n
De esta manera, se garantizar\u00e1 la sostenibilidad fiscal del proceso de restituci\u00f3n de tierras y se concluye en forma definitiva el tr\u00e1mite de la compensaci\u00f3n ordenada a favor del se\u00f1or OSVALDO MARENCO. Finalmente, se advierte que corresponder\u00e1 a la UAEGRTD realizar las gestiones administrativas o procesos judiciales pertinentes para asegurar que el se\u00f1or OSVALDO MARENCO LUQUE reciba el dinero por concepto de compensaci\u00f3n a \u00e9l reconocido. <\/p>\n
3.1. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, de un lado, es consecuencia de lo definido en el auto del 18 de abril de 2022, el cual, como se indic\u00f3 en previa oportunidad, no vulner\u00f3 los derechos de la parte; y, de otro, se sustent\u00f3 en las actuaciones realizadas, las distintas y numerosas gestiones surtidas en el proceso de restituci\u00f3n con miras a garantizar los derechos del se\u00f1or Marenco Luque y la normatividad que gobierna el asunto, bajo una hermen\u00e9utica plausible, que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la decisi\u00f3n se motiv\u00f3 en el impacto fiscal que tienen las medidas transitorias de arriendo y alimentaci\u00f3n que mensualmente vienen siendo reconocidas al accionante, am\u00e9n de los siete inmuebles que este rechaz\u00f3, por lo que dicha situaci\u00f3n no pod\u00eda seguir prolong\u00e1ndose indefinidamente, m\u00e1xime teniendo en cuenta que el manual t\u00e9cnico operativo de la Unidad de Restituci\u00f3n, aplicable por analog\u00eda a los opositores compensados en equivalencia, dispone solo de dos opciones para agotar dicha compensaci\u00f3n, por lo que fue en extremo garantista, en atenci\u00f3n a las condiciones de vulnerabilidad del promotor. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas y a tono con la actuaci\u00f3n procesal analizada no se vislumbra la vulneraci\u00f3n de los derechos alegada. En el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb3. <\/p>\n
4. Por las razones anotadas, se niega la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Territorial Despojadas, Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras, Emiz Karina Palmezano Guerra, Mariluz Ortiz Hern\u00e1ndez, H\u00e9ctor Petro Galeano, Juzgado Tercero Civil Especializado de Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar y la Procuradur\u00eda Judicial Veintid\u00f3s Para Restituci\u00f3n de Tierras. <\/p>\n
2\u0002 En similares t\u00e9rminos ver CSJ STC12991-2021. <\/p>\n
3\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias STC9955-2022, STC7600-2022, STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11137-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC11137-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-02708-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Osvaldo Enrique […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66342","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66342","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66342"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66342\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66342"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66342"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66342"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}