STC11146-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11146-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02711-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Edgar Hern\u00e1ndez Ferro, quien dice actuar como apoderado de los se\u00f1ores Jairo y Nelson Ramos Prado, en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y a las partes e intervinientes del proceso cuestionado. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y debida administraci\u00f3n de justicia de los se\u00f1ores Jairo y Nelson Ramos Prado. <\/p>\n
2. En sustento sostuvo que recibi\u00f3 poder de los citados se\u00f1ores, para representarlos como demandados en el juicio ejecutivo de radicado 2015-0072500, adelantado en su contra y en la de \u00c1ngel Said Madarriaga Reyes, instaurado por Luis Alejandro Iriarte Ontiveros, Jitka Miluska Iriarte Virg\u00fcez y Luis Alejandro Iriarte Virg\u00fcez, con el fin de perseguir el cobro atrasado de unos c\u00e1nones de arrendamiento. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, ante el cual se presentaron excepciones de fondo. <\/p>\n
2.1. El 25 de agosto de 2021, aqu\u00e9l resolvi\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n respecto del demandado \u00c1ngel Said Madarriaga Reyes y declar\u00f3 probadas las excepciones de cobro de lo no debido y falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva frente a los defendidos del tutelante. <\/p>\n
2.2. La parte demandante apel\u00f3, y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por pronunciamiento del 10 de febrero de 2022, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y dispuso continuar la ejecuci\u00f3n en contra de todos los demandados. <\/p>\n
2.3. Afirm\u00f3 que dicho fallo constituye una clara violaci\u00f3n a los derechos constitucionales de sus mandantes, toda vez que el Tribunal desconoci\u00f3 que la acci\u00f3n ejecutiva \u00abno se inici\u00f3 \u00fanicamente con el contrato de arrendamiento primigenio\u00bb, sino, como lo anot\u00f3 el Juez de Primera Instancia, \u00abse aport\u00f3 tambi\u00e9n como t\u00edtulo ejecutivo, la sentencia del Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en donde curs\u00f3 el proceso de regulaci\u00f3n de c\u00e1nones de arrendamiento promovido por los aqu\u00ed demandantes en contra de \u00c1ngel Said Madarriaga\u00bb, determinaci\u00f3n que implic\u00f3 que el contrato de arrendamiento fuera modificado en sus condiciones iniciales, espec\u00edficamente, lo relativo a la cl\u00e1usula del canon y las personas obligadas a su pago. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, para que un contrato pueda ser modificado, debe existir consenso de todas las partes, pero ello no ocurri\u00f3 en este caso, pues no \u00abse tuvo en cuenta a sus representados\u00bb. Advirti\u00f3 tambi\u00e9n que la autoridad judicial convocada no analiz\u00f3 que los accionantes \u00abfueron quienes solicitaron mediante demanda la regulaci\u00f3n de un nuevo canon de arrendamiento y [\u2026] escogieron como \u00fanico deudor y demandado al se\u00f1or \u00c1ngel Said Madarriaga\u00bb. <\/p>\n
Expuso que el juez plural \u00abomiti\u00f3 el pronunciamiento de que trata el art\u00edculo 282 inciso 3 del CGP, frente a las dem\u00e1s excepciones planteadas\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, dejar sin efecto la sentencia del 10 de febrero de 2022 y que se profiera el fallo que en derecho corresponda. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que su actuaci\u00f3n se ajust\u00f3 a la legalidad. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende el amparo de los derechos fundamentales de quienes dice representar, que considera vulnerados por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al proferir la sentencia del 10 de febrero de 2022. <\/p>\n
2. Visto el material probatorio, observa la Sala que el actor no se encuentra legitimado para instaurar la presente tutela, dado que no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye a la colegiatura accionada, no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte a intervenir en esta causa y no acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficioso. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, indica que \u00abse pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En torno a la legitimaci\u00f3n por activa de los apoderados judiciales, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
la legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa. (Se subraya). CSJ STC1042-2019. <\/p>\n
De igual forma, esta Sala ha dicho que: <\/p>\n
(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. (Se subraya). CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
En ese orden, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Bajo las anteriores circunstancias, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial necesario debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n (Se subraya)1. <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se habr\u00edan vulnerado en el juicio rebatido a quienes dice representar en esta causa; sin embargo, no alleg\u00f3 poder especial para actuar en esta senda extraordinaria, en los t\u00e9rminos indicados, y tampoco aleg\u00f3 ni demostr\u00f3 las condiciones para intervenir como agente oficioso, por lo cual resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado, ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
3. Con base en estas consideraciones, la Sala denegar\u00e1 la salvaguarda solicitada, por improcedente. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11146-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC11146-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02711-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Edgar Hern\u00e1ndez Ferro, quien […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66350","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66350","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66350"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66350\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66350"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66350"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66350"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}