STC11150-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11150-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02240-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Oscar Iv\u00e1n Becerra D\u00edaz contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Duitama. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n y dem\u00e1s intervinientes en el proceso penal de radicado 2015-00356-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s apoderada judicial, reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y buen nombre, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en la causa referida. <\/p>\n
2. El accionante manifiesta que fue \u00abimputado y llevado a juicio por el delito de fraude a resoluci\u00f3n judicial\u00bb. Al respecto, menciona que la Fiscal\u00eda Seccional 10 de Duitama radic\u00f3 \u00abescrito de acusaci\u00f3n el 20 de octubre de 2016 y la audiencia para su formulaci\u00f3n se realiz\u00f3 el 9 de junio de 2017\u00bb. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, se\u00f1ala que el 10 de mayo de 2019 \u00abse dio lectura a la sentencia de primera instancia\u00bb, con la cual, result\u00f3 condenado a la pena principal de 20 meses de prisi\u00f3n y multa de 5 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. Indica que inconforme con ello, apel\u00f3 la misma. Y, anota que con fallo del 8 de agosto de 2019, \u00ab[\u2026] la Sala Segunda de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de [\u2026] Santa Rosa de Viterbo [\u2026] confirm\u00f3 en su integridad el fallo\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, refiere que \u00abcontra las sentencias de primera y segunda instancia, se interpuso y sustent\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n. La demanda fue inadmitida por la Corte Suprema de Justicia por lo que se acudi\u00f3 al mecanismo de insistencia, agostando as\u00ed, todas las actuaciones procedentes dentro del proceso penal [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, por v\u00eda de tutela, el gestor anota que las decisiones de instancia atacadas, resultan contrarias a las pruebas obrantes al juicio de marras. Por tanto, considera que los juzgadores incurrieron en \u00abdefecto f\u00e1ctico y defecto procedimental absoluto, debido a los errores en que incurrieron los falladores en el diligenciamiento, y de no haber incurrido los jueces en esa falencia, el fallo hubiera sido de car\u00e1cter absolutorio\u00bb. <\/p>\n
Agrega, que los jueces de primer y segundo grado dieron por descontada la tipicidad, pues \u00abpresumieron los elementos del tipo penal y con esas falencias emitieron fallo de condena. Concretamente las instancias consideraron que el ente acusador prob\u00f3 la existencia de una orden judicial de secuestro de veh\u00edculo [\u2026], cuando la realidad indica, que la presencialidad de tal orden brill\u00f3 por su ausencia en el diligenciamiento; las instancias confunden las medidas cautelares de embargo y secuestro como si fueran una sola; pasan por alto que la orden que las decreta debe cumplir los requisitos legales, que cada una tiene una oportunidad, cada una tiene su propia ritualidad, que esa gesti\u00f3n se encuentra regulada en el c\u00f3digo general del proceso y, que la normativa penal, si bien permite la pr\u00e1ctica de medidas cautelares; en lo que respecta al tr\u00e1mite remite a la legislaci\u00f3n civil no s\u00f3lo en virtud del principio de integraci\u00f3n, sino tambi\u00e9n de manera expresa en el art\u00edculo 92 de la Ley 906 de 2004 [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo expuesto, solicita \u00abdejar sin efecto las sentencias proferidas por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Duitama [\u2026], el 10 de mayo de 2019 y la sentencia de la Sala \u00danica del Tribunal Superior [\u2026] de Santa Rosa de Viterbo [\u2026] de fecha 8 de agosto de 2019, declarando la inocencia absoluta del [accionante]\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. Luis Ignacio Gonz\u00e1lez Cuervo manifest\u00f3 que el accionante pretende \u00abrevivir un proceso a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de tutela, cuando en efecto [\u2026] pretendi\u00f3 de manera fraudulenta burlar la justicia y ocultar la \u00fanica garant\u00eda que a\u00fan se tiene dentro del tr\u00e1mite procesal del asunto principal 2013 001922 que se encuentra cursando en casaci\u00f3n, esto no es m\u00e1s que otra de sus maniobras por liberar el veh\u00edculo y as\u00ed dejar sin garant\u00eda el pago de unos perjuicios que son consecuencia del actuar penal [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Duitama se\u00f1al\u00f3 que frente a la actuaci\u00f3n surtida \u00abno se avizora que el accionante se le haya vulnerado o amenazado derecho fundamental alguno [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales del promotor, con ocasi\u00f3n de la sentencia dictada el 8 de agosto de 2019, que confirm\u00f3 la del 10 de mayo de esa misma anualidad, con la cual, fue condenado a la pena de 20 meses de prisi\u00f3n. Ello pues, estima que se incurri\u00f3 en los defectos f\u00e1ctico y procedimental al no valorarse debidamente las pruebas arrimadas a dicha causa y confundir las medidas cautelares de embargo y secuestro. <\/p>\n
2. Esta Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional invocado, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. Ciertamente, el actor no formul\u00f3 adecuadamente su acusaci\u00f3n frente a las sentencias de instancia. Dicho descuido, llev\u00f3 a la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n abstenerse de analizar de fondo lo aqu\u00ed expuesto. En efecto, el recurrente postul\u00f3 un cargo con fundamento en <\/p>\n
[\u2026] la causal tercera de casaci\u00f3n, por error de hecho derivado de un falso juicio de identidad, por adici\u00f3n, que condujo a la indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 454 del C\u00f3digo Penal y a la falta de aplicaci\u00f3n de los preceptos 9 y 19 de la misma normativa [\u2026] Aduce que los falladores dedujeron que, en la decisi\u00f3n del 27 de enero de 2014, proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garant\u00edas de Duitama, adem\u00e1s del embargo sobre el veh\u00edculo de placas SQA-469, se hab\u00eda ordenado la medida cautelar de secuestro del mismo, lo cual no coincide con el contenido objetivo de tal decisi\u00f3n, conforme al acta de la respectiva audiencia, incorporada por la Fiscal\u00eda a trav\u00e9s de la investigadora del C.T.I. [\u2026] A causa de ese error se conden\u00f3 a su representado, con el argumento de que obstaculiz\u00f3 el secuestro del rodante, cuando dicha medida ni siquiera hab\u00eda sido decretada\u00bb. <\/p>\n
2.1. Frente a ello, la homologa penal -con auto del 26 de mayo de 20211- consider\u00f3 que \u00abser\u00e1 inadmitida porque no cumple las exigencias de orden t\u00e9cnico y de fundamentaci\u00f3n que habiliten un estudio de fondo, ni comprueba que el fallo de casaci\u00f3n es indispensable para alcanzar alguna de las finalidades consagradas en el art\u00edculo 180 de la Ley 906 de 2004\u00bb. Adem\u00e1s, estim\u00f3 que \u00abes patente que la desatenci\u00f3n a todos esos presupuestos termina por convertir el reparo en un t\u00edpico alegato de instancia, donde solo predomina el criterio de la demandante, quien hace una lectura fraccionada de la decisi\u00f3n de medidas cautelares dictada el 27 de enero de 2014 por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas de Duitama, dentro del proceso seguido contra el acusado por el delito de hurto calificado y agravado y omite cotejar lo que dijo el fallador al respecto\u00bb. Asimismo, encontr\u00f3 que el censor \u00abpromueve un debate generalizado, inconsistente y particularmente ajeno a los temas que fueron objeto de an\u00e1lisis en las instancias, el cual, l\u00f3gicamente, carece de virtualidad para derrumbar las bases de la sentencia recurrida porque no se aproxima a demostrar su ilegalidad\u00bb. <\/p>\n
3. En ese orden, it\u00e9rese, se observa que el actor no interpuso debidamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a las decisiones de los estrados de instancias que decidieron condenarlo penalmente. Por lo tanto, el gestor tuvo la posibilidad de exponer las razones de su inconformidad -por medio de las herramientas ordinarias-, para reclamar en pro de sus intereses y contradecir lo que ahora pretende por esta v\u00eda. Empero, por su propia incuria dej\u00f3 fenecer dicha oportunidad. <\/p>\n
En un caso de contornos similares, la Sala sostuvo que <\/p>\n
El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone al demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura. La ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional, para subsanar falencias en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa previstos por el legislador en el curso del proceso. Cuando se verifican desidias como la comentada, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica al sostener: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [ante la negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u2018judicial\u2019 de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ. STC de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada en CSJ STC15185-2021). <\/p>\n
4. Por lo considerado, se declarar\u00e1 improcedente el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 AP2063-2021. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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