STC11151-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11151-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02686-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Axede S.A. en reorganizaci\u00f3n, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, que dice vulneradas por las sedes judiciales accionadas. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, se ordene a las prenombradas que \u00abprofieran auto admitiendo el aporte y la pr\u00e1ctica de la prueba pericial financiera solicitada en tiempo por la parte demandante y accionante en sede de tutela (\u2026) otorgar un t\u00e9rmino judicial, como lo indica la ley para el aporte de este medio demostrativo; (\u2026) que empleen los poderes de que trata el art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso para que las Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn (EPM) colaboren con el suministro del estudio de mercado y toda la informaci\u00f3n necesaria para la elaboraci\u00f3n del dictamen pericial financiero\u00bb y, de otro lado, que \u00abprofieran auto admitiendo que la exhibici\u00f3n de documentos incluya el contrato denominado como CW2578 y del proceso de selecci\u00f3n CRW7336 que se adelant\u00f3 para llegar a la celebraci\u00f3n del precitado contrato\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Axede S.A. en reorganizaci\u00f3n se present\u00f3 a un proceso de adjudicaci\u00f3n adelantado por EPM, el cual finalmente gan\u00f3 la empresa MVM Ingenier\u00eda de Software S.A.S. \u00aba trav\u00e9s de unos precios artificialmente bajos y por fuera del mercado, los cuales son prohibidos por normas de contrataci\u00f3n\u00bb, por lo cual aquella present\u00f3 demanda por competencia desleal contra las precitadas, para ello, previamente le pidi\u00f3 en varias oportunidades a EPM le entregara el \u00abestudio de mercado\u00bb que debi\u00f3 tener en cuenta para el proceso de contrataci\u00f3n, \u00abdado que all\u00ed reposan los estudios de los valores que se cobran en el mercado en virtud del servicio que se requer\u00eda en virtud del proceso de adjudicaci\u00f3n de un contrato\u00bb, pero la empresa de servicios p\u00fablicos nunca entreg\u00f3 el documento, aun cuando era necesario para elaborar el dictamen, porque determinaba el valor hora por ingeniero, sobre el cual se alega que hubo \u00abprecios artificialmente bajos\u00bb. <\/p>\n
2.3. En auto del 6 de septiembre de 2021 el Juzgado cognoscente cit\u00f3 a la audiencia inicial y neg\u00f3 el decreto del dictamen pericial, por no haber sido aportado oportunamente, decisi\u00f3n que la actora atac\u00f3 mediante los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, insistiendo en que EPM nunca entreg\u00f3 el estudio de mercado necesario para la elaboraci\u00f3n del dictamen, no obstante, lo definido fue mantenido y se concedi\u00f3 la alzada, la cual fue resuelta el 27 de abril del presente a\u00f1o por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, confirmando lo decidido. <\/p>\n
2.4. Sostiene la gestora, de otro lado, que desde el inicio aleg\u00f3 dentro del referido proceso, deslealtad de EPM y MVM Ingenier\u00eda dentro del \u00abproceso de selecci\u00f3n CRW7336 que deriv\u00f3 en un contrato identificado con el n\u00famero CW25782\u00bb, por lo cual pidi\u00f3 la exhibici\u00f3n de los documentos del precitado contrato, con el fin de demostrar que MVM Ingenier\u00eda no contaba con personal capacitado para ejecutarlo, no obstante, el juzgado accionado orden\u00f3 la exhibici\u00f3n solo en lo referente al \u00abcontrato CRW7336\u00bb, pese a que en realidad se trata de un proceso de selecci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. La accionante replic\u00f3 contra el precitado auto mediante los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, pero fue mantenido y posteriormente confirmado el 23 de abril de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, lo cual le impedir\u00eda demostrar que MVM Ingenier\u00eda se llev\u00f3 ilegalmente sus empleados para poder cumplir con el contrato adjudicado, m\u00e1xime porque se limit\u00f3 la exhibici\u00f3n documental a diez meses antes y diez meses despu\u00e9s del proceso de selecci\u00f3n, cuando lo que se necesita son los documentos de la ejecuci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
2.6. La gestora asegura, en s\u00edntesis, que las decisiones cuestionadas, con que se rechaz\u00f3 el aporte del dictamen pericial solicitado en tiempo, contrari\u00e1ndose el art\u00edculo 227 del C\u00f3digo General del Proceso, y, se decret\u00f3 la exhibici\u00f3n de un contrato \u00abque no existe\u00bb, omiti\u00e9ndose el verdaderamente solicitado, afectan su derecho a la prueba y le generan un perjuicio irremediable, ya que se encuentra en reorganizaci\u00f3n y adelanta el proceso cuestionado con el prop\u00f3sito de recuperar unos cr\u00e9ditos a su favor, para lo cual a su vez requiere de pruebas s\u00f3lidas. <\/p>\n
2.7. Sostiene que el estrado cognoscente omiti\u00f3 hacer uso de sus poderes de ordenaci\u00f3n para conminar a EPM a entregar el estudio de mercado, pese a que sab\u00eda que era necesario para elaborar el dictamen pericial, trabajo \u00e9ste que cobr\u00f3 mayor relevancia cuando se objet\u00f3 el juramento estimatorio, de ah\u00ed que insisti\u00f3 en su elaboraci\u00f3n al descorrer el traslado de esa oposici\u00f3n. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la misma ciudad limitaron su intervenci\u00f3n a remitir el acceso al expediente del proceso criticado. <\/p>\n
2. EPM hizo un breve recuento de lo acontecido dentro del decurso reprochado y resalt\u00f3 que la accionante recurri\u00f3 las decisiones que ahora cuestiona y fueron sostenidas por el juzgado y la colegiatura accionadas, por lo que se acude a la tutela como una \u00abtercera instancia\u00bb, con todo, aleg\u00f3 incumplido el presupuesto de la inmediatez y aleg\u00f3 carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por no haber proferido los prove\u00eddos objeto de inconformidad. <\/p>\n
3. MVM Ingenier\u00eda de Software S.A.S. se manifest\u00f3 frente a los hechos de la solicitud de protecci\u00f3n y pidi\u00f3 se niegue la misma, para lo cual aleg\u00f3 incumplido el requisito de procedibilidad de la inmediatez por haber transcurrido m\u00e1s de \u00abtres meses\u00bb desde la fecha de emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n que cuestiona, sin que, adem\u00e1s, se observe que lo decidido por las autoridades convocadas sea susceptible de intervenci\u00f3n constitucional, por cuando se fund\u00f3 adecuadamente. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto las quejas de la accionante fueron abordadas en auto de 27 de abril de 2022 de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 9 de septiembre de 2021 del Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la misma ciudad, con que se negaron algunas pruebas solicitadas por aquella, con argumentos que no lucen arbitrarios. <\/p>\n
3. Se observa que, en la decisi\u00f3n de segundo grado antes individualizada, \u00fanica sobre la que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis porque cerr\u00f3 la discusi\u00f3n sobre la tem\u00e1tica aqu\u00ed propuesta, la Colegiatura accionada hizo un recuento de lo acontecido durante el juicio con \u00e9nfasis en la actividad probatoria, para a continuaci\u00f3n citar el contenido de los art\u00edculo 226, 265, 266, 275 y 276 del C\u00f3digo General Proceso, sobre la procedencia la prueba pericial, el deber de colaboraci\u00f3n de las partes con el perito, la procedencia de la prueba de exhibici\u00f3n, su tr\u00e1mite, y, la procedencia y par\u00e1metros de la prueba de informe, para en seguida descender sobre el caso concreto, cuya tem\u00e1tica a resolver la encuadr\u00f3 en determinar, \u00absi la decisi\u00f3n proferida por el juez de primer grado en cuanto a la negaci\u00f3n del decreto de la prueba pericial, y de la exhibici\u00f3n de documentos, al igual que la limitaci\u00f3n a la prueba por informe se encuentra ajustada a derecho, pues seg\u00fan la entidad recurrente, el dictamen pericial no se ha podido arrimar porque falta un documento denominado \u201cestudio de mercado\u201d, que se encuentra en poder de EPM, a lo cual agrega que tanto la exhibici\u00f3n de documentos como la prueba por informe, no se deben limitar al proceso de selecci\u00f3n CRW7336 sino que se debe incluir el contrato identificado con el n\u00famero CW25782\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, el Tribunal anticip\u00f3 que \u00abde entrada encuentra que lo resuelto por el juzgado de primera instancia se acompasa con el ordenamiento jur\u00eddico en tanto que, la parte demandante no solicit\u00f3 el dictamen pericial en debida forma; y, en relaci\u00f3n con la exhibici\u00f3n de documentos y la prueba por informe, se observa que la limitaci\u00f3n temporal que el juzgado le hizo a 10 meses antes y 10 meses despu\u00e9s del proceso de selecci\u00f3n es razonable debido a que, lo pretendido en la demanda es la declaratoria de competencia desleal en el proceso de selecci\u00f3n efectuado por EPM llevado a cabo en un lapso comprendido en el tiempo demarcado por el juez\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo primero memor\u00f3 que \u00aben los escritos de demanda y respuesta a la objeci\u00f3n la entidad accionante en el libelo genitor y en el escrito que descorri\u00f3 el traslado a la objeci\u00f3n del juramento estimatorio, solicit\u00f3 se practicara dictamen pericial con el fin de demostrar la suma establecida en el juramento y las pretensiones dinerarias, para ello, pidi\u00f3 se le otorgara un t\u00e9rmino para aportarlo, pues en ese momento no contaba con la experticia, no obstante, el juzgado nunca se pronunci\u00f3 al respecto pues no defini\u00f3 un t\u00e9rmino para que se arrimara el dictamen pericial, sin embargo, el tiempo sigui\u00f3 corriendo sin que la sociedad demandante hubiera allegado el medio de prueba en alguna de las oportunidades probatorias, que se fue dando a lo largo del tr\u00e1mite de la demanda y las excepciones. Ahora, en el recurso formulado, la interesada adujo que el dictamen no hab\u00eda sido aportado porque faltaba el documento \u201cestudio de mercado\u201d, el cual se encontraba en poder de EPM\u00bb. <\/p>\n
De la situaci\u00f3n coligi\u00f3 que \u00aben el tr\u00e1mite judicial seguido se constata que a pesar de que el juzgado de primer nivel no otorg\u00f3 un t\u00e9rmino para que se allegara el dictamen pericial, la parte interesada no insisti\u00f3 en dicha solicitud ni en alguna de las oportunidades probatorias arrim\u00f3 la experticia que pretend\u00eda hacer valer. A esto se suma que solo al momento de formular el recurso contra la negaci\u00f3n del decreto de la prueba, la demandante expuso que requer\u00eda de la colaboraci\u00f3n de una de las entidades codemandadas para la emisi\u00f3n de la pericia, sin tener en cuenta que dicha circunstancia como impedimento para la obtenci\u00f3n de esta, debi\u00f3 ser expresada desde un principio y que en todo caso, de conformidad con el art\u00edculo 233 del C\u00f3digo General del Proceso, en caso de que las partes no estuviesen prestas a contribuir con lo requerido por el experto, as\u00ed tendr\u00eda que constar en el dictamen respectivo para la imposici\u00f3n de las sanciones probatorias correspondientes, pero en esta ocasi\u00f3n como ya se vio la expresi\u00f3n de tal necesidad no fue oportuna, ni la parte requirente control\u00f3 la omisi\u00f3n en cuanto a que se le fijara el t\u00e9rmino solicitado, pese a contar con los mecanismos procesales para ese efecto\u00bb. <\/p>\n
En seguida consider\u00f3 que, \u00aben lo que tiene que ver con la exhibici\u00f3n de documentos la decisi\u00f3n del juez de instancia es acertada, pues si bien en el escrito de demanda se hace referencia al contrato CW25782, lo cierto es que la inconformidad no deviene del contrato en s\u00ed, sino del proceso de selecci\u00f3n CRW7336, y que, en atenci\u00f3n a lo referido por la accionante en cuanto a que la afectaci\u00f3n anunciada persisti\u00f3 con posterioridad a la terminaci\u00f3n del proceso de selecci\u00f3n, el l\u00edmite temporal fijado por el juez en su condici\u00f3n de director del proceso, es admisible, pues la exhibici\u00f3n de documentos de los 10 meses previos a la terminaci\u00f3n de la selecci\u00f3n y a los 10 meses posteriores a ese hecho resulta un lapso razonable\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el juzgado y posteriormente el Tribunal determinaron a partir del an\u00e1lisis del acontecer procesal y las normas adjetivas que rigen el caso, que la aqu\u00ed accionante no solicit\u00f3 correctamente la prueba pericial, pues aunque desde la presentaci\u00f3n de la demanda pidi\u00f3 un tiempo para aportarla y el juzgador de primer grado nada dijo al respecto, nada manifest\u00f3 frente a la omisi\u00f3n y solo cuando le fue negada por no haber sido allegada, aleg\u00f3 que se deb\u00eda a que requer\u00eda de una documentaci\u00f3n en manos de una de las demandadas, cuando bien pudo alegar la situaci\u00f3n desde el inicio del juicio para que se hubiese hecho uso de los poderes de ordenaci\u00f3n para el buen suceso de la probanza. <\/p>\n
De otro lado, la Colegiatura encontr\u00f3 que si bien es cierto uno es el proceso de contrataci\u00f3n donde se dice ocurrieron los actos de competencia desleal y otro el contrato como tal, era admisible y suficiente para los fines del juicio, que la contratante exhibiera los documentos correspondientes a 10 meses antes y 10 meses despu\u00e9s de dicho proceso, como lo estableci\u00f3 el juez como director del proceso. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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