STC11153-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11153-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02710-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Giovanny Manuel Mendoza Leal contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por el estrado accionado. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, \u00abadoptar todas las medidas necesarias para hacer cesar todo efecto jur\u00eddico de cualquier providencia o decisi\u00f3n que se haya emitido en atenci\u00f3n a lo resuelto por el Tribunal, respectivamente, al interior de la acci\u00f3n de tutela impetrada\u00bb y \u00abcompulsar copias de todo lo actuado a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y al Consejo Seccional de la Judicatura, para que, si lo tienen a bien, adelanten las investigaciones de rigor de cara a determinar si la conducta del Magistrado y Juez demandados constituye alguna falta a la ley\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chigorod\u00f3 conoci\u00f3 del proceso que el accionante promovi\u00f3 contra su hija Valeria Mendoza Murillo para exoneraci\u00f3n de alimentos, actuaci\u00f3n dentro de la cual se decret\u00f3 la medida cautelar de suspensi\u00f3n del pago de los mismos, a la par, \u00e9sta lo demand\u00f3 ejecutivamente ante el mismo estrado, reclamando cuotas alimentarias en mora, decurso donde \u00e9l contest\u00f3 extempor\u00e1neamente la demanda, pero como hab\u00eda pagado toda la obligaci\u00f3n, pidi\u00f3 la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n, no obstante, el 24 de febrero de 2021 se orden\u00f3 seguir adelante con la misma, sin acceder a sus varias solicitudes para finiquitar la actuaci\u00f3n por pago. <\/p>\n
2.2. Sostiene el actor que en la ejecuci\u00f3n se viol\u00f3 la suspensi\u00f3n de pago de alimentos ordenada en el proceso para exoneraci\u00f3n de los mismos, porque en el Banco Agrario no aparec\u00edan depositados todos los dineros que le hab\u00edan descontado de su salario, situaci\u00f3n por la cual interpuso una acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chigorod\u00f3, a la postre negada por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
2.3. Afirma que Valeria Mendoza Murillo contest\u00f3 extempor\u00e1neamente la demanda para exoneraci\u00f3n de alimentos, y posteriormente present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chigorod\u00f3 reclamando el levantamiento de la medida cautelar de suspensi\u00f3n del pago de sus alimentos, pedimento al que accedi\u00f3 en segunda instancia el 18 de julio de 2022 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, para lo cual orden\u00f3 tramitar como recurso de reposici\u00f3n, la manifestaci\u00f3n que la tutelante elev\u00f3 contra el auto con que se decret\u00f3 dicha cautela. <\/p>\n
2.4. Cuestiona el actor que la precitada decisi\u00f3n constitucional emergi\u00f3 de observar que la tutelante ten\u00eda bajo peso corporal atribuido a la falta de una adecuada alimentaci\u00f3n, sin que existiera prueba id\u00f3nea de la inferencia; colegir con base en un precedente jurisprudencial inaplicable, sobre el acuse de recibo en la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica, que \u00e9sta hab\u00eda contestado oportunamente la demanda para exoneraci\u00f3n de alimentos; omitir que la alimentada no ha sido constante en sus estudios y labor\u00f3 durante el segundo semestre del a\u00f1o 2021, todo lo cual, dice, resta m\u00e9rito al fundamento de lo decidido y justifica la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioqu\u00eda manifest\u00f3 atenerse a lo que se decida en este escenario e inform\u00f3 que remiti\u00f3 el expediente de la tutela cuestionada a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Valeria Mendoza Murillo se opuso a la prosperidad del amparo y se manifest\u00f3 frente a los hechos sustento del mismo, indicando las irregularidades que se presentaron en su notificaci\u00f3n dentro del proceso de exoneraci\u00f3n de alimentos, que cuenta con las pruebas de su situaci\u00f3n de salud y econ\u00f3mica, que nunca ha contado con la ayuda voluntaria de su progenitor y por eso tuvo que demandarlo para reclamar alimentos, que cambi\u00f3 de carrera por una situaci\u00f3n ajena a su voluntad y que si bien ha percibido algunos ingresos econ\u00f3micos, no son suficientes para su congrua subsistencia. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. No cabe duda de que el objeto del presente reclamo recae sobre el fallo de tutela dictado el 18 de julio pasado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n que dict\u00f3 el 30 de mayo anterior Juzgado Promiscuo de Familia de Apartad\u00f3, para en su lugar acceder al amparo solicitado por Valeria Mendoza Murillo contra el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chigorod\u00f3, actuaci\u00f3n a la que se vincul\u00f3 al aqu\u00ed accionante; pues, en sentir de \u00e9ste, dicha decisi\u00f3n emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas y la incorrecta aplicaci\u00f3n de jurisprudencia atinente al caso. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, surge palmario que el inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
De modo que la petici\u00f3n elevada por el actor no podr\u00e1 ser atendida, m\u00e1xime cuando la tutela cuestionada puede ser objeto de eventual revisi\u00f3n por parte del Corte Constitucional. <\/p>\n
3.1. Ahora, no olvida la Sala que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2015, 2 dic., rad. 03067-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
Sin embargo, en el caso de autos no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de los eventos antes rese\u00f1ados y que permitir\u00edan un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n, toda vez que la queja del peticionario no se contrae a dichas situaciones. <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, se observa que se encuentra pendiente que la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional decida si va a revisar o no el fallo aqu\u00ed criticado. <\/p>\n
De manera que \u00abcomo el tr\u00e1mite censurado se encuentra pendiente de la eventual revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, es ante dicha Corporaci\u00f3n que\u2026 podr\u00eda acudir e insistir en su selecci\u00f3n, para que de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u00bb (CSJ STC, 6 mar. 2009, rad. 2008-00489-01; reiterada en la STC5674, 8 may. 2014, rad. 2014-00062-01). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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