STC11155-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11155-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2022-00275-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Martha Elizabeth Piamonte Fern\u00e1ndez contra el fallo proferido el 6 de julio de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que ella promovi\u00f3 contra Germ\u00e1n Gustavo Monroy Useche, la Comisar\u00eda de Familia de Cota, la Fiscal\u00eda Local del mismo lugar y el Juzgado de Familia de Funza, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abvida\u2026[,] vida digna\u2026[,] dignidad humana\u2026[,] integridad personal y psicol\u00f3gica\u2026[,] salud\u2026[,] libertad\u2026[,] igualdad\u2026[,] seguridad personal\u2026[,] protecci\u00f3n reforzada como mujer, a vivir libre de violencia intrafamiliar, a ser reparada en su condici\u00f3n de v\u00edctima\u00bb; por el decurso de la medida de protecci\u00f3n que instaur\u00f3 en contra de su expareja y los subsiguientes incidentes de incumplimiento respecto de la misma. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar i) \u00abel desalojo del se\u00f1or GERMAN GUSTAVO MONROY USECHE de la residencia que compart\u00eda[n]\u2026[,] en los t\u00e9rminos del literal A del art\u00edculo 17 de la ley 1257 de 2008 que modific\u00f3 el art\u00edculo 5 de la ley 294 de 1996\u00bb; ii) \u00aba los hijos del se\u00f1or\u2026 MONROY USECHE hacerse cargo de su se\u00f1or padre, en cuanto a gesti\u00f3n de vivienda, alimentaci\u00f3n y bienestar tras el desalojo\u00bb; iii) \u00abal se\u00f1or\u2026 MONROY USECHE\u2026[,] abstenerse de realizar cualquier acto de agresi\u00f3n f\u00edsica, verbal o psicol\u00f3gica, y de causar esc\u00e1ndalo o acudir de manera violenta o intimidatoria al lugar de habitaci\u00f3n o sitios p\u00fablicos donde se encuentre la accionante\u00bb. <\/p>\n
2. La siguiente es la situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. Por hechos en los que Germ\u00e1n Gustavo Monroy Useche agredi\u00f3 verbal, emocional, sicol\u00f3gica y f\u00edsicamente a la accionante durante los d\u00edas 9 y 10 de abril de 2021, por denuncia de \u00e9sta, se dio inicio al tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n aqu\u00ed cuestionada, en la que el 24 de abril siguiente la Comisar\u00eda de Familia de Cota confirm\u00f3 como definitiva la adoptada inicialmente, consistente en que Monroy Useche deb\u00eda \u00abcesar todo acto de violencia, agresi\u00f3n, maltrato, amenaza u ofensa en contra\u00bb de Piamonte Fern\u00e1ndez; determinaci\u00f3n en la que tambi\u00e9n se dispuso, entre otros aspectos, requerir a aqu\u00e9l \u00abpara que pague el valor pertinente a los gastos que la denunciante tenga que hacer para su tratamiento odontol\u00f3gico\u00bb; y que, \u00ab[e]n caso de que la reconciliaci\u00f3n no se lleg[are] a prestar dentro de un plazo razonable\u00bb, las partes acudieran \u00aba la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial conf[o]rmada por el hecho de haber conviviendo [en] Uni\u00f3n marital de hecho por espacio aproximado de 26 a\u00f1os, con todos los bienes muebles, enseres con electrodom\u00e9sticos y la vivienda y dem\u00e1s que tengan adquiridos a t\u00edtulo oneroso por uno u otro compa\u00f1ero, que se repartir\u00e1n equitativamente acudiendo a la conciliaci\u00f3n\u00bb; prohibi\u00e9ndoseles \u00abvender sustraer o de cualquier forma desaparecer los bienes que tengan o hayan adquirido\u00bb; a la vez que orden\u00f3 i) compulsar copias a la Fiscal\u00eda para que se investigue el delito violencia intrafamiliar y ii) el seguimiento psicol\u00f3gico y terap\u00e9utico de los involucrados, extendi\u00e9ndose ello a que \u00ab[e]l equipo interdisciplinario realizar\u00e1 las gestiones pertinentes para que los hijos del denunciado apoy[e]n a su padre econ\u00f3mica y afectivamente[,] estando pendiente de \u00e9l o por intermedio de persona que se contrat\u00e9 para la atenci\u00f3n y protecci\u00f3n del adulto mayor\u00bb. <\/p>\n
2.2. Narr\u00f3 la quejosa que ante reiteraci\u00f3n de las agresiones en su disfavor por parte del denunciado, el 6 de junio de 2021 promovi\u00f3 incidente de incumplimiento, el cual culmin\u00f3 con decisi\u00f3n del 2 de julio posterior, sin que se impusieron sanciones a aqu\u00e9l sino que se le revictimiz\u00f3 a ella emitiendo medida de protecci\u00f3n a favor de Monroy Useche y en su contra, orden\u00e1ndole cesar \u00abtodo tipo de violencia en contra del denunciado inicialmente\u00bb. <\/p>\n
2.3. Luego, por nuevos hechos de maltrato f\u00edsico y psicol\u00f3gico acaecidos el 26 de marzo de 2022, la quejosa solicit\u00f3 la apertura de un nuevo incidente de incumplimiento, en cuyo curso, el 8 de abril siguiente, deprec\u00f3 el desalojo de Monroy Useche del predio que dijo de su propiedad (invocando el literal a) del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 294 de 1996), petici\u00f3n que despu\u00e9s reiter\u00f3 y a la que agreg\u00f3 reclamar medida de protecci\u00f3n a favor de su agresor y en contra de sus hijos, como obligados a velar por aqu\u00e9l, dada su condici\u00f3n de adulto mayor en condici\u00f3n de abandono, o tomar las medidas que se consideraran pertinentes de cara a esa situaci\u00f3n; y suspender la prohibici\u00f3n dispuesta en la medida provisional definitiva en torno a la venta de bienes. <\/p>\n
2.4. El 22 de abril del a\u00f1o en curso la Comisar\u00eda acusada sancion\u00f3 con multa de 2 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes a Monroy Useche, al dar por acreditado el referido incumplimiento, pero el d\u00eda 28 posterior el Juzgado convocado anul\u00f3 tal tr\u00e1mite, por la aparente falta de enteramiento del incidentado. <\/p>\n
2.5. En sede de tutela, en apretada s\u00edntesis, la actora critic\u00f3 todo el tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n, aduciendo, en especial, su revictimizaci\u00f3n, el desconocimiento de la perspectiva de g\u00e9nero en su decurso, el despacho adverso del primer incidente de incumplimiento, la falta de definici\u00f3n del segundo y la desatenci\u00f3n de las peticiones adicionales que formul\u00f3 con miras, entre otros aspectos, a obtener la orden de desalojo de su denunciado del inmueble que, aleg\u00f3, es de su propiedad; as\u00ed mismo, censur\u00f3 la inacci\u00f3n del ente fiscal de cara a impulsar la investigaci\u00f3n por el punible de violencia intrafamiliar en contra de su expareja. <\/p>\n
2.5.1. Sostuvo que all\u00ed qued\u00f3 demostrado, entre otros medios suasorios, con las valoraciones de medicina legal y las psicol\u00f3gicas ordenadas por la Comisar\u00eda, su condici\u00f3n de v\u00edctima de Monroy Useche, desde hace m\u00e1s de 25 a\u00f1os, de actos de \u00abviolencia, vej\u00e1menes, malos tratos y abusos\u00bb, por lo que con las decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite fustigado se desconocieron sus derechos y sus pretensiones, las cuales no eran otras que \u00abrecuperar su casa\u00bb; que \u00ablos hijos del agresor se hicieran cargo de su padre\u00bb; \u00abpoder sacar algunas cosas necesarias para\u2026 subsistir\u00bb; que sus equipos profesionales de fisioterapia se dejaran resguardados en una habitaci\u00f3n para que su expareja \u00abno las vaya a tocar, ni empe\u00f1ar, mientras se vende la casa\u00bb; y que \u00ab\u00e9l [l]e pague el tratamiento de [sus] dientes\u00bb, los que resultaron afectados por una de tantas agresiones f\u00edsicas de las que fue v\u00edctima. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que la Comisar\u00eda erradamente y sin justificaci\u00f3n, en contra de todo el material suasorio, dio por v\u00e1lidos los descargos de su antagonista, en los que, de forma descarada, \u00e9ste desminti\u00f3 los actos de violencia econ\u00f3mica, verbal, emocional, psicol\u00f3gica y f\u00edsica que le endilg\u00f3 como reiterativos durante m\u00e1s de 25 a\u00f1os, limit\u00e1ndose a aceptar que, en ese lapso, supuestamente s\u00f3lo le propin\u00f3 una bofetada. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, aunque el denunciado se comprometi\u00f3 a pagarle \u00ablos costos de la dentadura o tratamiento odontol\u00f3gico\u00bb que requiere, a la fecha no ha satisfecho tal obligaci\u00f3n; tampoco ha respetado \u00ab[e]l compromiso de repartirse los bienes muebles, enseres y electrodom\u00e9sticos\u00bb, condicion\u00e1ndolo \u00aba su voluntad\u00bb, lo que, \u00abpor falta de acompa\u00f1amiento por la Comisar\u00eda\u00bb, sigue generando m\u00faltiples conflictos entre ellos, m\u00e1xime porque aqu\u00e9l viene permitiendo el ingreso de terceros al inmueble e, incluso, al parecer, arbitrariamente ha arrendado parte del mismo. <\/p>\n
Anot\u00f3 que al definir la medida de protecci\u00f3n la Comisar\u00eda encausada, a pesar de hallar demostrados los actos de violencia intrafamiliar que denunci\u00f3, en forma incongruente y extralimit\u00e1ndose en sus funciones, a pesar de su solicitud de retorno al predio que dijo de su propiedad, no accedi\u00f3 a esa petici\u00f3n tras considerar que su agresor enf\u00e1ticamente manifest\u00f3 que el predio se adquiri\u00f3 con dineros suyos, \u00abconstituy\u00e9ndose patrimonio de familia y que despu\u00e9s sin explicaci\u00f3n alguna dicha vivienda la tiene como propietaria a ella\u00bb, por lo que era \u00abun bien patrimonial de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb; que \u00ab[e]lla decidi\u00f3 salir en principio de la vivienda traslad\u00e1ndose a Bogot\u00e1 donde unos parientes y el se\u00f1or desafortunadamente dada la edad, ser un adulto mayor y situaci\u00f3n de salud no permite tomar una decisi\u00f3n de desalojarlo a \u00e9l\u00bb; por lo cual, \u00aben este punto[,] con justicia, prudencia y equidad, es m\u00e1s conducente que [\u00e9]l siga en la vivienda y ella separe residencia, teniendo en cuenta que est\u00e1 en pleno proceso laboral, puede ser apoyada por su joven hijo. Del adulto mayor denunciado, al parecer su situaci\u00f3n econ\u00f3mica no est\u00e1 garantizada de manera que se acudir\u00e1 al apoyo de la familia para que est\u00e9n pendientes de \u00e9l, m\u00e1s por su enfermedad y edad, que puede ser un factor de riesgo para accidentes dom\u00e9sticos c\u00f3mo lo ha dicho la denunciante\u00bb. <\/p>\n
2.5.2. De cara al primer incidente de incumplimiento, se\u00f1al\u00f3 que la Comisar\u00eda incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico en la valoraci\u00f3n de los medios suasorios, en especial de la testigo Hern\u00e1ndez Ram\u00edrez, liberando de responsabilidad al denunciado, lo que conllev\u00f3 a que el 2 de julio de 2021 se emitiera un \u00abviciado y anticonstitucional fallo\u00bb en que se declararon \u00abno probados los hechos de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n\u00bb del 24 de abril anterior; aunado a que se le revictimiz\u00f3 disponiendo all\u00ed una nueva en su disfavor y en pro de su antagonista, orden\u00e1ndole \u00abcesar todo tipo de violencia en contra del denunciado inicialmente\u00bb. <\/p>\n
2.5.3. Reliev\u00f3 que los seguimientos a cargo de la trabajadora social daban cuenta que Monroy Useche \u00abno acepta vincularse a un hogar geri\u00e1trico, a pesar de su condici\u00f3n de persona adulta mayor, sus enfermedades de car\u00e1cter cr\u00f3nico que le ponen en riesgo la habitaci\u00f3n solitaria del inmueble\u00bb; que los hijos de \u00e9ste \u00abquieren continuar pagando alimentos en especie en favor de su\u2026 padre, toda vez que de darle dinero\u2026 l[o] gastar\u00eda en \u201ctrago y\/o otras cosas\u201d\u00bb; que \u00ablas condiciones habitacionales en las que vive\u2026 Monroy Useche son medianamente adecuadas ya que [\u00e9]l\u2026 manifiesta que ocasionalmente le hacen aseo a la casa. Sin embargo, cabe resaltar que al momento de la visita hay un predominante olor f\u00e9tido a orina\u00bb. <\/p>\n
2.5.4. Consign\u00f3 que hasta el 26 de marzo \u00faltimo, ocasionalmente, iba al inmueble para asearlo y brindarle atenci\u00f3n a su agresor, pero dej\u00f3 de hacerlo porque en dicha data \u00e9ste nuevamente la agredi\u00f3. <\/p>\n
2.5.5. Respecto al segundo incidente de cumplimiento, indic\u00f3 que, contrario a lo resuelto por el Juzgado encausado, su victimario fue debidamente enterado del mismo, de lo cual daban cuenta las piezas documentales que reposaban en el plenario, siendo inviable la anulaci\u00f3n dispuesta; y que se pas\u00f3 por alto que aqu\u00e9l, extra\u00f1amente, present\u00f3 una incapacidad m\u00e9dica expedida por una entidad distinta a la que est\u00e1 afiliado; con lo cual, injustificadamente, se ha visto aplazada en el tiempo la definici\u00f3n de dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.5.6. Exterioriz\u00f3 que no se atendi\u00f3 su solicitud de suspender la prohibici\u00f3n impuesta de cara a transferir sus bienes, aunado a que la misma no s\u00f3lo contrariaba el contenido del canon 1\u00ba de la Ley 28 de 1932, seg\u00fan la cual los mismos \u00abson propios hasta el momento de la disoluci\u00f3n\u00bb, sino el hecho de que ellos \u00abno tienen una declaratoria de uni\u00f3n marital\u2026, bien sea mediante sentencia judicial, escritura p\u00fablica o acta de conciliaci\u00f3n, por lo cual el inmueble no puede ser objeto de una medida cautelar\u00bb; y ese tipo de medidas restrictivas deben imponerse \u00abal agresor, NO a la v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
2.5.7. Por todo lo dicho, manifest\u00f3 que \u00abafronta un estado emocional complejo, por cuanto ha perdido su inter\u00e9s en el proceso al ver que los fallos siempre repercuten tanto emocionalmente como patrimonialmente, por cuanto le fue prohibido regresar a la vivienda que jur\u00eddicamente es de su propiedad\u00bb, lo que \u00abla llev\u00f3 a desistir del proceso como consecuencia de su p[\u00e9]rdida de\u2026 f\u00e9 en las instituciones\u00bb; que desde el 12 de abril de 2021 se vio obligada \u00aba modificar su estilo de vida, \u2026al haber sido obligada a retirarse del inmueble de su propiedad y el riesgo inminente que le representa continuar viviendo [all\u00ed]\u2026 por tener que convivir con su agresor, en virtud de las [\u00f3]rdenes impartidas por el Comisario de Familia\u00bb; que en la actualidad \u00abdebe cancelar un canon de arrendamiento que le cuesta el cincuenta por ciento de sus ingresos y que el lugar que habita no cuenta con condiciones m\u00ednimas de habitabilidad, por cuanto las pocas pertenencias debi\u00f3 ubicarlas en la habitaci\u00f3n que ocupa en una pensi\u00f3n en la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2.5.8. Relat\u00f3 que el pasado 8 de junio acudi\u00f3 a la Fiscal\u00eda de Cota, donde le informaron que \u00aba la fecha no cuentan con registros de la medida de protecci\u00f3n\u2026, m\u00e1s all\u00e1 del escrito de denuncia\u00bb, requiri\u00e9ndose se les allegue \u00abla informaci\u00f3n de las actuaciones que se han surtido con miras a impulsar la acci\u00f3n penal\u00bb, pasividad con lo que tambi\u00e9n resulta revictimizada. <\/p>\n
2.5.9. A\u00f1adi\u00f3 que su ruego satisface los presupuestos generales de subsidiariedad e inmediatez para su procedencia, lo primero, porque a pesar de contar con otras v\u00edas para obtener lo reclamado, ha acudido infructuosamente a las mismas, denot\u00e1ndose falta de idoneidad de \u00e9stas para lograr su cometido. <\/p>\n
Mientras que, lo segundo, dado que aunque \u00ablos hechos que se relataron\u2026 tuvieron origen desde el\u2026 11 de abril de 2021, as\u00ed como el incidente de incumplimiento a medida de protecci\u00f3n\u2026, lo cierto es que la vulneraci\u00f3n\u2026 permanece en el tiempo vigente, es decir la revictimizaci\u00f3n de la que\u2026 ha sido v\u00edctima es perenne e indefinida, toda vez que con la medida de protecci\u00f3n\u2026 fue excluida del inmueble de su propiedad\u00bb; adem\u00e1s, la afectaci\u00f3n tambi\u00e9n contin\u00faa \u00abpor las omisiones de la Fiscal\u00eda\u2026 en su deber de impulsar y dar cumplimiento a los postulados penales sobre los cuales les otorga la competencia para el ejercicio de la acci\u00f3n penal, as\u00ed como las extralimitaciones en las que ha incurrido y continua incurriendo la Comisar[\u00ed]a\u2026 y las omisiones a nivel procedimental incurridas por el Juzgado\u00bb; de donde \u00abel t[\u00e9]rmino razonable de seis meses no puede predicarse para el caso sub examine, por cuanto las vulneraciones a [sus] derechos fundamentales son persistentes en el tiempo\u00bb, sumado a que \u00absu ocupaci\u00f3n, profesi\u00f3n, desconocimiento normativo y la confianza institucional que\u2026 le prodig\u00f3 a la Comisar[\u00ed]a\u2026 y la Fiscal\u00eda\u2026 no le permitieron inferir que estas entidades le estaban generando un perjuicio hasta el momento irremediables (sic)\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado de Familia de Funza indic\u00f3 que \u00abno existi\u00f3 vulneraci\u00f3n al derecho al debido proceso y dem\u00e1s alegados por la accionante; y que la decisi\u00f3n tomada en la providencia del\u2026 (28) de abril de 2022, se encuentran acordes (sic) al material probatorio arrimado, con especial atenci\u00f3n de los derechos de sus intervinientes, y precisamente en pro de ellos se toma la medida de nulidad, en garant\u00eda del debido proceso de quien puede ser sancionado con MULTA O ARRESTO\u00bb, sin que se trate de exigir \u00abun control biom\u00e9trico como lo infiere el apoderado\u00bb, y al desconocer \u00abla letra del incidentado para determinar que firm\u00f3 con un nombre distinto, n[o] tendr\u00eda porque hacer comparaciones caligr\u00e1ficas dentro del expediente, pues en primera medida no se encuentra dentro de su resorte hacer ese tipo de validaciones, tampoco le est\u00e1 dado dilucidar que existe una suplantaci\u00f3n de identidad y mucho menos establecer formas distintas de notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 observar que la inconformidad de la actora tiene g\u00e9nesis en \u00abel hecho de que el incidentado contin\u00faa usufructuando un\u2026 inmueble que pertenece a las partes, y que los hijos de este no se han hecho cargo de \u00e9l\u00bb, situaciones que \u00abno puede[n] ser de resorte para una acci\u00f3n de tutela, ni de la\u2026 de desacato por incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n, dado que debe acudir es a ot[ro] tipo de acciones\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda de Familia de Cota se\u00f1al\u00f3 que el reclamo tutelar era improcedente i) porque la accionante \u00abcuenta con otros mecanismos para reclamar los derechos que tiene sobre el inmueble del cual pretende desalojar al se\u00f1or\u2026 Monroy Useche. Incluso se remiti\u00f3 en [esa] fecha [se refiere al pasado 30 de junio] para tr\u00e1mite de consulta de la sanci\u00f3n por desacato primer incumplimiento a medidas de protecci\u00f3n por hechos de violencia intrafamiliar, donde se sanciona con multa al se\u00f1or\u2026 Monroy Useche, a cargo del Juzgado de Familia\u2026 de Funza, quien revisar\u00e1 y puede tomar la decisi\u00f3n conducente\u00bb; y ii) por la configuraci\u00f3n de un hecho superado, comoquiera que el 24 de abril de 2021 \u00abconfirm\u00f3 la medida de protecci\u00f3n por hechos de violencia intrafamiliar a favor de la se\u00f1ora\u2026 Piamonte Fern\u00e1ndez y en contra del se\u00f1or\u2026 Monroy Useche\u00bb; el pasado 17 de junio \u00abdio por demostrados los hechos de incumplimiento por primera vez a la medida de protecci\u00f3n\u00bb; y \u00abtramit\u00f3 audiencia de conciliaci\u00f3n de alimentos a favor del adulto mayor, se\u00f1or\u2026 Monroy Useche y con [sus] hijos\u00bb. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio frente a la solicitud de resguardo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo deneg\u00f3 la salvaguarda al considerar prematura su proposici\u00f3n porque la Comisar\u00eda convocada acredit\u00f3 que, en el curso de este tr\u00e1mite constitucional, volvi\u00f3 a definir el incidente de incumplimiento, con decisi\u00f3n del pasado 17 de junio, sancionando a Monroy Useche, quien apel\u00f3 tal determinaci\u00f3n, encontr\u00e1ndose pendiente de resoluci\u00f3n por parte del Juzgado acusado esa alzada o el grado de consulta, por lo que el juzgador supralegal no pod\u00eda ocuparse del fondo del asunto. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, \u00ab[f]rente al tema de la ocupaci\u00f3n del predio, que se alega por la tutelista es de su propiedad y su expareja German Gustavo replica que es un bien social\u00bb, que ella puede acudir \u00abante el Juez de Familia para sortear esas diferencias en el marco de un proceso verbal, misma situaci\u00f3n que acontece con los actos de violencia intrafamiliar, pudiendo acudir de forma directa ante la Fiscal\u00eda\u2026 sin que requiera el aval del Comisario de Familia que conoce de la medida de protecci\u00f3n, lo que conlleva a que no se supere el presupuesto general de la acci\u00f3n de amparo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, destac\u00f3 que en el prove\u00eddo del 17 de junio \u00faltimo la Comisar\u00eda nuevamente omiti\u00f3 pronunciarse respecto a las peticiones que le hizo en torno i) al desalojo de Monroy Useche del predio que dijo de su propiedad (invocando el literal a) del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 294 de 1996); ii) la adopci\u00f3n de medida de protecci\u00f3n a favor de su agresor y en contra de sus hijos, como obligados a velar por aqu\u00e9l, dada su condici\u00f3n de adulto mayor en condici\u00f3n de abandono, o tomar las medidas que se consideren pertinentes de cara a esa situaci\u00f3n; y iii) suspender la prohibici\u00f3n dispuesta en la medida provisional definitiva de 24 de abril de 2021 respecto a la venta de bienes. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que el presupuesto de la subsidiariedad estaba satisfecho, a\u00f1adiendo que, el mismo d\u00eda en que se dict\u00f3 el fallo de tutela de primera instancia, el Juzgado convocado resolvi\u00f3 el grado de consulta frente a la sanci\u00f3n que la Comisar\u00eda impuso a Monroy Useche por incumplir la medida de protecci\u00f3n; sumado a que, como lo consider\u00f3 ese estrado, esa actuaci\u00f3n posterior \u00abno conllevar\u00e1 al restablecimiento de las vulneraciones de las que ya ha sido v[\u00ed]ctima\u2026, toda vez que ellas tienen su origen con una decisi\u00f3n judicial en firme como lo es la\u2026 del pasado 24 de abril de 2021\u00bb; de donde \u00abno es, ni ser\u00e1 v\u00edctima de la decisi\u00f3n que profiera el Juzgado de Familia, por cuanto esa judicatura ya realiz\u00f3 el control de legalidad en sede de grado de consulta\u2026 Por lo cual, dicho recurso resulta inocuo ante las peticiones de amparo que dieron origen a la acci\u00f3n de tutela que\u2026 nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n dijo que era sorpresiva la consideraci\u00f3n final del a-quo constitucional en punto a que ella deb\u00eda \u00abacudir ante el Juez de Familia para sortear las diferencias concernientes al bien social\u2026, en el marco de un proceso verbal, situaci\u00f3n que implica que\u2026 contin[\u00fa]e con la obligaci\u00f3n de mantener sus gastos de manutenci\u00f3n, junto con el pago de cuotas de administraci\u00f3n para que su victimario contin[\u00fa]e usufructuando el inmueble\u2026. Por otra parte, el Tribunal sostiene que, respecto a los actos de violencia intrafamiliar[,] puede acudir ante la [F]iscal\u00eda\u2026, misma entidad que no ha realizado mayor gesti\u00f3n a decepcionar el denuncio desde abril de 2021 y que a la fecha no se avizora la diligencia que le asiste\u2026 para salvaguardar [sus] derechos\u2026 como v\u00edctima de violencia intrafamiliar\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, ante esta Corte, a\u00f1adi\u00f3 que est\u00e1 desempleada desde el pasado 15 de julio, lo que deb\u00eda sopesarse para \u00abdeterminar el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra inmersa, toda vez que en virtud de su actual situaci\u00f3n y hasta que supere su situaci\u00f3n de desempleo, no podr\u00e1 sufragar sus gastos de manutenci\u00f3n en lo relativo al pago de c\u00e1nones de arrendamiento, alimentaci\u00f3n y en general sus gastos de subsistencia, los cuales fueron incrementados como consecuencia del exilio del que fue v[\u00ed]ctima por parte de la Comisar[\u00ed]a\u2026 y el se\u00f1or\u2026 Monroy Useche\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, como se dejara dicho, se tiene que la gestora critic\u00f3, en concreto, todo el tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n; el despacho adverso del primer incidente de incumplimiento; la falta de definici\u00f3n del segundo; la desatenci\u00f3n de las peticiones adicionales que formul\u00f3 con miras, entre otros aspectos, a obtener la orden de desalojo de su denunciado del inmueble que, aleg\u00f3, es de su propiedad; y la inacci\u00f3n de la Fiscal\u00eda de cara a adelantar la investigaci\u00f3n por el punible de violencia intrafamiliar en contra de su expareja. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, con base en tales premisas, considera la Sala que el resguardo reclamado estaba llamado a prosperar de forma parcial, lo que impone modificar la decisi\u00f3n opugnada, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
3. En primer lugar, en punto a los embates contra las decisiones de 24 de abril (en la que se dispuso la medida de protecci\u00f3n definitiva a favor de la accionante) y 2 de julio de de 2021 (en la que se hall\u00f3 infundado el primer incidente de incumplimiento, a la vez que se impuso medida de protecci\u00f3n a favor del denunciado inicial y en contra de la tutelante), el resguardo est\u00e1 llamado al fracaso porque sumado a que la reclamante no formul\u00f3 ninguna objeci\u00f3n frente a esas determinaciones ante el juzgador natural, lo cierto es que est\u00e1 insatisfecho el presupuesto de la inmediatez, comoquiera que desde la emisi\u00f3n de aqu\u00e9llas, a la data de interposici\u00f3n de este ruego (16 de junio de 2022), trascurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o, super\u00e1ndose, por mucho, el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corte como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
3.1. Frente al mentado presupuesto de procedibilidad, insistentemente ha dicho la Sala que: <\/p>\n
\u2026\u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; CSJ STC5977-2015; CSJ STC2788-2017). <\/p>\n
3.2. N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que el referido t\u00e9rmino es vinculante como regla jurisprudencial consolidada y vigente, de no olvidar que la Corte Constitucional, de manera inequ\u00edvoca, ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
…de conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela puede interponerse \u201cen todo momento\u201d porque no tiene t\u00e9rmino de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia ha exigido \u201cuna correlaci\u00f3n temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior ocurre porque se trata de un mecanismo judicial que tiene como finalidad conjurar situaciones urgentes, que requieren de la actuaci\u00f3n r\u00e1pida de los jueces. Por ende, cuando la acci\u00f3n se presenta mucho tiempo despu\u00e9s de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que se alega como violatoria de derechos, se desvirt\u00faa su car\u00e1cter apremiante. <\/p>\n
<\/p>\n
21. Este requisito de procedencia tiene por objeto no afectar la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presumen sus efectos ante la ausencia de controversias jur\u00eddicas. <\/p>\n
<\/p>\n
Particularmente, trat\u00e1ndose de tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de inmediatez se funda en el respeto por los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada. Tal y como lo expuso esta Corte en la sentencia C-590 de 2005, la tutela debe interponerse en un lapso razonable, pues de lo contrario, existir\u00eda incertidumbre sobre los efectos de todas las decisiones judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
En este sentido, si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estar\u00eda siempre a la espera de una controversia constitucional. As\u00ed pues, se anular\u00eda la seguridad jur\u00eddica, pues los efectos de una decisi\u00f3n podr\u00edan ser interrumpidos en cualquier momento a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. Por consiguiente, la Corte ha establecido que el estudio de este presupuesto de procedencia de la tutela contra providencias judiciales debe ser m\u00e1s exigente, pues su firmeza no puede mantenerse en vilo indefinidamente… <\/p>\n
23. En s\u00edntesis, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad de la acci\u00f3n, la cual supone la protecci\u00f3n urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental[42]; (ii) persigue la protecci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica y los intereses de terceros; (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual depender\u00e1 de las circunstancias particulares de cada caso; y (iv) debe analizarse de forma rigurosa cuando la acci\u00f3n se dirige contra providencias judiciales (se destac\u00f3 – CC T-038\/17). <\/p>\n
3.3. De all\u00ed que no resulten de recibo las manifestaciones efectuadas por la quejosa en su demanda de tutela de cara a dar por sentado que satisfizo el presupuesto de procedibilidad en comento, en tanto que, como se ha dicho en diferentes oportunidades, el lapso al que se refiere el requisito de la inmediatez \u00abse contabiliza a partir de la decisi\u00f3n censurada\u00bb (STC11140-2018, 31 ag., rad. 2018-01150-01). <\/p>\n
4. En cuanto a la ausencia de definici\u00f3n del segundo incidente de incumplimiento, de los elementos de convicci\u00f3n recolectados, tambi\u00e9n resulta notorio el fracaso de la opugnaci\u00f3n propuesta, por lo que al respecto habr\u00e1 de confirmarse el fallo del Tribunal a-quo, dada la inviabilidad del resguardo impetrado, comoquiera que, muy a pesar de las alegaciones de la quejosa, en verdad, con los pronunciamientos de 17 de junio y 6 de julio de 2022, a trav\u00e9s de los cuales la Comisar\u00eda acusada sancion\u00f3 a Monroy Useche por incumplir la medida de protecci\u00f3n dispuesta en fallo de 24 de abril de 2021 y el Juzgado accionado, en sede de consulta, confirm\u00f3 tal castigo, se revolvi\u00f3 de fondo el decurso accesorio recriminado. <\/p>\n
De esta manera, es claro que en el curso del presente rito supralegal se super\u00f3 esa situaci\u00f3n de tardanza denunciada como conculcadora de derechos esenciales, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional de la peticionaria, por lo cual carece de objeto impartir una orden con miras a que los acusados se pronuncien al respecto, pues ello ya ocurri\u00f3, raz\u00f3n por la cual se colige que ces\u00f3 la supuesta vulneraci\u00f3n de garant\u00edas esenciales frente a ese espec\u00edfico aspecto. <\/p>\n
De all\u00ed que el resguardo no pudiese prosperar, al vislumbrarse un \u00abhecho superado\u00bb, aspecto frente al cual la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
5. Finalmente, a conclusi\u00f3n diferente se arriba de cara a la falta de pronunciamiento de cara a las peticiones efectuadas por la accionante ante la Comisar\u00eda de Familia de Cota frente i) al desalojo de Monroy Useche del predio que aqu\u00e9lla dijo de su propiedad (invocando el literal a) del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 294 de 1996); ii) la adopci\u00f3n de medida de protecci\u00f3n a favor de su agresor y en contra de sus hijos, como obligados a velar por aqu\u00e9l, dada su condici\u00f3n de adulto mayor en condici\u00f3n de abandono, o tomar las medidas que se consideren pertinentes de cara a esa situaci\u00f3n; y iii) suspender la prohibici\u00f3n dispuesta en la medida provisional definitiva de 24 de abril de 2021 respecto a la venta de bienes; e igualmente, en torno al no adelantamiento por parte del ente Fiscal, de la investigaci\u00f3n en contra de Monroy Useche por el punible de violencia intrafamiliar, en atenci\u00f3n a las compulsas de copias dispuestas por la aludida Comisar\u00eda con tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Y es que, al margen de las anteriores consideraciones, ciertamente se muestra inaceptable que luego de m\u00e1s de cuatro (4) meses despu\u00e9s de la radicaci\u00f3n de las referidas solicitudes ante la Comisar\u00eda encartada; as\u00ed como de m\u00e1s de un a\u00f1o de la remisi\u00f3n de la primera comunicaci\u00f3n de \u00e9sta entidad a la Fiscal\u00eda Local de Cota para que \u00e9sta procediera a investigar a Monroy Useche por el punible de violencia intrafamiliar, siendo la v\u00edctima la accionante; la primera siga sin resolver aqu\u00e9llas y la segunda no haya impulsado la respectiva investigaci\u00f3n. <\/p>\n
5.1. Sobre el particular, pertinente es recordar que, con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora que podr\u00edan dar lugar a la protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos(\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
5.2. Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, exclusivamente, respecto a la tardanza de i) la Comisar\u00eda de Familia de Cota, respecto a resolver las peticiones atr\u00e1s referidas; y ii) de la Fiscal\u00eda Local del mismo lugar, en punto a impulsar la investigaci\u00f3n contra Monroy Useche por el punible de violencia intrafamiliar, siendo la pretensa v\u00edctima Martha Elizabeth Piamonte Fern\u00e1ndez. <\/p>\n
5.3. Adem\u00e1s, no se advierte la presencia de circunstancias excepcionales que hayan obstaculizado la materializaci\u00f3n de tal cometido. <\/p>\n
Sobre el tema en comento (mora), en pret\u00e9ritas ocasiones, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep. 2014, rad. 2014-2009-00) (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
Igualmente, en otro asunto de similares contornos, esta Corte anot\u00f3: <\/p>\n
\u2026la queja de[l] promotor est\u00e1 llamada a prosperar, destacando que si bien no puede desconocer la Corporaci\u00f3n los altos grados de congesti\u00f3n que presentan algunos despachos judiciales, igualmente es indiscutible que en el presente caso se est\u00e1 frente a un asunto en el que est\u00e1 pendiente la resoluci\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n desde el 22 de julio de 2014, es decir, hace poco m\u00e1s de siete meses, lapso que sin duda impide considerar que la tardanza criticada tenga justificaci\u00f3n, destacando que si bien la decisi\u00f3n es de naturaleza interlocutoria, el tiempo para emitirla no puede equipararse al que demanda la sentencia de fondo dentro de un asunto y que \u00e9stas actualmente deben dictarse en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en primera instancia y en seis meses en la segunda, de donde, en verdad, resulta un desprop\u00f3sito que la censura referida por la inconforme no haya sido resuelta aun (STC1860-2015, 25 feb. 2015, rad. 2014-00882-01). <\/p>\n
6. En ese orden, recordando que la insatisfacci\u00f3n de los presupuestos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, impide al fallador constitucional ocuparse del fondo de la situaci\u00f3n sometida a su conocimiento, es motivo por el cual, muy a pesar de los argumentos planteados por la opugnante, las anteriores razones se muestran suficientes para respaldar parcialmente el fallo atacado, m\u00e1xime cuando no se extracta la presencia de un perjuicio irremediable que imponga la adopci\u00f3n de medidas urgentes de protecci\u00f3n, dado que, sumado a que en la impugnaci\u00f3n se enfatiz\u00f3 que la afectaci\u00f3n deriv\u00f3 de la decisi\u00f3n adoptada hace m\u00e1s de un a\u00f1o, el 24 de abril de 2021, lo cierto es que no se ha agotado aun ante el juzgador natural la discusi\u00f3n en torno a la procedencia de su modificaci\u00f3n o modulaci\u00f3n, por lo que en torno a ello no se cuenta con pronunciamiento y determinaci\u00f3n definitiva por parte de aqu\u00e9l, lo que de por s\u00ed impone el fracaso de la salvaguarda; adem\u00e1s, mem\u00f3rese que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que para la cabida del amparo como mecanismo transitorio deben acreditarse los siguientes supuestos que, por lo aqu\u00ed dicho, especialmente por la tardanza en acudir a este herramienta excepcional, est\u00e1n ausentes en esta ocasi\u00f3n: <\/p>\n
\u2026[E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CC T-377\/11, reiterada en CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 2012-00126-01; y STC17372, 30 nov. rad. 2016-02357-01). <\/p>\n
7. Sin embargo, recapitulando, no cabe duda de que la Comisar\u00eda y la Fiscal\u00eda convocadas han trasgredido las garant\u00edas de la actora pero, exclusivamente, porque injustificadamente han retardado, la primera, la resoluci\u00f3n de algunos de sus pedimentos, mientras que, la segunda, la investigaci\u00f3n frente a su expareja por el delito de violencia intrafamiliar, por lo que el resguardo se conceder\u00e1, con alcance parcial, para que dichas autoridades procedan de conformidad, sin que ello reste efecto alguno a la actuaci\u00f3n surtida, pues son solicitudes independientes al incidente de incumplimiento, que, de resultar necesario, pueden conllevar a la modulaci\u00f3n o modificaci\u00f3n de la medida de protecci\u00f3n inicial; para lo cual, precisamente atendiendo los planteamientos de la quejosa, se les exhortara para que en tal labor sigan los par\u00e1metros fijados jurisprudencialmente para la definici\u00f3n de casos con perspectiva de g\u00e9nero, relacionados con violencia contra la mujer, entre otros, en pronunciamientos STC15849-2021 (24 nov., rad. 2021-00346-01) y STC15780-2021 (24 nov., rad. 2021-03360-00). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, modifica el fallo opugnado en el sentido de conceder, con alcance parcial, el amparo a los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Martha Elizabeth Piamonte Fern\u00e1ndez. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Comisar\u00eda de Familia de Cota que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, si a\u00fan no lo ha hecho, en el tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n impulsada por la accionante contra German Gustavo Monroy Useche (radicado VIF 40\/2021), proceda a resolver lo que en derecho encuentre procedente de cara a sus peticiones de i) desalojar al \u00faltimo del predio que ella dijo de su propiedad (invocando el literal a) del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 294 de 1996); ii) adoptar medida de protecci\u00f3n a favor de Monroy Useche y en contra de sus hijos, como obligados a velar por \u00e9l, dada su condici\u00f3n de adulto mayor en condici\u00f3n de abandono, o tomar cualquier otra medida que considere pertinente de cara a esa situaci\u00f3n; y iii) suspender la prohibici\u00f3n dispuesta en la medida provisional definitiva de 24 de abril de 2021 respecto a la venta de bienes; as\u00ed mismo, deber\u00e1 remitir, de forma inmediata, a la Fiscal\u00eda Local de Cota, toda la documentaci\u00f3n suficiente para que \u00e9sta proceda de conformidad con el par\u00e1grafo 3\u00ba del canon 5\u00ba de la Ley 294 de 1996. <\/p>\n
Segundo. Ordenar a la Fiscal\u00eda Local de Cota que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, si a\u00fan no lo ha hecho, impulse la investigaci\u00f3n por el delito de violencia intrafamiliar en contra de German Gustavo Monroy Useche, cuya pretensa v\u00edctima fue la aqu\u00ed accionante, Martha Elizabeth Piamonte Fern\u00e1ndez, teniendo en cuenta para ello todos los insumos que con ese prop\u00f3sito y desde hace un a\u00f1o le viene remitiendo la Comisar\u00eda de Familia de ese lugar, en cumplimiento del aludido par\u00e1grafo 3\u00ba del canon 5\u00ba de la Ley 294 de 1996. <\/p>\n
Tercero. Exhortar a las accionadas Comisar\u00eda de Familia de Cota y Fiscal\u00eda local del mismo lugar que, para el cumplimiento de lo dispuesto en los ordinales anteriores, atiendan, en lo que resulte procedente, los par\u00e1metros fijados jurisprudencialmente en punto a la resoluci\u00f3n de casos con perspectiva de g\u00e9nero, relacionados con violencia contra la mujer. <\/p>\n
Quinto. En lo dem\u00e1s, se confirma el fallo impugnado, en cuanto deneg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Sexto. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a todos los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11155-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11155-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2022-00275-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Martha Elizabeth Piamonte Fern\u00e1ndez contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-66358","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66358","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66358"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66358\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66358"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66358"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66358"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}