STC11157-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11157-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00222-03 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Vital Plus Colombia Ltda. frente a la sentencia del pasado 22 de julio, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por aquella empresa contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La compa\u00f1\u00eda convocante deprec\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado, el respeto de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente conculcada por la dependencia jurisdiccional repelida. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene dirimir todas las solicitudes allegadas dentro del expediente ejecutivo n.\u00b0 \u00ab2019-00054\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante es el que enseguida se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Barranquilla se surt\u00eda \u2013en fase de liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito\u2013 el descrito litigio, iniciado por demanda de la titular del resguardo de marras contra Coomeva EPS en liquidaci\u00f3n, y al cual se acumul\u00f3 el cobro de Avanza IPS S.A.S.1 <\/p>\n
<\/p>\n
2. De esa contienda provino, para lo que interesa, auto el 6 de julio de 2021, con el que el despacho dispuso declarar la invalidez de lo actuado desde el 28 de mayo \u00eddem, as\u00ed como mantener suspendido el pleito, en los t\u00e9rminos de la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 0060452, por cuya virtud la Superintendencia Nacional de Salud dio impulso a la \u00abtoma de posesi\u00f3n\u00bb de la entidad all\u00ed demandada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Providencia contra la que la aqu\u00ed quejosa (all\u00e1 ejecutante principal) propuso reposici\u00f3n y subsidiaria apelaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Mediante interlocutorio de 11 de noviembre siguiente, la sede de conocimiento opt\u00f3 por refrendar la suspensi\u00f3n durante un (1) a\u00f1o, con base en la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 20215100013230-63 e, igualmente, poner a cargo del agente interventor de la EPS enjuiciada los t\u00edtulos judiciales constituidos. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Pronunciamiento respecto al que el extremo ejecutor primigenio (ahora tutelante) impetrara petitorio de nulidad, que la reclamante Avanza IPS S.A.S. coadyuv\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Finalmente, en determinaci\u00f3n de 10 de febrero de la anualidad que transcurre, la oficina juzgadora defini\u00f3 suspender de nuevo el litigio, pero ahora hasta el 25 de enero de 2024, de conformidad con la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 2022320000000189-64 y, por ende, remitirlo al rito de liquidaci\u00f3n de la implicada Coomeva, junto con los dep\u00f3sitos judiciales. Prove\u00eddo rebatido en \u201calzada\u201d por el polo ah\u00ed actor (la quejosa en esta senda constitucional). <\/p>\n
<\/p>\n
7. La precursora del amparo critic\u00f3, en s\u00edntesis, que a la fecha no ha recibido contestaci\u00f3n formal alguna, por cuenta del juzgado, en torno a sus recursos y s\u00faplica de invalidaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La medida provisional suplicada la desestim\u00f3 el tribunal a-quo, al momento de admitir el escrito rector del debate tutelar. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. Coomeva EPS en liquidaci\u00f3n se mostr\u00f3 en contra de la prosperidad de las pretensiones de la aqu\u00ed accionante, por existencia de otro medio al alcance y actitud dilatoria de ella. Adjunt\u00f3 certificaci\u00f3n de acreedores en su causa liquidatoria. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Superintendencia Nacional de Salud inst\u00f3 a ser desvinculada. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La C\u00e1mara de Comercio de Bucaramanga, Cl\u00ednica Monter\u00eda S.A., Amritzar S.A., Virrey Sol\u00eds IPS S.A., ORF S.A., Compa\u00f1\u00eda Colombiana de Carga S.A. (Concarga S.A.), Supertex S.A., Colsof S.A.S., Cedimagen S.A.S., el Jard\u00edn Bot\u00e1nico, la Veedur\u00eda Distrital y la Secretar\u00eda de la Mujer -todos de Bogot\u00e1-, ESE Hospital San Antonio de Guatavita, Mac Pollo S.A., la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Agua Potable y Saneamiento B\u00e1sico (CRA), Yuma Concesionaria S.A. en reorganizaci\u00f3n y Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. enunciaron, por aparte, que las censuras le son extra\u00f1as. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Asociaci\u00f3n Sindical de Trabajadores de Colombia y la Salud \u2013 ASSTRACUD, ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda (Homeris), Fundaci\u00f3n Fomento Social, Frio Costa S.A., Minimarket JGB S.A., Transportes Clavijo S.A.S., Conecta Salud S.A., Banco Coomeva S.A. (Bancoomeva), Publicaciones Semana S.A., Casa del Embobinador S.A.S., Health & Life IPS S.A.S., la Cooperativa de Transportadores del Sur (Cootrasur), Impocoma S.A.S., Caja de Compensaci\u00f3n Familiar de Caldas (Confa), Hoteles de Upar S.A.S., Medex S.A.S., Passus IPS Taller Psicomotriz, Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Valle del Cauca (Comfenalco Valle de la Gente) y ESE Hospital Rub\u00e9n Cruz V\u00e9lez de Tulu\u00e1 resaltaron, por separado, ser acreedores en la liquidaci\u00f3n de Coomeva. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Juan Pablo Montoya Vargas, Neyla Liceth Garc\u00eda Garz\u00f3n, Claudia Astrid Carrillo Estrada, Sandra Garay Tamara, Eddy Luc\u00eda Lizarazo, Rosaura Concepci\u00f3n Romero Muentes y Nelson Argelio Buelvas Garay dijeron que a\u00fan no se les paga su deuda en ese asunto. Quienes esgrimieron comparecer como abogadas de Juliana Mar\u00eda Cardona R\u00faa y Jairo Enrique Zuluaga Bonilla omitieron traer poder especial. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda \u2013 luego de superada la anulaci\u00f3n declarada por la Corte en autos CSJ ATC5995 y ATC8656\u2013 por \u00abinocua, habida cuenta de la imposibilidad jur\u00eddica de continuar con el proceso\u00bb disentido, dada la suspensi\u00f3n en la que se encuentra. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por la convocante, quien asistida del mandatario persisti\u00f3 en sus ataques y discrep\u00f3 de las conclusiones del a-quo constitucional, pues le \u00abcierra las puertas\u00bb para demostrar la inviabilidad de la medida tendiente a suspender el ejecutivo, por la persecuci\u00f3n de \u00abrecursos del Sistema de seguridad social\u00bb que all\u00ed se adelantaba. Dijo, tocante a esto \u00faltimo, apoyarse en el veredicto CSJ STC18171, 14 dic. 2016, rad. 03472-00. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de activar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Es de lineamiento jurisprudencial que, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la consumaci\u00f3n de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de sobrevenir el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por el demarcado sendero, conveniente es anotar que en los casos en los cuales el funcionario jurisdiccional cognoscente incurra en actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por anomal\u00eda o antojo, puede intervenir el juez de amparo para restablecer el orden jur\u00eddico cuando el agraviado no cuente con otro conducto de patrocinio. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios detentan la libertad discreta y proporcional para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas del ordenamiento, la justicia constitucional puede inmiscuir en tal funci\u00f3n, si aquellos consolidan una flagrante desviaci\u00f3n de su desempe\u00f1o. <\/p>\n
Como en este nivel ha manifestado, <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
Es verdad que cuando el sentenciador natural opta por apartarse de la jurisprudencia o de las leyes sustantivas y\/o adjetivas, dilata en el tiempo la resoluci\u00f3n de los asuntos a su cargo o, reh\u00faye exponer argumentos completos y fidedignos para la resoluci\u00f3n de los casos, entre otros contextos de vulneraci\u00f3n, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Circunscrito el debate al memorial impugnatorio, deviene palpable la trasgresi\u00f3n a los intereses esenciales de la tutelante, por parte del despacho fustigado, seg\u00fan pasa a dilucidarse. <\/p>\n
Es que el mencionado estamento judicial ha rehusado, sin raz\u00f3n v\u00e1lida alguna, resolver de manera definitiva, en el sentido que considere pertinente y a fondo por lo menos el recurso de \u201capelaci\u00f3n\u201d formulado por la empresa ac\u00e1 quejosa frente al auto de 10 de febrero de los corrientes, al ser el que, a la postre, acab\u00f3 por definir la suspensi\u00f3n del litigio ejecutivo censurado y su env\u00edo al dossier liquidatorio de la implicada Coomeva EPS. <\/p>\n
Y no puede ser de acogida la demora ahora constatada ni la \u00abimposibilidad jur\u00eddica\u00bb atribuida por el tribunal a-quo, m\u00e1xime cuando el mencionado remedio de la empresa inicialista se dirigi\u00f3 en s\u00ed contra la suspensi\u00f3n misma de la ejecuci\u00f3n y la consecuente remisi\u00f3n de las diligencias a la descrita liquidaci\u00f3n de Coomeva. Por tanto, la c\u00e9lula jurisdiccional acusada ha debido dar soluci\u00f3n a la r\u00e9plica de \u201capelaci\u00f3n\u201d arriba referida -ins\u00edstase- en la orientaci\u00f3n que apreciada adecuada y bajo las pautas del recurso que fuera procedente, en vez de terminar mandando el expediente (con oficio n.\u00b0 3783 de 3 de mayo postrero) al agente liquidador de la EPS, como si hubiera quedado en firme el comentado prove\u00eddo del pasado 10 de febrero. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Circunstancias estas que se traducen, sin m\u00e1s, en una dilaci\u00f3n injustificada, por clara omisi\u00f3n del juzgado repelido en resolver apropiadamente en torno al recurso contra el prenotado interlocutorio, y por lo cual esta Sala de la Corte ha decantado, de tiempo atr\u00e1s, la subsistencia del amparo frente a supuestos como el de marras, cuando el retraso achacado carezca de explicaci\u00f3n v\u00e1lida; es decir, eventos <\/p>\n
producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada\u2026 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial (\u2026) que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior\u2026 (\u00c9nfasis ajeno. CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 01853-00; reiterada, entre muchas otras, en STC901, 6 feb. 2020, rad. 2019-00550-01). <\/p>\n
[D]e vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92)\u2026 (CSJ STC9726, 28 jul. 2022, rad. 00310-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Finalmente, al margen de que las alegaciones impugnatorias sobre la aducida inviabilidad de la remisi\u00f3n del ejecutivo al decurso liquidatorio de Coomeva resulten novedosas a estas alturas, lo cierto es que la Sala tampoco podr\u00eda referirse acerca de ello, por constituir lo mismo el objeto del recurso cuya mora fue denunciada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Las anteriores deliberaciones, ergo, conllevan a infirmar el veredicto opugnado y, por ende, abrir paso a la ayuda supralegal protestada, habida cuenta que el ente dispensador de justicia recriminado ha escatimado mayor esfuerzo en desatar el remedio en cuesti\u00f3n, en el sentido que aprecie indicado; situaci\u00f3n por la que se le conminar\u00e1 a disponer lo pertinente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, concede el resguardo implorado por Vital Plus Colombia Ltda. <\/p>\n
Por consecuencia, se ordena al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Barranquilla, que en un t\u00e9rmino no mayor a diez (10) d\u00edas, contado a partir del momento en que reciba el expediente ejecutivo n.\u00b0 \u00ab2019-00054\u00bb, adopte la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda respecto al recurso formulado por la tutelante frente al auto de 10 de febrero de los corrientes, atendiendo los razonamientos vertidos en las consideraciones de este fallo. <\/p>\n
Oportunamente env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Tambi\u00e9n contra Coomeva EPS en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Expedida el 27 de mayo de 2021. <\/p>\n
3\u0002 Expedida el 27 de mayo de 2021. <\/p>\n
5\u0002 De 4 de mayo de los corrientes. <\/p>\n
6\u0002 De 15 de junio \u00eddem. <\/p>\n
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